Tania Martinez García

Expediente 1442/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1442/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/03/2019

Partes del expediente

  • Tania Martinez García

Actuaciones

  1. Principal

    A SUS AUTOS EL OFICIO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO OFICIANTE POR EL CUAL REMITE COPIA DEL TESTIMONIO E INFORMA QUE DETERMINÓ DECLARAR INFUNDADA LA QUEJA INTERPUESTA. EXPEDIENTE SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. REMÍTASE EL PRESENTE ASUNTO AL ARCHIVO. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    AGRÉGUESE EN AUTOS EL OCURSO DE CUENTA DEL TRIBUNAL OFICIANTE POR EL CUAL ACUSA RECIBO DE ORIGINALES.INFORMA QUE SE AVOCA...NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio con registro de correspondencia 22796 y anexo del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con los que pretende dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de noviembre pasado; toda vez que en auto de diez del mes y año en curso, se realizó un nuevo requerimiento otorgándose un término de diez días para su desahogo. Por otra parte glósese a los autos el oficio registrado con el folio 22883 y anexos, del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el que remite copia certificada del oficio de doce del mes y año en curso y de los diversos 214/4/7958477/2018 al 214/4/7958479/2018, en los que se advierte que la autoridad oficiante *****. Finalmente, toda vez que la autoridad oficiante ha demostrado dar cumplimiento a uno de los efectos ordenados, este juzgado de distrito considera que no es el momento procesal oportuno para dar vista a la parte quejosa respecto al cumplimiento al fallo protector, toda vez que no se ha acatado en su totalidad la ejecutoria. Notifíquese.

  4. Principal

    Con la demanda de amparo presentada por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de Tania Martínez García, con el carácter que se ostenta contra actos de Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1442/2018 y dese de alta en el sistema correspondiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Es conveniente precisar que en el escrito de demanda se señalaron como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: ... De lo anterior se desprende que el acto reclamado lo constituye la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Superior Agrario en la que se ordena reponer el procedimiento; es decir, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano promueve este juicio de amparo con el carácter de autoridad. Tal circunstancia lleva a estimar que la presente demanda de amparo, al no afectar un derecho subjetivo de manera personal y directa, sea notoriamente improcedente, ya que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1 y 4 de la Ley de Amparo, determinan, en principio, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que, en tal caso, los gobernados pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de garantías o derechos humanos que estimen violados por una ley, acto u omisión concreta de autoridad, sean personas físicas o morales y no por autoridades cuando actúen en ejercicio de funciones propias de su investidura. En efecto, debe decirse que el juicio de amparo no puede ser promovido por autoridades cuando actúan en ejercicio de las funciones propias de su investidura, dado que para su procedencia es necesario que quien la solicite sea sujeto de derechos humanos o de garantías individuales, porque se trata de una contienda entre una persona que se queja de una violación a esos derechos o garantías y de la autoridad que la cometió; en ese sentido, no es factible que la contienda de mérito se dé entre autoridad y autoridad, pues éstas no gozan de esos derechos constitucionales. En este orden de ideas, dado que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en su carácter de autoridad, reclama por esta vía la resolución de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Superior Agrario en la que se ordena reponer el procedimiento; es claro que carece de legitimación para promover juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 171//2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de dos mil seis, visible en la página 467, de texto y rubro siguientes: ....Además, en el caso no se actualiza la excepción contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo que establece: "... Dicho precepto establece que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, cuando la ley o el acto que reclamen afecten los intereses patrimoniales de la dependencia que se trate; sin embargo, como se dijo, en el caso, la parte quejosa pretende reclamar la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se dejaron de admitir pruebas ofrecidas por el aquí quejoso al contestar la ampliación de demanda, sin que afecte su esfera patrimonial. Efectivamente, debe decirse que el juicio de amparo no puede ser promovido por autoridades cuando actúan en ejercicio de las funciones propias de su investidura, dado que para su procedencia es necesario que quien la solicite sea sujeto de derechos humanos, porque se trata de una contienda entre una persona que se queja de una violación a esos derechos y de la autoridad que la cometió; en ese sentido, no es factible que la contienda de mérito se dé entre autoridades, pues éstas no gozan de esos derechos constitucionales. En ese sentido, se debe partir de la premisa fundamental de que el juicio de amparo tiene como finalidad la protección de los derechos humanos del gobernado frente a las autoridades del Estado, así como la tutela del régimen de competencias que la Constitución ha reservado a las autoridades federales y a las de los Estados, siempre que la invasión en la esfera de atribuciones se traduzca en una violación de un derecho humano del propio gobernado. ... En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º, ya transcrito, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan los derechos patrimoniales de la dependencia a la que pertenecen, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado; lo que no se actualiza en el presente caso. ....Tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, resulta inconcuso que la autoridad impetrante del amparo, no se ubica en los supuestos de las hipótesis legales aludidas, pues no se trata de particulares o gobernados que en el caso se vean afectados en sus derechos fundamentales por el actuar de la autoridad responsable, ni tampoco se trata de una persona jurídica oficial, que acuda en defensa de sus intereses patrimoniales, como lo indica el artículo 7°, citado, pues si bien la ley de la materia otorga el derecho a las autoridades de promover en ciertos casos el juicio de amparo, el acto en estudio no es de aquéllos que por sí mismos afecten sus intereses patrimoniales. ...Por tanto, ya que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, 7, contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo presentada por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de Tania Martínez García, con el carácter que se ostenta, determinación que se toma en cumplimiento al principio de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. ... Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. ... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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