Talpa Betzary Leyva Flores

Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
742/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Talpa Betzary Leyva Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 del mismo ordenamiento legal. En virtud de lo anterior, bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, archívese este asunto como totalmente concluido; asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente expediente no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el numeral 15 del citado acuerdo y es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el inciso a), del artículo 21 del mismo ordenamiento.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se agregó el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia digitalizada del acuerdo de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Laboral Burocrático 413/2020-II. Ahora, conviene recapitular que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas, en el juicio laboral de origen. De acuerdo con ello, el análisis del oficio de cuenta y su anexo permite advertir que durante la tramitación del presente juicio, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, en relación con la solicitud de su escrito de demanda presentada ante este órgano jurisdiccional, el catorce de julio de dos mil veintiuno, en el sentido que la responsable emitiera el acuerdo de admisión de pruebas dentro del Juicio Laboral Burocrático 413/2020-II, del oficio de cuenta, se desprende que el doce de agosto del presente año, el tribunal responsable proveyó respecto al acuerdo de admisión de pruebas en el citado juicio laboral, lo cual se estima congruente con lo solicitado. Documental a la que se atribuye valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia pues sí bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -catorce de julio de dos mil veintiuno-, el tribunal responsable había omitido acordar respecto del auto que admite las probanzas ofrecidas por ambas partes en el juicio laboral de origen, en contravención del derecho de petición tutelado por el artículo 17 constitucional, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que se emitió el acuerdo correspondiente. De ahí que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la responsable emitió el acuerdo de admisión de pruebas en el juicio de origen de donde deriva el acto que reclama la aquí quejosa; por tanto, ello se traduce en la terminación de las consecuencias del acto reclamado, lo que permite sobreseer en el presente sumario constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del presente juicio, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con quince minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que el sobreseimiento decretado implique inobservancia a la jurisprudencia 2a.J./ 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, toda vez que en el caso se actualiza el caso de excepción para ello, es decir, por cuanto una vez que el quejoso tiene conocimiento de la respuesta recaída a su petición, en caso de estimarlo insuficiente a su interés, tiene expedito su derecho para acudir ante la instancia correspondiente a impugnar dicho acto.

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno..." Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se agregó el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia digitalizada del acuerdo de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Laboral Burocrático 413/2020-II. Ahora, conviene recapitular que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas, en el juicio laboral de origen. De acuerdo con ello, el análisis del oficio de cuenta y su anexo permite advertir que durante la tramitación del presente juicio, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, en relación con la solicitud de su escrito de demanda presentada ante este órgano jurisdiccional, el catorce de julio de dos mil veintiuno, en el sentido que la responsable emitiera el acuerdo de admisión de pruebas dentro del Juicio Laboral Burocrático 413/2020-II, del oficio de cuenta, se desprende que el doce de agosto del presente año, el tribunal responsable proveyó respecto al acuerdo de admisión de pruebas en el citado juicio laboral, lo cual se estima congruente con lo solicitado. Documental a la que se atribuye valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia pues sí bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -catorce de julio de dos mil veintiuno-, el tribunal responsable había omitido acordar respecto del auto que admite las probanzas ofrecidas por ambas partes en el juicio laboral de origen, en contravención del derecho de petición tutelado por el artículo 17 constitucional, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que se emitió el acuerdo correspondiente. De ahí que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la responsable emitió el acuerdo de admisión de pruebas en el juicio de origen de donde deriva el acto que reclama la aquí quejosa; por tanto, ello se traduce en la terminación de las consecuencias del acto reclamado, lo que permite sobreseer en el presente sumario constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del presente juicio, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con quince minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que el sobreseimiento decretado implique inobservancia a la jurisprudencia 2a.J./ 205/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, toda vez que en el caso se actualiza el caso de excepción para ello, es decir, por cuanto una vez que el quejoso tiene conocimiento de la respuesta recaída a su petición, en caso de estimarlo insuficiente a su interés, tiene expedito su derecho para acudir ante la instancia correspondiente a impugnar dicho acto.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese con vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, el oficio firmado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, sin perjuicio de dar nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, se le tiene a la autoridad en mención, designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas señalados para tal efecto, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual manera, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo las constancias con las que apoya su informe justificado. Por otra parte la autoridad promovente señala como correo electrónico y número telefónico los que indica en su oficio, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente juicio. A lo que este Juzgado toma el debido conocimiento.

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