Tania Claudian Martínez Sánchez
Expediente 114/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tania Claudian Martínez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte tercero interesado Jesús Alberto Uriostegui Adán, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós; así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele al parte tercero interesado, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROECEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO JESÚS ALBERTO URIOSTEGUI ADÁN, POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISÉS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, presentado ante la oficialía de correspondencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitido en su fecha, la quejosa Tania Claudian Martínez Sánchez promovió demanda de amparo directo, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Magistrados de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".resolución de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno dentro del toca 163/2021-9 por los Magistrados de la sala del Tercer Circuito." SEGUNDO. El trece de enero de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, turnado el diecisiete de enero siguiente, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, recibió el informe justificado que rinde la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, manifestando que es cierto el acto reclamado. TERCERO. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el amparo directo 41/2022, la superioridad, declaró ser incompetente para conocer del juicio de amparo y remitió los autos a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos mediante oficio 563/2022, que recibió el uno de febrero siguiente. CUARTO. El tres de febrero de dos mil veintidós, esta autoridad recibió el oficio 563/2022, y el ocho de febrero de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 114/2022, sin necesidad de requerir a las responsables su informe justificado y emplazar al tercero interesado pues tal requisito procesal está satisfecho, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 163/2021-9, que resuelve el recurso de apelación, ordena reponer el procedimiento para desahogar pruebas, en el juicio de controversia familiar 435/2018-2. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, al rendir su informe con justificación aceptó el acto reclamado, remitió constancias relativas al toca civil y expediente principal; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, debe analizarse la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Ahora bien, en la especie, el acto reclamado consiste en la sentencia de la Sala responsable en el toca civil 163/2021-9, que resuelve los recursos de apelación, interpuesto por el demandado contra la sentencia definitiva de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por el juez natural, en el juicio de orden familiar 435/2018-2, que fija pensión alimenticia provisional a favor del menor A. U. M., en la suma de tres mil pesos mensuales y, ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de controversia familiar 435/2018-2, a fin de desahogar diversas pruebas, relacionadas con el acreedor alimentario ahora quejoso en cuanto la percepción salarial; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación, entendiéndose como tal, los que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.El amparo indirecto procede:(.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En efecto, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 25, Tomo VI, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, registro: 205810 de rubro "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", Para determinar la procedencia del amparo indirecto en asuntos donde se reclama una sentencia que ordena reponer el procedimiento, debe analizarse si sus consecuencias afectan materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Por lo tanto, para estar en aptitud de determinar lo anterior, conviene relacionar los antecedentes del juicio de origen del que deriva la resolución reclamada. Tania Claudian Martínez Sánchez, por derecho propio y en representación del menor de inciales A. U. M., demandó de Jesús Alberto Uriostegui Adan, controversia de orden familiar, alimentos, así como otras prestaciones; el enjuiciado contestó la demanda, y el procedimiento se desarrolló en sus cauces legales. Una vez seguido el trámite correspondiente el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, sentenció entre otros resolutivos al demandado Jesús Alberto Uriostegui Adan, a cubrir alimentos en favor de su menor hijo en la cantidad de tres mil pesos mensuales. Por escrito de trece de julio de dos mil veintiuno, Jesús Alberto Uriostegui Adan, interpuso recurso de apelación, al que la juez del conocimiento dio trámite. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dictó sentencia en el toca civil 163/2021-9, en el sentido de revocar la sentencia apelada y en su lugar, ordenar la reposición del procedimiento, a fin que allegar a los autos toda la información necesaria respecto a los ingresos del demandado y de las necesidades del acreedor alimentista. Esta sentencia corresponde al acto reclamado. De lo antes expuesto se desprende, la reposición del procedimiento por sí misma no produce una afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo a la parte quejosa; es decir, se necesita que las consecuencias de dicha reposición del procedimiento produzcan una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, lo que en el caso no acontece, pues no se advierten situaciones que le causen afectación material a sus derechos sustantivos, pues como lo consideró la Sala responsable, la jueza necesita allegarse de más elementos probatorios para resolver en justicia, considerando cuales son las necesidades alimenticias, de educación, vestido y demás que resulten acordes para determinar la cuantía de los alimentos que debe otorgar el deudor alimentario -ahora quejoso-, para lo cual señala de manera enunciativa y no limitativa las pruebas a desahogar a efecto de determinar el estatus económico, laboral, del demandado y así poder determinar de manera objetiva la cuantía de los alimentos que en su momento se puedan decretar en favor del menor acreedor. Por tanto, no puede ser indicativo de que la reposición para que se recaben los medios de prueba necesarios para saber el estatus económico del demandado y se acaten todos los lineamientos inicialmente trazados por la Sala, genere alguna afectación del menor; máxime que no se modificaron las condiciones en las que se encuentra, pues continúa al cuidado de su madre, conviviendo con su progenitor y percibiendo una pensión provisional de alimentos. Antes bien, dicha reposición redundará en beneficio y en interés del menor, toda vez que se contará con información más apegada a la realidad, lo que a su vez permitirá al juez de origen emitir una sentencia más acorde a la verdad material. Máxime, que, de la lectura a la demanda de amparo, se desprende que de sus motivos de disenso que efectúa la parte quejosa, se encamina a aducir cuestiones de proporcionalidad de alimentos, que resulta precisamente lo que se pretende con la reposición del procedimiento, es decir que se alleguen los medios probatorios señalados a fin que la juez natural al fijar los alimentos sean proporcionales a las necesidades del acreedor alimentista. De igual forma, tampoco se advierte que la reposición ordenada implique recabar más pruebas de las ordenadas por la Sala responsable, de ahí que no se esté dando una segunda oportunidad a la contra parte de la quejosa para ofrecer pruebas, pues las ordenadas son para determinar la situación económica actual del demandado deudor alimentista y así de manera objetiva la juez natural cuente con elementos suficientes para decretar los alimentos en favor del acreedor alimentista de forma objetiva de acuerdo a las posibilidades del que deba darlas y necesidades del que las recibe. Sirve de apoyo a esta determinación por la jurisprudencia P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." En tal virtud, al haberse actualizado la apuntada causa de improcedencia, procede sobreseer al respecto en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciséis de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, presentado ante la oficialía de correspondencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitido en su fecha, la quejosa Tania Claudian Martínez Sánchez promovió demanda de amparo directo, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Magistrados de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".resolución de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno dentro del toca 163/2021-9 por los Magistrados de la sala del Tercer Circuito." SEGUNDO. El trece de enero de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, turnado el diecisiete de enero siguiente, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, recibió el informe justificado que rinde la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, manifestando que es cierto el acto reclamado. TERCERO. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el amparo directo 41/2022, la superioridad, declaró ser incompetente para conocer del juicio de amparo y remitió los autos a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos mediante oficio 563/2022, que recibió el uno de febrero siguiente. CUARTO. El tres de febrero de dos mil veintidós, esta autoridad recibió el oficio 563/2022, y el ocho de febrero de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 114/2022, sin necesidad de requerir a las responsables su informe justificado y emplazar al tercero interesado pues tal requisito procesal está satisfecho, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 163/2021-9, que resuelve el recurso de apelación, ordena reponer el procedimiento para desahogar pruebas, en el juicio de controversia familiar 435/2018-2. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, al rendir su informe con justificación aceptó el acto reclamado, remitió constancias relativas al toca civil y expediente principal; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, debe analizarse la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Ahora bien, en la especie, el acto reclamado consiste en la sentencia de la Sala responsable en el toca civil 163/2021-9, que resuelve los recursos de apelación, interpuesto por el demandado contra la sentencia definitiva de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por el juez natural, en el juicio de orden familiar 435/2018-2, que fija pensión alimenticia provisional a favor del menor A. U. M., en la suma de tres mil pesos mensuales y, ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de controversia familiar 435/2018-2, a fin de desahogar diversas pruebas, relacionadas con el acreedor alimentario ahora quejoso en cuanto la percepción salarial; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación, entendiéndose como tal, los que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.El amparo indirecto procede:(.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En efecto, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 25, Tomo VI, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, registro: 205810 de rubro "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", Para determinar la procedencia del amparo indirecto en asuntos donde se reclama una sentencia que ordena reponer el procedimiento, debe analizarse si sus consecuencias afectan materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Por lo tanto, para estar en aptitud de determinar lo anterior, conviene relacionar los antecedentes del juicio de origen del que deriva la resolución reclamada. Tania Claudian Martínez Sánchez, por derecho propio y en representación del menor de inciales A. U. M., demandó de Jesús Alberto Uriostegui Adan, controversia de orden familiar, alimentos, así como otras prestaciones; el enjuiciado contestó la demanda, y el procedimiento se desarrolló en sus cauces legales. Una vez seguido el trámite correspondiente el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, sentenció entre otros resolutivos al demandado Jesús Alberto Uriostegui Adan, a cubrir alimentos en favor de su menor hijo en la cantidad de tres mil pesos mensuales. Por escrito de trece de julio de dos mil veintiuno, Jesús Alberto Uriostegui Adan, interpuso recurso de apelación, al que la juez del conocimiento dio trámite. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dictó sentencia en el toca civil 163/2021-9, en el sentido de revocar la sentencia apelada y en su lugar, ordenar la reposición del procedimiento, a fin que allegar a los autos toda la información necesaria respecto a los ingresos del demandado y de las necesidades del acreedor alimentista. Esta sentencia corresponde al acto reclamado. De lo antes expuesto se desprende, la reposición del procedimiento por sí misma no produce una afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo a la parte quejosa; es decir, se necesita que las consecuencias de dicha reposición del procedimiento produzcan una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, lo que en el caso no acontece, pues no se advierten situaciones que le causen afectación material a sus derechos sustantivos, pues como lo consideró la Sala responsable, la jueza necesita allegarse de más elementos probatorios para resolver en justicia, considerando cuales son las necesidades alimenticias, de educación, vestido y demás que resulten acordes para determinar la cuantía de los alimentos que debe otorgar el deudor alimentario -ahora quejoso-, para lo cual señala de manera enunciativa y no limitativa las pruebas a desahogar a efecto de determinar el estatus económico, laboral, del demandado y así poder determinar de manera objetiva la cuantía de los alimentos que en su momento se puedan decretar en favor del menor acreedor. Por tanto, no puede ser indicativo de que la reposición para que se recaben los medios de prueba necesarios para saber el estatus económico del demandado y se acaten todos los lineamientos inicialmente trazados por la Sala, genere alguna afectación del menor; máxime que no se modificaron las condiciones en las que se encuentra, pues continúa al cuidado de su madre, conviviendo con su progenitor y percibiendo una pensión provisional de alimentos. Antes bien, dicha reposición redundará en beneficio y en interés del menor, toda vez que se contará con información más apegada a la realidad, lo que a su vez permitirá al juez de origen emitir una sentencia más acorde a la verdad material. Máxime, que, de la lectura a la demanda de amparo, se desprende que de sus motivos de disenso que efectúa la parte quejosa, se encamina a aducir cuestiones de proporcionalidad de alimentos, que resulta precisamente lo que se pretende con la reposición del procedimiento, es decir que se alleguen los medios probatorios señalados a fin que la juez natural al fijar los alimentos sean proporcionales a las necesidades del acreedor alimentista. De igual forma, tampoco se advierte que la reposición ordenada implique recabar más pruebas de las ordenadas por la Sala responsable, de ahí que no se esté dando una segunda oportunidad a la contra parte de la quejosa para ofrecer pruebas, pues las ordenadas son para determinar la situación económica actual del demandado deudor alimentista y así de manera objetiva la juez natural cuente con elementos suficientes para decretar los alimentos en favor del acreedor alimentista de forma objetiva de acuerdo a las posibilidades del que deba darlas y necesidades del que las recibe. Sirve de apoyo a esta determinación por la jurisprudencia P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." En tal virtud, al haberse actualizado la apuntada causa de improcedencia, procede sobreseer al respecto en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciséis de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe previo rendido por el Magistrado Presidente y la Secretaria de Acuerdos de Amparos, ambos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por proveído de once de mayo de dos mil veintidós se resolvió la suspensión definitiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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