Tania Alejandra Hernandez Martinez

Expediente 1773/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1773/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
06/05/2016

Partes del expediente

  • Tania Alejandra Hernandez Martinez
  • Derek Alef Palacios Hernandez
  • TANIA ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ y Otros.
  • Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes, mediante proveído de ocho de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de la forma en que las autoridades responsables, dieron cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con lo considerado en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, es oportuno establecer que mediante sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 53 a 70), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, realizará lo siguiente: "(.) Deje insubsistente la determinación de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictada dentro del recurso de apelación 787/2015; y, En su lugar dicte otra en la que, tomando en consideración lo expuesto en esta resolución, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la litis planteada (pensión alimenticia definitiva, el aseguramiento de los alimentos por lo menos por un año y el monto por concepto de pensiones alimenticias no pagadas del menor) fundando y motivando adecuadamente su decisión. Apoya lo anterior la tesis aislada I.6o.C.3 K (10a.), de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Página: 2098, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA SU VIOLACIÓN. La violación al principio de congruencia, en términos generales, da lugar a conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia o resolución que constituyan el o los actos reclamados, y se dicten las nuevas resoluciones o sentencias correspondientes, en las que se repare la violación en que haya incurrido la autoridad responsable de que se trate; empero, la restitución se constriñe a realizar el estudio que, en su caso, se hubiera omitido y no así, a resolver la controversia, necesariamente, en un determinado sentido, toda vez que en ese aspecto la autoridad responsable goza de plenitud de jurisdicción y arbitrio judicial." Así, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse con relación a la autoridad responsable ejecutora Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al no reclamarse el acto de ejecución por vicios propios, sino en vía de consecuencia. (.)" En proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 80 a 81), causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, por lo que, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por oficio recibido en este Juzgado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (foja 88), la Sala responsable, informó el auto dictado el treinta de marzo siguiente en el toca 787/2015. Asimismo, mediante oficio 880 (f. 92), el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca México, informó que en su calidad de autoridad responsable ejecutora, una vez que la Sala responsable dictara la resolución correspondiente en cumplimiento al fallo protector, éste haría lo que se ordenara en dicha determinación, por lo que se adhirió a la resolución emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, México. Finalmente, el siete de abril de dos mil dieciséis (foja 96), la citada ordenadora, en acatamiento al fallo protector, informó el cumplimento que le dio al mismo. En ese sentido, el suscrito procede en primer lugar a determinar si la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa fue cumplida en sus términos por la responsable, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por la responsable. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. "(.) Deje insubsistente la determinación de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictada dentro del recurso de apelación 787/2015; y, En su lugar dicte otra en la que, tomando en consideración lo expuesto en esta resolución, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la litis planteada (pensión alimenticia definitiva, el aseguramiento de los alimentos por lo menos por un año y el monto por concepto de pensiones alimenticias no pagadas del menor) fundando y motivando adecuadamente su decisión. Apoya lo anterior la tesis aislada I.6o.C.3 K (10a.), de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Página: 2098, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA SU VIOLACIÓN. La violación al principio de congruencia, en términos generales, da lugar a conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia o resolución que constituyan el o los actos reclamados, y se dicten las nuevas resoluciones o sentencias correspondientes, en las que se repare la violación en que haya incurrido la autoridad responsable de que se trate; empero, la restitución se constriñe a realizar el estudio que, en su caso, se hubiera omitido y no así, a resolver la controversia, necesariamente, en un determinado sentido, toda vez que en ese aspecto la autoridad responsable goza de plenitud de jurisdicción y arbitrio judicial." Así, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse con relación a la autoridad responsable ejecutora Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al no reclamarse el acto de ejecución por vicios propios, sino en vía de consecuencia. (.)" El treinta de marzo de dos mil dieciséis (foja 89), la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, México, determinó: ". y en acatamiento a la ejecutoria de amparo, se deja insubsistente la resolución de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, emitida en el toca 787/2015. El seis de abril siguiente, la referida autoridad, resolvió: . con la finalidad de no dejar inaudito al recurrente, en contestación a los argumentos esgrimidos, este tribunal de alzada considera que son suficientes e inoperantes porque, la resolución impugnada se encuentra dictada conforme a derecho. . En la especie el apelante refiere que el cumplimiento de la obligación alimentaria fue demostrado con la totalidad de las actuaciones, así como las fotografías que exhibió donde se desprende la buena relación existente entre él y su menor hijo, asimismo, de las inconsistencias de la prueba testimonial ofrecida por la actora, no obstante, cabe precisar que dichos medios de prueba en nada trascienden al resultado del fallo, pues de los mismos no se desprende como lo refiere el apelante, el cumplimiento de la obligación alimentaria. Las consideraciones citadas en líneas anteriores, constituyen los elementos torales de la sentencia al ser motivos en los que el Órgano Jurisdiccional de Primera Instancia, funda, motiva y justifica los motivos por los cuales fija la pensión alimenticia, en los términos que lo hizo. Ahora bien, el apelante no combate lo considerado por el Juez A quo, en la sentencia en el escrito de agravios, pues se limita únicamente a afirmar que se demuestra con fotografías, y la convivencia con su menor hijo, el trato que le otorga y cumple de esta forma con la ministración de alimentos; empero ninguna cuestión menciona respecto a lo argumentado por el Órgano Jurisdiccional respecto al monto fijado por concepto de pensión alimenticia es equitativo y proporcional, combate los argumentos realizados por el Juez Aquo respecto a que la fracción I del artículo 4.144 del Código Civil fue derogada, ni lo relativo a la exposición de motivos del legislador respecto a dicha reforma; asimismo ningún argumento expone respecto a las necesidades del menor o lo considerado en la sentencia respecto a que de acuerdo a las propias necesidades de la actora, así como el hecho de que esté habitando con su progenitora, son elementos suficientes para considerar justo y equitativo, la fijación de un salario mínimo diario, o bien que los medios de prueba o fueron valorados debidamente, exponiendo los motivos por los que así considera, por ello, los argumentos que sustentan la sentencia permanecen por falta de impugnación. Asimismo, resultan inoperantes los argumentos relativos a la condena de alimentos caídos, pues el Juez aquo condenó al pago de los mismos bajo los argumentos de que demandado no acreditó el cumplimiento de pago, pues los medios de prueba que ofreció no resultan idóneos para acreditar el pago de alimentos. Independientemente de que de las pruebas testimoniales de la actora no se desprendiera el incumplimiento, lo cierto es que como se indicó el Juez Aquo en la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles, si el deudor alimentario afirmó que cumplió con el pago de alimentos sobre el recae la carga de la prueba y está obligado a demostrarlo, por lo que al no combatir tales argumentaciones los agravios planteados resultan inoperantes por insuficientes para modificar o revocar la sentencia impugnada. . En la especie, del dictamen pericial en materia de trabajo social emitido por la perito oficial LICENCIADA MONSTERRAT NAVARRO REYES, mismo que consta de la foja noventa y seis a ciento veinte, se advierte que la actora TANIA ALEJNADRA HERNANDEZ MARTÍNEZ, quien tiene la custodia del menor DEREK ALEF PALACIOS HERNÁNDEZ, señaló como las necesidades del menor la cantidad de $2,526.65 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.), cantidad integrada por los rubros de alimentación y despensa. Respecto a la capacidad económica del deudor alimentario, la perito refirió que el demandado indicó obtener ingresos mensuales por la cantidad de $3,040.00 (TRES MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). . Ahora bien, no escapa a la vista, que el demandado refirió contar con gastos que ascienden a la cantidad de $4,436.33 (CUATRO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.) . En el caso se advierte claramente que el demandado no precisó en forma real sus ingresos, pues sí reportó egresos notoriamente superiores, tan es así que se le permite cubrir los gastos en forma mensual reportó. Independientemente no se soslaya que el deudor alimentario a la fecha cuenta con treinta y un años aproximadamente, no tiene enfermedades que le impidan emplearse, cuenta con una carreta técnica y experiencia laboral, elementos que se traducen en las aptitudes con las que cuenta para generar ingresos, y que como bien lo precisó el órgano Jurisdiccional de Primera Instancia, la falta de aplicación al trabajo no es una aplicación que eximan al deudor alimentario de sus obligaciones alimentarias. . Por lo tanto, aun cuando los agravios resultan inoperantes, se concluye que el deudor alimentario cuenta con capacidad económica para poder cumplir con sus obligaciones alimentarias en la medida que el órgano Jurisdiccional de Primera Instancia lo condenó. IV. Al no actualizarse hipótesis alguna de las previstas en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a condenar en costas en esta instancia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia de segunda instancia dictada en el presente toca, el diecisiete de septiembre de dos mil quince 2015, y se emite otra. SEGUNDO. Han sido inoperantes por insuficientes los agravios expresados por ÁNGEL PALACIOS NUÑEZ, dentro del Recurso de Apelación que hizo valer , en consecuencia: TERCERO. Se confirma la sentencia Definitiva del veintiocho de julio de dos mil quince 2015, dictada por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en el expediente número 385/2015, relativo al Juicio de CONTROVERSIA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMIALIAR, sobre GUARDA Y CUSTODIA y PENSIÓN ALIMWNTICIA, promovido por TANIA ALEJANDRA HERNPANDEZ MARTÍNEZ, en contra de ÁNGEL PALACIOS NÚÑEZ. CUARTO. No se hace especial condena en el pago de costas judiciales en esta segunda instancia. QUINTO. NOTIFÍQUESE. Lo anterior, lleva a concluir que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos, ya que la autoridad responsable el tres de marzo de dos mil dieciséis (fojas 411), dejó insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil quince, y el ocho siguiente, dictó una nueva en la cual cumplió con lo estipulado en la sentencia amparante; por tanto; lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. No constituye obstáculo a lo anterior, las manifestaciones que el tercero interesado realiza a respecto a la vista ordenada en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención a que las mismas no tienden a combatir el mismo. Hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos legales a que haya lugar, quedando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que considere convenientes. Archivo. Consecuentemente, archívese como asunto totalmente concluido previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del dos mil nueve, se hace constar que: este expediente es susceptible de depuración de conformidad con el punto primero, fracción IV, del Acuerdo mencionado, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa; pero deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Además, por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico. Depuración. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; en consecuencia, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto, no es de valor jurídico. Asimismo, el original del incidente de suspensión es depurable, ya que se otorgó la suspensión provisional y definitiva solicitada, por lo que conservará la demanda, el auto de veinticuatro de marzo de dos mil quince y la sentencia interlocutoria, respectivamente, en atención a lo ordenado en el segundo párrafo de la fracción III, del considerando vigésimo primero del capítulo quinto del referido acuerdo; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; empero, el duplicado del incidente es destruible conforme a la fracción III, del considerando vigésimo del señalado capítulo quinto, por tanto, una vez que transcurran más de seis meses, procédase a su destrucción. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Victorino Hernández Infante, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del licenciado Adán Jerónimo Navarrete García, Secretario que firma, autoriza y da fe.

  2. Principal

    I.-CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO EL ACUERDO DE FECHA SEIS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes, mediante proveído de ocho de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de la forma en que las autoridades responsables, dieron cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con lo considerado en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, es oportuno establecer que mediante sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 53 a 70), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, realizará lo siguiente: "(.) Deje insubsistente la determinación de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictada dentro del recurso de apelación 787/2015; y, En su lugar dicte otra en la que, tomando en consideración lo expuesto en esta resolución, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la litis planteada (pensión alimenticia definitiva, el aseguramiento de los alimentos por lo menos por un año y el monto por concepto de pensiones alimenticias no pagadas del menor) fundando y motivando adecuadamente su decisión. Apoya lo anterior la tesis aislada I.6o.C.3 K (10a.), de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Página: 2098, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA SU VIOLACIÓN. La violación al principio de congruencia, en términos generales, da lugar a conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia o resolución que constituyan el o los actos reclamados, y se dicten las nuevas resoluciones o sentencias correspondientes, en las que se repare la violación en que haya incurrido la autoridad responsable de que se trate; empero, la restitución se constriñe a realizar el estudio que, en su caso, se hubiera omitido y no así, a resolver la controversia, necesariamente, en un determinado sentido, toda vez que en ese aspecto la autoridad responsable goza de plenitud de jurisdicción y arbitrio judicial." Así, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse con relación a la autoridad responsable ejecutora Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al no reclamarse el acto de ejecución por vicios propios, sino en vía de consecuencia. (.)" En proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 80 a 81), causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, por lo que, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por oficio recibido en este Juzgado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (foja 88), la Sala responsable, informó el auto dictado el treinta de marzo siguiente en el toca 787/2015. Asimismo, mediante oficio 880 (f. 92), el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca México, informó que en su calidad de autoridad responsable ejecutora, una vez que la Sala responsable dictara la resolución correspondiente en cumplimiento al fallo protector, éste haría lo que se ordenara en dicha determinación, por lo que se adhirió a la resolución emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, México. Finalmente, el siete de abril de dos mil dieciséis (foja 96), la citada ordenadora, en acatamiento al fallo protector, informó el cumplimento que le dio al mismo. En ese sentido, el suscrito procede en primer lugar a determinar si la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa fue cumplida en sus términos por la responsable, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por la responsable. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. "(.) Deje insubsistente la determinación de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictada dentro del recurso de apelación 787/2015; y, En su lugar dicte otra en la que, tomando en consideración lo expuesto en esta resolución, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la litis planteada (pensión alimenticia definitiva, el aseguramiento de los alimentos por lo menos por un año y el monto por concepto de pensiones alimenticias no pagadas del menor) fundando y motivando adecuadamente su decisión. Apoya lo anterior la tesis aislada I.6o.C.3 K (10a.), de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Página: 2098, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA SU VIOLACIÓN. La violación al principio de congruencia, en términos generales, da lugar a conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia o resolución que constituyan el o los actos reclamados, y se dicten las nuevas resoluciones o sentencias correspondientes, en las que se repare la violación en que haya incurrido la autoridad responsable de que se trate; empero, la restitución se constriñe a realizar el estudio que, en su caso, se hubiera omitido y no así, a resolver la controversia, necesariamente, en un determinado sentido, toda vez que en ese aspecto la autoridad responsable goza de plenitud de jurisdicción y arbitrio judicial." Así, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse con relación a la autoridad responsable ejecutora Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al no reclamarse el acto de ejecución por vicios propios, sino en vía de consecuencia. (.)" El treinta de marzo de dos mil dieciséis (foja 89), la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, México, determinó: ". y en acatamiento a la ejecutoria de amparo, se deja insubsistente la resolución de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, emitida en el toca 787/2015. El seis de abril siguiente, la referida autoridad, resolvió: . con la finalidad de no dejar inaudito al recurrente, en contestación a los argumentos esgrimidos, este tribunal de alzada considera que son suficientes e inoperantes porque, la resolución impugnada se encuentra dictada conforme a derecho. . En la especie el apelante refiere que el cumplimiento de la obligación alimentaria fue demostrado con la totalidad de las actuaciones, así como las fotografías que exhibió donde se desprende la buena relación existente entre él y su menor hijo, asimismo, de las inconsistencias de la prueba testimonial ofrecida por la actora, no obstante, cabe precisar que dichos medios de prueba en nada trascienden al resultado del fallo, pues de los mismos no se desprende como lo refiere el apelante, el cumplimiento de la obligación alimentaria. Las consideraciones citadas en líneas anteriores, constituyen los elementos torales de la sentencia al ser motivos en los que el Órgano Jurisdiccional de Primera Instancia, funda, motiva y justifica los motivos por los cuales fija la pensión alimenticia, en los términos que lo hizo. Ahora bien, el apelante no combate lo considerado por el Juez A quo, en la sentencia en el escrito de agravios, pues se limita únicamente a afirmar que se demuestra con fotografías, y la convivencia con su menor hijo, el trato que le otorga y cumple de esta forma con la ministración de alimentos; empero ninguna cuestión menciona respecto a lo argumentado por el Órgano Jurisdiccional respecto al monto fijado por concepto de pensión alimenticia es equitativo y proporcional, combate los argumentos realizados por el Juez Aquo respecto a que la fracción I del artículo 4.144 del Código Civil fue derogada, ni lo relativo a la exposición de motivos del legislador respecto a dicha reforma; asimismo ningún argumento expone respecto a las necesidades del menor o lo considerado en la sentencia respecto a que de acuerdo a las propias necesidades de la actora, así como el hecho de que esté habitando con su progenitora, son elementos suficientes para considerar justo y equitativo, la fijación de un salario mínimo diario, o bien que los medios de prueba o fueron valorados debidamente, exponiendo los motivos por los que así considera, por ello, los argumentos que sustentan la sentencia permanecen por falta de impugnación. Asimismo, resultan inoperantes los argumentos relativos a la condena de alimentos caídos, pues el Juez aquo condenó al pago de los mismos bajo los argumentos de que demandado no acreditó el cumplimiento de pago, pues los medios de prueba que ofreció no resultan idóneos para acreditar el pago de alimentos. Independientemente de que de las pruebas testimoniales de la actora no se desprendiera el incumplimiento, lo cierto es que como se indicó el Juez Aquo en la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles, si el deudor alimentario afirmó que cumplió con el pago de alimentos sobre el recae la carga de la prueba y está obligado a demostrarlo, por lo que al no combatir tales argumentaciones los agravios planteados resultan inoperantes por insuficientes para modificar o revocar la sentencia impugnada. . En la especie, del dictamen pericial en materia de trabajo social emitido por la perito oficial LICENCIADA MONSTERRAT NAVARRO REYES, mismo que consta de la foja noventa y seis a ciento veinte, se advierte que la actora TANIA ALEJNADRA HERNANDEZ MARTÍNEZ, quien tiene la custodia del menor DEREK ALEF PALACIOS HERNÁNDEZ, señaló como las necesidades del menor la cantidad de $2,526.65 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.), cantidad integrada por los rubros de alimentación y despensa. Respecto a la capacidad económica del deudor alimentario, la perito refirió que el demandado indicó obtener ingresos mensuales por la cantidad de $3,040.00 (TRES MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). . Ahora bien, no escapa a la vista, que el demandado refirió contar con gastos que ascienden a la cantidad de $4,436.33 (CUATRO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.) . En el caso se advierte claramente que el demandado no precisó en forma real sus ingresos, pues sí reportó egresos notoriamente superiores, tan es así que se le permite cubrir los gastos en forma mensual reportó. Independientemente no se soslaya que el deudor alimentario a la fecha cuenta con treinta y un años aproximadamente, no tiene enfermedades que le impidan emplearse, cuenta con una carreta técnica y experiencia laboral, elementos que se traducen en las aptitudes con las que cuenta para generar ingresos, y que como bien lo precisó el órgano Jurisdiccional de Primera Instancia, la falta de aplicación al trabajo no es una aplicación que eximan al deudor alimentario de sus obligaciones alimentarias. . Por lo tanto, aun cuando los agravios resultan inoperantes, se concluye que el deudor alimentario cuenta con capacidad económica para poder cumplir con sus obligaciones alimentarias en la medida que el órgano Jurisdiccional de Primera Instancia lo condenó. IV. Al no actualizarse hipótesis alguna de las previstas en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a condenar en costas en esta instancia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia de segunda instancia dictada en el presente toca, el diecisiete de septiembre de dos mil quince 2015, y se emite otra. SEGUNDO. Han sido inoperantes por insuficientes los agravios expresados por ÁNGEL PALACIOS NUÑEZ, dentro del Recurso de Apelación que hizo valer , en consecuencia: TERCERO. Se confirma la sentencia Definitiva del veintiocho de julio de dos mil quince 2015, dictada por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en el expediente número 385/2015, relativo al Juicio de CONTROVERSIA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMIALIAR, sobre GUARDA Y CUSTODIA y PENSIÓN ALIMWNTICIA, promovido por TANIA ALEJANDRA HERNPANDEZ MARTÍNEZ, en contra de ÁNGEL PALACIOS NÚÑEZ. CUARTO. No se hace especial condena en el pago de costas judiciales en esta segunda instancia. QUINTO. NOTIFÍQUESE. Lo anterior, lleva a concluir que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos, ya que la autoridad responsable el tres de marzo de dos mil dieciséis (fojas 411), dejó insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil quince, y el ocho siguiente, dictó una nueva en la cual cumplió con lo estipulado en la sentencia amparante; por tanto; lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. No constituye obstáculo a lo anterior, las manifestaciones que el tercero interesado realiza a respecto a la vista ordenada en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención a que las mismas no tienden a combatir el mismo. Hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos legales a que haya lugar, quedando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que considere convenientes. Archivo. Consecuentemente, archívese como asunto totalmente concluido previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del dos mil nueve, se hace constar que: este expediente es susceptible de depuración de conformidad con el punto primero, fracción IV, del Acuerdo mencionado, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa; pero deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Además, por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico. Depuración. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; en consecuencia, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto, no es de valor jurídico. Asimismo, el original del incidente de suspensión es depurable, ya que se otorgó la suspensión provisional y definitiva solicitada, por lo que conservará la demanda, el auto de veinticuatro de marzo de dos mil quince y la sentencia interlocutoria, respectivamente, en atención a lo ordenado en el segundo párrafo de la fracción III, del considerando vigésimo primero del capítulo quinto del referido acuerdo; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; empero, el duplicado del incidente es destruible conforme a la fracción III, del considerando vigésimo del señalado capítulo quinto, por tanto, una vez que transcurran más de seis meses, procédase a su destrucción. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Victorino Hernández Infante, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del licenciado Adán Jerónimo Navarrete García, Secretario que firma, autoriza y da fe.

  3. Principal

    I.- la quejosa ********************, por medio del cual desahoga la vista concedida en acuerdo de ocho de abril del año en curso (foja 122) y realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo emitida en la presente instancia constitucional; en consecuencia, resérvese a proveer respecto de lo que aduce en el ocurso de mérito, hasta en tanto se resuelva sobre el cumplimiento de la ejecutoria amparadora.

  4. Principal

    I.- el tercero interesado ********************, por medio del cual desahoga la vista concedida en acuerdo de ocho de abril del año en curso (foja 122) y realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo emitida en la presente instancia constitucional; en consecuencia, resérvese a proveer respecto de lo que aduce en el ocurso de mérito, hasta en tanto se resuelva sobre el cumplimiento de la ejecutoria amparadora.

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