Tania Gabriela González Sánchez
Expediente 728/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/06/2022
Partes del expediente
- Tania Gabriela González Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. De ...Por último, remítanse a su lugar de origen las copias certificadas remitidas por el Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las cuales obran por cuerda separada del presente juicio de amparo debidamente identificado como cuaderno auxiliar I. ...
- Principal
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 728/2022, promovido por Tania Gabriela González Sánchez, por propio derecho, en contra de los actos reclamados y por las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerandos cuarto de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por Jorge Luis Gamboa Romero autorizado de la parte quejosa Tania Gabriela González Sánchez, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, mediante el cual formula ampliación de la demanda de amparo indirecto. En consecuencia, no ha lugar a acordar de conformidad la ampliación de demanda promovida por Jorge Luis Gamboa Romero autorizado de la parte quejosa Tania Gabriela González Sánchez, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, ello debido a que carece de facultades para realizar dicho acto, por las siguientes razones: Cabe precisar que el párrafo segundo, del artículo 12, de la Ley de Amparo permite que el agraviado o el tercero interesado autoricen a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar la demanda de amparo, pues efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del quejoso o del tercero interesado, pero una vez que la demanda de garantías se haya promovido. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, por ello, su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías; en tanto que constituye el ejercicio de una nueva acción que por cuestiones relativas al principio de economía procesal, se incorpora a la litis constitucional, afectando de ese modo su configuración a través del señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados novedosos, así como la formulación de conceptos de violación diferentes a aquellos expresados cuando fue ejercida por primera vez la acción de amparo. Por tanto, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, consecuentemente también deberá ocuparse de ampliar la demanda de garantías. De ahí que el autorizado no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsecuentes a la promoción de la demanda de garantías o en su caso, de su ampliación, que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Máxime que en el presente asunto no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, a efecto de pueda promoverse el amparo por cualquier persona en representación de la parte quejosa. En consecuencia, como se indicó no ha lugar a proveer de conformidad la ampliación de demandada formulada por Jorge Luis Gamboa Romero autorizado de la parte quejosa Tania Gabriela González Sánchez, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 161909 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 37/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68 Tipo: Jurisprudencia AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." El criterio invocado en el presente acuerdo, integrado bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se cita en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en el mismo no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Sin que se soslaye que, en el ocurso de cuenta, también se indique como promovente a Alejandro Varillas Flores, sin embargo, no tiene facultad para promover en el presente juicio, en virtud de que en proveído de doce de abril de dos mil veintidós, únicamente se le tuvo como autorizado de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la parte final, del párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo; máxime que el escrito no contiene firma autógrafa de éste. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por Jorge Luis Gamboa Romero autorizado de la parte quejosa Tania Gabriela González Sánchez, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, mediante el cual formula ampliación de la demanda de amparo indirecto. En consecuencia, no ha lugar a acordar de conformidad la ampliación de demanda promovida por Jorge Luis Gamboa Romero autorizado de la parte quejosa Tania Gabriela González Sánchez, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, ello debido a que carece de facultades para realizar dicho acto, por las siguientes razones: Cabe precisar que el párrafo segundo, del artículo 12, de la Ley de Amparo permite que el agraviado o el tercero interesado autoricen a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar la demanda de amparo, pues efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del quejoso o del tercero interesado, pero una vez que la demanda de garantías se haya promovido. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, por ello, su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías; en tanto que constituye el ejercicio de una nueva acción que por cuestiones relativas al principio de economía procesal, se incorpora a la litis constitucional, afectando de ese modo su configuración a través del señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados novedosos, así como la formulación de conceptos de violación diferentes a aquellos expresados cuando fue ejercida por primera vez la acción de amparo. Por tanto, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, consecuentemente también deberá ocuparse de ampliar la demanda de garantías. De ahí que el autorizado no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsecuentes a la promoción de la demanda de garantías o en su caso, de su ampliación, que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Máxime que en el presente asunto no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, a efecto de pueda promoverse el amparo por cualquier persona en representación de la parte quejosa. En consecuencia, como se indicó no ha lugar a proveer de conformidad la ampliación de demandada formulada por Jorge Luis Gamboa Romero autorizado de la parte quejosa Tania Gabriela González Sánchez, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 161909 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 37/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68 Tipo: Jurisprudencia AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." El criterio invocado en el presente acuerdo, integrado bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se cita en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en el mismo no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Sin que se soslaye que, en el ocurso de cuenta, también se indique como promovente a Alejandro Varillas Flores, sin embargo, no tiene facultad para promover en el presente juicio, en virtud de que en proveído de doce de abril de dos mil veintidós, únicamente se le tuvo como autorizado de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la parte final, del párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo; máxime que el escrito no contiene firma autógrafa de éste. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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