Talia Lizette Blanco Dagda
Expediente 8/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Talia Lizette Blanco Dagda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de depuración, en términos de los artículos 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. Acuérdese lo que en derecho corresponda. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con veinte minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y su anexo, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público del Federación adscrita. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que el agente del ministerio público federal adscrito formuló alegatos. El Juez acuerda: Ténganse por reproducidas las manifestaciones y por perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Talia Lizette Blanco Dagda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Separación de demanda. La demanda de amparo se turnó a al Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna. Previa admisión y tramitación del juicio de amparo 641/2021, el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, separó el juicio de amparo en ocho demandas, correspondiendo conocer a este juzgado por lo siguiente: Providencias precautorias 1031/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil, del Distrito Judicial de Torreón. Radicación. Por auto de seis de enero de dos mil veintidós, se radicó la demanda a trámite, se registró con el número estadístico 8/2022-VIII, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional y se dio vista al Ministerio Público de la Federación, toda vez que el presente asunto había sido admitido y se encontraba integrado. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, se reanudó el presente asunto y se fijó fecha para celebrar audiencia constitucional. Seguido el trámite se celebró la audiencia constitucional conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta al tratarse de un acto emitido por una autoridad residente en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, satisfaciéndose la competencia por razón de grado, materia y territorio. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa y de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa, reclama lo siguiente: La falta de emplazamiento a las providencias precautorias 1031/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil, del Distrito Judicial de Torreón. La orden de retiro de circulación de seis camiones. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la orden de retiro de circulación de seis camiones, pues del informe justificado y de las constancias anexas, se advierte que se ordenó un embargo de cuentas bancarias y no la referida orden de retiro de circulación de seis camiones. En efecto, ante dicha inexistencia, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". En ese sentido, no obstante el conocimiento oportuno que de las constancias existentes en el sumario tuvo la parte peticionaria del amparo, no se advierte que hubiere rendido prueba alguna eficaz tendente a demostrar la existencia de ese acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 3a./J. 35/90, sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VI, primera parte, julio-diciembre de 1990, página 186, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizarla, el quejoso debe demostrar la existencia de esa conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la imposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógica ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones". En efecto, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en las providencias precautorias 1031/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, ordenó la retención de hasta por $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional) de alguna cuenta bancaria de la aquí quejosa, y ordenó girar oficios a diversas instituciones bancarias con dicho objetivo. Luego, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibido un escrito de la parte actora, en el que solicitó dejar sin efectos las providencias precautorias decretadas, por lo cual, la responsable, giró oficio a las instituciones financieras a fin de cancelar el embargo descrito en el párrafo que antecede. Finalmente, el veintitrés de octubre de dos mil veinte, la responsable ordenó el archivo de dicho expediente, por la falta de interés de las partes. De modo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta al acto reclamado a la autoridad responsable consistente en el retiro de circulación de seis camiones. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Sexta Época, tomo VI, común, página 236, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de la quejosa a las providencias precautorias 1031/2018, ya que no se ordenó el emplazamiento de la parte quejosa a dicho expediente. Cuestión que se corrobora con las constancias que en copia certificada allegó la autoridad responsable, correspondiente al expediente de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2°. Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)" La citada causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la Justicia Federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental que le haya sido violado, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En la especie, la quejosa reclama la falta de emplazamiento a las providencias precautorias 1031/2018. Sin embargo, como quedó precisado en el considerando que antecede en obvio de repeticiones, se ordenó y se canceló un embargo de cuentas bancarias a nombre de la quejosa como providencias precautorias sin llamarla a dicho sumario; y, finalmente se ordenó el archivo del mismo por falta de interés de la parte actora. En ese orden de ideas, al no existir materia en las providencias precautorias de origen, no podría materializarse la restitución del derecho fundamental que estimó la quejosa fue transgredido. Así se patentiza la causal de improcedencia en estudio, pues subsiste el acto reclamado, esto es, la falta de emplazamiento a las providencias precautorias; sin embargo, ello ya no puede producir algún efecto jurídico, al haberse cancelado el embargo y archivado el expediente por falta de interés de la actora. Cabe destacar que, con posterioridad a lo antes señalado, en las referida providencia precautoria, se tuvo por recibido el exhorto 45/2021, del índice del Juzgado Décimo de lo Civil, con residencia en Ciudad de México, donde se desprende el requerimiento de los automotores que señala la quejosa en su demanda de amparo, dirigido en contra de Juan Carlos Martínez Morales; sin embargo, el Juez Quinto de Distrito en La Laguna, en el referido acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en que separó en ocho demandas el juicio de amparo 641/2021 de su índice, lo hizo también por lo relativo al citado exhorto 45/2021. Ahora, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, en el juicio de amparo 9/2022. Por tanto, si a aquél órgano jurisdiccional le correspondió conocer del exhorto en donde se ordenó la retención de los vehículos que manifestó la quejosa así como la falta de emplazamiento al mismo, es claro que, para efectos de la demanda que correspondió conocer este órgano jurisdiccional, los actos reclamados por un lado resultaron inexistentes y por otro subsiste la falta de emplazamiento pero no puede surtir efecto legal alguno. Decisión que se afirma, con el propósito de no dictar sentencias contradictorias, pues de analizar la existencia de los actos reclamados derivado del exhorto, sería tanto como realizar pronunciamiento de una demanda que derivado de la separación realizada por el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, le correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna. Así, a pesar de seguir vigente la omisión reclamada, no puede surtir efecto legal alguno, por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a uno de febrero de dos mil veintidós. Escrito. Por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones. Acuerdo. Atento a lo anterior, dígase al compareciente que no ha lugar acordar de conformidad sus solicitud, toda vez que no acreditó ser apoderado jurídico de la parte quejosa para efecto de recoger el cheque expedido por la autoridad responsable Recaudador de Rentas en Lerdo, Durango, dado que no adjuntó la carta poder que refiere en su escrito de cuenta, mediante la cual la parte quejosa manifieste dicha intención. Notifíquese.
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