Tania Lizet Andrade Marker
Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Tania Lizet Andrade Marker
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, a fin de que interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Se concede a la parte quejosa el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para recoger los documentos exhibidos en el juicio. Se le apercibe que, de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 28740/2022, suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, al que anexa la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez Tercero de lo Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; en cumplimiento al proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1183/2022, del índice del citado órgano jurisdiccional, en el que se determinó remitir los autos del juicio de mérito al existir relación con el diverso 724/2020, del índice de este juzgado. Por tanto, éste órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo al órgano jurisdiccional oficiante. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1148/2022-I. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. De la demanda de amparo se aprecia que la quejoso reclama el embargo y adjudicación ordenados en el juicio mercantil ejecutivo 269/2017 del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, sobre el inmueble urbano ubicado en la esquina noreste de la Avenida Francisco Javier Mina y la calle 16 de Septiembre, número 338, manzana 6, sección tercera, en el municipio de Colima, Colima, con superficie de doscientos diecisiete metros cuadrados. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XIV, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. El elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en los términos prescriptivos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, señala lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En términos de esta disposición los plazos previstos en el artículo 17 de la ley de la materia se computarán a partir del día siguiente hábil, en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. En el caso a estudio, los actos reclamados son de materia civil, y de los mismos se advierte que no se ubican en ninguna de las hipótesis previstas en la fracción IV, del citado artículo 17 de la Ley de Amparo, porque no derivan de la materia penal. Pues bien, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama el embargo y adjudicación ordenados en el juicio mercantil ejecutivo 269/2017 del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, sobre el inmueble urbano ubicado en la esquina noreste de la Avenida Francisco Javier Mina y la calle 16 de Septiembre, número 338, manzana 6, sección tercera, en el municipio de Colima, Colima, con superficie de 217.00 metros cuadrados. Asimismo, la parte quejosa refiere bajo protesta de decir verdad que el diez de agosto de dos mil diecisiete, se hizo sabedora del acto reclamado. Sin embargo, este juzgado de Distrito invoca como hecho notorio el referido juicio de amparo promovido por Miguel Alejandro Chávez Díaz, el cual se registró con el número 125/2020, contra actos del Juez Tercero Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, el cual puede consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), cuyos datos de orden jurisdiccional constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las versiones electrónicas de las sentencias capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) constituyen hechos notorios que pueden ser invocados por el órgano jurisdiccional resolutor, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Este criterio se contiene en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) con número de registro 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En esas circunstancias, se acredita del referido juicio **** del índice de este órgano jurisdiccional, que la aquí quejosa ***** fue emplazada al mismo el cuatro de marzo de dos mil veinte, y se le corrió traslado con la copia de la demanda de amparo en la que constan los datos del juicio de origen, además se aprecia que en ambos juicios se señaló el mismo domicilio para oír y recibir notificaciones y funge como autorizado la misma persona, además que como acto reclamado se señaló la adjudicación y posible desposesión ordenados en el juicio mercantil ejecutivo 269/2017 del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, sobre el inmueble urbano ubicado en la esquina noreste de la Avenida Francisco Javier Mina y la calle 16 de Septiembre, número 338, manzana 6, sección tercera, en el municipio de Colima, Colima, con superficie de 217.00 metros cuadrados. Asimismo, se acredita que en el juicio de amparo 125/2020 el Juez Tercero Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, rindió su informe justificado con el que se dio vista a las partes (entre ellas a la aquí quejosa) el ocho de septiembre de dos mil veinte, en que se publicó el acuerdo, sin que lo anterior implique haberla dejado en estado de indefensión, pues el acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, se notificó por medio de lista la cual pudo haber sido consultada en la página www.cjf.gob.mx., o físicamente a partir de esa fecha, pues conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en su capítulo II, de nombre "Atención al Público en General", se creó un sistema de generación de citas para consultar expedientes a través de un proceso automatizado que otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitió que ella, ingresara al órgano jurisdiccional, a consultar físicamente el expediente, de ahí que en cualquier momento pudo haber acudido a imponerse de las constancias del juicio generador del acto reclamado. En ese sentido, el plazo del acto reclamado consistente en el embargo y adjudicación ordenados en el juicio mercantil ejecutivo **** del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, sobre el inmueble urbano ubicado en la esquina noreste de la Avenida Francisco Javier Mina y la calle *****, con superficie de 217.00 metros cuadrados, debe computarse a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte, que fue la fecha en que se dio vista a las partes con el informe justificado y constancias que remitió el Juez Tercero Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, en el juicio de amparo ***. Por tanto, desde esa fecha (ocho de septiembre de dos mil veinte) se hizo sabedora de la existencia del acto reclamado, consistente en el embargo y adjudicación ordenados en el juicio mercantil ejecutivo 269/2017 del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, sobre el inmueble urbano ubicado en la esquina noreste de la Avenida Francisco Javier Mina y la calle 16 de Septiembre, número 338, manzana 6, sección tercera, en el municipio de Colima, Colima, con superficie de 217.00 metros cuadrados, por lo que, a partir de ese data se encontraba en posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de los actos en mención, pues no existe circunstancia narrada que justificara el impedimento para así hacerlo. Pues bien, la demanda de amparo que nos ocupa se presentó hasta el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, como se advierte del sello de recibo de dicha oficialía, por lo que resulta evidente que se presentó fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, de ahí que la quejosa consintió el acto reclamado. Son aplicables las jurisprudencias 13 y 14, consultables en la página 11, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, las que por su orden establecen: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Asimismo, se tiene como hecho notorio el diverso juicio de amparo 724/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, la quejosa ****, reclamó el embargo y adjudicación derivados del juicio mercantil ejecutivo expediente ****, seguido en el Juzgado Tercero de lo Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, este juzgado federal dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo, por las mismas razones expuestas en este asunto, misma que adquirió firmeza el treinta y uno de mayo dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo cual, la demanda de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda respecto de dicho acto, ya que no se podría desvirtuar el consentimiento tácito de la fecha en que tuvo conocimiento de éste. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el n*****, en Colima. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Infórmese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima. Por último, mediante oficio transcrito del presente auto, hágase del conocimiento al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Colima, respecto de la recepción del juicio de amparo de cuenta, para efectos estadísticos conducentes. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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