Tania Elena Sosa Rocha
Expediente 995/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tania Elena Sosa Rocha
- Tania Elena Sosa Rocha y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el tres de noviembre de la presente anualidad, en el presente juicio en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Por recibido el presentado por la quejosa Tania Elena Sosa Rocha, mediante el cual en cumplimiento a la prevención formulada el veintidós de octubre pasado, señala la protesta de ley a que se contrae la fracción V del citado precepto 108 de la ley de la materia, en relación a los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado; asimismo, exhibe seis copias de su escrito inicial de demanda, para correr traslado a las partes. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Tania Elena Sosa Rocha, por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: Oficio 2999, derivado del expediente MOR/150/2020, mediante el cual indebidamente el Visitador Regional de Morelia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, en el cual ordena el archivo definitivo, argumentando que no se cuenta con materia para seguir conociendo de mi queja presentada en contra de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán de Ocampo. Para mejor compresión del acto reclamado se hace relación de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló la quejosa, de los que se desprende: Que el veintinueve de septiembre del año próximo pasado Tania Elena Sosa Rocha -aquí quejosa-, acudió ante la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, a presentar escrito derivado de la obstaculización por parte de las autoridades de dicha institución, a fin de que la quejosa realizara su proceso de titulación del Doctorado en Educación con Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento. La quejosa refiere que obtuvo el mejor promedio, por lo que sería ella quien estaría emitiendo el mensaje de su generación en el evento de graduación; sin embargo, fue informada que no sería ella quien rindiera dicho mensaje, ello por los motivos expuestos, no obstante de ello las autoridades por medio de la rectoría del plantel, le comunicaron por medio del oficio UNIVIM/REC/055/2020, de fecha trece de febrero de dos mil veinte, en el cual argumentan que la coordinación del evento es atribución de la Dirección de Planeación y Vinculación de la Universidad, oficio que no contiene respuesta alguna. Derivado de lo anterior, Tania Elena Sosa Rocha -aquí quejosa-, acudió ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, a presentar queja, misma que se radicó bajo el expediente MOR/150/2020. Finalmente, seguidos los trámites procesales, el uno de octubre de la presente anualidad, fue dejado el oficio 2999, suscrito por el Licenciado Juan Plancarte Esquivel, Visitador Regional de Morelia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el cual se ordena el archivo definitivo del expediente MOR/150/2020. Siendo este último el acto aquí reclamado. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, así como con lo dispuesto en los diversos 102, apartado B, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos antes mencionados prevén, respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 102. (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección delos derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. (.)" "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. (.)" "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la señalada, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. En efecto, el artículo 102, apartado B, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampararán el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Por su parte, el artículo 103 de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo puede promoverse en contra de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales vinculantes para México; y, finalmente el artículo 107 Constitucional, dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Lo anterior, revela que el régimen constitucional mexicano reconoce distintos mecanismos para la protección de los derechos humanos. Esto es, conforme al artículo 102, apartado B, de la Constitución, establece un medio no jurisdiccional de protección de derechos humanos (como lo es el trámite de las quejas que se presentan ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo) el cual no puede someterse a control de regularidad constitucional a través de un mecanismo jurisdiccional de protección constitucional (como lo es el juicio de amparo). Prevé un medio de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. Por otro lado, el juicio de amparo que se encuentra regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución, establecen que éste puede promoverse en contra de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales vinculantes para México. De lo expuesto se desprende, que en términos de los preceptos señalados, la Constitución previó una garantía instrumental o adjetiva conforme a dos procedimientos para la protección de los derechos humanos, a saber: Uno no jurisdiccional y está previsto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución, mientras que otro es jurisdiccional, seguido ante los tribunales constitucionales del Poder Judicial de la Federación, y está previsto en el artículo 103 constitucional. Sobre el tema, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las determinaciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, y el amparo en revisión 1066/2015, en sesiones de nueve de marzo de dos mil diez, y seis de abril de dos mil dieciséis, dado que se encuentran publicadas en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para emitir esta determinación se toma en cuenta lo ahí resuelto. En torno a lo que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, estableció lo siguiente: "1.- El artículo 102, apartado B de la Constitución establece en favor de los gobernados, el derecho a un medio de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. 2.- En el precepto mencionado se otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo, consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades. 3.- Así como los artículos 14 y 17 de la Constitución prevén una "garantía judicial" y un debido proceso legal, el artículo 102, apartado B, del mismo cuerpo jurídico establece una garantía instrumental o adjetiva, con el fin de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales. 4.- El artículo 102, apartado B, constitucional prevé la existencia de órganos de defensa de los derechos humanos, lo cual se debe entender en función de su labor primordial, que es precisamente la de proporcionar a los individuos procedimientos para la defensa de sus derechos; defensa que se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda". El Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad en comento, precisó que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a través de las comisiones de derechos humanos, obedecen a una lógica propia, donde las recomendaciones que se llegan a emitir con motivo de una queja, no son vinculantes. También estableció, que el precepto constitucional mencionado otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades, así como la circunstancia de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales que se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1066/2015, en donde sobreseyó en el juicio de amparo respecto de actos atribuidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisó lo siguiente: "1.- A través del juicio de amparo no es posible llevar a cabo un análisis de la validez de todo acto o norma emitidos por las autoridades, pues existen ciertos ámbitos de la actuación estatal que se encuentran exentos de control de regularidad vía juicio de amparo, y entre tales ámbitos se encuentran las resoluciones de las garantías constitucionales. 2.- A pesar de la naturaleza del juicio de amparo como un mecanismo para la protección de los derechos de las personas, no es factible, a través de tal vía, estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en el resto de procesos que por determinación constitucional expresa, también tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido. 3.- El sometimiento de la validez de las determinaciones adoptadas en otros mecanismos de protección, a la revisión a partir de otra vía, incluso si ésta es el juicio de amparo, obstaculizaría su finalidad y, por tanto, ello impediría que esos medios cumplan con el objetivo para el que fueron diseñados, situación que atentaría contra el propio orden constitucional que se pretende tutelar. 4.- Los procesos constitucionales, entre los cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran excluidos de los actos sujetos a análisis vía juicio de amparo, pues el diseño de cada garantía responde a cierta lógica y objetivos, por lo que el margen de protección asignado a cada mecanismo no puede sujetarse a otra garantía que responde a un esquema de protección diverso. 4.- La posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la Constitución". Como se puede apreciar, la Segunda Sala determinó que no resultaba factible a través de la vía de amparo estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en los procedimientos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, entre las cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la Constitución. Lo anterior, conlleva a establecer que los procedimientos comprendidos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución no pueden ser sometidos a un diverso análisis constitucional como lo es el juicio de amparo, en virtud de que ambas vías atienden a la protección de los derechos humanos. Así, resulta improcedente el presente juicio de amparo al no ser combatibles mediante el juicio de amparo los procedimientos de queja tramitados ante la Comisión de Derechos Humanos, por la presunta violación de derechos humanos reclamadas por la quejosa. Es decir, así como el artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución señala que los organismos de protección de derechos humanos no son competentes "tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales," debe entenderse que las recomendaciones o los trámites que son llevados a cabo para emitir éstas, no pueden someterse al escrutinio constitucional del juicio de amparo. Pues bien, en el caso concreto la quejosa reclama a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán, el oficio 2999, suscrito por el Licenciado Juan Plancarte Esquivel, Visitador Regional de Morelia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el cual se ordena el archivo definitivo del expediente MOR/150/2020. Entonces, conforme a lo expuesto en líneas precedentes, se actualiza la referida causa de improcedencia. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, así como con lo dispuesto en los diversos 102, apartado B, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, sin que pase inadvertida la existencia de una hipótesis excepcional de procedencia para el juicio de amparo respecto de actos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto es, en el caso en que ese organismo deseche un recurso de impugnación por improcedente, toda vez que ello puede constituir un acto de autoridad, al tratarse de un acto intraprocesal que extingue situaciones jurídicas de forma unilateral, obligatoria y que puede generar la denegación del acceso del interesado a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos; como se advierte de la jurisprudencia 23/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DESECHA UN RECURSO DE IMPUGNACIÓN POR IMPROCEDENTE." Sin embargo, en el presente caso, ese extremo no se surte dado que el acto reclamado surge al inicio del procedimiento de queja formulada por la quejosa ante una comisión de derechos humanos local, sin que la quejosa haya agotado el recurso de impugnación previsto en el artículo 61 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ahí que, en todo caso, hasta en tanto agote el recurso previsto por la norma de origen y este se deseche, podrá acudir al juicio de amparo. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico lic.juliocesar.jg@gmail.com, así como el número telefónico 44 32 42 31 67, para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin que haya lugar a realizar notificaciones por dichos medios, toda vez que la ley de amparo no lo prevé. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFIA AL QUEJOSO EL AUTO DE TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Por recibido el presentado por la quejosa Tania Elena Sosa Rocha, mediante el cual en cumplimiento a la prevención formulada el veintidós de octubre pasado, señala la protesta de ley a que se contrae la fracción V del citado precepto 108 de la ley de la materia, en relación a los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado; asimismo, exhibe seis copias de su escrito inicial de demanda, para correr traslado a las partes. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Tania Elena Sosa Rocha, por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: Oficio 2999, derivado del expediente MOR/150/2020, mediante el cual indebidamente el Visitador Regional de Morelia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, en el cual ordena el archivo definitivo, argumentando que no se cuenta con materia para seguir conociendo de mi queja presentada en contra de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán de Ocampo. Para mejor compresión del acto reclamado se hace relación de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló la quejosa, de los que se desprende: Que el veintinueve de septiembre del año próximo pasado Tania Elena Sosa Rocha -aquí quejosa-, acudió ante la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, a presentar escrito derivado de la obstaculización por parte de las autoridades de dicha institución, a fin de que la quejosa realizara su proceso de titulación del Doctorado en Educación con Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento. La quejosa refiere que obtuvo el mejor promedio, por lo que sería ella quien estaría emitiendo el mensaje de su generación en el evento de graduación; sin embargo, fue informada que no sería ella quien rindiera dicho mensaje, ello por los motivos expuestos, no obstante de ello las autoridades por medio de la rectoría del plantel, le comunicaron por medio del oficio UNIVIM/REC/055/2020, de fecha trece de febrero de dos mil veinte, en el cual argumentan que la coordinación del evento es atribución de la Dirección de Planeación y Vinculación de la Universidad, oficio que no contiene respuesta alguna. Derivado de lo anterior, Tania Elena Sosa Rocha -aquí quejosa-, acudió ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, a presentar queja, misma que se radicó bajo el expediente MOR/150/2020. Finalmente, seguidos los trámites procesales, el uno de octubre de la presente anualidad, fue dejado el oficio 2999, suscrito por el Licenciado Juan Plancarte Esquivel, Visitador Regional de Morelia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el cual se ordena el archivo definitivo del expediente MOR/150/2020. Siendo este último el acto aquí reclamado. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, así como con lo dispuesto en los diversos 102, apartado B, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos antes mencionados prevén, respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 102. (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección delos derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. (.)" "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. (.)" "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la señalada, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. En efecto, el artículo 102, apartado B, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampararán el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Por su parte, el artículo 103 de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo puede promoverse en contra de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales vinculantes para México; y, finalmente el artículo 107 Constitucional, dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Lo anterior, revela que el régimen constitucional mexicano reconoce distintos mecanismos para la protección de los derechos humanos. Esto es, conforme al artículo 102, apartado B, de la Constitución, establece un medio no jurisdiccional de protección de derechos humanos (como lo es el trámite de las quejas que se presentan ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo) el cual no puede someterse a control de regularidad constitucional a través de un mecanismo jurisdiccional de protección constitucional (como lo es el juicio de amparo). Prevé un medio de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. Por otro lado, el juicio de amparo que se encuentra regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución, establecen que éste puede promoverse en contra de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales vinculantes para México. De lo expuesto se desprende, que en términos de los preceptos señalados, la Constitución previó una garantía instrumental o adjetiva conforme a dos procedimientos para la protección de los derechos humanos, a saber: Uno no jurisdiccional y está previsto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución, mientras que otro es jurisdiccional, seguido ante los tribunales constitucionales del Poder Judicial de la Federación, y está previsto en el artículo 103 constitucional. Sobre el tema, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las determinaciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, y el amparo en revisión 1066/2015, en sesiones de nueve de marzo de dos mil diez, y seis de abril de dos mil dieciséis, dado que se encuentran publicadas en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para emitir esta determinación se toma en cuenta lo ahí resuelto. En torno a lo que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, estableció lo siguiente: "1.- El artículo 102, apartado B de la Constitución establece en favor de los gobernados, el derecho a un medio de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. 2.- En el precepto mencionado se otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo, consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades. 3.- Así como los artículos 14 y 17 de la Constitución prevén una "garantía judicial" y un debido proceso legal, el artículo 102, apartado B, del mismo cuerpo jurídico establece una garantía instrumental o adjetiva, con el fin de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales. 4.- El artículo 102, apartado B, constitucional prevé la existencia de órganos de defensa de los derechos humanos, lo cual se debe entender en función de su labor primordial, que es precisamente la de proporcionar a los individuos procedimientos para la defensa de sus derechos; defensa que se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda". El Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad en comento, precisó que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a través de las comisiones de derechos humanos, obedecen a una lógica propia, donde las recomendaciones que se llegan a emitir con motivo de una queja, no son vinculantes. También estableció, que el precepto constitucional mencionado otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades, así como la circunstancia de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales que se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1066/2015, en donde sobreseyó en el juicio de amparo respecto de actos atribuidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisó lo siguiente: "1.- A través del juicio de amparo no es posible llevar a cabo un análisis de la validez de todo acto o norma emitidos por las autoridades, pues existen ciertos ámbitos de la actuación estatal que se encuentran exentos de control de regularidad vía juicio de amparo, y entre tales ámbitos se encuentran las resoluciones de las garantías constitucionales. 2.- A pesar de la naturaleza del juicio de amparo como un mecanismo para la protección de los derechos de las personas, no es factible, a través de tal vía, estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en el resto de procesos que por determinación constitucional expresa, también tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido. 3.- El sometimiento de la validez de las determinaciones adoptadas en otros mecanismos de protección, a la revisión a partir de otra vía, incluso si ésta es el juicio de amparo, obstaculizaría su finalidad y, por tanto, ello impediría que esos medios cumplan con el objetivo para el que fueron diseñados, situación que atentaría contra el propio orden constitucional que se pretende tutelar. 4.- Los procesos constitucionales, entre los cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran excluidos de los actos sujetos a análisis vía juicio de amparo, pues el diseño de cada garantía responde a cierta lógica y objetivos, por lo que el margen de protección asignado a cada mecanismo no puede sujetarse a otra garantía que responde a un esquema de protección diverso. 4.- La posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la Constitución". Como se puede apreciar, la Segunda Sala determinó que no resultaba factible a través de la vía de amparo estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en los procedimientos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, entre las cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la Constitución. Lo anterior, conlleva a establecer que los procedimientos comprendidos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución no pueden ser sometidos a un diverso análisis constitucional como lo es el juicio de amparo, en virtud de que ambas vías atienden a la protección de los derechos humanos. Así, resulta improcedente el presente juicio de amparo al no ser combatibles mediante el juicio de amparo los procedimientos de queja tramitados ante la Comisión de Derechos Humanos, por la presunta violación de derechos humanos reclamadas por la quejosa. Es decir, así como el artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución señala que los organismos de protección de derechos humanos no son competentes "tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales," debe entenderse que las recomendaciones o los trámites que son llevados a cabo para emitir éstas, no pueden someterse al escrutinio constitucional del juicio de amparo. Pues bien, en el caso concreto la quejosa reclama a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán, el oficio 2999, suscrito por el Licenciado Juan Plancarte Esquivel, Visitador Regional de Morelia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el cual se ordena el archivo definitivo del expediente MOR/150/2020. Entonces, conforme a lo expuesto en líneas precedentes, se actualiza la referida causa de improcedencia. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, así como con lo dispuesto en los diversos 102, apartado B, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, sin que pase inadvertida la existencia de una hipótesis excepcional de procedencia para el juicio de amparo respecto de actos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto es, en el caso en que ese organismo deseche un recurso de impugnación por improcedente, toda vez que ello puede constituir un acto de autoridad, al tratarse de un acto intraprocesal que extingue situaciones jurídicas de forma unilateral, obligatoria y que puede generar la denegación del acceso del interesado a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos; como se advierte de la jurisprudencia 23/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DESECHA UN RECURSO DE IMPUGNACIÓN POR IMPROCEDENTE." Sin embargo, en el presente caso, ese extremo no se surte dado que el acto reclamado surge al inicio del procedimiento de queja formulada por la quejosa ante una comisión de derechos humanos local, sin que la quejosa haya agotado el recurso de impugnación previsto en el artículo 61 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ahí que, en todo caso, hasta en tanto agote el recurso previsto por la norma de origen y este se deseche, podrá acudir al juicio de amparo. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico lic.juliocesar.jg@gmail.com, así como el número telefónico 44 32 42 31 67, para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin que haya lugar a realizar notificaciones por dichos medios, toda vez que la ley de amparo no lo prevé. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 995/2021. De conformidad con el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda promovida por Tania Elena Sosa Rocha, por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán, previo a proveer sobre la procedencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 110 y 114, fracciones II y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: PRIMERO. Señale la protesta de ley a que se contrae la fracción V del citado precepto 108 de la ley de la materia, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se advierte que lo haya hecho. No pasa desapercibido para esta juzgadora que en el apartado relativo al nombre y domicilio del tercero interesado manifestó bajo protesta de decir verdad que lo es la Universidad Virtual del Estado de Michoacán; sin embargo, con esa manifestación no se cumple con la protesta que se requiere en términos de la fracción V del aludido precepto 108 de la ley de la materia, en razón de que ésta debe ser formulada con relación a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Tiene aplicación la jurisprudencia P. /J. 127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." SEGUNDO. Exhiba cinco copias de su escrito inicial de demanda para correr traslado a cada una de las partes, ello pues no exhibió ningún traslado -como se advierte del sello de registro estampado por la encargado de la Oficialía de Partes del Juzgado-, cuando se requieren una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado, una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y dos más para formar el incidente de suspensión el cual se tramita por duplicado y cuerda separada. Máxime que en el presente caso, no opera la excepción que establece el precepto 110 de la Ley de la Materia, en razón de que no se trata de una demanda presentada en forma electrónica, por comparecencia, telegráfica o medios electrónicos, o que sea un asunto del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, afectación a intereses de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o que se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con lo anterior y de no exhibir copias de este para correr traslado a las demás partes, se tendrá no presentada la demanda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido que, si al cumplir con la prevención omite adjuntar las copia de las demanda para formar el incidente de suspensión, únicamente se postergará su apertura hasta en tanto las exhiba. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a. /J. 86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." Hágasele saber que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por la quejosa, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a ********************, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogado. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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