Tanairi Gutiérrez Vázquez

Expediente 387/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
387/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Tanairi Gutiérrez Vázquez
  • TANAIRI GUTIÉRREZ VÁZQUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ... Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por TANAIRI GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo.

  2. Principal

    INFORME JUSTIFICADO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General Metropolitano, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando delegados de su parte y proporcionando correo electrónico y número telefónico para establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional. Por otra parte, agréguese a los autos del expediente físico, la razón del actuario judicial de este órgano jurisdiccional la cual obra en autos del expediente electrónico, por medio del cual manifiesta la imposibilidad de notificar a la autoridad responsable que el quejoso señaló como "Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla", en virtud de su inexistencia; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento formulado por auto de veintinueve de abril del año en curso y se deja de tener con el carácter de autoridad responsable en términos del artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo.

  3. Incidental

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a la parte quejosa ******************** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclama a las autoridades responsables señaladas, por las razones expuestas en el considerando único de esta resolución.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. SE CALIFICA CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió la vista concedida a las partes en auto de veinticinco de marzo de este año, con relación a las actuaciones que el juez penal responsable ha realizado a efecto de cumplir con la sentencia de amparo, sin que se haya realizado manifestación al respecto; no obstante, tomando en cuenta que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público, corresponde a este juzgado pronunciarse en los términos que se exponen a continuación. Para ello, conviene precisar que en sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al inconforme Gonzalo Espitia Barrales, para los efectos siguientes: 1. El Juez de lo Penal de Acatlán de Osorio, Puebla de manera inmediata emita un acuerdo dentro del proceso 32/2009 de su índice, en el que requiera al Director del Instituto de Ciencias Forenses a fin de que designe perito en psicología especializado de conformidad con el protocolo de Estambul. 2. Realice las gestiones que estime pertinentes para que los especialistas en el protocolo de Estambul examinen al sentenciado Gonzalo Espitia Barrales. 3. Hecho lo anterior, remita el dictamen en el que se determine si el sentenciado fue objeto de tortura por parte de sus captores. Mediante proveído de veintidós de agosto siguiente, al no haberse interpuesto el medio de impugnación idóneo, la sentencia amparadora causó ejecutoria y se ordenó a la autoridad responsable cumplir con lo ordenado en ella. En acatamiento, mediante oficio 472 de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable informó que, dentro del proceso generador de los actos reclamados, requirió a la directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que designara perito en psicología especializado de conformidad con el Protocolo de Estambul. Con posterioridad, el juez justificó diversas actuaciones tendentes a la práctica del Protocolo de Estambul al aquí quejoso Gonzalo Espitia Barrales. No obstante lo anterior, mediante oficio 3004 de diecinueve de marzo de esta anualidad, la perito en materia de psicología Ana Laura Cadena Reyes, informó y acreditó ante este juzgado que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se constituyó en el Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla, para practicar al inconforme la evaluación psicológica, pero éste manifestó expresamente no otorgar su autorización para ello, al señalar: "porque conviene a mi persona". De igual forma, el juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, a través de la misiva 43, comunicó lo descrito por la perito oficial; adjuntando las constancias respectivas. IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA ACATAR EL FALLO Tal situación, evidencia la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues la circunstancia de que el quejoso se negara a que la perito en materia de psicología le realizara la evaluación correspondiente, impidió que se practicara el Protocolo de Estambul. Lo anterior porque como se indicó, los efectos del fallo protector fueron para que el juez responsable emitiera un acuerdo en el que requiriera a la instancia administrativa respectiva un perito en psicología especializado de conformidad con el Protocolo de Estambul y éste examinara al sentenciado Gonzalo Espitia Barrales; hecho lo anterior, remitiera el dictamen en el que se determinara si el sentenciado fue objeto de tortura por parte de sus captores. Pero, al negarse el sentenciado, aquí quejoso, a ser examinado por la perito en materia de psicología, trajo como consecuencia que no se llevara a cabo el Protocolo de Estambul y se determinara si el peticionario del amparo fue objeto de tortura. De ahí, que se estima sobreviene una causa que impide al juez responsable acatar los lineamientos dados en el fallo protector, por tanto, y por ello se estima existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional. SE REMITEN AUTOS A TRIBUNAL COLEGIADO En tales condiciones, en conformidad con el artículo 196, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Penal del Sexto Circuito, en turno. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." No obstante lo anterior, en términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; entonces, una vez que transcurra el lapso indicado en el párrafo que antecede, remítanse los autos al tribunal revisor. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." CUADERNO DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Por último, toda vez que el quejoso Gonzalo Espitia Barrales se encuentra recluido en el Centro Penitenciario del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y en conformidad con el diverso 310, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, gírese atento despacho, vía electrónica, al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, para que por su conducto notifique al quejoso Gonzalo Espitia Barrales, el contenido del presente acuerdo y le corra traslado con copia de la promoción con que se da cuenta, para lo cual se solicita al diligenciario de su adscripción encargado de llevar a cabo su desahogo realice única y exclusivamente, lo siguiente: a) Constituirse en las instalaciones del Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla. b) Buscar por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Gonzalo Espitia Barrales y se cerciore de su identidad. c) Hacerle saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 502/2019-; d) Notificarle el presente proveído y entregarle copia de la promoción que se acuerda. También, el diligenciario asentará razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que la persona encargada de realizar la diligencia en comento se encuentre facultada para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que el funcionario al que designe llevarla a cabo, deberá practicar la notificación respectiva, ajustándose a lo previsto en la Ley de Amparo, particularmente los artículos 24 y 27, por lo cual ésta debe efectuarse INMEDIATAMENTE; y una vez practicada, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial con la misma prontitud o, en su caso, informar las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. Se solicita al aludido juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en el lugar que ocupa el centro penitenciario aludido en distintos días y horas inhábiles. Así también, se hace del conocimiento al juez exhortado que instruya al diligenciario encargado de practicar la notificación personal derivada del presente auto, para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo; ello, con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL DOMICILIO PRECISADO EN LA DEMANDA, VÍA DESPACHO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA. A

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