Tania Beatríz Santín Salgado

Expediente 1682/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1682/2018
Año
2018
Actuaciones
32
Última actuación
16/05/2019

Partes del expediente

  • Tania Beatríz Santín Salgado
  • Rafael Gonzalez Oses Cerezo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    MESA II. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

  2. Principal

    MESA II. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR (M.T.J.M.) Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a las partes para que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que no realizaron manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, resulta pertinente precisar que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, determinando sobreseer y negar la protección constitucional solicitada. Inconforme con esa resolución, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien lo registró bajo el arábigo 93/2019, y en sesión de quince de abril de dos mil diecinueve, determinó revocar el pronunciamiento combatido, y conceder la protección constitucional solicitada, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. Dicte una nueva resolución en la que deje insubsistentes las sentencias reclamadas de cinco y quince de noviembre de dos mil dieciocho; 2. Dicte otra en la que resuelva de manera unitaria (en una sola sentencia), congruente y coherentemente los recursos de revocación interpuestos en contra del auto de diecinueve de octubre del mismo año, que resolvió la revisión de medidas provisionales, específicamente la relativa a la pensión alimenticia; y, 3. Con libertad de jurisdicción resuelva lo conducente." Por lo que el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se requirió al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, su acatamiento. En cumplimiento a ello, el dos de mayo en curso, se presentó ante este Juzgado copia certificada del auto dictado por el responsable el veintiséis de abril último, mismo que en lo que interesa reza: "(.) toda vez que el acto reclamado en la instancia federal es de naturaleza positiva, se dejan sin efecto las resoluciones emitidas en los recursos de revocación de fechas cinco (5) y quince (15) de noviembre anterior (.)", aunado a que dicho operador jurídico ordenó se le pusieran los autos a la vista a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente. Con dicha actuación, se dio vista a las partes el tres del mes y año en curso, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hicieran. Posteriormente, el seis de mayo del dos mil diecinueve, se recibió en este Juzgado copia certificada de la resolución pronunciada el dos del mismo mes y año, por la responsable en los recursos de revocación hechos valer por los involucrados en el expediente 413/2017, en contra del auto de diecinueve de octubre del mismo año, que resolvió la revisión de medidas provisionales, específicamente la relativa a la pensión alimenticia. Con lo que se dio nueva vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran pronunciamiento alguno. Por tanto; es inconcuso que se dio cumplimiento al fallo protector, lo anterior, puesto que la responsable dejó sin efectos las determinaciones reclamadas, y resolvió de forma unitaria y con libertad de jurisdicción, los medios de impugnación hechos valer por las partes. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa, en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Sin que este órgano de control constitucional haga pronunciamiento alguno relativo al sentido o legalidad de la determinación de dos del mes y año en curso, dado que la Superioridad concedió al responsable libertad de jurisdicción para pronunciarse sobre el tema debatido. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    EN ATENCIÓN AL AVISO DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINEUVE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO R.G.O.C., EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE LOS CURSANTES, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México; dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a las partes para que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que no realizaron manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, materia Común, con número de registro 192174, que establece: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, resulta pertinente precisar que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, determinando sobreseer y negar la protección constitucional solicitada. Inconforme con esa resolución, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien lo registró bajo el arábigo 93/2019, y en sesión de quince de abril de dos mil diecinueve, determinó revocar el pronunciamiento combatido, y conceder la protección constitucional solicitada, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1. Dicte una nueva resolución en la que deje insubsistentes las sentencias reclamadas de cinco y quince de noviembre de dos mil dieciocho; 2. Dicte otra en la que resuelva de manera unitaria (en una sola sentencia), congruente y coherentemente los recursos de revocación interpuestos en contra del auto de diecinueve de octubre del mismo año, que resolvió la revisión de medidas provisionales, específicamente la relativa a la pensión alimenticia; y, 3. Con libertad de jurisdicción resuelva lo conducente. Por lo que el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se requirió al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, su acatamiento. En cumplimiento a ello, el dos de mayo en curso, se presentó ante este Juzgado copia certificada del auto dictado por el responsable el veintiséis de abril último, mismo que en lo que interesa reza: (.) toda vez que el acto reclamado en la instancia federal es de naturaleza positiva, se dejan sin efecto las resoluciones emitidas en los recursos de revocación de fechas cinco (5) y quince (15) de noviembre anterior (.), aunado a que dicho operador jurídico ordenó se le pusieran los autos a la vista a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente. Con dicha actuación, se dio vista a las partes el tres del mes y año en curso, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hicieran. Posteriormente, el seis de mayo del dos mil diecinueve, se recibió en este Juzgado copia certificada de la resolución pronunciada el dos del mismo mes y año, por la responsable en los recursos de revocación hechos valer por los involucrados en el expediente 413/2017, en contra del auto de diecinueve de octubre del mismo año, que resolvió la revisión de medidas provisionales, específicamente la relativa a la pensión alimenticia. Con lo que se dio nueva vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran pronunciamiento alguno. Por tanto; es inconcuso que se dio cumplimiento al fallo protector, lo anterior, puesto que la responsable dejó sin efectos las determinaciones reclamadas, y resolvió de forma unitaria y con libertad de jurisdicción, los medios de impugnación hechos valer por las partes. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa, en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Sin que este órgano de control constitucional haga pronunciamiento alguno relativo al sentido o legalidad de la determinación de dos del mes y año en curso, dado que la Superioridad concedió al responsable libertad de jurisdicción para pronunciarse sobre el tema debatido. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.

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    MESA II. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

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