Tania Grisel Fombona Romero

Expediente 747/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
747/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Tania Grisel Fombona Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista; certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que AMPARA a *****, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se tiene que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, cumpla con lo siguiente: ? "Concluya en un plazo máximo de noventa días la averiguación previa AZUE/SC/03/0379/2010-06, instruida en contra de Bartolo Núñez González por el delito de homicidio imprudencial y responsabilidad profesional cometido en agravio del menor de identidad reservada con iniciales V.S.F. y, en pleno uso de sus facultades, formule la determinación que en derecho proceda, en la inteligencia de que en ese término deberá recabar las pruebas que estén pendientes y las demás que estime necesarias para lograr el total esclarecimiento de los hechos." Importa precisar que de los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector; por tanto, se estima procedente otorgar por única ocasión a la autoridad responsable el improrrogable plazo determinado de NOVENTA DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración su complejidad y dificultad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, para que dentro de dicho plazo de noventa días hábiles remita copia certificada de las documentales con las que acredite que ya se acató la ejecutoria de amparo emitida en este sumario. En la inteligencia de que periódicamente deberá informar los avances que vaya realizando para tal efecto. Apercibido que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo 3 , se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio 4 . 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el 3 DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. [.] TRANSITORIOS [.] Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización." (Publicado en el D.O.F. 27 ENERO 2016)." 4 Con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Que el 8 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los valores de la Unidad de Medida y Actualización, vigentes a partir del 1 de febrero de 2021. Que atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se utiliza el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización: 1. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4. 3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12. Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $96.22 pesos mexicanos, el mensual es de $2,925.09 pesos mexicanos y el valor anual $35,101.08 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1º de febrero de 2022. (Publicado en el D.O.F. 07 ENERO 2022)." procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Así también, se le hace del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no la exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad responsable que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 747/2023-III, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres , titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Cabe señalar que resulta innecesario que la presente audiencia se desarrolle vía videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. A CONTINUACIÓN , LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Demanda de amparo (fojas 1 a 4); auto admisorio de diecisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 6 a 10); informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero (fojas 18 a 92); proveído de diecisiete de agosto pasado, en el que se tuvo por rendido, con su contenido se dio vista a las partes y se difirió la audiencia constitucional para el día de hoy (foja 94). ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, mismo que será tomado en consideración al resolver este sumario. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria hace constar que las partes no los formularon y la Fiscal de la Federación adscrita tampoco presentó pedimento. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad. Al no haber diligencias o pruebas pendientes por desahogar, ni pedimento de la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 747/2023-III, promovido por Tania Grisel Fombona Romero, por derecho propio, en contra de actos del Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, y remitido al siguiente día hábil, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Tania Grisel Fombona Romero, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y el acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Ordenadoras.- 1.- C. agente central del ministerio público del municipio de Azueta. IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1.- De la Autoridad Ordenadora se reclama la inactividad procesal dentro de la averiguación previa AZUE/SC/03/0379/2010.06." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda instaurada, la cual quedó registrada con el número 747/2023-III; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.6 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. 6 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Abril de 2000, Tomo XI, página 32) En esa tesitura, de lo manifestado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: ? La inactividad procesal dentro de la averiguación previa AZUE/SC/03/0379/2010- 06, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, instruida en contra de Bartolo Núñez González por el delito de homicidio imprudencial y responsabilidad profesional cometido en agravio del menor de identidad reservada con iniciales V.S.F. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda. Este tópico no será analizado en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, y como tal, es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; por tanto, la presentación de la demanda no está sujeta a término alguno de los previstos en la Ley de Amparo, por lo que puede promoverse en cualquier tiempo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, pese a que al rendir su informe justificado lo haya negado, pues dicha certeza se corrobora con la copia certificada de las actuaciones de la averiguación previa AZUE/SC/03/0379/2010-06, que se adjuntaron al mismo. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página 153). SEXTO. Causal de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia que este Juzgado de Distrito observe de oficio, ni planteada por las partes, se procede al estudio del concepto de violación vertido por la parte quejosa, el que no se transcribe puesto que no existe obligación de hacerlo, tomando en cuenta que no se encuentra en la ley de la materia precepto alguno que así lo indique. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo . Precisado lo anterior, y al no observarse de manera oficiosa causal de improcedencia alguna, se examinarán los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, sin que haya obligación de realizar una cita literal de los mismos, toda vez que, además de no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que lo exija, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 58/2010, visible en la página 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En principio, debe quedar establecido que en el presente asunto, al revestir la quejosa el carácter de ofendida en la averiguación previa de origen, opera en su favor la institución jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja de manera total, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) III. En materia penal: (.) b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; (.)." En síntesis, la parte quejosa alega que el Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia pronta y expedita, dentro de los términos que marcan las leyes, dado que ha sido omisa en dar continuidad e impulso procesal a la averiguación previa AZUE/SC/03/0379/2010-06 y como consecuencia, no ha determinado lo conducente respecto al ejercicio de la acción penal. Motivo de disenso que resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, en virtud de las consideraciones siguientes. El artículo 17 de la Constitución General de la República, dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Conforme al numeral transcrito, el derecho humano o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, omitiendo parcialidad respecto de alguno de los contendientes o arbitrariedad en su sentido, y; d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y tenor: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales" 7 . Si bien el precepto enunciado alude a que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija, lo cierto es que ello no excluye a la autoridad que en el particular fue señalada como responsable, pues la abstención del Ministerio Público de realizar las gestiones a fin de allegarse de los medios de convicción tendentes a lograr la debida integración de la averiguación previa, es 7 Publicada en la página 209, octubre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. una omisión combatible por medio del juicio de amparo, pues si son reclamables las determinaciones ministeriales definitivas sobre el inejercicio de la acción penal, es evidente que en todo caso, también se puede exigir por la misma vía que éstas se dicten -inactividad-. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 16/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 189833, que es del tenor literal siguiente: "ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se establezca el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional. Ahora bien, dicha procedencia debe hacerse extensiva en contra de la abstención del representante social de pronunciarse sobre los resultados que arroje la averiguación previa, en virtud de que tal omisión tiene los mismos o más graves efectos que los de una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento. Esto es así, porque el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con respecto a la persecución de los presuntos delitos por él denunciados, situación que precisamente quiso evitar el Constituyente Permanente al propugnar por la reforma del cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. En consecuencia, para hacer efectivo el propósito del Constituyente Permanente, consistente en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley, resulta procedente otorgar a los particulares el derecho de recurrir la omisión de éste de emitir algún pronunciamiento como resultado de la averiguación previa, a través del juicio de amparo indirecto, hasta en tanto no se establezca el medio ordinario de impugnación; pues, de lo contrario, en nada beneficiaría al gobernado contar con el derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión." Por su parte, el diverso numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)." La averiguación previa es la fase procedimental durante la cual el Ministerio Público realiza las diligencias necesarias para acreditar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, a fin de determinar en definitiva el ejercicio o no de la acción penal. Así, dentro de la propia averiguación previa se distinguen dos momentos esenciales: a. El primero, consiste en la función propia de investigación a través de la cual la representación social se allega de pruebas y elementos de convicción con respecto al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. b. En tanto, el segundo se presenta cuando acreditados aquellos elementos (cuerpo del delito y probable responsabilidad), el órgano investigador está en condiciones de fundar y motivar el ejercicio de la acción penal. De esta manera, para emitir la resolución correspondiente, el Ministerio Público debe agotar la investigación de los hechos puestos a su consideración a fin de calificar si se está en presencia o no de un delito. Esto es, la decisión que adopte será precedida de una investigación o una serie de actuaciones, de tal suerte que si el Ministerio Público no se pronuncia respecto de los resultados de tal actividad, con el paso del tiempo, esa abstención producirá que el inculpado quedará en total y absoluto estado de indefensión, al desconocer en qué momento se ejercerá acción penal en su contra, o bien al ofendido o el denunciante se le hará nugatorio su derecho a obtener la reparación del daño ante la falta de actuación de la representación social para no ejercer la acción penal. Por ende, la indagatoria está encaminada a demostrar si los hechos denunciados son o no constitutivos de algún delito y si la conducta está sancionada por la legislación penal de que se trata, y en caso de que, a criterio de tal funcionario, no se demuestre la existencia de un delito, está obligado a emitir la opinión de no ejercicio de la acción penal. En el supuesto de que el Ministerio Público no haga pronunciamiento alguno en cuanto a los resultados de la averiguación previa, con el paso del tiempo, esa abstención u omisión produce materialmente el mismo efecto que el de una resolución expresa de desistimiento o de no ejercicio de la acción penal, pero el particular quedará en total y absoluto estado de incertidumbre jurídica, al desconocer si los hechos que denunció el ofendido o que se le imputaron al indiciado, realmente constituyen o no delito; o bien, cuáles son las causas, motivos o circunstancias que consideró la representación social para no ejercer la acción penal. Para procurar que las denuncias sean atendidas y que ese funcionario ejerza las funciones constitucionales de investigación, se consideró procedente otorgar a los particulares el derecho de recurrir su abstención u omisión de pronunciarse respecto del resultado de la averiguación previa, a través del juicio de amparo indirecto; de lo contrario, en nada beneficia al gobernado contar con ese derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión. Resulta aplicable la jurisprudencia 16/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se establezca el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional. Ahora bien, dicha procedencia debe hacerse extensiva en contra de la abstención del representante social de pronunciarse sobre los resultados que arroje la averiguación previa, en virtud de que tal omisión tiene los mismos o más graves efectos que los de una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento. Esto es así, porque el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con respecto a la persecución de los presuntos delitos por él denunciados, situación que precisamente quiso evitar el Constituyente Permanente al propugnar por la reforma del cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. En consecuencia, para hacer efectivo el propósito del Constituyente Permanente, consistente en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley, resulta procedente otorgar a los particulares el derecho de recurrir la omisión de éste de emitir algún pronunciamiento como resultado de la averiguación previa, a través del juicio de amparo indirecto, hasta en tanto no se establezca el medio ordinario de impugnación; pues, de lo contrario, en nada beneficiaría al gobernado contar con el derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión"8 En concordancia con el precepto 21 constitucional, los artículos 6 y 11, fracciones I, II, III, VIII, X, XI, XXVI y XXVII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, establecen: "Artículo 6. Funciones de la Fiscalía General. La Fiscalía General tiene a su cargo la investigación efectiva de los hechos que las leyes señalen como delito del fuero común, promover el ejercicio de la acción penal, la defensa de los intereses de la sociedad, a través del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden común y, por lo mismo, solicitar las medidas cautelares contra los imputados, buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño causado por el delito; pedirá la aplicación de las penas y participará en el ámbito de su competencia en la ejecución de las sanciones penales, e intervendrá en todos los asuntos que determine la presente ley y la demás legislación aplicable, así como el desarrollo y aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, en materia penal." "Artículo 11. Atribuciones y Facultades del Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Código Nacional, la Ley General del Sistema, la Ley General de Víctimas, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro; la Ley General contra la Trata de Personas; la Ley General de Acceso; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, la presente ley y otros ordenamientos jurídicos, además de los siguientes: I. Ejercer la dirección en forma exclusiva de la investigación de los hechos presuntamente constitutivos de delitos del fuero común; 8 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo III, mayo de 2001, Materia Penal, página 11 (registro Ius 189833). II. Recibir las denuncias, querellas o su equivalente que le sean presentadas en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables, sobre hechos que puedan constituir delito, así como ordenar, en su caso, a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados; III. Ejercer la acción penal; [.] VIII. Ordenar a la policía, a sus auxiliares u otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia la práctica de diligencias conducentes para el esclarecimiento del hecho probablemente delictivo. Así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado. [.] X. Requerir informes y documentación a autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y demás datos de prueba; XI. Practicar los actos de investigación que no requieran autorización judicial. [.] XXVI. Formular en su caso, la acusación dentro del término legal, sometiendo a la autorización del Fiscal General la no acusación, para su confirmación, revocación o modificación, por ser contrarias a las constancias procesales; XXVII. Aportar los medios de prueba para la debida comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del acusado, las circunstancias en que hubiese sido cometido, la existencia de los daños, así como para la fijación del monto de su reparación; [.]." Dichos preceptos legales imponen la obligación al Ministerio Público de llevar a cabo la práctica de todas aquellas diligencias que resulten necesarias para integrar debidamente la investigación de los hechos presuntamente constitutivos de delitos encontrándose facultado para realizar requerimientos a autoridades y particulares con la finalidad de concluir su función investigadora, a efecto de promover la pronta procuración e impartición de justicia. De igual modo, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, establece en sus artículos 54 y 58, lo siguiente: "Artículo 54. El Ministerio Público, o quien legalmente lo sustituya, iniciará la averiguación previa cuando ante él se presente denuncia o querella por un hecho aparentemente delictuoso, y se hallen satisfechos los requisitos que la ley exija, en su caso, para fines de persecución penal. Cuando la satisfacción de éstos o la formulación de la querella incumban a una autoridad, el Ministerio Público se dirigirá a ella, por escrito, para conocer su determinación. La autoridad responderá por escrito, que se agregará al expediente. Las mencionadas autoridades se cerciorarán en todo caso de la identidad del denunciante y de la legitimación del querellante, así como de la autenticidad de los documentos que se presenten. La Policía Judicial sólo puede recibir denuncias por delitos perseguibles de oficio, no de los sujetos a querella, cuando en el lugar no haya agente del Ministerio Público ni otra autoridad que legalmente lo sustituya. Inmediatamente dará cuenta al Ministerio Público de la denuncia recibida, para que éste asuma el conocimiento de los hechos y dicte los acuerdos procedentes. Si en la averiguación previa no hay detenido y se trata de delitos culposos, el Ministerio Público dispondrá de seis meses para integrar la averiguación previa, contados a partir de la formulación de la querella o denuncia, ejercitando o no la acción penal, en los delitos dolosos sancionados con una pena máxima no mayor de cinco años de prisión, el Ministerio Público dispondrá de doce meses, si la pena máxima excede de cinco años dispondrá de dieciocho meses para integrar la averiguación y para los delitos graves éste dispondrá de veinticuatro meses. [.]" "Artículo 58. Inmediatamente que el Ministerio Público o los funcionarios encargados de practicar, en su auxilio, diligencias de averiguación previa, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio y a las víctimas; impedir que se pierdan, alteren, obstruyan, sustraigan, o manipulen, de cualquier forma, las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas, objetos o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante. Lo mismo se hará tratándose de delitos que solamente podrán perseguirse por querella, si ésta ha sido formulada. Iniciada la averiguación, el Ministerio Público adoptará todas las medidas legales conducentes a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de las personas contra quiénes se dirijan la denuncia o la querella, la salvaguarda de los legítimos intereses del ofendido, el aseguramiento de personas o cosas relacionadas con los hechos y las demás medidas tendientes al desarrollo de la averiguación, según las finalidades de ésta. [.]." De lo anterior, se colige la obligación del Ministerio Público de integrar la averiguación, en un plazo máximo contado a partir de la formulación de la querella o denuncia, ejercitando o no la acción penal, en los delitos tanto culposos como dolosos, en un término de seis y doce meses, si la pena excede de cinco años dispondrá de dieciocho meses, y tratándose de delitos graves contará con veinticuatro meses para integrar la averiguación. Por tanto, es inconcuso que no puede quedar al arbitrio del representante social integrar o no la averiguación previa, en tanto que la norma en estudio no le confiere una facultad discrecional, sino la obligación de allegarse de los elementos suficientes para ejercer la acción penal. Así, la integración de la averiguación previa comprende desde la denuncia o la querella, hasta el ejercicio de la acción penal con la consignación ante el juez competente, la determinación de no ejercicio de aquella, o bien, la resolución de reserva, caso este último en el que únicamente puede suspenderse la averiguación previa. Esto es, el agente del Ministerio Público ejercitará la acción penal ante juez competente, cuando de las constancias de la averiguación previa se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Asimismo, no ejercitará la acción penal cuando los hechos no sean constitutivos de delito, se acredite que el inculpado no tuvo participación en ellos, resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable o se halle extinguida la potestad para el ejercicio de la acción penal. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento del derecho en cuestión, que sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias, que se materializan de la misma manera. En conclusión, existe la obligación del Ministerio Público de llevar a cabo la práctica de todas las diligencias que resulten necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para fundamentar el ejercicio de la acción penal y la reparación del daño, a efecto de promover la pronta procuración e impartición de justicia; esto es, no concretarse a tener por radicada una querella e impulsarla en la medida en que la parte ofendida lo vaya solicitando, sino que su labor y actuación deben ser dinámicas y constantes, mediante una apreciación completa de los hechos narrados en la denuncia o querella, con el propósito de gestionar desde un inicio, la preparación de todas aquellas probanzas que resulten ser necesarias en la indagatoria correspondiente. Por ello, se colige que la facultad de investigación no puede ser arbitraria, ya que existe la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la indagatoria, luego de que tenga conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias o querellas que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, hasta concluir en la reserva del expediente, el no ejercicio de la acción penal o la solicitud de la audiencia de formulación de imputación, según sea el caso. En esa tesitura, la representación social debe concluir en breve término la integración de una averiguación previa, ya que el desahogo de los datos de prueba que estén pendientes -si es que las hubiere-, o las que considere necesario recabar y desahogar, no puede prolongarse en forma indefinida. Tiene aplicación al caso la tesis 32 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS. De un análisis integral y coherente de los artículos 8o., 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Durango, no establecen un término específico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la averiguación, tan luego como tengan conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues transcurrieron más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda de amparo, sin que existiera avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado implica violación de garantías 9 ." Una vez expuesto lo anterior, conviene relatar los antecedentes relevantes de la averiguación previa de origen. 1. Mediante escrito de veintitrés de junio de dos mil diez, Victorino Suazo Pérez formuló denuncia por el delito de homicidio imprudencial y responsabilidad profesional cometido en agravio de su menor hijo de identidad reservada con iniciales V.S.F. (foja 21). 2. En proveído de veintiséis de junio de la citada anualidad, se radicó la averiguación previa AZUE/SC/03/0379/2010-06, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, y se tuvo al denunciante compareciendo a ratificar la denuncia (foja 19). 3. En acuerdo de veintinueve de junio siguiente, se solicitó al Director del Hospital General "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez", copia certificada del expediente médico del menor de identidad reservada con iniciales V.S.F., para lo cual se giró el oficio 1170/2010, mismo que se notificó en la misma fecha (foja 28). 4. En auto de trece de julio de dos mil diez, se tuvo al Director de dicho nosocomio desahogando el requerimiento formulado (foja 33). 5. El veintitrés del mes y año en cita, se ordenó citar al inculpado Bartolo Núñez González (foja 34). 6. El veintiséis de julio siguiente, compareció el inculpado y se reservó el derecho de declarar (foja 37). 7. El seis de agosto de dos mil diez, se ordenó al Director del Servicio Médico Forense que se realizara la exhumación del cuerpo de la víctima, se le practicara la necropsia y se determinara la causa de muerte del menor (foja 42). 8. El trece de agosto siguiente, se llevó a cabo dicha exhumación (foja 46). 9. Por ocurso recibido en proveído de veinte de agosto de dos mil diez, se tuvo al inculpado rindiendo por escrito su declaración, misma que ratificó en la misma fecha (foja 48). 10. En auto de catorce de octubre de dos mil diez, se ordenó citar a declarar a las enfermeras María Cira 9 Publicada en la página 884, del tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Ramírez, Gloria Martínez Fierro y al doctor René Flores Marcial (foja 74). 11. El dieciocho de octubre siguiente, se recabó la declaración de María Cira Ramírez y Gloria Martínez Fierro (fojas 77 y 80). 12. En el acuerdo de seis de diciembre de dos mil diez, se tuvo por rendido el dictamen emitido por Keynes García Leguízamo, perito en materia de medicina forense, en el que concluyó que el manejo médico del menor fue el adecuado (foja 84). 13. En la misma fecha, se tuvo a la aquí quejosa Tania Grisel Fombona Romero y a María Rosa Romero Quintana, madre y abuela de la víctima menor hijo de identidad reservada con iniciales V.S.F., respectivamente, rindiendo su declaración (foja 85 y 88). 14. Mediante escrito de cuatro de abril de dos mil veintidós, la impetrante solicitó que se le informara el estado procesal que guardaba dicha indagatoria, sin que se advierta que haya se le haya acordado (foja 90). 15. Por oficio 8112 de veinte de julio de dos mil veintitrés, el representante social responsable solicitó al Coordinador Regional de la Policía Ministerial Costa Grande, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, que continuara realizando la investigación relativa (foja 91). Lo anterior evidencia que desde el catorce de octubre de dos mil diez, se ordenó citar al doctor René Flores Marcial, sin que de las constancias remitidas se advierta que ya se haya recabado su declaración o, que con posterioridad se hubiese llevado a cabo algún acto relacionado con la investigación. Lo que denota una omisión por parte del Ministerio Público responsable para realizar las diligencias necesarias para integrar la averiguación previa, lo anterior, a pesar de haber transcurrido a la fecha en que este asunto se resuelve, un lapso por demás excesivo, incumpliendo con ello las disposiciones preinsertas y retardando desde luego, la pronta y expedita impartición de justicia. Lo que cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que desde el dos mil diez y hasta antes de la presentación de la demanda de amparo, el representante social no había actuado absolutamente nada, pese a que han transcurrido casi trece años, sin que a la fecha haya desahogado la totalidad de las pruebas necesarias para integrar la averiguación previa, y con ello determinar si se consigna ante la autoridad competente, se decreta el inejercicio de la acción penal, o se ordena su archivo ante la falta de elementos para procesar. De ahí que la autoridad responsable violó en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, vinculado al de expedites en la administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el derecho humano, como ofendida, a que se determine sobre el ejercicio de la acción penal, previsto en el artículo 20, inciso c), fracción VII, de la Carta Magna, en relación con la obligación del Ministerio Público, de investigar los delitos y resolver sobre el ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 21 constitucional. De este modo, resulta claro que el Ministerio Público debe actuar con celeridad, esto es, su actuación debe ser regular, constante, con miras de lograr una pronta y expedita impartición de justicia, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal, pues al actuar en sentido opuesto transgrede la seguridad jurídica de los ofendidos. Ello es así, pues el mero transcurso del tiempo puede afectar la esfera jurídica de los gobernados, en virtud de que los efectos de la omisión de pronunciarse sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal son idénticos o incluso más graves a los que se producen con una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento de la acción penal, de modo que esa situación resulta impermisible en un Estado de derecho. De igual manera, a la autoridad responsable no le está permitido retardar indefinida ni excesivamente su función de procurar justicia, por el contrario, ésta se debe administrar en forma rápida y expedita, lo cual implica que tiene la obligación de resolver las averiguaciones que se ventilen ante ella en los términos que establece la legislación aplicable, pues pese a ser una autoridad administrativa, en la fase de la indagación del delito realiza actos materialmente jurisdiccionales, por lo que le es exigido la observancia al artículo 17 Constitucional. Se cita por analogía la tesis 32 A, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo contenido dispone: "MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS. De un análisis integral y coherente de los artículos 8o., 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Durango, no establecen un término específico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la averiguación, tan luego como tengan conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues transcurrieron más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda de amparo, sin que existiera avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado implica violación de garantías" 10 . En las relatadas condiciones, ante lo fundado del concepto de violación expuesto por la quejosa, procede conceder el amparo y protección que de la Justicia de la Unión se solicita, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, realice lo siguiente: Concluya en un plazo máximo de noventa días la averiguación previa AZUE/SC/03/0379/2010-06, instruida en contra de Bartolo Núñez González por el delito de homicidio imprudencial y responsabilidad profesional cometido en agravio del menor de identidad reservada con iniciales V.S.F. y, en pleno uso de sus facultades, formule la determinación que en derecho proceda, en la inteligencia de que en ese término deberá recabar las pruebas que estén pendientes y las demás que estime necesarias para lograr el total esclarecimiento de los hechos. Efectos los anteriores que encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 24/2001 de la Primera Sala del Alto Tribunal, que es del tenor siguiente: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte 10 Localizable en la página 884, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época, Registro 193732. la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época, Materia(s): Penal, página 142) En la inteligencia de que el sentido de esta resolución en ningún modo interfiere en lo atinente a las cuestiones técnicas y jurídicas propias de la averiguación previa, por ser de la exclusiva competencia de la autoridad investigadora. Por lo antes expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, por derecho propio, en contra de la autoridad responsable y por el acto señalado en el resultando primero de esta resolución, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. Notifíquese. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 747/2023-III*M CUENTA. El diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 10438 con anexo. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación 4 del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, por medio del cual rinde su informe justificado; con su contenido y documentales anexas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. En relación con lo anterior, es preciso decir que el artículo 117 de la Ley de Amparo establece que con la finalidad de que las partes en el juicio tengan conocimiento no sólo de los informes justificados rendidos en autos, sino además de aquellas constancias que se recaben de manera oficiosa por encontrarse relacionadas con la emisión del acto que se reclame, se les deberá dar vista con éstos, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, situación que no ocurre en el presente caso, toda vez que ésta fue fijada para el día de hoy, por lo que el plazo a que se refiere el artículo en mención, para darle vista a las partes con el informe justificado, aún no empieza a transcurrir. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 Por lo tanto, y con el objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia, lo procedente es otorgar el plazo mínimo necesario para que las partes puedan imponerse del contenido de dicho informe. Para robustecer lo anterior, es conveniente citar la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Por tanto, para dar margen a ello, procede diferir la audiencia constitucional señalada para la presente fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juarez, Guerrero; diecisiete de julio de dos mil veintitres. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho, contra actos del Agente Central del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 747/2023-III y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Ahora bien, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni tratarse de aquéllos supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a la autoridad responsable que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquesele que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir oficios que se le dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." (Registro 2002576, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 1253). Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Se exhorta a las partes para que las promociones que se presenten en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, deberán estar escaneadas de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, pagina 2537, registro digital 2023740, de rubro: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en la demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a AntonioTabares Gallardo, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como Licenciados en Derecho; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Carlos Larumbe Radilla, Luz Araceli Ziga Mojica, Jesús de la Cruz Marín y Carlos Larumbe Ziga, por no contar con tal registro. Asimismo, se le tiene proporcionando cuenta de correo electrónico y número telefónico para establecer contacto. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se comunica a las partes que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese; y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2828/2023, de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano