Tamara del Ángel Huerta Diaz

Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
866/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Tamara del Ángel Huerta Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 20, fracción IV, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Destrucción del expediente Este expediente, resulta DESTRUIBLE porque se desechó la demanda origen de este juicio de amparo, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ******, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 866/2023. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Oaxaca, lo siguiente: "..su omisión y negativa de acordar y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, dentro de la causa penal ****/2020, cabe señalar, que es así como se ha violentado el debido proceso, mis derechos humanos y los principios de justicia pronta, juicio previo, en tanto el Juez de enjuiciamiento debe atender de manera oportuna las peticiones de las partes que intervienen dentro del procedimiento penal y así cumplir con lo establecido en el artículo 109 fracción V, 1X del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que con fecha 20 de febrero del año en curso y cuatro de mayo del dos mil veintitrés solicité al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Oaxaca, audiencia de debate, a efecto de darle continuidad al proceso penal; sin embargo es importante señalar que ha transcurrido más de seis meses, desde la presentación del primer escrito y ocho meses desde que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía el Estado, en donde quedo firme el auto de vinculación a proceso; en ese contexto y como víctima se me debe garantizar la administración y procuración de justicia a través de una resolución o determinación justa, acorde a los lineamientos procesales y sustantivos de la norma penal, es importante puntualizar que en consecuencia me he visto en la necesidad de trasladarme hasta el Tribunal de Enjuiciamiento por conducto de mis asesores jurídicos, quienes han acudido de manera personal, esto con la finalidad de solicitar se acordará mi petición debido al tiempo transcurrido, en consecuencia se han seguido violentando mis principios básicos como el de legalidad, seguridad jurídica, certeza administración de justicia pronta y expedita, dejándose de cumplir lo estipulado en los artículos 1, primer párrafo, 14, en su primer párrafo y 17 en su primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Desechamiento Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Así, en ejercicio de la facultad que a este juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, conforme a lo que enseguida se expone. Al analizar íntegramente la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Ahora, considerando lo anterior y la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Oaxaca, la omisión y negativa de acordar y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, dentro de la causa penal****/2020, de su índice, donde tiene la calidad de víctima, según lo narrado en los antecedentes de los actos reclamados en su demanda de amparo, ya que aduce el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve presentó formal denuncia en contra de ******, por la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, lo que dio inicio a la carpeta de investigación ******/FMUJ/UDVF/2019, y posteriormente a la causa penal *****/2020 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Oaxaca. Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) El principio de definitividad exige que previa a la instauración del juicio de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que en contra de ese acto procedan, como anteriormente quedó expuesto. Dicho de otra forma, el citado precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. Así, de la simple lectura de la fracción en comento, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, que: a) El acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que ese medio de defensa tenga por objeto modificar, revocar o nulificar lo recurrido; e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto jurídico. Por lo tanto, en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al reunirse sus elementos, a saber: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En efecto, la omisión y negativa de acordar y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, dentro de la causa penal *****/2020, del índice del Juzgado del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Oaxaca, luego, es evidente que se encuentra impugnando una omisión proveniente de un tribunal judicial, como lo es un juez del Tribunal de Enjuiciamiento. b) La ley concede contra el acto reclamado, un recurso ordinario. Ello es así, ya que de la interpretación el artículo 135 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, normatividad que rige el procedimiento de donde emana el acto combatido, se establece el recurso de queja a través del cual, es factible impugnar la omisión aquí reclamada de acordar y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, es decir, el recurso en contra del órgano jurisdiccional omiso. c) El recurso que en contra del acto aquí reclamado resulta procedente, se encuentra previsto dentro del procedimiento en el que se emitió. En efecto, el recurso de queja es procedente, pues como lo establece el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro de los plazos establecidos: ".Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido..." [Énfasis añadido] d) El medio de defensa tenga por objeto modificar, revocar o nulificar lo recurrido. El recurso de queja tiene por objeto reparar las omisiones de los Jueces, garantizando el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido, por lo tanto, puede proporcionar una reparación ante la omisión de acordar y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, dentro de la causa penal *****/2020, del índice del juzgado responsable. Conforme a esas premisas normativas y atento a que el acto se hace consistir en la omisión y negativa de acordar y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, dentro de la causa penal *****/2020; es claro, que dicho acto de autoridad es susceptible de ser combatido por el medio legal que establecen las leyes ordinarias, previo a la interposición del juicio de amparo, en particular a través del recurso de queja, previsto en el artículo 135 del Código de Nacional de Procedimientos Penales. Es así ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en su artículo 135 el recurso de queja, el cual procede en contra del juzgador de primera instancia (en el caso juez del Tribunal de Enjuiciamiento), por no realizar un acto procesal dentro de los plazos establecidos en dicha codificación, por lo que, en contra de dicha omisión, la parte quejosa debió interponer dicho medio de impugnación, previo a la presentación del presente juicio de amparo; ello, porque es el medio idóneo procedente para que el tribunal competente tramite y resuelva en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables a efecto de que se realice el acto omitido. En efecto, del artículo 135 antes transcrito, se advierte que la queja será interpuesta ante el juzgador omiso, quien contará con un plazo de veinticuatro horas para subsanar la omisión, o en su caso, realizar un informe precisando las razones de la dilación, el que deberá remitir al órgano competente. Asimismo, refiere que la autoridad competente tramitará y resolverá el recurso en un plazo no mayor a tres días, debiendo limitar su resolución a que se realice el acto omitido. Bajo ese panorama, si en el caso la parte quejosa reclamó la dilación procesal vinculada con la omisión y negativa de acordar y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, dentro de la causa penal ****/2020, de su índice, es evidente que, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa antes señalado. Máxime que la queja prevista en el numeral supracitado, puede ser promovida por cualquier parte del procedimiento, y procede precisamente en contra del juez de primera instancia por no realizar un acto procesal y, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, la resolución que en su caso se dicte, se limitará a los actos omitidos por la responsable; de ahí que dicho recurso es idóneo para impugnar tales omisiones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/4 P (11a.), con número de registro digital 2025770, emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, materias Común, Penal, de rubro y texto: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de "Recursos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado "Jueces y Magistrados". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de "Recursos" del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de "interpretación" el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido. Entonces, de resultar fundados los motivos de disenso que en su caso alegara la quejosa en el recurso de queja, el tribunal competente puede determinar en su resolución que se realice el acto omitido (señalar fecha y hora para la audiencia de debate); por lo que, es claro que la solicitante de amparo al tener el carácter de parte procesal (víctima) y estar legitimada para interponer el recurso de queja, tiene la obligación de agotar el medio ordinario de defensa correspondiente, en contra del acto que considera violatorio de derechos, previo a la promoción del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, visible en página 902, Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". A más, la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violación de preceptos constitucionales, no releva a la parte quejosa de la obligación de tramitar, en los casos en que proceda, los recursos contemplados en la ley ordinaria, pues de lo contrario, como se asentó, en cualquier circunstancia a criterio del impetrante de amparo, por el sólo hecho de señalar que se violan preceptos constitucionales en su perjuicio, podría acudir directamente al juicio de amparo, sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Por lo que, al no haberlo hecho así, se insiste, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues no se observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto jurídico. Así, el acto que se reclama en este juicio debe impugnarse previamente a través del recurso previsto en la legislación de la materia (queja), pues, además, no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; ya que la omisión reclamada no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, la quejosa no es tercera extraña al procedimiento penal de origen, ya que de acuerdo a los hechos narrados en la demanda se advierte es parte procesal (víctima), en la causa penal 772/2020, del índice del juzgado responsable. De ahí que, se concluye, al no agotar la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, ni encontrarse en los casos de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, incisos a, b, c y d, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Además, la procedencia del recurso de queja no se encuentra sujeta a una interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, ya que el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece claramente y sin lugar a dudas la procedencia de dicho medio de impugnación, en contra del juzgador de primera instancia, por no llevar a cabo los actos procesales dentro de los plazos establecidos en la citada codificación, y puede ser interpuesto por cualquiera de las partes. Ahora, conforme a lo expresado por la parte quejosa en el escrito que se atiende, la omisión reclamada tiene lugar dentro de un procedimiento, como lo es la causa penal ****/2020, cuya tramitación se encuentra regulada por la legislación procesal aludida, que además, contempla la existencia, idoneidad y eficacia de recursos, como el enunciado con anterioridad, cuya finalidad es subsanar la desatención mostrada del Juez rector de aquél, de realizar determinado acto procesal dentro del plazo señalado por tal codificación, que pueden ser promovidos por las partes que intervienen en el asunto, como en el caso lo es la promovente, para rectificar dicha circunstancia, en la inteligencia de que el cuerpo normativo de marras, no excluye su interposición a capricho de las partes. Ahora, si bien existen actos contra las cuales puede promoverse juicio de amparo, sin ser necesario agotar un medio de defensa ordinario, la legislación de esa materia es precisa en señalar cuáles son susceptibles de ello, quedando apuntadas con anterioridad, sin que la omisión que aquí se impugna se encuentre dentro de tales hipótesis. De ahí que, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario establecido por la ley que rige el acto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior tiene sustento en el criterio de jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017117, de rubro: "DEFINITIVITAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." La notoria improcedencia de la demanda se corrobora porque aun cuando se admitiera la demanda y se tramitara todo el juicio en sus etapas, la conclusión alcanzada sería la misma en la sentencia; por lo que admitir el juicio y darle trámite a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de derechos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el demandante de amparo promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Domicilio y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la promovente del amparo en el escrito de demanda, y por autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Fortino López Vásquez, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; a Sahary Santiago Martínez, ya que no obstante que su cédula profesional, no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, de la consulta efectuada en la liga de internet del Registro Nacional de Profesionistas (sep.gob.mx), se desprende que la misma, se encuentra debidamente registrada ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y, a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones. Se autoriza usuario Por otra parte, respecto a que se le autorice para que pueda consultar el expediente electrónico que deriven del mismo, proporcionando para tal objeto el registro de usuario "FortinoLopez"; en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario: Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, se instruye al oficial judicial A, para que realice el alta correspondiente del citado usuario. Respecto al correo electrónico que proporciona la parte quejosa, dígasele que no ha lugar a tenerlo como medio para comunicaciones oficiales, toda vez que conforme a los párrafos que anteceden proporcionó un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que tiene acceso a actuar desde ese Portal, conforme a lo establecido en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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