Tania Jaimes Montufar

Expediente 512/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
512/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Tania Jaimes Montufar y Otros.
  • José Armando Pineda Gómez
  • Tania Jaimes Montufar
  • Manuel Pineda Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a Tania Jaimes Montufar, José Armando Pineda Gómez, Manuel Pineda Santana y Cruz Iván Gómez Méndez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, realizara lo siguiente: Dictara, de inmediato el laudo correspondiente al juicio laboral 1484/2015. 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el cumplimiento dado por la autoridad responsable. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en Morelia, remitió las constancias siguientes: Copia certificada del laudo emitido el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Sin que las partes hicieran manifestación respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable. 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria de amparo sin defecto ni exceso. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    1. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 2. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 3. Informa cumplimiento a la sentencia de amparo. Visto lo de cuenta téngase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento de que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con dos minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la Secretaria Cristina García Maya, en el juicio de amparo 512/2021-I, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida la Secretaria relaciona, como principales constancias el expediente, la demanda de amparo, el auto de admisión y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable en su informe justificado; y, sobre el particular, el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, con lo cual se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes presentó pedimento alguno; a lo que el Juez acuerda: ténganse haciendo la anterior constancia y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Visto, para resolver, el juicio de amparo 512/2021, promovido por Tania Jaimes Montufar y otros, a través de su apoderado jurídico, por alegada violación de los artículos 14,16, 17 y 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: AMPARAR EN EL JUICIO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente:1 La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo de emitir el laudo dentro del juicio ordinario laboral con expediente número 1484/2015. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad residente dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Estudio de fondo. Toda vez que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, procede al estudio del concepto de violación hecho valer por los quejosos. Los peticionarios de amparo aducen que la autoridad laboral trasgrede en su perjuicio el derecho a que se les administre justicia de manera pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no emitir el laudo correspondiente al juicio laboral 1484/2015, dentro de los plazos y términos que al efecto establece la ley, pues desde el veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos al auxiliar dictaminador a fin de que elaborara el proyecto respectivo, sin que a la fecha en que instara en la presente vía constitucional se haya emitido el mismo. El concepto de violación que hacen valer los quejosos, es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. A fin de apoyar la afirmación anterior, en principio conviene puntualizar que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República establece: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.].". De lo transcrito, se advierte que el citado precepto constitucional garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en que la impartición de ésta debe ser pronta y expedita. Lo anterior, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos establecidos por las leyes procesales respectivas. En ese tenor, están obligadas a observar los derechos que integran la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional, todas aquéllas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución para dirimir conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, Octubre de dos mil siete, página doscientos nueve, cuyo rubro es: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". En ese orden de ideas, el Tribunal responsable, de conformidad con el artículo 17 Constitucional está obligado a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama el quejoso en esta vía constitucional, obligación que incluye impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Entonces, debe velarse el derecho fundamental de todo gobernado garantizado por el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, cuyo objetivo principal es preservar la obligación de las autoridades a impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, por la innegable necesidad de que los procedimientos, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos administradores de justicia; se efectúen dentro del tiempo fijado por la ley especial, que debe ser suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que los plazos y términos procesales lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Ahora bien, el procedimiento del que deriva el acto reclamado es de naturaleza laboral, que se rige por las disposiciones que al efecto contiene la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletori a la ley burocrática del Estado. Dicha norma, en sus artículos 837, fracción III, 840, 885, 886 y 887 contienen las reglas que deben seguir los integrantes del Tribunal laboral al momento de que se integre el expediente y se emita el laudo, los cuales son del tenor: "Artículo 837.- Las resoluciones de los tribunales laborales son: .III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto..". Artículo 840.- El laudo contendrá: I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie; II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes; III. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en su caso, de la reconvención y contestación a la misma, que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos; IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; V. Extracto de los alegatos; VI. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y VII. Los puntos resolutivos. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Del contenido de los preceptos citados, se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, el Tribunal, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto y una vez aprobada la resolución la elevará a la categoría de laudo, inmediatamente se firmará y notificará a las partes. En esa tesitura, se considera que el Tribunal responsable vulnera en perjuicio del quejoso la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, toda vez que como se advierte de la documental allegada, por auto de veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción del juicio laboral 1484/2015, sin que dictara el laudo correspondiente -en un plazo no mayor de diez días-, como lo establece la ley de la materia, lo que denota una dilación o demora contraria al espíritu del artículo 17 constitucional, o sea una trasgresión al principio de celeridad con que debe de estar revestido el procedimiento laboral. En ese tenor, resulta inconcuso que a la fecha, como se puede observar han transcurrido en exceso el término previsto para el dictado del laudo. Luego, la omisión que reclaman los promoventes del amparo, consistente en la no emisión del laudo, vulnera la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, pues el Tribunal responsable, debe acatar lo dispuesto en el citado precepto, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso tan prolongado para dictarse el laudo. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, página mil doscientos ochenta y tres, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES.". Aunado a lo anterior, es de considerarse la circunstancia de que tal conducta contraviene el principio constitucional de prontitud y expedites en la administración de justicia consagrados en el artículo 17 constitucional, atendiendo a que no se ha dictado el laudo correspondiente y con ello se le causan perjuicio de difícil reparación, para ambas partes (trabajador y patrón). Por lo que este órgano de control constitucional concede la razón al inconforme, toda vez que las responsables efectivamente no han respetado el principio de justicia pronta que como garantía individual concede al gobernado el artículo 17 constitucional al no hacer uso de sus facultades y medios establecidos en la Ley de lo rige para cumplir con su obligación de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones: -Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia -de no haberlo hecho- dicte el laudo en el expediente laboral 1484/2015 de su índice, que en derecho corresponda; y, Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II y 107 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Tania Jaimes Montufar, José Armando Pineda Gómez, Manuel Pineda Santana y Cruz Iván Gómez Méndez por lo que hace al acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el último considerativo de la presente resolución.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por La enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: Reactivación. De la certificación que antecede, se observa el punto de acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno emitido por la Comisión de Receso Actuando como Comisión Especial en el que se aprobaron las medidas propuestas para evitar contagios de la enfermedad Covid-19, en relación con este órgano jurisdiccional, por lo que determinó suspender los términos y plazos de los expedientes a cargo de este tribunal por un periodo de catorce días, esto es, del treinta de julio al doce de agosto de dos mi veintiuno, inclusive, período en el cual se atenderán únicamente asuntos urgentes, en tal virtud se ordena reactivar el mismo. Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta, que suscribe el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria, sin embargo, dentro del presente juicio aún no obra la sentencia, y por ende cumplimiento que deba realizar. No obstante se le tiene informando, que dentro del juicio de origen se encuentra en estudio el expediente para la elaboración del laudo, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 3. Cambio de titular. Se informa que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito Sergio Santamaría Chamú, funjo como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado el siete de julio de dos mil veintiuno, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, según se observa del oficio SEADS/616/2021 de esa data; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se difiere audiencia constitucional. Por tanto, dado que la audiencia no se desahogó en la data señalada, se fijan las diez horas con dos minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno para su verificativo.

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