Tania Gilmar Parra Beas
Expediente 845/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
- Tania Gilmar Parra Beas
- Sucesión de Dolores Ayala Olivares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Juicio de Amparo Directo
La autoridad responsable acusa recibo del oficio con el que se comunicó el auto donde se declaró consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a lo proveído en el acuerdo de once de julio del presente año archívese el presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LOS PROVEÍDOS DE TRECE DE NOVIEMBRE Y OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, RESPECTIVAMENTE, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ONCE DE JUNIO PASADO, EMITIDA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 845/2017, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: En once de junio de dos mil dieciocho, el secretario de estudio da cuenta al Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México. Once de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, el artículo 196 del ordenamiento en cita, señala que una vez que el órgano judicial de amparo reciba el informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista a la quejosa y, en su caso, a los terceros interesados dentro del plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días, donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento y, dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés; además, precisa que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Adicionalmente, indica que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y una vez declarada cumplida, se ordenará el archivo del expediente, pues si no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley. En el caso, la sentencia de amparo se dictó el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho; por auto de presidencia de veinte de abril del año en curso se declaró que en contra de la referida resolución no se interpuso recurso de revisión, y por oficio de la misma fecha, se requirió a la responsable su cumplimiento. Así, la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante oficio 1977, de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de un auto dictado en la misma fecha, del que se advierte que dejó sin efectos la sentencia emitida el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete; asimismo, solicitó se le concediera una prórroga de diez días para dar cumplimiento al fallo protector. Petición que le fue concedida por auto de presidencia de veintiséis siguiente. En ese tenor, por oficio 1665, de diez de mayo de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de la nueva resolución que emitió en cumplimiento al fallo protector. A continuación se procede a determinar si se dio o no cumplimiento exacto a tal ejecutoria. a) La sentencia concesoria que conlleva el cumplimiento se dictó el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. b) La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la sala responsable: 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 2. Enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara en torno a todos los agravios que se expresaron en el recurso de apelación, y que de manera enunciativa quedaron sintetizados en los incisos a) a x) de la parte considerativa del fallo, para lo cual deberá expresar las motivos concretos y fundamentos jurídicos que estime aplicables; y, 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. En la especie, por auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho se hizo del conocimiento de las partes la sentencia con la que la sala responsable sostiene su cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en un término de diez días manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin que ninguno así lo hiciera. Para una mejor comprensión del asunto y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano colegiado, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORA: RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO 1. Deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. A. Mediante oficio 1977, de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la sala responsable remitió copia certificada de un auto dictado en la misma fecha, del que se advierte que dejó sin efectos la sentencia emitida el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. 2. Enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara en torno a todos los agravios que se expresaron en el recurso de apelación, y que de manera enunciativa quedaron sintetizados en los incisos a) a x) de la parte considerativa del fallo, para lo cual deberá expresar las motivos concretos y fundamentos jurídicos que estime aplicables. a) El juez natural decreta la nulidad de la escritura pública respectiva, con base en una causal que no fue planteada por la sucesión actora, ya que esta solo indica que es nulo dicho acto jurídico "por haber ocultado los demandados de forma fraudulenta en el procedimiento de sucesión testamentaria que el de cujus ********** había estado casado con la señora **********"; mientras que la responsable considera que la nulidad de la escritura surge "porque no fue tomada como parte de la sucesión ahora tercera perjudicada, en términos del artículo 1010 del Código de Procedimientos Civiles vigente en dicho momento", y con ello se cambia la litis planteada y suple la deficiencia de la queja en favor de la enjuiciante, con lo que se le dejó en estado de indefensión al no tener oportunidad de oponer excepciones, ofrecer pruebas y formular alegatos. b) La falta de intervención de la sucesión actora en la sucesión de **********, no derivó de que se "ocultara" el hecho de que este hubiera estado casado con **********, sino por las "deficiencias" de los propios herederos de esta última, ya que su ahora albacea se presentó ante el juez familiar que conoció de la sucesión testamentaria e incluso ante el propio notario, con quien se siguió dicho procedimiento, para oponerse a la partición y adjudicación; sin embargo, no se le dio intervención al no haber acreditado su interés jurídico, y ello constituye un error de su parte, como se acredita con su propia confesión y documentos respectivos, de los que se advierte, además, que promueve la sucesión de **********, cuatro años después de que se llevara el procedimiento sucesorio de **********, y veinticinco años después de la muerte de la de cujus. c) El juzgador de origen agravia a la inconforme, pues anula toda la escritura pública respectiva, aun cuando en ella se consignan varios actos jurídicos independientes y otros que no fueron demandados, como lo fue la adjudicación de un inmueble. d) No se debió declarar la nulidad de la escritura correspondiente, porque la actora debió también demandar su cancelación en el Registro Público del Derecho de Autor, en cuanto a los derechos de autor, y en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (sic), en torno a los bienes inmuebles involucrados. e) Causa agravio la declaración de que las obras musicales registradas por **********, en la sociedad de autores respectiva, pertenecen en un ********** por ciento a la sucesión de **********, hasta la fecha en que falleció; sin embargo, la actora "jamás precisa los bienes a reivindicar", de modo que puedan identificarse, y con ello fuera factible preparar una adecuada defensa, sino que se demanda de modo genérico, sin indicar ni probar cuáles son las obras musicales que reclama de forma individualizada ni su inscripción ante el Registro Público de Derechos de Autor. f) Se confunde el derecho de autor con uno de sus componentes: el derecho patrimonial. Conforme a los artículos 1º y 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, se desprende que ese derecho es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de dos tipos de prerrogativas o privilegios, a saber: unos, de carácter personal, llamados "derecho moral" y, otros, de tipo patrimonial, llamados "derecho patrimonial". g) El primero (derecho moral), hace referencia a que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación; se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable; y, corresponde su ejercicio al propio creador de la obra y a sus herederos o, en ausencia de estos, al Estado, siempre y cuando se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional (artículos 18, 19 y 20 de la Ley Federal del Derecho de Autor). h) En cuanto al segundo (derecho patrimonial), corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la ley [Ley Federal del Derecho de Autor] y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma (artículo 24 ibídem). i) Así, queda claro que el "Derecho de Autor", es único e indivisible de sus partes, pues se encuentra definido por los dos derechos que lo componen: el moral y el patrimonial; pero cada uno de ellos, por sí solo, no comprende el "Derecho de Autor" en su totalidad. j) Así que si la sucesión actora demanda "el todo" y no una de sus partes; luego, se debió analizar la pretensión desde esa perspectiva, pues así fue planteado en la demanda inicial. k) El "Derecho de Autor" es un derecho especial que se reconoce al creador de una obra intelectual de forma exclusiva e inherente a la persona del autor, por lo que no es intransmisible (sic) a la sociedad conyugal, aunque se pueda transmitir uno de sus componentes (derecho patrimonial) pero solo de forma temporal y con los requisitos que prevé la ley de la materia. l) En ese sentido, al resolverse sobre la petición de la actora, se atiende solo al derecho patrimonial; sin embargo, con ello se cambia la materia de la litis, pues la pretensión se expuso en relación con la totalidad del derecho de autor (derecho moral y derecho patrimonial). m) Así, se confunde el derecho de autor con uno de sus componentes, con lo cual se vulnera la legislación reglamentaria del artículo 28 constitucional. n) Se acepta que resultó aplicable la Ley Federal del Derecho de Autor vigente al momento de la muerte de **********, titular originario, pues al resultar reglamentaria del artículo 28 constitucional, se trata de un precepto que sí puede aplicarse de manera retroactiva. o) Al considerarse que el derecho patrimonial es susceptible de transmitirse entre vivos, por cualquier título, se arribaría a la conclusión de que el "Derecho de Autor" es transmisible por cualquier título, incluyendo la sociedad conyugal; sin embargo, con ello no se toman en cuenta los dos privilegios, tanto morales como patrimoniales, los cuales conforman el derecho de autor indivisible, sin que se tome en consideración que el derecho moral es intransmisible entre vivos, pues está ligado íntimamente con el creador de la obra intelectual, por lo cual es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, como así se advierte de los artículos 18 y 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor. p) El juzgador se apoya exclusivamente en lo que determina el artículo 25 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que prevé que "Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquirente por cualquier título"; sin embargo, dicho precepto únicamente se refiere al derecho patrimonial y no al Derecho de Autor en su conjunto, y aunque el derecho patrimonial es susceptible de transmitirse entre vivos, por cualquier título legal, esa transmisión debe sujetarse a los requisitos que la propia ley invocada prevé. q) Conforme al artículo 30 de la ley de la materia, se desprende que la transmisión entre vivos solo puede ser temporal y onerosa. Lo cual no se consideró por el juzgador, pues de haberlo hecho, se llegaría a concluir que, en consecuencia, no se podrían transmitir por sociedad conyugal, a menos que se hubiere pactado en las capitulaciones matrimoniales un pago por dicha transmisión, y ese hecho no se probó. r) Aunado a ello, en la transmisión debe señalarse la temporalidad de la misma, pues a falta de estipulación expresa al respecto, se entenderá que es otorgada por un lapso de cinco o excepcionalmente por más de quince años, conforme al artículo 33 de la Ley Federal del Derecho de Autor, lo cual resulta incompatible con la sociedad conyugal, y en caso de se considerara lo contrario, al terminar dicha sociedad con la muerte, el derecho patrimonial regresaría al titular primigenio. Lo cual no consideró el juez natural. s) En relación a la transmisión "global de obra futura", conforme al artículo 34 de la Ley Federal del Derecho de Autor, resulta nula, pues solo se puede transmitir la obra futura cuando se especifica de forma determinada y las características deben quedar establecidas en el contrato respectivo. En ese sentido, para que se hubieren transmitido los derechos patrimoniales por sociedad conyugal, se debió establecer con precisión la obra y sus características del trabajo futuro en las capitulaciones matrimoniales, y ese hecho no se probó. t) La transmisión del derecho patrimonial no es similar a la transmisión de otros derechos, pues tanto la Constitución como su ley reglamentaria, establecen privilegios especiales para los mismos, y exige que además de temporal y onerosa, la transmisión debe constar por escrito, conforme al citado artículo 30, último párrafo, de la ley invocada; sin embargo, en la resolución apelada solo se considera al Derecho de Autor como un bien mueble, pero se olvida de los requisitos especiales que exige la ley reglamentaria para su transmisión (que sea temporal, onerosa y por escrito), los cuales no se cumplen en la especie. u) El derecho de autor tiene una regulación especial y distinta a los demás derechos patrimoniales, similar a los derechos agrarios que también tienen una protección constitucional y a través de su ley reglamentaria, pues se consideran derechos patrimoniales especiales que no son iguales a los comunes que entran en una sociedad conyugal y que son susceptibles de transmitirse en los términos del derecho común, pues los derechos de autor se encuentran privilegiados por la constitución y su ley reglamentaria -según se dijo-. Cita las tesis de rubros: "SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE DERECHOS AGRARIOS. PREVALECE SOBRE EL RÉGIMEN CIVIL DE SOCIEDAD CONYUGAL" y "DERECHOS DE AUTOR. LOS ARTÍCULOS 2º, 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD". v) Los derechos de autor no deben considerarse como producto del trabajo, pues el derecho patrimonial no es lo mismo que las regalías respectivas, sino que son los frutos que derivan de su explotación, como se advierte del artículo 41 de la ley de la materia; así, la obra del autor no es el producto sino la sustancia de la creación intelectual, es el desarrollo del intelecto, y lo que es el producto son la regalías, al igual que para el trabajo lo es el salario o el honorario del servicio. De ahí que si el salario se equipara a las regalías en el derecho de autor, la esposa de este no tiene derecho a cobrar regalías, sino hasta que estas se cobran y es dinero líquido, pues hasta ese momento se podría considerar un ganancial. w) En forma indebida se declaran procedentes las prestaciones B), C) y E), relativas al pago de las regalías generadas por las obras musicales a partir del diecinueve de octubre de dos mil hasta la fecha; el pago de sus interese legales; y, la declaración judicial de que dichas regalías pertenecen a la sucesión actora: Ello, porque se deja su identificación para otro procedimiento distinto al juicio de origen, lo cual resulta incongruente con las pretensiones, pues si una acción se debe reclamar posteriormente a la acción intentada o en otra vía; luego, significa que aquella no se puede declarar procedente. x) Además, tampoco son procedentes las prestaciones B), C) y E), demandadas, pues para que exista el derecho de exigirlas, previamente debe existir el derecho de autor a favor de la actora, lo cual no era transmisible por sociedad conyugal, ni siquiera en su aspecto de derecho patrimonial, al no cumplirse con los requisitos exigidos por la ley de la materia y a los que se ha hecho alusión anteriormente (transmisión temporal, onerosa y por escrito, sin comprender la obra futura indeterminada). "La recurrente argumenta que en la especie se decretó la nulidad de la escritura ********** de fecha once de septiembre de dos mil uno, otorgada por el Notario Público número ********** del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por una causal que no fue planteada por la parte actora, pues esta solo invocó que en el procedimiento de la sucesión testamentaria del de cujus **********, se ocultó -de forma fraudulenta- que había estado casado con la señora **********; mientras que el juzgador sostuvo que la nulidad obedecía a que la sucesión demandante no fue considerada como parte, en términos del artículo 1010 del Código Civil. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la apelante, la sucesión intestamentaria a bienes de la señora **********, sí invocó como causa de nulidad de la escritura **********, el hecho de que el licenciado **********, Notario Público ********** del Distrito Judicial de Tlalnepantla, dejó de respetar los derechos de los gananciales matrimoniales de la señora **********, pues a pesar de que en el testamento público abierto, otorgado por el señor **********, refirió estar casado con **********, bajo el régimen de sociedad conyugal, adjudicó a los señores **********, **********, ********** y **********, el cien por ciento de los derechos de autor y ganancial de las obras musicales del de cujus; tan es así, que en el hecho marcado con el número dieciséis de la demanda, afirmó (lo transcribió). De ahí, que el operador jurídico sí analizó la acción de nulidad de la escritura número **********, del once de septiembre de dos mil uno, conforme a la causal invocada por la accionante, basada en la omisión de respetar los derechos de la sociedad conyugal perteneciente a la consorte del autor de la sucesión testamentaria; en tanto que el Notario demandado inobservó lo establecido en el artículo 1010 del Código Procesal Civil abrogado, en el sentido de no haber dado intervención a la cónyuge del testador o en su caso a la sucesión de la misma, no obstante que del propio testamento se advierte que el de cujus se encontró casado civilmente bajo el régimen de sociedad conyugal". "Con independencia de ello, en el caso concreto debe subsistir la declaración de nulidad absoluta de la escritura ********** de fecha once de diciembre del año dos mil uno, pues como lo expuso el operador jurídico, quedó evidenciado que al tratarse la sucesión testamentaria a bienes de **********, ante la fe del Notario Público número **********, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dicho fedatario adjudicó a los herederos testamentarios, el ********** por ciento de los derechos de autor y regalías registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de Música, Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público a favor del de cujus, pasando por alto que en el propio testamento, el autor de la sucesión expresamente declaró que fue casado civilmente con **********, bajo el régimen de sociedad conyugal, con quien incluso procreó ********** hijos de nombres **********, ********** y ********** de apellidos **********. Por tanto, al margen de lo argumentado por la inconforme, en el sentido de que la falta de intervención de la parte actora en la sucesión de **********, se originó por las deficiencias de los propios herederos; es inconcuso que dicho notario debió dar cumplimiento a lo ordenado en el último párrafo del artículo 1010 de la ley adjetiva civil abrogada, a efecto de llamar a dicho procedimiento a la sucesión de **********, con la finalidad de que hiciera valer sus derechos; lo que no aconteció en la especie". "Por otro lado, no se soslaya el argumento de la apelante en el sentido de que el juzgador anuló toda la escritura a pesar de que en ella se consignan varios actos jurídicos independientes, como lo fue la adjudicación de un inmueble. De igual forma, esgrime que para declarar la nulidad de la escritura respectiva, se debió demandar su cancelación en el Registro Público del Derecho de Autor, en cuanto a los derechos de esa naturaleza; así como en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en torno al inmueble involucrado. Al respecto, debe decirse que a pesar de que tales argumentos no fueron hechos valer por la demandada en el juicio de origen, al no haber dado contestación a la demanda, es posible abordar su estudio por encontrarse relacionados con los elementos de la acción cuyo estudio es oficioso. Así, por cuanto hace al primer motivo de disenso, este resulta infundado, pues a diferencia de lo afirmado por la recurrente, la escritura ********** de fecha once de septiembre del dos mil uno, no contempla la adjudicación de inmueble alguno, sino solo la adjudicación del ********** por ciento de los derechos de autor y regalías registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de Música, Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público a nombre de **********, en la forma y porcentajes que en ese documento se estipuló; motivo por el cual fue correcto aclarar la nulidad de ese instrumento notarial en su totalidad. En ese sentido (por lo que respecta al diverso agravio), es evidente que la sucesión actora no tenía porque demandar la cancelación de registro alguno en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que es donde se inscriben precisamente los derechos relacionados con los inmuebles. De igual forma, es incorrecto que para declarar la nulidad de la escritura ********** de fecha once de septiembre del dos mil uno, resultara necesario que la accionante reclamara la cancelación en el Registro Público del Derecho de Autor (Instituto Nacional del Derecho de Autor); pues como ya se verificó, la nulidad absoluta de dicho instrumento, obedece a las irregularidades cometidas por el fedatario público, al no haber llamado a la parte actora al procedimiento sucesorio testamentario a bienes de **********, contraviniendo con ello disposiciones de orden público. Además, debe decirse que en todo caso, la cancelación del registro correspondiente a esa escritura, se traduce en una consecuencia natural de la nulidad decretada por el juez de primera instancia, por lo que no resultaba indispensable su reclamo expreso por parte de la sucesión actora". "En ese orden de ideas, asiste razón al inconforme en cuanto aduce que fue incorrecto el proceder del operador jurídico, al declarar que las obras musicales registradas por ********** en la sociedad de autores respectiva, pertenecen en un ********** por ciento a la sucesión de **********; pues como ya se verificó, el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, por lo que es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, de manera que su ejercicio no es transmisible por un acto inter vivos, como se pretende hacer valer en la especie. Por tanto, si bien es cierto que en el caso justiciable se encuentra demostrado que ********** Y ********** se casaron civilmente bajo el régimen de sociedad conyugal, en fecha **********; así como el hecho de que celebraron un convenio en donde se estableció que dicha sociedad comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y los productos que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, 'incluyendo el producto del trabajo'; ello no puede interpretarse en el sentido pretendido por la parte actora, en cuanto solicitó la declaración de que las obras musicales registradas por **********, pertenecen a la sociedad conyuga, pues como ya se verificó, esa posibilidad está vedada por la propia legislación de la materia, en la que solo se contempla el ejercicio de los derechos morales mortis causa, en beneficio de los legítimos herederos o legatarios. De esa manera, fue incorrecto el proceder del juez natural, al establecer que por virtud del régimen patrimonial celebrado entre los consortes, así como el convenio de referencia, el ********** por ciento de las 'obras musicales' registradas por el de cujus ante la sociedad de autores y compositores de música, a partir de la fecha de celebración del matrimonio, hasta el momento en que falleció ********** (**********), pertenecen a la sucesión de esta última; pues como ya se analizó, ello contraviene la naturaleza de los derechos morales, mismos que protegen la personalidad del autor en relación con su obra, cuyo ejercicio solo puede transmitirse a favor de los herederos por sucesión mortis causa, y en todo caso, en ausencia de estos, a favor del Estado en términos de los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor". "La Ley Federal del Derecho de Autor, establece en su articulado conducente, al regular en específico el derecho de autor: 'Artículo 1º. La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual'. 'Artículo 2º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para los efectos de esta Ley se entenderá por Instituto, al Instituto Nacional del Derecho de Autor'. 'Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial'. 'Artículo 18.- El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación'. 'Artículo 19.- El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable'. 'Artículo 20.- Corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la obra y a sus herederos.'. 'Artículo 24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma'. 'Artículo 25.- Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquirente por cualquier título'. 'Artículo 26.- El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados'. 'Artículo 26 bis.- El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho del autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202, Fracciones V y VI de la Ley. El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del Artículo 27, Fracciones II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en el Artículo 212 de esta Ley'. De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes transcritos, puede advertirse claramente que los derechos de autor, son un reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, acorde al numeral 11 de la Ley Reglamentaria del artículo 28 constitucional, que otorga protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el derecho moral, mientras que los segundos integral el derecho patrimonial, el cual incluso puede ser objeto de transmisión a herederos o adquirentes por cualquier título, lo que implica que no se encuentran excluidos del comercio. Por tanto, desde un punto de vista conceptual, el derecho de autor puede ser concebido bajo una óptica dual, por un lado, las prerrogativas y privilegios de carácter personal, que constituyen el llamado derecho moral; y por otro, el derecho patrimonial, que representa un beneficio económico". "En relación a los derechos morales, el ordinal 18 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de tales derechos sobre las obras de su creación. En ese sentido, como lo aduce la apelante, el derecho moral protege la personalidad del autor en relación con su obra y se caracteriza por ser perpetuo, inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable, transmitiéndose su ejercicio a favor de los herederos únicamente por sucesión mortis causa, y en ausencia de estos a favor del Estado. Para comprender mejor tales características, debemos hacer las siguientes precisiones: Es perpetuo, dado que, sin importar el tiempo que haya transcurrido, un autor seguirá siéndolo siempre de las obras de su autoría. Es inalienable, es decir, es un derecho cuyo ejercicio no es transmisible inter vivos, por lo que corresponde única y exclusivamente al autor de que se trate la adopción de las acciones conducentes en su defensa que reconozcan las leyes nacionales. Es imprescriptible, porque nadie puede convertirse en autor de una obra cuya autoría falsamente se atribuya por el simple transcurso del tiempo. Es decir, el autor verdadero puede reivindicar en todo momento la paternidad de cualquier obra de su autoría indebidamente ostentada por cualquier tercero, sin importar el tiempo que haya transcurrido. Es irrenunciable, en el sentido de que, aun cuando un autor en particular fuese obligado a renunciar a tal derecho o lo hiciere de manera voluntaria, estará en todo momento facultado para ser restituido en el goce absoluto de este derecho esencial cuando así lo reclame. Es inembargable puesto que corresponde a la esfera de los de derechos personalísimos del autor, por lo que no se encuentra disponible como tal en el comercio". "Los derechos de explotación (artículo 24) son temporales, renunciables y transmisibles por medio legal. Nos explicamos: La temporalidad del derecho patrimonial de explotación, consiste en el lapso durante el cual el autor ejerce en exclusiva las facultades de uso y explotación sobre la obra de que se trate. Los derechos de explotación son renunciables, pues corresponde al autor decidir de manera libre y voluntaria lo que mejor le convenga sobre el ejercicio de los mismos, o bien sobre su transferencia o transmisión a favor de terceros. Finalmente, son transmisibles por cualquier medio legal, destacándose la figura de los contratos, la presunción legal de cesión y la transmisión mortis causa, como las formas o mecanismos idóneos para la consecución de tales fines o propósitos. La transmisión a través de contrato se efectúa, desde luego, mediante un acuerdo de voluntades entre las partes respectivas, siguiendo las formalidades establecidas en la ley a esos efectos. En relación con la presunción legal de cesión, se trata simplemente de casos en donde la ley respectiva establece, salvo pacto en contrario, una presunción legal de titularidad de los derechos patrimonial a favor de la persona que ha producido o comisionado la realización de una obra determinada, tal como podría ser el caso de los derechos sobre las obras audiovisuales reconocidos a priori, en favor de los productores respectivos, o bien aquellas obras creadas al amparo de la figura de obra hecha por encargo o inclusive, en alguno otros casos, las obras producto de la relación laboral. La transmisión por causa de muerte se lleva a cabo mediante la figura legal de la sucesión testamentaria, en la que el testador asigna o lega sus derechos autorales en favor de personas específicas o bien a través de la figura de la sucesión legítima, según la cual, debido a la inexistencia de un testamento, la adjudicación de esos derechos sobre los bienes existentes se realiza en el orden de sucesión establecido en la ley correspondiente". "En efecto, el derecho de autor en el sistema jurídico constitucional mexicano se alimenta de dos tipos de raíces, una económica y otra moral, que confluyen en un tronco común, del cual nacen las distintas facultades que el derecho tiene reconocidas, procedentes de un derecho de autor único". "En esa tesitura, si bien es cierto que en el caso justiciable se encuentra demostrado que ********** Y ********** se casaron civilmente bajo el régimen de **********, en fecha veinticinco de marzo de mil novecientos treinta y ocho; así como el hecho de que celebraron un convenio en donde se estableció que dicha sociedad comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y los productos que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo; ello no puede interpretarse en el sentido pretendido por la parte actora, en cuanto solicitó la declaración de que las obras musicales registradas por **********, pertenecen a la sociedad conyugal, pues como ya se verificó, esa posibilidad está vedada por la propia legislación de la materia, en la que solo se contempla el ejercicio de los derechos morales mortis causa, en beneficio de los legítimos herederos o legatarios. Por ello, fue incorrecto el proceder del juez natural, al establecer que por virtud del régimen patrimonial celebrado entre los consortes, así como el convenio de referencia, el ********** por ciento de las obras musicales registradas por el de cujus, ante la sociedad de autores y compositores de música, a partir de la fecha de celebración del matrimonio, hasta el momento en que falleció ********** (**********), pertenecen a la sucesión de esta última, pues como ya se analizó, ello contravendría la naturaleza de los derechos morales, mismos que protegen la personalidad del autor en relación con su obra, cuyo ejercicio solo puede transmitirse a favor de los herederos por sucesión mortis causa, y en todo caso, en ausencia de estos, a favor del Estado, en términos de los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor". "En el mismo sentido, la transmisión de derechos alegada por la parte actora, no satisface el requisito de temporalidad contemplado en el artículo 30 de la legislación en consulta, pues nada se dijo en torno a tal aspecto, al momento de celebrarse el convenio multicitado entre los consortes, pues solo se acotó de forma genérica, que formarían parte de la sociedad conyugal los bienes muebles e inmuebles, así como el producto que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo 'el producto del trabajo'; sin hacer alusión al periodo que abarcaría la supuesta transmisión en comento. (.). Incluso, no se soslaya que el artículo 33 del cuerpo citado, refiere que a falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de cinco años; de manera que tomando en cuenta que el matrimonio celebrado entre ********** Y ********** aconteció el ********** (al igual que el convenio), esa temporalidad se habría agotado, por ministerio de ley, el veinticuatro de marzo de mil novecientos cuarenta y tres; lo que pone de manifiesto la improcedencia del reclamó de la sucesión enjuiciante, en el sentido de que le pertenece el ********** por ciento de las regalías generadas por las obras musicales del autor de la sucesión, a partir partir del diecinueve de octubre del año dos mil; así como su correspondiente pago, incluyendo sus intereses legales. Por todo lo anterior, es inconcuso que el juzgador debió decretar improcedentes las prestaciones singularizadas con los incisos b), c), d) y e) del libelo introductorio, al quedar evidenciado que los derechos morales y patrimoniales del autor **********, no formaron parte de la sociedad conyugal habida con **********". "Así también, de los artículos 3º, 6º, 7º y 25 constitucionales, en relación con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, es posible establecer que el derecho fundamental a la libertad de expresión, compren la protección de la comunicación y publicación de las ideas, a través de cualquier medio de expresión (literario o artístico), como derecho esencial para la operatividad del Estado constitucional, social y democrático de derecho, si se considera que de acuerdo con el artículo 3º de la Constitución, uno de los criterios que debe orientar la educación guarda relación con la democracia, entendida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo y que el artículo 6º de la Constitución impone a los poderes públicos el deber (positivo) de garantizar el derecho a la información (política, científica, económica, social, cultural, etcétera). Finalmente, es preciso destacar que junto con todo ese entramado constitucional, de tipo social, cultural y económico, conviven los principios constitucionales que garantizan la libertad contractual, y el principio de autonomía de la voluntad (artículos 5º y 14 constitucionales), los que tienen una especial relevancia en el ámbito de los derechos de contenido económico reconocidos en la Ley Federal del Derecho de Autor. Ese sistema de principios debe servir de marco normativo para la interpretación del derecho moral y patrimonial contenido en la Ley Federal del Derecho Autoral. Tipos de derechos derivados de la Ley Federal del Derecho de Autor. De manera muy similar a lo que sucede en otras latitudes, el derecho de autor en el sistema jurídico constitucional mexicano se alimenta de dos tipos de raíces, una económica y otra moral, que confluyen en un tronco común, del cual nacen las distintas facultades que el derecho tiene reconocidas, procedentes de un derecho de autor único". "(.) El moral, que corresponde a la relación personalísima de la persona con su obra, y el patrimonial que constituye las prerrogativas valuables en dinero, que corresponde al titular del derecho. Dicho esto, es posible establecer un esquema básico de los componentes principales del derecho de autor, sustentado en la clasificación que el propio legislador ha establecido en la materia, como mero punto de partida para la mejor comprensión del asunto. 1) Los derechos morales, que permiten al autor realizar ciertas acciones para conservar el vínculo personal con su obra; y, 2) Los derechos de contenido económico o patrimoniales (lato sensu) que permiten al titular obtener recompensas económicas por la utilización de su obra por terceros. A su vez, debe puntualizarse que los derechos de contenido económico o patrimoniales (lato sensu) pueden clasificarse en dos subtipos: 2.1) Derechos de explotación o patrimoniales (en estricto sentido) y, 2.2) Otros derechos, como el de simple remuneración, previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. Apoya al razonamiento anterior, la jurisprudencia cuyo texto reza: 'DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. SU CONCEPTO'". "Sin embargo, para determinar si los derechos de autor pueden ser considerados jurídicamente como bienes susceptibles de conformar parte de la sociedad conyugal, es menester efectuar un análisis profundo de su naturaleza, límites y alcances, al tenor de lo que dispone la ley de la materia. La Ley Federal del Derecho de Autor, establece en su articulado conducente, al regular en específico el derecho de autor.". "En relación a los derechos morales, el ordinal 18 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de tales derechos sobre las obras de su creación. En ese sentido, como lo aduce la apelante, el derecho moral protege la personalidad del autor en relación con su obra y se caracteriza por ser perpetuo, inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, transmitiéndose su ejercicio a favor de los herederos únicamente por sucesión mortis causa, y en ausencia de estos a favor del Estado". "De igual manera, como ya se verifico, el derecho patrimonial, en sus dos vertientes, sí se encuentra relacionado con el pago de regalías, por lo que en principio, podrían conceptualizarse dentro del producto del trabajo a que se hizo referencial en el multicitado convenio; sin embargo, como lo estima la impugnante, la transmisión de tales derechos patrimoniales no resulta compatible con la sociedad conyugal, a pesar de la existencia del convenio (capitulaciones matrimoniales), en función de los requisitos previstos en el ordenamiento legal en consulta. En principio, puede estimarse satisfecha la exigencia prevista en el último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en cuanto requiere que dicha transmisión se haga por escrito, pues como ya se dijo, ********** Y ********** convinieron que la sociedad conyugal comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y los productos que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo, por el que cada consorte tendría la participación del **********por ciento. No obstante, no debe perderse de vista que dicha cláusula solo contiene una disposición genérica, en relación a los bienes y el 'producto del trabajo' que ingresaran al patrimonio de los consortes en un futuro, de manera que no quedaron individualizados en ese convenio; omisión que se comprende en la medida que no existía en ese momento histórico. Lo anterior cobra especial importancia, habida cuenta que en el título relativo a la transmisión de los derechos patrimoniales, la Ley Federal' del Derecho de Autor, específicamente en su ordinal 34, dispone que la producción de obra futura solo podrá ser objeto de contrato cuando se trate de obra determinada, cuyas características deben quedar establecidas. En el mismo sentido, el artículo 16 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que los actos, convenios y contratos por lo que se transmitan derechos patrimoniales sobre obra futura, deberán precisar las características detalladas de la obra, los plazos y condiciones de entrega, así como la remuneración que corresponda al autor y el plazo de la vigencia; condiciones que no se satisface en el caso concreto, pues los consortes no convinieron nada al respecto". "Incluso, no se soslaya que el artículo 33 del cuerpo normativo antes citado, refiere que a falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por un término de cinco años; de manera que tomando en cuenta que el matrimonio celebrado entre ********** Y **********aconteció el veinticinco de marzo de mil novecientos treinta y ocho, esa temporalidad se abría agotado, por ministerio de ley, el veinticuatro de marzo de mil novecientos cuarenta y tres; lo que pone de manifiesto la improcedencia del reclamó de la sucesión enjuiciante, en el sentido de que le pertenece el **********por ciento de las regalías generadas por las obras musicales del autor de la sucesión, a partir del diecinueve de octubre del año dos mil; así como su correspondiente pago, incluyendo sus intereses legales". ". si bien la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que el titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, transferir sus derechos patrimoniales; lo cierto es que dicha transmisión debe atender los límites establecidos en la propia legislación. El Título III, capítulo 1 de la legislación en consulta, prevé lo relativo a las disposiciones generales de la transmisión de los derechos patrimoniales. En lo que aquí interesa, debe destacarse que el artículo 30 establece: 'El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente conforme a lo establecido en esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho'. Además, el ordinal 31 de la legislación en consulta, dispone: 'Toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, o una remuneración fija y ordenada. Este derecho es irrenunciable'. Mientras que el artículo 34 de la Ley Federal del Derecho de Autor, dispone: 'La producción de obra futura solo podrá ser objeto de contrato cuando se trate de obra determinada cuyas características deben quedar establecida en él. Son nulas la transmisión global de obra futura, así como las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear obra alguna'. Como se observa, es acertara la afirmación del impugnante, en cuanto refiere que la legislación en consulta, establece que toda transmisión de derechos patrimoniales, debe ser escrita, onerosa, temporal e incluso, prevé que la producción de obra futura solo podrá ser objeto de contrato cuando se trate de obra determinada, cuyas características deben quedar establecida en él; características que efectivamente, no se satisfacen en su totalidad en el presente caso". "En principio, puede estimarse satisfecha la exigencia prevista en el último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en cuanto requiere que dicha transmisión se haga por escrito, pues como ya se dijo, ********** Y ********** convinieron que la sociedad conyugal comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y los productos que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo, por el que cada consorte tendría la participación del ********** por ciento. No obstante, no debe perderse de vista que dicha cláusula sólo contiene una disposición genérica, en relación a los bienes y el 'producto del trabajo', que ingresaran al patrimonio de los consortes en un futuro, de manera que no quedaron individualizados en ese convenio; omisión que se comprende en la medida que no existía en ese momento histórico. Lo anterior cobra especial importancia, habida cuenta que en el título relativo a la transmisión de los derechos patrimoniales, la Ley Federal del Derecho de Autor, específicamente en su ordinal 34, dispone que la producción de obra futura solo podrá ser objeto de contrato cuando se trate de obra determinada, cuyas características deben quedar establecidas". "De igual manera, el artículo 16 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que los actos, convenios y contratos por lo que se transmitan derechos patrimoniales sobre obra futura, deberán precisar las características detalladas de la obra, los plazos y condiciones de entrega, así como la remuneración que corresponda al autor y el plazo de la vigencia; condiciones que no se satisfacen en el caso". También como ya se dijo, la responsable precisó: "Por último, en plena observancia al principio de exhaustividad, debe decirse que la tesis aislada invocada por la inconforme, del rubro: 'SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE DERECHOS AGRARIOS. PREVALECE SOBRE EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL', no es aplicable en el caso concreto, pues se refiere a cuestiones agrarias que nada tiene que ver con el derecho de autor que aquí se ha estudiado. En el mismo sentido, no es aplicable la tesis aislada: 'DERECHOS DE AUTOR. LOS ARTÍCULOS 2º, 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD', pues en ella se aborda lo concerniente al procedimiento de infracción seguido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el uso de la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes; lo que nada tiene que ver con los derechos dilucidados en la especie". "Como ya se dijo, el régimen patrimonial que rigió el matrimonio de los señores ********** Y **********, lo fue el de sociedad conyugal, y para ese fin, al momento de contraer matrimonio, los cónyuges celebraron convenio en dicho acto jurídico, respecto de los bienes futuros que adquirieran durante su vida matrimonial, así como el porcentaje de participación que les correspondería en relación a los mismos; de esa manera establecieron: '.II.- La sociedad conyugal comprenderá todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo...'. '...III.- En los bienes y productos de la cláusula anterior, cada consorte tendrá la participación del ********** por ciento...'. En esa tesitura, es infundado que los consortes no hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pues si bien los cónyuges no las celebraron expresamente, ello obedece a que la ley civil del Distrito Federal, en la época de celebración del matrimonio no las reconocía, empero, sí pactaron convenio en relación a los bienes que conformarían parte de la sociedad conyugal, precisando expresamente que se integraría por todos los bienes que adquirieran durante la vigencia de su matrimonio, así como el producto del trabajo, además, de establecer el porcentaje que correspondería a cada uno de ellos. (.). A mayor abundamiento, como ya se analizó, es verdad que la actividad laboral reconocida respecto del señor **********, fue la de compositor, pues así se advierte de lo que declaró bajo protesta de decir verdad, ante el fedatario público, en la data en que otorgó testamento, de cuyos generales puede advertirse que manifestó ser 'compositor', Incluso, la actividad laboral desempeñada por el hoy de cujus, se traduce en un hecho notorio, en términos de lo establecido en el artículo 1.260 del Código Procesal de la materia, al haber sido un compositor de renombre, pues basta tener acceso a un medio masivo de información como lo es el Internet, para poder obtener datos biográficos del autor, (http://omnibiografia.com) y constatar efectivamente que su actividad laboral durante su vida fue la de compositor. Sin embargo, como ya se estudió previamente, en el caso concreto se evidencio que los derechos de autor, en sus dos vertientes (moral y patrimonial), no formaron parte de la sociedad conyugal habida entres ********** Y **********". "En el presente caso, el juez natural declaró procedentes las prestaciones b), c) y e) que reclamó la sucesión a bienes de **********, relacionadas con la titularidad y correspondiente pago del **********por ciento de las regalías generadas por las obras musicales del señor **********, a partir del ********** -fecha en que falleció-, con sus respectivos intereses legales. Para sustentar lo anterior, el resolutor estableció que debido a que el ********** por ciento de las obras musicales de ********** pertenecen a la sociedad conyugal, la procedencia del resto de las prestaciones reclamadas era una consecuencia natural, de manera que les dio el tratamiento de pretensiones accesorias. Sin embargo, dicha declaración partió de una premisa incorrecta, pues como ya se verificó, la titularidad de las obras musicales del autor de la sucesión se encuentran relacionadas únicamente con la vertiente de los derechos morales protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, de manera que no podía transmitirse por **********, por virtud del régimen patrimonial y el convenio que celebró con **********, dado que por disposición de la propia norma, el autor es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación". 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. "PRIMERO.- Han resultado infundados por una parte, pero fundados por la otra, los agravios expresados por los inconformes ********** Y **********; en consecuencia: SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva impugnada, únicamente en sus resolutivos tercero y cuarto, agregando además un resolutivo segundo bis, para quedar de la siguiente manera: 'SEGUNDO BIS.- Por los motivos antes expuestos, el Notario Público número ********** del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, deberá continuar con el procedimiento sucesorio testamentario a bienes de **********, en la vía y forma que en derecho corresponda. TERCERO. Se absuelve a los demandados de la prestación singularizada con el inciso d) de su libelo inicial. CUARTO. Asimismo, se absuelve a los enjuiciados de las pretensiones reclamadas en los incisos b), c) y e)'. TERCERO.- No se condena al pago de costas en esta segunda instancia (.)". Del anterior cuadro comparativo, se advierte el cumplimiento al fallo protector emitido por este tribunal. En esas condiciones y tomando en cuenta lo anterior, se concluye que la ejecutoria quedó cabalmente cumplida, sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, como la autoridad cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la tercera interesada. Así lo acordó y firma el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa licenciado Hugo Rosete Guerrero, que autoriza. Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
en cumplimiento al Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en lo que interesa establece que corresponde a esta presidencia proveer sobre el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria de amparo, procédase a emitir el pronunciamiento respectivo.
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