Tania Eloisa Fernández Jorge

Expediente 381/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
381/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Tania Eloisa Fernández Jorge

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    La quejosa cumple con la prevención realizada en autos... este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que en el caso, los actos que la promovente reclama no corresponden con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que derivan de la relación laboral que vincula a la quejosa directamente con la Supervisión Escolar Zona 04, en Misantla, Veracruz, así como con la Secretaría de Educación de Veracruz... en ese sentido la problemática que existe, en su caso, puede ser resuelta a través de una solución en la vía ordinaria laboral, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia en análisis.... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE, EL ACUERDO QUE DICE: La quejosa cumple con la prevención realizada en autos; al respecto, se emite el siguiente pronunciamiento: PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la Ley de Amparo como a continuación se expone: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otro lado, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma Ley. Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis íntegro de los artículos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, la cual es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias, con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior, se advierte que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Cabe mencionar que en la ejecutoria que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, al respecto aprobó la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y: d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esos términos, a efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo que promueve la parte quejosa, se debe constatar si el acto que reclama afecta de manera unilateral la esfera jurídica de la promovente, si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. HECHOS En el caso concreto, del análisis integral del escrito inicial de demanda y aclaratorio de la misma, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: El resguardo laboral, sustitución de su cargo y funciones que desempeñaba como Directora de la Escuela Telesecundaria "Don Fernando Gutiérrez Barrios" de Misantla, Veracruz. CONCLUSIÓN En ese sentido, este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que en el caso, los actos que la promovente reclama no corresponden con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que derivan de la relación laboral que vincula a la quejosa directamente con la Supervisión Escolar Zona 04, en Misantla, Veracruz, así como con la Secretaría de Educación de Veracruz. Asimismo, los actos reclamados por la quejosa no corresponden con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter de índole laboral, por lo que difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado; en ese sentido la problemática que existe, en su caso, puede ser resuelta a través de una solución en la vía ordinaria laboral, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 202602 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Laboral Tesis: I.6o.T.26 L Página: 347 "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." No es óbice a lo anterior, que el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de Ley de Amparo, prevé la posibilidad que los particulares puedan adquirir la calidad de autoridad responsable, pues para esto, los actos equivalentes a los de autoridad requieren de la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación jerárquica respecto del quejoso; lo cual, como ya se expuso, no acontece en el presente asunto. En razón de lo anterior, el juicio de amparo no es el idóneo para combatir los actos que la quejosa reclama, en todo caso, tiene expeditos sus derechos para hacer valer el medio de impugnación ordinario que considere pertinente, ante la autoridad laboral competente. Máxime de que de los anexos que acompañó la quejosa a su escrito de demanda de amparo, entre los que destacan el oficio número ***, dirigido a la Subdirectora de Escuelas Secundarias, mismo que contiene la resolución dictada en el procedimiento laboral, el veinticinco de marzo del presente año, en la que el Director General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación Pública, determinó que no había lugar a imponer sanción a la trabajadora ***, como profesora adscrita a la Escuela Telesecundaria "Don Fernando de Gutiérrez Barrios". En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 381/2019 que le corresponde. PREVENCIÓN Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, 110, 112 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Adicionalmente, el artículo 108 fracción IV y V, dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa refiere que los actos reclamados, entre otros, son los siguientes: El resguardo laboral, sustitución de su cargo y funciones que desempeñaba como Directora de la Escuela Telesecundaria *** de Misantla, Veracruz. Asimismo, la quejosa manifiesta que dichos actos fueron ordenados por el Secretario de Educación de Veracruz, Director de Escuelas Secundarias y Subdirectora de Educación Telesecundarias en el Estado de Veracruz, por conducto del Supervisor Escolar Zona 04, en Misantla, Veracruz. Por otra parte, en el punto siete del capítulo de HECHOS, de la demanda de amparo, la quejosa argumenta que el nueve de abril del presente año, el Supervisor de Zona le informó que debía resguardarse en la supervisión. De igual forma, en el punto ocho del mismo capítulo, hace referencia que el Supervisor Escolar de la Zona y el Jefe de Sector, la amenazaban con correrla e incluso levantarle un acta. Además, precisa que el nueve del mes y año que transcurre, diversas personas ingresaron a la escuela donde se desempeña como Directora, ejerciendo actos de violencia, parando por completo las actividades y la amenazaron, derivado de dicha problemática han llegado a su celular mensajes intimidatorios, por lo que teme por su vida y la de su familia, sin que se advierta si interpuso alguna denuncia ante autoridad competente. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular debido a que la parte quejosa, no señala con precisión qué acto le atribuye en concreto al Gobernador del Estado de Veracruz; debido a que el resguardo laboral, sustitución del cargo y funciones que desempeña como Directora de la Escuela Telesecundaria ***, de Misantla, Veracruz, señala fueron ordenados por el Secretario de Educación de Veracruz, Director de Escuelas Secundarias y Subdirectora de Educación Telesecundarias en el Estado de Veracruz, por conducto del Supervisor Escolar Zona ***, en Misantla, Veracruz. Tampoco precisa en qué consiste el resguardo laboral, que señala como acto reclamado, debido a que en su demanda únicamente precisa que el Supervisor de Zona le informó que debía resguardarse, pero no hace mayores explicaciones al respecto, ni tampoco manifiesta cómo o por qué vía le hicieron de su conocimiento tal resguardo. De igual forma, no señala si en relación a las amenazas y mensajes intimidatorios que dice recibía interpuso alguna denuncia ante autoridad competente. REQUERIMIENTO En consecuencia, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a la parte promovente para que en el plazo de cinco días legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: a) Señale con precisión qué acto le atribuye en concreto al Gobernador del Estado de Veracruz. b) Precise en qué consiste el resguardo laboral, que señala como acto reclamado. c) Señale cómo y cuándo le hicieron de su conocimiento el resguardo laboral. d) Informe si ya interpuso alguna denuncia ante la autoridad competente en relación a las amenazas y mensajes intimidatorios que dice recibe en su celular. e) Del escrito mediante el cual dé cumplimiento al inciso que antecede, deberá allegar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes en este asunto. Lo anterior se considera necesario para la tramitación de este asunto, es decir, sin la aclaración solicitada por este Juzgador no sería posible fijar la litis correctamente en el mismo; aunado a que, dicha aclaración también es necesaria para fijar los efectos de la suspensión solicitada. Asimismo, se hace saber al promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrán realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 2007285 Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Agosto de 2014 Página: 210 Tesis: 1a./J. 50/2014 Jurisprudencia Materia(s): Común AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente bajo protesta de decir verdad que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se hace del conocimiento de la parte promovente del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento siguiente: ? En caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y ***, debido a que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los restantes profesionistas, por no contar con dicha cédula profesional. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.

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