Tania Casillas López

Expediente 822/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
822/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Tania Casillas López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en auto de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1310/2020, de su índice, causó ejecutoria y ordenó el archivo del mismo, asimismo, remite un legajo de copias certificadas; por lo tanto, se ordena agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que, por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional la admisión del conflicto competencial interpuesto por el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el cual quedó registrado con el número de conflicto 2/2021, sin que a la fecha en que se actúa se tenga certeza del estado procesal que guarda el mismo. Se solicita información. En consecuencia a lo anterior, se solicita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este órgano jurisdiccional el estado procesal que guarda el conflicto competencial 2/2021, de su índice, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Informe previo. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable rinde el correspondiente informe previo, en atención al oficio 17150/2022; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia incidental. En tanto, se está a la espera que la autoridad oficiante cumpla con el requerimiento formulado en auto de dos de mayo de dos mil veintidós y remita las copias certificadas en él requeridas. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del artículo 2°, del primer ordenamiento citado, se acuerda: Apertura del incidente de suspensión. En atención a la certificación de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 2049/2021 promovido por ****, contra actos de las autoridades que denominó: 1 Congreso del Estado de Jalisco. 2 Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 3 Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco. 4 Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 5 Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, pídase a la(s) responsable(s) el correspondiente informe previo, mismo que deberá(n) rendir por duplicado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; asimismo, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer, de ser el caso, el monto de las garantías correspondientes; y, para tal efecto, remítase fotocopia sin certificar de la demanda de amparo. Se apercibe a las responsables de que en caso de no rendir el informe solicitado, se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por CIEN el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe solicitado deberá(n) hacer referencia al juicio de amparo y citar el número de oficio con el cual se les notifica el presente proveído. Fecha de audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. Pruebas ofrecidas en el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales exhibidas. Tercero Interesado. Dada la naturaleza de los actos reclamados, por el momento, no se señala como tercero interesado a persona alguna; sin perjuicio de lo que pueda determinarse con posterioridad. Suspensión provisional. Fundamento constitucional de las medidas cautelares de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos,1 ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos 1 Véase, por ejemplo, la Contradicción de tesis 122/2005-SS, entre las sustentadas por el Noveno y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, fallada el 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. De dicho criterio emanó la jurisprudencia: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva." (Época: Novena Época, Registro: 177160, Instancia: SEGUNDA SALA, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 112/2005, Pag. 493, [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 493.) efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave.2 En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el 2 En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, para que un recurso sea efectivo "se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla"2 . Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita amparar la violación de la que se reclama (Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9; Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112). sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X,3 permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo,4 la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos: i) Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio); ii) Interés suspensional; iii) Certeza de los actos reclamados; iv) Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar. i) Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo), salvo supuestos de artículos 126 3 Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes [.]. 4 Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. (violaciones graves) y 127 (extradición y violaciones irreparables).5 Cabe señalar que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en:  La aprobación y emisión del decreto 28439/LXII/2021 publicado el día nueve de septiembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", que reforma y adiciona los artículos 39, 70 y 153, fracciones XIX y XX, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como el artículo transitorio CUARTO, de dicho decreto, y la reforma al sexto párrafo del artículo CUARTO transitorio del diverso Decreto número 22862/LVII/09; y su inminente ejecución y aplicación. Por tanto, se tiene por cumplido el primer presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar. ii) Interés suspensional (artículos 131 y 139 Ley de Amparo). De conformidad con la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en la esfera jurídica de la parte quejosa. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas bajo protesta de decir verdad, así como las documental allegada junto con su demanda de amparo, pues en este momento son los únicos elementos con los que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Todo lo cual crea indicio para que este juzgador, en este momento procesal, considere que la parte quejosa acredita el 5 Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: I. Extradición; y II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y [.].interés suspensional, como segundo presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar. iii) Certeza de los actos reclamados. Desde una perspectiva lógica, el suscrito interpreta que la inexistencia de los actos reclamados produce que las medidas cautelares deban, en consecuencia, negarse ante la ausencia de materia para que produzcan efectos. Para resolver sobre la suspensión provisional se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones que la parte quejosa formuló en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, y el documento que allegó junto con la misma, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Sirve de fundamento a lo anterior, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93, del siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.".6 Aunado a que, en el presente caso se señala como actos reclamado la aprobación y emisión del decreto 28439/LXII/2021 publicado el día nueve de septiembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", que reforma y adiciona los artículos 39, 70 y 153, fracciones XIX y XX, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como el artículo transitorio CUARTO, de dicho decreto, y la reforma al sexto párrafo del artículo CUARTO transitorio del diverso Decreto número 22862/LVII/09; y su inminente ejecución y aplicación. Luego, conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala 6 Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 12, tomo 68, Agosto de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que se transcribe en el siguiente párrafo, no se necesita probar la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, dado que la autoridad judicial está obligada a tomarlos en cuenta en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, por lo que al ser hechos notorios quedan eximidos de acreditarse por las partes. "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo" También, tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Independientemente de ello, en caso de que al resolverse la suspensión definitiva o el fondo del asunto, se desprenda que la quejosa afirmó hechos falsos u omitió los que le consten, queda expedita la facultad de la representación social para proceder en términos del artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, es decir, denuncia al Ministerio Público de la Federación por el delito de falsedad. Por tanto, se tiene por acreditado el tercer presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. iv) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo). Los actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material; o bien, aquéllos deberán, en el momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En ese orden de ideas, se niega la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la aprobación y emisión de las norma que reclama, pues es requisito indispensable para su procedencia, que el acto sea jurídica y materialmente suspendible, lo cual no acontece en el caso, pues a éstos les reviste el carácter de consumados, al ya haber emitido. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, número II. 3o. J/37, publicada en la página cincuenta y uno, del Tomo 60, Diciembre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo contenido es: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Así, por lo que ve a las consecuencias del acto reclamado, consistente en la especie, en la aprobación y emisión del decreto 28439/LXII/2021 publicado el día nueve de septiembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", que reforma y adiciona los artículos 39, 70 y 153, fracciones XIX y XX, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como el artículo transitorio CUARTO, de dicho decreto, y la reforma al sexto párrafo del artículo CUARTO transitorio del diverso Decreto número 22862/LVII/09; y su inminente ejecución y aplicación, son actos susceptibles de ser suspendidos, por lo que existe materia para proveer sobre la medida cautelar solicitada Así, se tiene por acreditado el cuarto presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia de buen derecho, orden público e interés social. El Máximo Tribunal del País ha considerado7 que pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone al juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales involucrados, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso. De ahí la importancia de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, destacado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 115/2003-SS,8 de la siguiente manera: "(.) Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y 7 Contradicción de tesis 122/2005-SS. 8 Contradicción de tesis 115/2003-SS, fallada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil cuatro. Dicho criterio dio origen a la tesis: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DECRETADA COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR CAUSA NO GRAVE. Cuando se trata de la suspensión del servidor público como medida preventiva durante la sustanciación de un procedimiento administrativo de responsabilidades, es necesario que se pondere cada caso sobre la base de los hechos probados, de los que pueda desprenderse la naturaleza de las conductas atribuidas al servidor público, de manera que al estar demostrado que la conducta materia de la investigación no ameritará la destitución, o que la ley sólo establece la posibilidad de una sanción menor, es posible el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado; en cambio, cuando se investiga una conducta grave que es susceptible de trascender en la continuación de la prestación del servicio público y pueda evidenciarse un peligro para el interés público, no es procedente conceder la suspensión en el juicio de amparo, pues es necesario que en autos existan evidencias en cuanto a la existencia de esa conducta, de su gravedad y trascendencia, a efecto de poner de manifiesto la incompatibilidad de la continuación de la prestación del servicio, no la simple calificación que haga la autoridad." (Época: Novena Época, Registro: 181658, Instancia: SEGUNDA SALA, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a. XVII/2004, Pag. 529, [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; Pág. 529.). de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación (.)". En esos términos, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País apuntó que son los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito a los que les corresponde realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto. En ese orden, los siguientes elementos: i) peligro en la demora, ii) apariencia del buen derecho; iii) orden público; y iv) interés social, serán analizados simultáneamente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."9 En el caso concreto, la parte quejosa acredita la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 10 Se sostiene que se acredita la apariencia del buen derecho (fomus boni iuris), consistente en la existencia de un derecho "posible" y, por ende, "cautelable", así como una "probabilidad cualificada" de obtener sentencia favorable, porque la parte quejosa demostró presuntivamente el interés suspensional; y dado que a falta de mayores datos en el expediente el (los) acto (s) reclamado (s) debe (n) tenerse por presuntivamente cierto (s) para los efectos de la suspensión provisional, consecuentemente existe una probabilidad cualificada de que, eventualmente, obtenga sentencia favorable pues de concretarse los actos reclamados, estos serían de imposible reparación; ello sin perjuicio de lo que en el momento correspondiente se resuelva. La apariencia de la existencia del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Lo anterior obedece a que las medidas cautelares, más que a hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra. 9 Novena Época, Registro: 165659, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 204/2009, Página: 315. 10 Para explicar la naturaleza de ambos conceptos, este Juzgado de Distrito se apoya en el contenido de la jurisprudencia P./J. 16/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 36, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 200137, del rubro: "SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO". En cuanto al peligro en la demora (periculum in mora), decir, el riesgo de que se trasgredan de manera grave o irreparablemente los derechos de la parte quejosa a falta del dictado de la medida cautelar, se considera que también se acredita pues, en la demanda de amparo, el promovente da a entender que de no concederse la suspensión del acto reclamado se afectaría irreparablemente su derecho de propiedad lo cual es cierto pues, efectivamente, de no concederse la suspensión y dictarse sentencia en el sumario de origen por su naturaleza, se transgrediría su garantía de audiencia por autoridad competente al ser ésta la materia del acto reclamado. Además, en el caso particular, del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que con el otorgamiento de la presente medida no se contravienen disposiciones de orden público ni el interés social, pues de concederse la medida cautelar no se materializará alguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Tampoco se configurará algún caso análogo a los previstos en tal precepto que implique transgresión a disposiciones de orden público, pues la presente medida cautelar tiene efectos provisionales y no definitivos a efecto de analizar en el expediente principal del que deriva este incidente el (los) acto (s) de que se duele la parte quejosa, ya que en caso de negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal, las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar el (los) acto (s) en contra de la parte peticionaria; circunstancia que de manera alguna es susceptible de vulnerar el orden público. Lo mismo ocurre en cuanto a la no afectación del interés social, ya que del análisis del acto reclamado se tiene que con el otorgamiento de la suspensión no se ocasiona daño a la sociedad o se le priva de un beneficio que de otra manera obtendría. Atendiendo además que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131, último párrafo, de la citada ley, la suspensión no tiene como fin constituir derechos con los que no cuenta el quejoso antes de la presentación de la demanda. En ese tenor, para conceder la suspensión provisional, también debe tenerse plena certeza de que, efectivamente, el acto de que se duele la promovente incide en su esfera jurídica y, por ello, tiene que acreditar fehacientemente la existencia de un derecho legítimamente tutelado que pueda ser protegido precisamente con el otorgamiento de la medida suspensiva. Es así, porque como lo dispone el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; además, si la medida cautelar no tiene como fin constituir derechos con los que no cuenta la quejosa antes de la presentación de la demanda es razón suficiente para que se exija que se acredite, por lo menos presuntivamente, la titularidad del derecho subjetivo que alega pretende serie afectado, tal y como lo dispone la fracción I del numeral constitucional de cita previa. En este orden de ideas, se toma en consideración que, la parte quejosa señala, que con la entrada en vigor de las porciones normativas tildadas de inconstitucionalidad, materia del acto reclamado se le afectan derechos reconocidos previamente y, de aplicársele las normas en comento no recibiría la prestación que por pensión jubilatoria le corresponde. De los numerales transcritos, en lo conducente, queda de manifiesto que, independientemente de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se hayan cotizado, las pensiones se reducirán a la cantidad que resulte de treinta y nueves veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización por mes. Lo que permite advertir que, con motivo de las reformas a la multicitada ley, las percepciones que el quejoso afirma percibir hasta el momento, se verían reducidas. Ahora, la parte quejosa acredita indiciariamente el interés suspensional, con la documental aportada con el escrito inicial de demanda. De las que se advierte que la quejosa es afiliada al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y que ha realizado aportaciones ante dicho Instituto. Por ende, se advierte que actualmente, la parte quejosa tiene derechos adquiridos relativos al pago de pensión por jubilación, por lo que las modificaciones a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ponen en riesgo su continuidad. Medios de convicción a los cuales se les otorga valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 130, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Lo que resulta suficiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos de conformidad con los artículos 199 y 218, del enjuiciamiento adjetivo federal de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo dispone el precepto 1º, de la referida ley que rige al juicio de garantías, para tener por demostrado su interés suspensional. Bajo ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 138 de la Ley de Amparo, que procede conceder la suspensión provisional solicitada Conclusión y efectos de la suspensión (artículos 138 y 146 Ley de Amparo). Con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que:  Las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que si a la fecha no ha acontecido, no se materialicen en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se apliquen en su perjuicio, los efectos y consecuencias del decreto 28439/LXII/2021 publicado el día nueve de septiembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", que reforma y adiciona los artículos 39, 70 y 153, fracciones XIX y XX, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como el artículo transitorio CUARTO de dicho decreto, y reforma el sexto párrafo del artículo CUARTO transitorio del diverso Decreto número 22862/LVII/09; es decir, que las autoridades responsables se abstengan de modificar, reducir o adecuar el monto de la pensión de la quejosa, así como de las aportaciones que realiza para la obtención de su pensión por jubilación. Es preciso enfatizar que en caso de que los actos reclamados obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, si los mismos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, o bien, de ya haberse consumado, la suspensión provisional no surtirá efectos legales. Lo anterior, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. Requisito de efectividad (artículo 132 de la Ley de Amparo). Dada la naturaleza del acto reclamado, por el momento no procede fijar garantía para la medida cautelar concedida de manera provisional, pues en el presente caso no existe algún tercero interesado a quien pudieran ocasionarse daños y perjuicios con su concesión, ello de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo. Representación Social. En otro contexto, con fundamento en los artículos 5, fracción IV y 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vía oficio, en virtud de tratarse de un asunto en el que se reclama una norma de carácter general. Autorizados y domicilio. En atención a la certificación de cuenta, de conformidad con los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso designando como autorizados en amplios términos a Gustavo Eduardo Flores Arellano y Ernesto Aguilar Rodríguez, toda vez que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que a ***** por no contar con el registro en comento, así como las personas restantes, únicamente para recibir notificaciones; por otra parte, se tiene como domicilio procesal de la accionante constitucional el señalado en el escrito inicial. Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Consulta Vía Internet del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, la parte quejosa y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Notifíquese; así como por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s).

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Autoridad informa. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual remite copias certificadas de las constancias levantadas por el Actuario Notificador adscrito a la Novena Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ocotlán, Jalisco, de las que se advierte que se emplazó a la parte demandada al juicio laboral 2425/2020, de su índice. Vista con pretendido cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.

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