Tania Guadalupe González de la Cruz
Expediente 734/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/06/2019
Partes del expediente
- Tania Guadalupe González de la Cruz
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación anterior y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de trece de junio del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciar en relación al cuaderno incidental, toda vez que del presente juicio de amparo, se advierte que no se formaron los cuadernos incidentales. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez, que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer al respecto.
- Principal
Visto, el escrito de ***, por propio derecho, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en auto de treinta y uno de mayo de la presente anualidad. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta, teniéndose por cumplido el requerimiento antes referido. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La omisión de otorgarle una plaza de docente, a pesar de haber aprobado el examen para el ingreso al Servicio Profesional Docente. En el contexto anterior, oficiosamente, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVlII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Correlativo a lo anterior, el artículo 6, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Luego, el artículo 5°, fracción I, párrafo primero, de la ley de la materia, prevé que tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, del artículo 6, de la ley reglamentaria de los artículos 103, y 107, constitucionales, se advierte que sólo a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, es quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. Por consiguiente, es evidente que cuando esa afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto señalado como ilegal, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, puesto que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En ese sentido, es importante precisar que por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En el caso particular, la impetrante de amparo señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de otorgarle una plaza de docente, a pesar de haber aprobado el examen para el ingreso al Servicio Profesional Docente, como lo aduce en el escrito de demanda, del que se desprende que obtuvo un resultado de evaluación idóneo. No obstante, del análisis que se hace al escrito de demanda, se aprecia que la quejosa aduce que el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, presentó examen de selección derivado de la convocatoria para participar en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, del ciclo 2018-2019, estableciendo las bases y mecanismo para acceder a ser aspirante, aplicar dicho examen de oposición; así como, los criterios para obtener una plaza de docente. De la citada convocatoria, se advierte que en el punto XIV. De los criterios para la asignación de plazas, la autoridad responsable estableció lo siguiente: "XIV. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS. La asignación de plazas se realizará únicamente a los aspirantes cuyos resultados hayan sido idóneos en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, Asimismo, la ocupación de las plazas se deberá realizar con estricto apego a las listas de prelación, que resulten del Concurso de Oposición, según lo dispuesto en el artículo 23, fracción I, de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Las listas de prelación que se deriven de este Concurso tendrán vigencia hasta el 31 de mayo de 2018. Las listas de prelación incluirán a los aspirantes con puntualidad igual o mayor a la que establezca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como resultado idóneo por: nivel educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura, tecnología o taller, En el caso de Educación Indígena, se integrará una lista de prelación por lengua, con resultados obtenidos por los sustentantes en la evaluación complementaria o adicional. Las plazas las ocuparan con los aspirantes al servicio público educativo, de conformidad con las necesidades en los niveles y modalidades de la Educación Básica, a la naturaleza de las plazas vacantes disponibles, definitivas y temporales, y en función a los resultados obtenidos por los participantes en el concurso de ingreso a funciones docentes y técnicos docentes. En esta convocatoria se señala, para algunas funciones docentes y técnico docentes, la inexistencia de vacantes a la fecha de su publicación; sin embargo, la vigencia de los resultados obtenidos en el presente concurso es del 16 de agosto de 2018 al 31 de mayo de 2019. Por lo tanto, la incorporación al servicio de la Educación Básica dependerá totalmente de las vacantes existentes y que se generen durante ese periodo. En el caso de que no se presentes las condiciones para su ingreso al Servicio Profesional Docentes, se les invita a participar en el siguiente Concurso de Oposición. El procedimiento para la asignación de plazas con efectos a partir del 16 de agosto de 32018 será público; en el que los sustentantes de acuerdo a los espacios disponibles, en estricto orden de prelación, podrán elegir su adscripción, la cual tendrá el carácter de provisional. Se dará prioridad en la ocupación de las plazas, de nueva creación y vacantes sin titular, a los sustentantes que hayan obtenido los mayores puntajes en los resultados de la evaluación de ingreso. Con posterioridad al 16 de agosto de 2018, la Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas, de acuerdo a las vacantes que se hayan generado, convocará a quienes continúen en el orden de prelación para su ingreso al servicio público educativo, observando, en todo momento, lo establecido en el párrafo que antecede. La adscripción que se asigne a los sustentantes será provisional. Los sustentantes que no acepten las condiciones para su incorporación al servicio, serán eliminados del Ingreso a la Educación Básica. Para el efecto, deberán manifestar por escrito su no aceptación a la Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas.." De la anterior transcripción, se advierte que únicamente a los aspirantes cuyos resultados hayan sido idóneos en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, se les asignará una plaza de docente, la cual se hará con estricto apego a las listas de prelación, mismas que tendrá vigencia hasta el treinta y uno de mayo de la presente anualidad. Aunado a lo anterior, está la circunstancia que en la propia convocatoria, también se estableció que la asignación de plazas sería de acuerdo a la existencia y disponibilidad de las mismas y que en caso de que no existan las condiciones para su ingreso, se les invitará a participar en el siguiente Concurso de Oposición, con lo cual se presupone estuvo de acuerdo la solicitante de la protección constitucional, ya que caso contrario debió expresarlo por escrito, ya que si participó en la convocatoria debió comprometerse a aceptar y respetar los términos de la convocatoria del concurso de oposición extraordinaria para el ingreso al servicio profesional docente en educación básica, ciclo escolar 2018-2019, en la cual fue registrada su participación; esto es, respecto de las listas de prelación, y la disponibilidad de plazas ofertadas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, dado que no se advierte un agravio personal y directo en la esfera jurídica de la quejosa, el cual es un requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, párrafo primero y 6, de la Ley de Amparo, lo cual obliga a este juzgador a desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se reitera lo dispuesto en auto de treinta de mayo del año en curso, se tiene como domicilio y autorizados a los señalados por la parte quejosa en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Como se encuentra ordenado en proveído de treinta y uno de mayo del año que transcurre, de conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Se deja de hacer pronunciamiento alguno respecto de la transparencia y acceso a la información, toda vez que ya se proveyó en auto de treinta y uno de mayo de la presente anualidad.
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Visto; el escrito signado por la quejosa ***, por el cual pretende dar cumplimiento al acuerdo de treinta y uno de mayo de la anualidad en curso, en el cual se mandó a prevenir para que aclarara la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Del estudio integral del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso pretende dar cumplimiento a la prevención antes referida; sin embargo; se aprecia que no desahogó en su cabalidad el requerimiento contenido en el citado proveído, pues no cumplió con lo solicitado en el punto tercero. En ese tenor, hágase del conocimiento al promovente que no se tiene por desahogada la prevención señalada, por lo que continúa transcurriendo el término y el apercibimiento ahí decretados, debido a que el memorial de cuenta, fue presentado el día de hoy; por tanto, tiene oportunidad para desahogar dicha prevención dentro del término correspondiente, para que cumpla con los referidos requerimientos. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia del siguiente rubro y texto: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En la inteligencia que deberá anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para emplazar a juicio a las partes.
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Vista la demanda de amparo promovida por +++, por propio derecho, contra actos de Secretaria de Educación del Estado, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 734/2019-VII, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Acto reclamado. Señale de manera clara, precisa y congruente el acto reclamado que inmediatamente le causa perjuicio, toda vez que del análisis íntegro de la demanda, se advierte que señaló por una parte la negativa a otorgarle la plaza base con nombramiento de docente de pecuaria en Escuela Secundaria Técnicas; por otra, hace referencia a que no le han dado respuesta a diversos escritos presentados ante la autoridad. SEGUNDO. De señalar como acto reclamado la falta de respuesta a su petición, deberá especificar cuando la realizó ante la autoridad responsable; ya que hace mención a diversos escritos que ha presentado sin obtener respuesta de los mismos. Lo que hace impreciso el acto que en concreto le causa agravio, aspecto que debe aclarar para estar en posibilidad de establecer debidamente la litis. Es aplicable el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. TERCERO. Especifique el nombre y domicilio correcto de la parte tercero interesado, en el entendido que de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, tienen tal carácter. a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Y en caso de no conocerlo, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, ello a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en el proemio de la demanda; y como autorizado en términos de la parte in fine del referido artículo 12, con relación al numeral 24, de la Ley de Amparo, a las personas que indicó, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de acreditarlo con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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