Taily Chang Bence
Expediente 1384/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Taily Chang Bence
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el uno de julio de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 1384/2022-I-B, promovido por TAILY CHANG BENCE; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; recibido, el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció TAILY CHANG BENCE a solicitar la protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuaria de su adscripción, ambas con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto de la demanda de amparo. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 1384/2022-I-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por una parte, se desechó parcialmente por los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, al considerarse como tácitamente por consentidos. Por otra parte, se admitió a trámite únicamente respecto al acto reclamado a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, se solicitó su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la remisión del informe justificado rendido por la autoridad responsable, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado resulta ser cierto, tal como se advierte de lo manifestado por la autoridad responsable en su informe de ley, pues a pesar de que señaló inicialmente que no es cierto, con posterioridad realizó manifestaciones de las que se evidencia su certeza, como más adelante se precisará. Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando se tiene por manifiesta la existencia del acto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así de la lectura íntegra del escrito de demanda, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: La omisión de emplazar a las demandadas: Juega y Juega, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sistemas Integrales de Seguridad y Telecomunicaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Aiscor, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio de origen. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, (promoción 14148), pues así lo manifestó expresamente al rendir su respectivo informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la demandada AISCOR, Sociedad Anónima de Capital Variable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En ese orden de ideas, para establecer la naturaleza de la causa de improcedencia en comento conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido conculcadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio, que condicionan la misma a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio constitucional que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el mencionado acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación de la que emanaba la prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 189 del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En la especie, de las copias certificadas del referido juicio laboral, que la actuaria responsable allegó a este Juzgado, las cuales hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la propia ley. Se advierte que en fecha veinte de junio del año en curso, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por no interpuesta la demanda interpuesta en contra la persona moral ASICOR, Sociedad Anónima de Capital Variable. Luego, si la procedencia del juicio de amparo se condiciona, como se puntualizó en párrafos precedentes, a la circunstancia de que la sentencia concesora que en su caso se llegare a dictar pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional; es inconcuso, en las condiciones apuntadas, que aun cuando la omisión reclamada subsiste, el objeto o materia del mismo ha dejado de existir, al haberse dejado de tener como parte demandada a la persona moral ASICOR, Sociedad Anónima de Capital Variable. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley; lo cual impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Actualización de diversa causal de improcedencia. En el caso a estudio, respecto al emplazamiento de las demandadas Juega y Juega, Sociedad Anónima de Capital Variable y Sistemas Integrales de Seguridad y Telecomunicaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias remitidas en el informe justificado, se advierte que el veinte de junio del presente año, la actuaria responsable, realizó el emplazamiento de las demandadas Juega y Juega, Sociedad Anónima de Capital Variable y Sistemas Integrales de Seguridad y Telecomunicaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable. Todo lo cual, se acreditó con las constancias respectivas, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Cabe precisar que dichos actos de autoridad acontecieron durante la sustanciación del presente juicio de amparo, considerando que la demanda se presentó el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia invocada. Por lo antes expuesto, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante, la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce del derecho humano que estimó violado, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto al citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley; lo cual impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por TAILY CHANG BENCE en contra del acto que reclamó de la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por TAILY CHANG BENCE, en contra del acto que reclamó de la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. En relación con la publicación de datos personales, estese a lo señalado en el considerando sexto de este fallo. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto: toda vez que el Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México, aún no rinde su informe previo, ni obra constancia en autos de que hubiese recibido el oficio a través del cual se le solicitó. Por lo tanto, es claro que por el momento no es factible llevar a cabo la audiencia señalada para tener verificativo en este propio día. Ahora bien, no obstante que el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad responsable se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rinda su informe previo en el término aludido, a fin de evitar posteriores diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 546/2022-II-B, promovido por ********************representante de la menor de edad ********************. ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************representante de la menor de edad ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de las siguientes autoridades 1.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos mexicanos. 3.- Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. 4.- Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán. 5.- Coordinador Estatal de vacunación en el Estado de Yucatán, Capitán de Corbeta ******************** (Hospital Naval de Yucalpetén, con sede en Progreso). SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se dejó de tener como autoridades responsables al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, por las razones ahí plasmadas; asimismo se admitió a trámite la demanda por las restantes autoridades responsables, la cual quedó registrada con el número 546/2022-II-B. En tal virtud, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de incluir a la parte quejosa en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19; así como de informar los días, horarios y lugar en que se aplicarán las dosis de la vacuna autorizada, lo que conlleva a la discriminación de la parte menor quejosa y en vía de consecuencia pone en riesgo la salud de la misma. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (promoción 10572) con sede en la Ciudad de México, y al Gobernador Constitucional del Estado (promoción 6897) con sede en esta ciudad; toda vez que así lo manifestaron al rendir informe justificado; sin que la parte quejosa desvirtuara su negativa. En consecuencia, resultan inexistentes los actos reclamados respecto de dichas autoridades, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de las mismas, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Secretario de Salud residente en la Ciudad de México (promoción 10603), al rendir su informe justificado, negó los actos reclamados. Sin embargo, al tratarse de actos de naturaleza omisiva, corresponde la carga de la prueba a la autoridad responsable para demostrar que no incurrió en las omisiones que le atribuyó la quejosa, pues existe una presunción de inconstitucionalidad que la autoridad debe desvirtuar, por lo que se encuentra legalmente constreñida a acreditar que actuó dentro del marco de facultades que le otorga la normatividad que la rige. Ahora bien, de los actos reclamados se puede advertir que establecen la participación de la autoridad responsable, dentro de su respectivo ámbito competencial, para la implementación de las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2, que ocasiona la enfermedad Covid-19. Por tanto, para efectos del presente capítulo, deben tenerse por ciertos los actos reclamados, en cuanto a la participación que corresponde a la autoridad responsable en la emisión e implementación de las citadas acciones extraordinarias, así como en emisión y ejecución de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México. En lo conducente, resultan aplicables las tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.) y 1a. XXIV/98 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario." "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Por lo que respecta a la autoridad responsable Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación COVID-19, "Operativo Correcaminos", con residencia en Yucalpetén, Yucatán, toda vez que fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada de su requerimiento como se advierte de la constancia de notificación correspondiente que obra en autos, de donde se desprende que el plazo de quince días para presentar informe justificado transcurrió sin que lo rinda. En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume como cierto el acto que se le atribuye, sin que haya lugar a requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello se le estaría concediendo una nueva oportunidad, no prevista en la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página mil trescientos sesenta y tres, Marzo de dos mil dos, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 187512, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, el Secretario de Salud Federal al rendir su informe justificado, hizo valer las siguientes causales de improcedencia: Inexistencia de los actos. Las autoridades responsables, hicieron valer la causa de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, al aducir que los actos reclamados son inexistentes; sin embargo, la misma resulta infundada en atención a lo siguiente: El artículo 63, fracción IV de la legislación de la materia dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Del numeral en cita se desprende que, deberá sobreseerse el juicio cuando no existan los actos reclamados, o en su defecto, no se aporte medio de prueba que acredite su existencia. No obstante, como ya se adelantó, la misma deviene infundada, pues como quedó evidenciado en el considerando cuarto de esta resolución, los actos reclamados al Secretario de Salud y Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, sí existen, atento a que, dicha potestad tiene participación directa en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la Covid-19; y, por tanto, en la obligación de vacunar al menor quejoso. Acto consumado. Las autoridades responsables afirman que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados constituyen un acto consumado de modo irreparable. Ahora bien, cabe precisar que los actos reclamados consistentes en la omisión de incluir al grupo etario al que pertenece la menor ********************, en la "Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", así como la omisión de proveer al menor quejoso el esquema de vacunación contra el Virus SARSCoV-2, para la prevención de la COVID-19, es de tracto sucesivo, ya que la abstención de actuar por parte de la autoridad responsable en términos de las atribuciones que legalmente tiene, no se consuman en un solo evento, sino que produce efectos día a día hasta en tanto se realice una conducta positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a los derechos humanos a la salud y la vida, tutelados en los artículos 4º de la Constitución Federal, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, las omisiones combatidas no pueden considerarse como un acto consumado de modo irreparable para efectos del juicio de amparo, máxime que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tiene por objeto obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, aún tratándose de actos omisivos, de ahí que no se actualiza dicha causa de improcedencia. Definitividad. Las responsables hacen valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, argumentando que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previo a instar el juicio de amparo. El principio de definitividad que impone el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conlleva a la procedencia del juicio de amparo si previamente se hicieron valer los recursos o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales el acto reclamado podría ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, dicho principio prevé excepciones reguladas en la propia Ley de Amparo. En ese sentido, se actualiza una excepción al principio de definitividad, toda vez que los actos que reclama la parte quejosa consistentes en la omisión de incluirlo en la Política Nacional de Vacunación, así como la omisión de proveerle el esquema de vacunación contra el Virus SARSCoV-2, para la prevención de la COVID-19, los hace depender de una violación directa a la constitución, ya que se duele de que dichos actos transgreden el derecho a la salud previsto en el artículo 4 constitucional. En consecuencia, es infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, propuesta por la responsable, ya que no es obligatorio para el peticionario del amparo haber agotado los medios ordinarios de defensa en contra de las omisiones reclamadas al ubicarse en un supuesto de excepción. Interés Jurídico. Las autoridades responsables también alega que es improcedente el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que la autorización, revisión y aprobación del documento rector de vacunación no causa ningún perjuicio a la parte quejosa. Para resolver esa proposición se debe tener en cuenta que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de tales derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona, por lo que el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente que es titular del derecho que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, el quejoso sí acreditó su interés jurídico para promover el juicio de amparo, toda vez que la "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS- COV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", versión 9.0 de veinticinco de enero del dos mil veintidós, no contempla a los menores de cinco a once años de edad, grupo etario al que pertenece el menor quejoso que cuenta con siete años cumplidos a la fecha de emisión de esta sentencia, conforme al acta de nacimiento que anexó a su demanda. Asimismo, no obstante de que se inició la vacunación en esta ciudad para los adolescentes de doce a diecisiete años de edad, lo cierto es que en autos no está acreditado que la quejosa haya recibido el esquema completo de vacunación al contar con once años de edad. Lo que evidencia que los actos reclamados inciden en la esfera jurídica de demandante, al pertenecer al grupo etario que no se contempló en el documento rector de vacunación para la aplicación del esquema de vacunación, con lo que la parte quejosa acredita fehacientemente el perjuicio que le causan los actos reclamados y por tanto, su interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, no se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Imposibilidad de concretizar los efectos del amparo. Las responsables hacen valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues afirma que no sería posible concretizar los efectos del amparo respecto de la inaplicación de una norma general. La causa de improcedencia que invocan las autoridades responsables es infundada, puesto que la pretensión de la parte quejosa no es que se inaplique la Política Nacional de Vacunación, sino su inclusión en la misma para que de concederse el amparo sea considerado en una etapa próxima para acceder a la vacuna, lo que evidencia la posibilidad de concretizar los efectos del amparo que pudiera otorgarse al ser vacunada, en términos del citado numeral 77 de la Ley de Amparo. Relatividad de las sentencias. Las autoridades responsables también alega que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 73 de la Ley de Amparo, argumentando que de otorgarse la protección federal se estaría transgrediendo el principio de relatividad de las sentencias. No asiste razón a las autoridades responsables, pues como se analizará más adelante no se trata de una declaración general respecto de las omisiones reclamadas, sino de un pronunciamiento respecto del quejoso en cuanto a su inclusión a la Política Nacional de Vacunación y su posible vacunación, sin que se advierta que la sentencia pudiera tener efectos más allá del caso concreto analizado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Tomo 2, Abril de 2012, página 1060, que dispone: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." Por otro lado, las autoridades responsables alegan que la Política Nacional de Vacunación que se reclama es un procedimiento soberano atribuido exclusivamente al Presidente de la República y al Congreso de la Unión y que al no tratarse de una legislación secundaria es improcedente el juicio de amparo. Es infundada la actualización de esa causa de improcedencia, toda vez que la Política Nacional de Vacunación no constituye un acto soberano o discrecional del Presidente de la República y al Congreso de la Unión pues, como ya se dijo, es emitido por diversas autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud, aunado la responsable hace depender dicha causa de cuestiones relacionadas con el fondo del asunto como es la violación de derechos constitucionales de la parte quejosa, lo que en todo caso corresponde analizar en el fondo del asunto. Encuentra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187973, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, página 5, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Al no existir otra causa de improcedencia pendiente de análisis y en atención a la técnica que rige al amparo, lo que procede es entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, además de que ello no resulta necesario, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Son fundados los motivos de disenso expresados por la parte quejosa en su demanda de amparo, y suficientes para concederle el amparo y protección de la justicia federal que solicita. La parte quejosa aduce, en esencia, que se viola en perjuicio de su hija que representa el contenido de los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se excluye a los niños y niñas menores de doce años de la política nacional de vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, con lo que se discrimina a dicho sector poblacional, haciendo nugatorio su derecho a la salud. Refiere que las autoridades responsables al omitir regular lo relativo a la aplicación de la vacuna para la población de entre cinco a once años de edad, trastoca el derecho a la salud del menor, pues limita la posibilidad a estar protegidos de contraer el virus del SARS-CoV-2 (COVID- 19) y, en su caso, de evitar hospitalización a causa de la referida enfermedad o la muerte. Sostiene, que no existe justificación alguna para el trato diferenciado que reciben los menores de edad, quienes no son considerados para la aplicación inmediata de la vacuna, vulnerándose en su perjuicio no sólo los derechos de protección a la salud y la vida, sino también los principios relativos al interés superior del niño y de no discriminación. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, en principio se toma en cuenta que la menor quejosa cuenta con diez años de edad a la fecha en que se resuelve, como se acredita con el acta de nacimiento que se exhibió con la demanda de amparo presentada a su favor por su madre; motivo por el que se encuentran en un estado especial de vulnerabilidad; y, por ende, su interés superior es eje rector de las decisiones que le afecten. A efecto de determinar si asiste o no razón a la parte menor quejosa, es preciso traer a cuenta las siguientes consideraciones: Conforme a los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos. De igual forma, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Para el caso, es relevante la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 159897, de título, subtítulo y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: [.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.]" En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: "Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: [.] IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; los sistemas nacional y estatales de salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]" Los citados preceptos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio del interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Aunado a lo anterior, es menester traer a contexto las consideraciones expuestas por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis ********************, en la que se pronunció sobre el derecho de los menores de edad a la protección de su salud y, por ende, de su vida. En particular, resaltó que, tratándose de los menores de edad, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce tales derechos en su artículo 24, precisando que el niño tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, y a los servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de su salud; mientras que el artículo 4º Constitucional, en su párrafo noveno, precisa el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades de salud, entre otras. La salud entraña el bienestar físico, mental y social de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como a la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida; por lo que constituye un bien público. Como derecho fundamental, tiene un contenido muy amplio que abarca diferentes vertientes, y que genera para el Estado deberes de respeto, de promoción, y de garantía de su cumplimiento. Explicó que la salud entraña el bienestar físico, mental y social de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como a la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida; por lo que constituye un bien público, y que, como derecho fundamental, tiene un contenido muy amplio que abarca diferentes vertientes, y que genera para el Estado deberes de respeto, de promoción, y de garantía de su cumplimiento. Reiteró que ha señalado que el derecho a la protección de la salud consiste en ".la posibilidad de las personas de disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud, por lo que el Estado Mexicano tiene la obligación de respetar ese derecho y darle una efectividad real, garantizando servicios médicos en condiciones de: disponibilidad y accesibilidad, física y económica; así como el acceso a la información, aceptabilidad y calidad." Refirió que la Ley General de Salud, como ley reglamentaria del artículo 4º Constitucional en materia de salud, señala que el derecho a la protección de la salud tiene, entre sus finalidades, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. En cuanto a la promoción de la salud, expuso que la Organización Mundial de la Salud, en términos generales señala que ésta permite a las personas tener un mayor control sobre su propia salud, y abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individual mediante acciones de prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrarse únicamente en el tratamiento y la curación. En el mismo sentido, la Organización Panamericana de la Salud, destaca que la promoción de la salud necesariamente requiere enfoques participativos, de colaboración entre los individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones, para crear las condiciones que garanticen la salud y el bienestar para todos. Asimismo, refirió que, si bien el abordaje de la promoción de la salud también es amplio, multifactorial, y con diversos enfoques (sociales, políticos, económicos, etcétera) en tanto que evidentemente se concentra en el ámbito público busca trascender al plano de la salud individual, ésta no deja de ser su objetivo último; y que uno de los componentes de la promoción de la salud, es el de la prevención de las enfermedades, y primordialmente de aquellas que por su incidencia son consideradas como problemas de salud pública, así como de aquellas transmisibles que implican riesgos epidémicos y que, por ende, inciden en la salubridad general. Que, la prevención de la enfermedad, en términos clínicos, básicamente se propone evitar o reducir la exposición de la persona en lo individual y de la población en general, a las causas conocidas y evitables respecto de una determinada enfermedad, por medio de intervenciones apropiadas, para evitar su aparición como una primera etapa de prevención; y en una segunda fase, busca su detección y tratamiento oportuno para evitar su avance. Y, en todo caso, la prevención de la enfermedad implica identificar los factores de riesgo y aplicar medidas correctivas; insistiendo en que, la prevención de enfermedades atañe tanto a las instituciones de salud (públicas y privadas) como integrantes del Sistema Nacional de Salud en su quehacer propio; como a la población en general y a cada persona en lo individual, pues es un aspecto básico del derecho a la salud que indefectiblemente requiere de la voluntad particular en el cuidado de la propia salud. En el caso de menores de edad, recordó que de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, éstos tienen derecho a las medidas de protección que en su condición de menores requieren por parte de su familia, la sociedad y el Estado; y que de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado debe asegurarles la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores, o personas responsables de ellos ante la ley, adoptando las medidas necesarias de toda índole para lograrlo, y respetando las responsabilidades de los padres, la familia ampliada y en su caso, la comunidad, de impartir a los menores dirección y orientación apropiadas conforme a su condición, para que ejerza los derechos reconocidos en este instrumento. En este sentido, respecto de los menores de edad, dijo que la asunción de responsabilidad sobre el cuidado de su propia salud y la prevención de enfermedades, necesariamente se ha de generar en función de su edad y grado de madurez física y mental, y de la información y formación que reciban de los adultos en los ámbitos familiar, escolar y social al respecto, conforme a su autonomía progresiva. Por tanto, los menores de edad, requerirán de mayor protección e intervención de quienes ejercen sus cuidados para procurarles el más alto nivel posible de salud y, desde luego, para proteger su vida; y viceversa, en la medida de su crecimiento y evolución de su autonomía, mayor habrá de ser su protagonismo en el cuidado y toma de decisiones sobre su propia salud; esto, desde luego, sin menoscabo de los deberes de los progenitores y del propio Estado, en la garantía y protección de ese derecho. En este contexto, acorde con el referido principio de interés superior del menor en materia de salud, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID-19) y la falta de vacunación son dos factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis 1a. CXXII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2000988, cuyo título, subtítulo y texto es: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos." Así como la tesis 1a. LXXXII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2008547, cuyo título, subtítulo y texto es: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores." Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que entre los servicios de salud se encuentra la atención médica, misma que comprende actividades informativas, preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos necesarios correspondientes al cuadro básico de insumos del sector salud. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 50/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 167530, de título, subtítulo y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud." Y la tesis P. XIX/2000, emitida por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 192160, de título, subtítulo y texto siguientes: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." De lo anterior, se colige que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que, para dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, en el marco de la salud, los Estados deben crear un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios médicos (de salud), estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. Es decir, los Estados tienen la obligación de regular, permanentemente, la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de los servicios de salud públicos de calidad, asegurando que los profesionales reúnan las condiciones necesarias para su ejercicio, de tal manera que se retraiga cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud. Así, puede decirse que los Estados tienen, en materia de salud, las obligaciones siguientes: - De supervisión: analizar constantemente la prestación del servicio tanto en instituciones públicas como privadas, para proteger el bien respectivo. - De disponibilidad y accesibilidad: lograr, de manera progresiva, que todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción tengan acceso a las instituciones de salud, cuestión que implica que dichas personas sean atendidas oportunamente y que se les brinde el tratamiento o el medicamente necesario en todo momento. - De calidad en el servicio: que las condiciones sanitarias y el personal de las instituciones de la salud sean los adecuados, que estén debidamente calificados o capacitados y que se mantengan aptos para ejercer la profesión. Asimismo, lo que en el caso también se dilucidará es si la exclusión de los menores de doce años en la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-195, conlleva violación a sus derechos a la igualdad y no discriminación previstos en el artículo 1 de la Constitución Federal, en relación con su derecho a la Salud. El citado precepto constitucional en lo que interesa establece: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." El dispositivo constitucional establece que los derechos reconocidos en el Pacto Federal son inherentes a todas las personas, quienes no pueden ser discriminadas por motivo alguno, como puede ser por la edad que ostenten. Asimismo, establece la directriz hacia las autoridades integrantes del Estado mexicano de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, lo que implica realizar las acciones necesarias a efecto que estos sean efectivos en beneficio de las personas. En ese contexto resulta necesario explicar los derechos de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo señalado. Igualdad y no discriminación. En la connotación jurídica la igualdad se entiende como "la posibilidad de que gozan las personas que se encuentran colocadas en un supuesto legal determinado de adquirir los mismos derechos y contraer las mismas obligaciones, es decir, de ser tratadas de la misma manera." Definición de la que se obtiene que el objetivo de la igualdad es que las personas sean tratadas de manera equitativa, partiendo de los atributos de cada una para lograr un equilibrio en la sociedad, es decir, que el Estado no introduzca distinciones, salvo que sean razonables y justificables constitucionalmente. Por su parte la discriminación entendida como el acto de distinción y diferenciación sin que sea sustentada en una finalidad razonada, y objetiva, con lo que se hace nugatorio el ejercicio de un derecho humano. Aunado a ello, debe señalarse que no todo trato diferenciado resulta discriminatorio y violatorio del derecho de igualdad, ya que si dicha distinción es objetiva y razonada en aras de proteger a un grupo social, o bien de maximizar para lograr un equilibrio, como lo son las denominadas acciones afirmativas, ello encuentra una justificación acorde al propio numeral 1 de la Constitución Federal. Orienta lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en Septiembre de dos mil dieciséis, Tomo I, Libro treinta y cuatro, página ciento doce, Décima Época, con número de registro 2012594, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta." Así como el diverso criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto dos mil doce, Tomo 1, página cuatrocientos ochenta y siete, con número de registro 2001341 que establece: "IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. Si bien es cierto que estos conceptos están estrechamente vinculados, también lo es que no son idénticos aunque sí complementarios. La idea de que la ley no debe establecer ni permitir distinciones entre los derechos de las personas con base en su nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social es consecuencia de que todas las personas son iguales; es decir, la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad. Así pues, no es admisible crear diferencias de trato entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza; sin embargo, como la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad prevista por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, más que un concepto de identidad ordena al legislador no introducir distinciones entre ambos géneros y, si lo hace, éstas deben ser razonables y justificables." Una vez referidos los derechos de igualdad y no discriminación, debe señalarse que uno de los grupos sociales que requieren mayor protección debido a su estado de vulnerabilidad es el de los niños, niñas y adolescentes, por lo que se impone al Estado el realizar todas aquellas acciones necesarias a efectos de garantizar y proteger los derechos humanos inherentes a dicho grupo, así como realizar el máximo de acciones a efecto de salvaguardar su integridad física, moral, psicológica, y en general potenciar su adecuado desarrollo en todos los aspectos. Para lograrlo, una de las obligaciones primarias consiste en garantizar el máximo acceso al disfrute del derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes. En esa directriz, en el presente asunto convergen dos figuras trascendentales en la protección de los derechos humanos, a saber: el interés superior de los menores de edad -parte quejosa- como criterio rector para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y, el derecho a la salud que se pone en peligro mientras subsistan las omisiones que se reclaman en la demanda de amparo, los cuales ya han quedado definidos en líneas precedentes. Ahora bien, expuestas las pautas que deben regir el interés superior del menor frente al derecho fundamental a la salud y la no transgresión al derecho de igualdad y a la no discriminación, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El Covid-19, es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de Covid-19, fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, pandemia que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Desde ese momento, México ha estableciendo diversas medidas de prevención y control de la epidemia, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores sociales y privado. Medidas que han representado un reto a nivel humano, social, económico, cultural, político e internacional, cuya implementación ha exigido una participación multidireccional por parte de los diferentes sectores de la sociedad, en donde cada habitante es llamado a cooperar desde el nivel de posicionamiento social en que se ubica dentro de la población mexicana para poder hacer frente, en las mejores condiciones en que sea posible, a la situación epidemiológica que existe hasta estos momentos en nuestro país. Como parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; debiendo considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad Covid-19, se encuentran la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna que no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Así como, el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. En ese orden, para dar cumplimiento a las obligaciones descritas en párrafos anteriores específicamente brindar la vacunación, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, el Secretario y Subsecretario de Salud Federal, así como el Director General de Promoción de la Salud emitieron la "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México". Documento rector, cuya última versión 9.0, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, es consultable en la página de internet: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/, Y que constituye un hecho notorio, de conformidad con los artículos 88 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De la política nacional aludida destaca, en lo que al caso interesa, la información siguiente: Hasta el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la COFEPRIS había otorgado la autorización para uso de emergencia a siete vacunas. Su aplicación a la población únicamente es una de las medidas necesarias para prevenir la enfermedad y sus complicaciones, así como para disminuir la velocidad de contagio. Los objetivos específicos de México son: - Vacunar a las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones por COVID-19, incluyendo a embarazadas de 12 años y más a partir del tercer mes de embarazo y a menores de edad entre 12 y 17 años que vivan con alguna comorbilidad que incremente su riesgo. - Reducir el número de hospitalizaciones y muertes. - Facilitar la reapertura económica y regreso a las actividades normales. - Vacunar entre el 70% y 80% de la población en México para buscar generar inmunidad de grupo. El Grupo Técnico Asesor para la Vacuna (en lo sucesivo GTAV) en México se conformó por expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, y previas valoraciones que ha efectuado, recomendó llevar a cabo una estrategia enfocada en reducir el número de muertes asociadas con COVID-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México. Tal recomendación fue analizada minuciosamente tanto la información nacional e internacional, estudios específicos de riesgos de salud, pobreza e inequidad en relación con la infección y muerte por COVID-19, realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), además de los criterios de promoción del bienestar humano, respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad. Algunos factores identificados de complejidad para el establecimiento de programas nacionales de vacunación contra la COVID-19 sin problemática de acceso global; limitada producción mundial y falta de marcos de trabajo internacionales que permitan acceso equitativo a todos los países; diferencias en las prioridades de vacunación al interior de cada país; infraestructura nacional para el proceso de recepción, almacenaje y distribución de las diferentes vacunas; infraestructura del programa operativo de vacunación y vigilancia de eventos adversos, así como la evaluación del impacto de la estrategia de vacunación. Además de los riesgos de salud, el GTAV recomienda tomar en cuenta aspectos de pobreza y desigualdad. Con base en las recomendaciones dadas por la GTAV, se tomaron en cuenta cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARSCoV-2 en México, a saber: 1. Edad de las personas, ya que es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. 2. Comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras, que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por Covid-19. 3. Grupos de atención prioritaria, como niñas, niños y adolescentes, personas de sesenta años o más, mujeres, personas con discapacidad, víctimas, personas jóvenes, personas de la comunidad LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y las de identidad indígena. 4. Comportamiento de la epidemia. Cuenta habida de que la asignación progresiva y la distribución gradual de las vacunas disponibles podrán ser modificadas en el tiempo conforme cambia su disponibilidad, aumente la evidencia científica y se verifique la seguridad y eficacia de las vacunas. En cuanto a la disponibilidad de las vacunas, de acuerdo con la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, existen más de trecientas treinta y un vacunas candidatas contra la COVID-19 en desarrollo en el mundo, siendo únicamente ciento treinta y siete las que han llegado a iniciar ensayos clínicos. Para definir la priorización de la población a vacunar, se realizó un análisis de la mortalidad observada en México, con base en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas. A partir de los resultados del análisis del Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19, y los ejes aludidos, los grupos priorizados en orden de prelación son: 1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19. 2. Población de 50 y más años cumplidos. a. Mayores de 80 años. b. Personas de 70 a 79 años. c. Personas de 60 a 69 años. d. Personas de 50 a 59 años 3. Embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo. 4. Personal docente. 5. Población de 18 a 49 años. a. Personas de 40 a 49 años. b. Personas de 30 a 39 años. c. Personas de 18 a 29 años. 6. Personas de 12 a 17 años que viven con alguna de las comorbilidades o condiciones de vida. 7. Personas de 15 a 17 años, independientemente de la presencia de comorbilidades. La logística de la estrategia de vacunación se agrupó en las cuatro etapas siguientes: De diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno: personal de salud de primera línea de control de la Covid- 19. De febrero a mayo de dos mil veintiuno: personal de salud restante y personas de sesenta y más años. De mayo a junio de dos mil veintiuno: personas de cincuenta a cincuenta y nueve años y embarazadas de dieciocho años y más. 4. De junio a julio de dos mil veintiuno: personas de cuarenta a cuarenta y nueve años. 5. De julio de dos mil veintiuno a marzo dos mil veintidós: resto de población susceptible a vacunarse y priorizada para tales efectos. Como se ve, en el contexto de la pandemia ocasionada por el virus aludido, no toda omisión de las autoridades sanitarias de proporcionar la vacuna contra el Covid-19 -como parte de su obligación de prevenir y controlar las enfermedades transmisibles de atención prioritaria- coloca a las personas en una situación en que sus vidas se encuentren en peligro. Asimismo, la propia "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la Covid-19 en México" corrobora que la falta de atención médica integral requerida para la prevención y protección de la enfermedad provocada por el Covid-19 a través de la vacunación, puede someter a ciertos grupos a tener consecuencias graves en su salud o al riesgo de que pierdan su vida. Es de destacarse que en la Política de Vacunación, a partir de la versión 7.0, actualizó la información sobre las vacunas disponibles en México y se definió con precisión la inclusión de la vacunación en menores de edad de doce a diecisiete años como grupo prioritario de vacunación en aquellos con comorbilidades que aumenten el riesgo de gravedad. Se dijo también que uno de los objetivos específicos era vacunar a las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones por COVID-19, incluyendo a embarazadas de doce años y más a partir del tercer mes de embarazo y a menores de edad entre doce y diecisiete años que vivan con alguna comorbilidad que incremente su riesgo. Se indicó que, desde su generación, el GTAV ha tenido múltiples reuniones de trabajo y análisis de la evidencia científica disponible, en los que se han discutido temas de importancia y bienestar colectivo sobre vacunación y embarazo, personas con discapacidad y menores de edad. A la fecha de la versión 9.0 de la Política de Vacunación, la única vacuna que actualmente cuentan con una autorización de uso en emergencia a nivel mundial, que tiene autorizado su aplicación en menores de edad, es para la Pfizer-BioNTech cuya autorización es para el grupo de doce a diecisiete años, por lo que un grupo considerado especialmente vulnerable, como la niñez que vive con cáncer no podrá ser considerada de forma masiva para la vacunación mientras no se cuente con estudios y análisis específicos de seguridad y eficacia de las vacunas en menores de dieciocho años para la mayoría de las vacunas, y en menores de doce años para la vacuna Pfizer-BioNTech. Se sostuvo que la ausencia de evidencia científica publicada hasta ese momento sobre personas menores de edad en general, y para menores de 12 años en particular para la vacuna Pfizer-BioNTech, no constituye un acto discriminatorio al no considerarse para la vacunación masiva, pues es la falta de datos de ensayos clínicos la razón por las que dijo por el momento no se les consideraba específicamente en el proceso de vacunación. Además en un apartado especial de "personas menores de edad" se mencionó que ninguna vacuna sería aplicada a personas menores de 12 años hasta que se contare con la suficiente evidencia de seguridad en esta población. Dado que la estructura programática y de abastecimiento de esa Política Nacional representaba que sólo una de las siete vacunas disponibles para su ejecución se puede aplicar en personas menores de edad, las poblaciones de 12 a 17 años debían considerarse como una población con una baja disponibilidad potencial de vacunas y por lo tanto sería importante estratificar el riesgo para poder vacunar las niñas, niños y adolescentes (NNA) que realmente están en mayor riesgo de complicaciones. Se mencionó que, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la carga de la enfermedad en personas menores de edad (0 a 17 años) representa alrededor del 5% del total de la epidemia. Asimismo, la carga de hospitalizaciones y defunciones representan 1.6% y menos del 1% respectivamente. Sin embargo, el perfil demográfico de la epidemia se ha visto modificado en la última ola epidémica, por lo que la proporción de casos en niñas, niños y adolescentes se incrementa tres puntos porcentuales con respecto al 5% de casos positivos en NNA del total de la epidemia. Durante la tercera ola, la proporción de casos en NNA es del 8%. Esto se debe entre otras cosas a una reducción en la percepción del riesgo de enfermar, el síndrome de fatiga post pandemia y la introducción de la vacuna como método de prevención de la enfermedad. Por lo anterior, el GTAV recomendó la vacunación de personas menores de edad de 12 a 17 años que vivan con ciertas comorbilidades, y continuar la vacunación masiva estrictamente por edad hasta cubrir a las poblaciones de 18 años y más. Respecto de la población menor de dieciocho años, se dijo que el grupo de población menormente afectado por la pandemia de COVID19 es el de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con los datos disponibles sobre la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria, a lo largo de la epidemia, la carga de la enfermedad es del 5% con respecto de toda la epidemia, y la carga de mortalidad es de menos del 2%. Asimismo, de acuerdo con los análisis de exceso de mortalidad, para el grupo de edad de menores de 20 años, no se ha presentado exceso de muertes por la aparición de este nuevo agente patógeno en ningún momento de la epidemia, en cambio, el número de defunciones esperadas en este grupo de edad ha estado por debajo del percentil 25 de la estimación del canal endémico. Hasta ese momento, sólo una vacuna pudiera ser utilizada en población menor de edad, y en un grupo específico de entre doce y diecisiete años. Ninguna de las vacunas disponibles en México puede ser utilizadas en personas menores de doce años, por lo que aún no se contempla una etapa específica para esta población. Para la vacunación de personas de doce a diecisiete años, se contempla una priorización de acuerdo con sus condiciones de vida, por ejemplo, las comorbilidades con las que viven como lo recomienda el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) de la OMS que ha llegado a la conclusión de que se puede ofrecer esta vacuna a los niños de 12 a 15 años que corren un mayor riesgo, junto con otros grupos prioritarios en la vacunación. Asimismo, el GTAV ha recomendado que la vacunación de personas de doce a diecisiete años con comorbilidades que incrementan el riesgo de enfermedad grave se lleve a cabo una vez que se cumpla con una cobertura mínima del 70% del grupo de personas de cuarenta años y más. Sentado lo anterior, conforme a los parámetros contenidos en dicho documento que contiene la estrategia de salud pública para hacer frente a la citada pandemia, aunque en la etapa cinco, se señala "Resto de población", pero en el desglose de prelación, en el número siete, se alude al "6. Personas de 12 a 17 años que viven con alguna de las comorbilidades o condiciones de vida" evidentemente, se le excluyó de dicho programa de vacunación contra el SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19, y si bien, a partir del viernes diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, se aperturó el preregistro de vacunación para adolescentes de quince a diecisiete años de edad, con o sin comorbilidades, en todo el país, lo cierto es, que subsiste la exclusión respecto del resto de la población menor de doce años, que no viva con alguna de las comorbilidades, la cual claramente ha quedado desprotegida de la Política Pública de vacunación, sin justificación científica o legal alguna. Asimismo, constituye un hecho notorio, por tratarse de un medio oficial, que en la página de internet oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, ya está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, tanto para los menores de doce años o más (cumplidos al veintiocho de abril de dos mil veintidós) y que se quieran vacunar por primera vez como a los de dieciocho años o más que soliciten un refuerzo; todos sin comorbilidades. Tal como lo anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo que además se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores de doce años de edad para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. Lo cierto es, que subsiste la exclusión respecto del resto de la población menor de cinco a once años, que no viva con alguna de las comorbilidades, la cual claramente ha quedado desprotegida de la Política Pública de vacunación, sin justificación científica o legal alguna. Por lo que al ser así, todos los argumentos contenidos en la citada Política Nacional de Vacunación, resultan insuficientes para justificar la exclusión de los menores de doce años, de una manera razonada y objetiva, dado que resulta imprescindible conocer qué acciones ha tomado la autoridad sanitaria a efecto de que dichos menores puedan ser considerados como candidatos a ser inoculados, así como conocer el contexto internacional dado que la emergencia sanitaria que acontece no es un fenómeno local, sino mundial, por lo que todos los Estados del orbe sufren los embates de este acontecimiento. De manera que la circunstancia de que la gravedad o mortalidad de menores de diecisiete años sea menor que la del grupo de mayor edad a ésta, no resulta en forma alguna justificación suficiente para excluirlos de la Política Nacional de Vacunación, pues basta con que exista el riesgo de agravarse y perder la vida derivado del contagio del virus multicitado, para que se haga necesario la protección del Estado mexicano para salvaguardar la salud y la vida de los menores en riesgo. De ahí que en el presente resulta acorde analizar las principales acciones tomadas a favor del grupo social de menores de cinco a once años de edad, de manera globalizada. Es de destacar que, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitió el comunicado 23/2021, en el cual dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna PFIZERBIONTECH, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacionala-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizerbiontechpermitira-aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es. Del citado comunicado 23/2021 emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, de rubro "COFEPRIS EMITE MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZER-BIONTECH; PERMITIRÁ APLICACIÓN A PARTIR DE 12 AÑOS"; se destaca lo siguiente: "[.] La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID-19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible en https://bit.ly/3tNfUzL. De la anterior transcripción se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años de edad, no obstante, hace del conocimiento al país que el suministro de inoculación preventiva contra COVID-19 se aplica con base al seguimiento de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México. En adición a lo anterior, el dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Grupo de Expertos de Asesoramiento sobre inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó en la página web https://www.who.int/es/newsroom/feature-stories/detail/the-sinopharm-covid-19-vaccine-whatyou-need-to-know, sus recomendaciones de política para la administración de la vacuna de Pfizer-BioNTech aprobada contra la COVID-19, del que, entre otros aspectos, destaca el siguiente: ¿Se recomienda administrar esta vacuna a los adolescentes? En un ensayo de fase III en el que se incluyó a niños de 12 a 15 años, se observó que la vacuna era muy eficaz y bastante segura en este grupo de edad, en consecuencia, se amplió la indicación previa como que se limitaba a los niños de 16 años o más, para recomendarla a los niños de 12 años en adelante. Los datos indican que, probablemente, los adolescentes, sobre todo los de más edad, transmiten el SARS-CoV-2 igual que los adultos. La OMS recomienda que los países administren la vacuna a los niños de 12 a 15 años sólo cuando se haya alcanzado una alta cobertura vacunal con las dos dosis en los grupos de máxima prioridad definidos en la Hoja de ruta de la OMS para el establecimiento de prioridades. Se debe ofrecer la vacunación, junto con los otros grupos de riesgo elevado, a los niños de 12 a 15 años que presenten enfermedades concurrentes que aumenten significativamente el riesgo de sufrir síntomas graves de COVID-19. Asimismo, es un hecho notorio que a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, inició el registro para vacunar contra COVID-19 a personas de quince a diecisiete años sin comorbilidades. En ese sentido, la Guía Técnica para la Aplicación de la Vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech contra el Virus SARSCoV- 2 señala, entre otros pormenores, que está indicada para ser aplicada a personas a partir de los dieciséis años cumplidos; pero ello inclusive no permite al operador de la norma desconocer la autorización a que se refiere el comunicado 23/2021 en consulta, fundamentalmente porque de existir evidencia de que la vacuna fuera nociva para los mayores de doce y menores de dieciséis años no se hubiera dictaminado favorable la ampliación terapéutica. Sin embargo, el tres de marzo de dos mil veintidós, la COFEPRIS actualizó las vacunas aprobadas para el uso de emergencia y sus principales características y al efecto publicó la siguiente tabla: No. Biofármaco Establecimiento Denominación distintiva Plataforma de diseño Fase de ensayo clínico Estatus regulatorio en México Fecha de autorización Estudio clínico en México Dosis de esquema completo Intervalo entre dosis Edad de inicio de aplicación 1 BNT162b2 Pfizer, Inc./BioNTech Pfizer ARN mensajero IV Autorizada para uso de emergencia 11/12/2020 No 2 3 -6 semanas 18 años 24/06/2021 12 a 17 años 03/03/2022 5 años * 2 AZD1222 Covishield AstraZeneca Astra Covid-19 Vector viral no replicante IV Autorizada para uso de emergencia 04/01/2021 No 2 8 - 12 semanas 18 años 3 Gam-COVID-Vac FSBI Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology of the Ministry of Health of Russia Gam-COVID-Vac Vector viral no replicante III Autorizada para uso de emergencia 09/02/2021 No 2 3 - 12 semanas 18 años 4 Coronavac Sinovac Life Sciences Co., Ltd Vacuna SARS-Co-V-2 (Celulas Vero), inactivada Sinovac Virus inactivado III Autorizada para uso de emergencia 09/02/2021 No 2 4 - 5 semanas 18 años 5 Ad5-nCoV Covidecia CanSino Biologics Inc Cansino Vector viral no replicante III Autorizada para uso de emergencia 08/02/2021 Protocolo de fase III 1 No aplica 18 años 6 BBV152 Covaxin Bharat Biotech International Limited Covaxin Virus inactivado III Autorizada para uso de emergencia 06/04/2021 No 2 4 semanas 18 años 7 Ad26.COV2-S Janssen-Cilag Janssen Vector viral no replicante III Autorizada para uso de emergencia 27/05/2021 Protocolo de fase III 1 No aplica 18 años 8 CX-O24414 BIRMEX LABORATORIO DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V Spikevax (Moderna) ARN mensajero III Autorizada para uso de emergencia 17/08/2021 No 2 28 días 18 años 9 Antígeno SARS-CoV- Birmex Vacuna Covid-19 (Vero-Cell), inactivada (Sinopharm) Células Vero inactivadas III Autorizada para uso de emergencia 25/08/2021 No 2 21 a 28 días 18 años 10 Proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2 (RBD) Empresa Laboratorios AICA Abdala ADN recombinante III Autorizada para uso de emergencia 29/12/2021 No 3 18 años *La vacunación para el grupo etario de 5 a 11 años tiene una dosis y composición diferente al biológico aprobado para mayores de 12 años Tabla de información la cual se encuentra visible en la siguiente dirección: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/vacunas-covid-19-autorizadas De tal suerte que al momento en el que se resuelve, ya existe por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobación para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2 de Pfizer-BioNTech a los menores de cinco a once años, con una dosis y composición diferente al biológico aprobado para mayores de 12 años. Y si bien es verdad que existe un riesgo de efectos secundarios, éstos no han sido de gravedad, de manera que sus beneficios son superiores a sus riesgos, según se desprende de los estudios científicos existentes a la fecha, como se relatará posteriormente. Es verdad que a nivel mundial el grupo de población de los niños, niñas y adolescentes han sido considerados como de bajo riesgo, respecto de otros grupos cuya inclusión en las políticas de vacunación es prioritaria debido a la mayor incidencia de mortalidad, ya sea por causas inherentes a su vulnerabilidad, o debido a su alta exposición de contagio. Empero, los niños de cinco a once años y de doce a quince años sin comorbilidades, pueden también sufrir complicaciones graves derivadas al contagio de Covid-19. Además, su vacunación puede ayudar a mantenerlos en las escuelas y a que participen de manera segura de todas las actividades que conforme a esa etapa de su vida, garantizan su sano desarrollo mental y emocional. De manera que la vacunación de este sector de la sociedad no solo protege la salud física de los niños y niñas, sino también permitirá contrarrestar los efectos psicológicos que la pandemia ha dejado en los menores, que indudablemente deben ser atendidos para garantizar en mayor medida su sano desarrollo. Es así, porque el contexto de la pandemia actual y de las medidas adoptadas para su mitigación, constituyen elementos extraordinarios que conllevan a considerar que el derecho a la atención médica se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida. En territorio mexicano, con base en las estadísticas presentadas por la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y las oficinas del Registro Civil, publicitadas a través de medios de información, las cuales se traen a colación como un hecho notorio, se advierte que una vez vacunadas las fracciones de la sociedad a las que inicialmente se refiere la política nacional de vacunación, por falta de inoculación segmenta los casos de contagio en menores de edad. Problemática que experimentaron también otros países como los Estados Unidos de América Italia Perú y Colombia entre otros. A consecuencia del incremento de contagios en la población infantil, la comunidad mundial se abocó a analizar la posibilidad de que este sector también fuera inmunizado contra el virus SARS-Cov-2, así Australia fue uno de los primeros países que autorizó la primera vacuna contra la Covid-19 para niños de entre cinco y once años. Por su parte, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, publicó en su sitio de internet oficial (https://www.fda.gov.news-event/pressannoucements/la-fda-autoriza-vacuna-contra-el-covid-19-depfizer-biontech-para-uso-de emergencia-en-ninos-de-5-11), lo siguiente: "Hoy, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU, (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech para la prevención del Covid-19 para incluir a niños de 5 a 11 años de edad. La autorización se basó en la evaluación exhaustiva y transparente de la FDA de los datos que incluyó aportes de expertos del comité asesor independiente que votaron contundentemente a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad. Información importante para los padres y cuidadores: Eficacia: las respuestas inmunitarias de los niños de 5 a 11 años fueron comparables a las personas de 16 a 25 años de edad. En ese estudio, la vacuna tuvo 90.7% de efectividad en la prevención del Covid-19 en niños de 5 a 11 años. Seguridad: la seguridad de las vacunas estudió en aproximadamente 3100 niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna y no se ha detectado efectos secundarios graves en el estudio que sigue en curso. El Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se reunirá la próxima semana para discutir más recomendaciones clínicas. . La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para niños de cinco a once años de edad se administra como una serie primaria de dos dosis, con 3 semanas de diferencia, pero es una dosis más baja (10 microgramos) que la que se usa para personas de 12 años o mayores (30 microgramos). En los EE. UU., los casos de COVID-19 en niños de 5 a 11 años representan un 39% de los casos en personas menores de 18 años. Según la CDC, aproximadamente 8,300 casos de COVID-19 niños de 5 a 11 años resultaron en hospitalización. Hasta el 17 de octubre, se habían reportado 691 muertes por Covid-19 en los EE. UU. en personas menores de 18 años, con 146 muertes en el grupo de edad de 5 a 11 años ." De igual forma en el sitio de internet oficial (https://www.cdc.gov/vaccines/covid.19/clinicalconsiderations/covid-19-vaccines-us.html#children) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC, por sus siglas en inglés), se encuentra disponible la información siguiente: "Vacunación de niños y adolescentes La pandemia de Covid-19 ha tenido impactos significativos en la salud y bienestar de los niños. Si bien los niños y adolescentes tienen menos probabilidades de desarrollar COVID-19 grave en comparación con los adultos mayores enfermedades grave (es decir, hospitalización, ingreso a la unidad de cuidados intensivos muerte) y complicaciones de la infección por SARS-Cov-2 (p. Ej., MIS-C, post condiciones COVID ocurren en esta población. Entre los niños y adolescentes con COVID-19 grave, no se ha informado de ningún factor de riesgo identificable, como una afección médica subyacente, en aproximadamente un tercio de los casos. Además, la infección o exposición al SARS-Cov-2 tiene como resultado otros impactos negativos, como ausencias escolares y aislamiento social. Recomendaciones de la vacuna COVID-19 para niños y adolescentes Se recomienda que los niños y adolescentes de 5 a 17 años reciban la formulación apropiada para su edad de una serie de vacunas primaria Covid-19. En este momento la serie primaria de 2 dosis de Pfizer-BioNTech es la única vacuna probada autorizada por la FDA para niños y adolescentes de 5 a 17 años. Aunque muchos niños y adolescentes pueden haber experimentado una infección previa por SARS-Cov-2, se recomienda la vacunación primaria COVID-19 para todas las personas de 5 años o más, independientemente de un historial de afecciones médicas subyacentes infección por SARS-Cov-2 sintomática o asintomática o seropositividad. Datos de ensayos clínicos en niños indican que las vacunas Pfizer-BioNTech se pueden administrar de manera segura a niños con evidencia de una infección previa por SARS-Cov-2, Los datos principalmente adultos, sugieren que la protección contra la reinfección por SARS-Cov-2 es alta después de la infección inicial, pero disminuye con el tiempo debido a la disminución de la inmunidad. La creciente evidencia epidemiológica de adultos y a presentes indica que la vacunación después de la infección aumenta aún más la protección contra él la infección posterior, incluso en el contexto de una mayor circulación de variantes más infecciosas. No se recomienda evaluar la existencia de una infección previa a los efectos de la toma de decisiones sobre la vacuna (.) Las personas con inmunodepresión moderada o grave de mayor de >12 años (receptores de Pfizer-BioNTech) o >18 años (receptores de Moderna) deben recibir una dosis primaria adicional a la vacuna ARNm COVID-19 administrada para la serie primaria. Actualmente, no se recomienda una dosis primaria adicional en niños de 5 a 11 años con compromiso inmunológico moderado y grave. No se recomienda dosis de refuerzo para personas menores de 18 años. Los niños y adolescentes pueden ser vacunados con el consentimiento y asentimiento apropiados. Los sitios que administran las vacunas Covid-19 deben seguir las políticas y prácticas estatales/jurisdiccionales vigentes por otras vacunas de rutina en este grupo de edad (.)" De las anteriores transcripciones se desprende que las autoridades sanitarias en Estados Unidos de América hacen referencia a estudios científicos que han concluido que la vacuna Pfizer-BioNTech para la prevención del COVID-19 es segura para los niños de 5 a 17 años e incluso recomiendan su aplicación porque los beneficios de la vacuna superan los riesgos. Información que si bien, como destacó no es vinculante al provenir de autoridades sanitarias de otro país; no obstante, se considera que sí pueden ser orientadoras, puesto que, fueron emitidas por instituciones con prestigio internacional cuyas determinaciones, incluso, son retomadas por cientos de artículos periodísticos vinculados a la salud y a nuevos tratamientos médicos, en los que se remiten a sus decisiones y directivas. Datos que este Juzgador toma en consideración, pues la información contenida en las páginas web referidas, constituye un hecho notorio de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toma sustento de la tesis I.3o.C.35 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 2004949, de título, subtítulo y texto siguientes: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Aunado a ello, resulta un hecho notorio para el suscrito, la resoluciones emitidas por los diferentes órganos del Poder Juridicial de la Federación, que aparecen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de las que destaca la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el recurso de queja ********************, emitida por el del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien recabó diversas opiniones técnicas de especialistas en salud en torno a la viabilidad de la vacunaCOVID-19 de Pfizer-BioNTech, como una medida de protección en menores de un rango de edad de 5 a 11 años. Al respecto en dicha ejecutoria se aprecia lo siguiente: "En ese contexto, mediante oficio INER/DI/JAZR/254/2021, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el doctor Joaquín Alejandro Zúñiga Ramos, Director del Área del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, informó textualmente lo siguiente: "En respuesta al oficio 16734/2021, emitido dentro de los autos del expediente de Queja ********************, recibido con fecha 15 de diciembre del año curso, signado por el Lic. Arturo Muñoz Cuevas, actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, me permito dar una opinión científica en relación a la utilidad de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech, como una medida de protección en menores de un rango de edad de 5 a 11 años. Quiero mencionar que esta opinión la emito en base al análisis de la literatura publicada y del ensayo clínico realizado por la compañía Pfizer y las recomendaciones emitidas por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, dado que no existen estudios clínicos de esta vacuna en la población mexicana. Es importante mencionar que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (también conocida como BNT162b2) es una vacuna basada en tecnología novedosa de RNAm que codifica para una secuencia de la proteína S del virus SARS-CoV-2y que está formulada con nanovesículas lipídicas como medio de transporte del RNAm. Esta vacuna ha sido utilizada a nivel global, con una buena eficacia mayor al 90%, generando buena protección contra el virus SARS-CoV-2 y el desarrollo de formas graves de la enfermedad conocida como COVID-19. En este sentido, en agosto de 2021 la FDA aprobó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, en personas mayores de 16 años y también en adolescentes de 12 a 15 años bajo una autorización de uso de emergencia. El esquema de vacunación recomendado en este grupo de adolescentes >12 años es de 2 dosis de 30 microgramos cada una con una diferencia de 3 semanas entre la primera y segunda dosis. Posterior a esto, la compañía Pfizer comenzó a evaluar la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en niños de un rango de edad de 5 a 11 años mediante un ensayo clínico de fase II/III aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que originalmente incluyó un poco más de 2,000 participantes de edades entre 5 y 11 años. Dos tercios de esos niños recibieron dos dosis de la vacuna con tres semanas de diferencia mientras que un tercio recibió dos inyecciones de un placebo. Según los datos de Pfizer para este grupo etario de 5 a 11 años, la vacuna tuvo un 90,7% de efectividad en la prevención del COVID-19 sintomático con buena producción de anticuerpos, similar a los niveles de protección observados en jóvenes vacunados de 16 a 25 años. Los niños del grupo de 5 a 11 años de Pfizer recibieron dos dosis de 10 microgramos y se observó que esta dosis más pequeña produce una fuerte respuesta inmune. Pfizer amplió su estudio a un tamaño de muestra de 4,500 niños con la finalidad de tener más fuerza estadística para detectar posibles efectos adversos a la vacuna. Según los resultados de Pfizer, la vacuna es segura y bien tolerada sin casos de enfermedades graves o afecciones cardíacas. En este comunicado de la FDA de los Estados Unidos publicado el 29 de Octubre de 2021 (https://www.fda.gov/newsevents/press-announcements/fda-authorizes-pfizerbiontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-throuqh-11-years-age), se concluye que los beneficios de prevenir casos graves de COVID-19 con la vacuna de Pfizer generalmente superan los riesgos de los posibles efectos secundarios en ese grupo de edad. Finalmente, a principios de noviembre de 2021, después de una exhaustiva revisión de los datos disponibles del ensayo clínico del uso de la vacuna PfizerBioNTech COVID-19 en menores de 5 a 11 años [.] por parte del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización del CDC, conformado por un grupo de expertos de reconocimiento internacional, recomendó el uso de la vacuna PfizerBioNTechCOVID- 19 en niños de 5 a 11 años en los Estados Unidos para la prevención de COVID-19 [.] Derivado de lo anterior, considero que las evidencias publicadas hasta hoy, suponiendo sin conceder, apoyarán el uso, la eficacia y la seguridad de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en niños de un rango de edad de 5 a 11 años. Los datos del ensayo clínico fase II/III de la eficacia de la formulación de dos dosis de 10 microgramos administradas con 21 días de diferencia en este grupo de niños fueron publicados en la revista New England Journal of Medicine son serios y de alta calidad científica. Otros aspectos relevantes en relación con la protección de este grupo etario son la posibilidad de reducir algunas complicaciones derivadas de la infección por el virus SARS-CoV-2 en niños como miocarditis o síndromes inflamatorios generalizados que, aunque son complicaciones poco frecuentes si pueden aparecer en un pequeño porcentaje de niños infectados con este virus y finalmente reducir la transmisibilidad del virus a los familiares o compañeros de escuela de estos niños." 21. Del informe anterior, destaca que en opinión del experto del INER, la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de PfizerBioNTech, en niños de cinco a once años de edad, es segura y eficaz, en atención a lo siguiente: La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, también conocida como BNT162b2 "Comirnaty", tiene una eficacia mayor al 90%, generando buena protección contra el virus SARSCoV-2 y el desarrollo de formas graves de la enfermedad conocida como COVID-19. Según los datos de Pfizer, para el grupo etario de cinco a once años, la vacuna tuvo un 90,7% de efectividad en la prevención del COVID-19 sintomático, con buena producción de anticuerpos, similar a los niveles de protección observados en jóvenes vacunados de dieciséis a veinticinco años. Los niños del grupo de cinco a once años recibieron dos dosis de 10 microgramos y se observó que esta dosis más pequeña produce una fuerte respuesta inmune. Según los resultados de Pfizer, la vacuna es segura y bien tolerada, sin casos de enfermedades graves o afecciones cardíacas. Lo anterior fue avalado por la FDA, quien concluyó que los beneficios de prevenir casos graves de COVID-19, con la vacuna de Pfizer generalmente superan los riesgos de los posibles efectos secundarios en ese grupo de edad. Después de una exhaustiva revisión de los datos disponibles del ensayo clínico del uso de la vacuna PfizerBioNTech COVID-19, en menores de cinco a once años por parte del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización del CDC, conformado por un grupo de expertos de reconocimiento internacional, se recomendó el uso de la vacuna en niños de cinco a once años en los Estados Unidos de América. Por tanto, con las evidencias publicadas al momento que son serias y de alta calidad científica, se concluye que en la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID19, en niños de un rango de edad de cinco a once años; en dos dosis de 10 microgramos administradas con veintiún días de diferencia. Asimismo, que la aplicación de tal vacuna es benéfica, porque en relación con la protección de este grupo etario, reduce algunas complicaciones derivadas de la infección por el virus SARSCoV- 2 en niños, como miocarditis o síndromes inflamatorios generalizados que, aunque son complicaciones poco frecuentes, si pueden aparecer en un pequeño porcentaje de niños infectados con este virus y, finalmente reducir la transmisibilidad del virus a los familiares o compañeros de escuela de estos niños. Lo anterior, además está reforzado por las recomendaciones emitidas por el Centros Para el Control de Enfermedades de los E.E.U.U. -CDC por sus siglas en inglés- y la Academia Americana de Pediatría. 22. Por su parte, el veinte de enero de dos mil veinte, el doctor Francisco Moreno Sánchez, Jefe de Medicina Interna en el Centro Médico ABC y Coordinador del Programa COVID-19 Centro Médico ABC, informó textualmente lo siguiente: "La vacunación contra el virus del SARS-COV2 se debe extender a la población de mexicanos entre los 5 y 15 años por las siguientes razones: 1. Desde que surgió la variante Delta en el mundo, se observó un incremento en las infecciones en los niños de 5 a 18 años, incluso en el estudio publicado en agosto 2021, por la revista Morbility Mortality Weekly Report (MMRW), revista que funge como órgano de comunicación del centro de control de Infecciones de los EEUU (CDC), se comparó al grupo de edad de 5 a 12 años de niños vacunados con los que no lo fueron y se demostró que aquellos que no recibieron la inmunización presentaron un riesgo 10 veces mayor para ser ingresados al hospital comparado con los que si recibieron las dosis del biológico. En el reporte más reciente de la Academia Americana de Pediatría, publicado el 19 de enero del 2022 (A joint report from the American Academy of Pediatrics and the Children's Hospital Association Summary of publicly reported data from 49 states, NYC, DC, PR, and GU), se documentó un incremento en los casos de infección por COVID19 en donde de la semana del 6 de enero al 13 de enero del 2022, donde se documentaron 981,488 niños contagiados por el virus lo que representó el 21.4% de los casos totales ocurridos en EEUU. También en este reporte se establece que el porcentaje de hospitalizados que corresponde a menores de edad fue de 1.7 a 4.4% del total de pacientes ingresados a un centro de salud. Lo que muestra una tendencia ascendente con respecto a lo que había ocurrido al inicio de la pandemia con la variante original del nuevo coronavirus detectada el 31 de diciembre del 2019. 2. La frecuencia de COVID LARGO, una complicación que ocurre en pacientes que resultan infectados por el virus SARS-COV2 y que consisten en una serie de manifestaciones de índole neurológico, cardiopulmonar, vascular, articular que pueden persistir por meses después de haber sufrido la enfermedad se ha documentado según un estudio del Reino Unido que ocurre en el 11% de los casos. Esta alteración si bien no pone en riesgo la vida de los pacientes si afectan de forma importante la calidad de vida. Lo que consideramos ya, un problema de salud pública. Al existir un mayor número de niños contagiados, habrá por ende un mayor número de menores de edad con este trastorno. La vacunación ha demostrado una disminución en la frecuencia de este problema en infectados vacunados. Por lo que la vacunación de este grupo de edad podría disminuir los nuevos casos y evitar este padecimiento. 3. Los menores de edad son considerados una fuente importante de contagios en la comunidad, está demostrado que los niño transmiten el virus en forma tan eficaz como lo hacen los adultos. Por lo que para lograr una adecuada contención de la diseminación se requiere que la mayor parte de la población se encuentre inmunizada, lo que solo se logrará si se incluye a este grupo de edad. 4. En el reporte de diciembre 31, del 2021 de la revista Morbilitiy Mortality Weekly report Weekly /December 31, 2021 / 70(5152); 1755-1760, se analiza la seguridad de la vacuna Pfizer- BoiNTech COVID19 en niños entre los 5 y 11 años de edad. Para ese momento se habían aplicado 8.7 millones de dosis en este grupo de edad, durante este tiempo hubo 4,149 reportes de efectos adversos, de los cuales el 96.7% fueron catalogados como no serios e incluyeron dolor en el sitio de la inyección, fatiga y dolor de cabeza. El porcentaje de niños que requirieron ser valorados en un hospital fue de 0.02%. Con estos datos se ha soportado el hecho de que la vacunación en este grupo de edad es segura y no conllevan a un efecto adverso mayor en el 99.98% de los que reciben el biológico. Los efectos adversos mayores fueron fiebre, vómito y elevación de una enzima cardiaca denominada troponina. Del total de vacunados hubo dos fallecimientos ambos en mujeres, una de 5 y otra de 6 años de edad quienes ya se encontraban con condiciones médicas delicadas por lo que no se demostró que hubiese una relación directa entre la vacunación y el fallecimiento. Con lo anterior expuesto se puede concluir que a raíz de los cambios en la estructura del SARSCOV2, que ha dado origen a nueva variante, el grupo de edad de niños y jóvenes que en un inicio parecía no ser afectado por el nuevo coronavirus, ha presentado un incremento en casos sintomáticos, hospitalizaciones y fallecimientos. También se ha demostrado que existe riesgo del desarrollo de complicaciones tardías de la infección por lo que es necesario proteger a este grupo de edad, lo que se ha llevado a cabo en múltiples regiones del mundo con una vacuna que ha resultado segura y eficaz. También queda demostrado que como medida de salud pública se requiere que el mayor número de individuos reciba el biológico, de otra forma la diseminación del virus en la comunidad continuara, esto incluye a personas menores de 18 años." 23. De la transcripción anterior, destaca que en opinión del doctor Francisco Moreno Sánchez, Jefe de Medicina Interna en el Centro Médico ABC y Coordinador del Programa COVID-19 Centro Médico ABC, la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de PfizerBioNTech, en niños de cinco a once años de edad, es necesaria en atención a lo siguiente: Existe evidencia científica de que los niños de entre cinco a doce años de edad que no recibieron la inmunización, presentaron un riesgo diez veces mayor para ser ingresados al hospital, comparado con los que sí recibieron las dosis del biológico. Con las nuevas variantes existe una tendencia ascendente con respecto a lo que había ocurrido al inicio de la pandemia, con la variante original del nuevo coronavirus. La vacuna puede evitar una serie de manifestaciones de índole neurológico, cardiopulmonar, vascular, articular que pueden persistir por meses después de haber sufrido la enfermedad." De la anterior transcripción, destaca que el Tribunal Colegiado emisor de la ejecutoria, a fin de llevar a cabo la mayor protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, recabó información técnica - científica, para definir si la aplicación de la vacuna Pfizer-BoiNTech COVID19 utilizada en menores de cinco a once años es segura. Luego, de las opiniones técnicas que recabó dicho órgano colegiado, resolvió que según los datos de Pfizer, para el grupo etario de cinco a once años, la vacuna tuvo un 90,7% de efectividad en la prevención del COVID-19 sintomático, con buena producción de anticuerpos, similar a los niveles de protección observados en jóvenes vacunados de dieciséis a veinticinco años. Los niños del grupo de cinco a once años recibieron dos dosis de 10 microgramos y se observó que esta dosis más pequeña produce una fuerte respuesta inmune. Según los resultados de Pfizer, la vacuna es segura y bien tolerada, sin casos de enfermedades graves o afecciones cardíacas. Lo anterior fue avalado por la FDA, quien concluyó que los beneficios de prevenir casos graves de COVID-19, con la vacuna de Pfizer generalmente superan los riesgos de los posibles efectos secundarios en ese grupo de edad. Después de una exhaustiva revisión de los datos disponibles del ensayo clínico del uso de la vacuna PfizerBioNTech COVID-19, en menores de cinco a once años por parte del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización del CDC, conformado por un grupo de expertos de reconocimiento internacional, se recomendó el uso de la vacuna en niños de cinco a once años en los Estados Unidos de América. Además, de las opiniones técnicas recabadas por el citado órgano colegiado también subyace que existe evidencia científica de que los niños de entre cinco a doce años de edad que no recibieron la inmunización, presentaron un riesgo diez veces mayor para ser ingresados al hospital, comparado con los que sí recibieron las dosis del biológico. Que con las nuevas variantes existe una tendencia ascendente con respecto a lo que había ocurrido al inicio de la pandemia, con la variante original del nuevo coronavirus. Y que esa vacuna puede evitar una serie de manifestaciones de índole neurológico, cardiopulmonar vascular, articular que pueden persistir por meses después de haber sufrido la enfermedad. En esa virtud, los referidos datos recabados por el citado Tribunal Colegiado redundan en el consenso científico sobre la necesidad de la vacuna en niños del grupo etario de cinco a once años, y si bien, por derivar de fuentes diversas a la Cofepris pudiera no ser vinculante para las autoridades del Estado mexicano, como ya se dijo, lo cierto es; que el deber de maximizar la protección de los derechos humanos de los niños, conforme lo disponen los artículos 1 y 4, de la Constitución Federal debe ser atendido por las autoridades sanitarias a efecto de hacer frente al fenómeno de salud ya referido y proteger a los menores de edad, como lo es la aquí parte quejosa. En esa virtud, respecto de la omisión de aplicar la vacuna a la parte menor quejosa, por el hecho de que no exista aprobación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de Pfizer-BioNTech a los menores de cinco a once años sin comorbilidades, no es razón suficiente para dejar de proteger cautelarmente el derecho a la salud de los infantes y adolescentes, como lo es la parte quejosa en este asunto. Máxime que, aun cuando es verdad que existe un riesgo de efectos secundarios, éstos no han sido de gravedad, de manera que sus beneficios son superiores a sus riesgos, según se advierte de los estudios científicos existentes a la fecha. En el particular, como bien se señaló, la gravedad de los actos reclamados vinculados con la omisión de las autoridades responsables de aplicar a la menor de edad ********************, la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19, incuestionablemente incide en su salud y vida. Es así, porque el contexto de la pandemia actual y de las medidas adoptadas para su mitigación, constituyen elementos extraordinarios que conllevan a considerar que el derecho a la atención médica se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida. En ese orden, debe tenerse presente que es de interés público y social la tutela de los derechos de los menores de edad por lo que, en el caso concreto, el derecho a la salud vinculado con la observancia del interés superior de la infancia en toda determinación adoptada por las autoridades en el ámbito de su competencia y la no transgresión a la igualdad y a la no discriminación, evidencia la pertinencia de la concesión del amparo. Más aún cuando el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunización de la Organización Mundial de la Salud ha actualizado sus estudios y recomendado la vacunación contra el Covid-19 a los niños y niñas, dentro de la hoja de ruta revisada para priorizar los usos de las vacunas contra la COVID-19, publicada originalmente en octubre de dos mil veinte, al considerar que: "Los países deben considerar los beneficios individuales y poblacionales de la vacunación de los niños. Aunque la COVID-19 grave es poco frecuente en los niños, se produce ocasionalmente, y la vacunación de los niños tiene el beneficio adicional de minimizar la interrupción de su educación, mejorando así su bienestar general." Lo anterior, evidencia el avance científico, mediante el cual se recomienda la vacunación a este sector poblacional, lo que constituye una directriz que los Estados deben considerar en beneficio de la protección a dicho sector poblacional. Así se considera, porque el contexto de la pandemia actual permite advertir que de no aplicársela conlleva un riesgo de pérdida de la vida, sobre todo teniendo en cuenta que a esta fecha existen tanto estudios científicos avalados por especialistas en la materia sanitaria, como la aprobación para uso de emergencia en países como Estados Unidos América, de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2 de Pfizer-BioNTech, que coinciden que es segura para los niños de cinco a once años, e incluso recomendó su aplicación porque los beneficios de la vacuna superan sus riesgos. Por ende, no existe impedimento para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo los actos necesarios para que apliquen a la parte menor quejosa la formulación de la vacuna apropiada para su edad de Pfizer-BioNTech. Pues como ya se dijo toda la Información científica que debe vincularse con dos figuras trascendentales que convergen en el caso: el interés superior de la infancia como criterio rector para garantizar el ejercicio pleno de los derechos del menor de edad quejoso; y, el derecho humano a la salud, así como la no discriminación y el respeto a la igualdad, todo lo cual se pone en peligro mientras subsistan las omisiones que se reclaman en la demanda de amparo. En el juicio de amparo los jueces también están facultados y en ciertas circunstancias obligados a actuar de oficio cuando se encuentra de por medio el interés superior de la niñez, de modo tal que tienen a su alcance una serie de atribuciones que les facultan a actuar de forma más activa y versátil por la trascendencia social de tal interés superior previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de hacer efectivos los derechos de los niños de forma integral. Así, el interés superior de los menores de edad resulta aplicable tanto a los derechos sustantivos de la niñez, como a los derechos adjetivos y formalidades del procedimiento en que se ventilen asuntos que involucren derechos de la infancia, específicamente, los artículos 1º, 4º, párrafos cuarto y noveno de la Constitución Federal17, 17, 18 y 40 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Que establecen que tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones y, se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. En esa tesitura, se colige que en toda actuación concerniente a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, como toda autoridad, deben tomar en cuenta como consideración primordial el interés superior del menor de edad y la prioridad que demandan sus derechos y necesidades más básicas. Lo que obliga a realizar las interpretaciones y modulaciones en favor de su bienestar pleno, incluso a tomar medidas "reforzadas" o "agravadas", que hagan efectivo ese interés superior permite advertir que no aplicársela conlleva un riesgo de pérdida de la vida. Sobre todo como se ha venido evidenciando que a esta fecha existen tanto estudios científicos avalados por especialistas en la materia sanitaria, como la aprobación para uso de emergencia en países como Estados Unidos de América, de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de Pfizer-BioNTech, que coinciden en que es segura para los niños de cinco a once años, e incluso recomiendan su aplicación porque los beneficios de la vacuna superan sus riesgos. De ahí que, aun cuando es verdad que existe un riesgo de efectos secundarios, éstos no han sido de gravedad, de manera que por ello es, precisamente, que las instituciones especializadas a que antes se hizo alusión, han concluido que sus beneficios son superiores a sus riesgos. Por ende, no existe impedimento para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo los actos necesarios para que apliquen a la parte menor quejosa la formulación de vacuna apropiada para su edad de Pfizer- BioNTech. Esto es así, porque tal como quedó planteado con anterioridad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC, por sus siglas en inglés), indican que los niños deben recibir la formulación de vacuna apropiada para su edad independientemente de su tamaño o peso, por lo que los niños de cinco a once años deben recibir la formulación de 10 µg (microgramos) de la vacuna Pfizer- BioNTech COVID-19 (tapa naranja), que se distingue de la que se aplica a los adolescentes de doce años y mayores, cuya formulación es de 30 µg (microgramos). Además, de que no debe perderse de vista, que el viernes veintiuno de enero de dos mil veintidós, el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) en inmunización de la OMS amplió su recomendación sobre el uso de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech con una dosis reducida, precisamente al grupo etario que comprende a los niños entre cinco y once años de edad. En el documento publicado en el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351139/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BNT162b2-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y En el que se observa que se hace la recomendación de la aplicación de la vacuna con dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda entre las cuatro u ocho semanas. Aunado a que como ya se mencionó, el tres de marzo de dos mil veintidós, la COFEPRIS actualizó las vacunas aprobadas para el uso de emergencia y sus principales características, de donde se obtiene que se encuentra aprobada para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2 de Pfizer-BioNTech a los menores de 5 a 11 años, con una dosis y composición diferente al biológico aprobado para mayores de 12 años. Así las cosas, del cúmulo de evidencia científica internacional, este órgano jurisdiccional advierte que la evaluación científica referida, pone en claro los serios riesgos y peligros por no administrar el biológico y, en contrapartida, los riesgos y contraindicaciones son de mucho menor entidad, lo que permite ponderar la razonabilidad y conveniencia de aplicar la vacuna en este grupo etario. Esto es, la evaluación ponderada de ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos, aconsejan aplicar la vacuna y no negarla, acorde a lo solicitado y respaldado por los padres en pleno ejercicio de su autonomía como responsables de la salud e integridad de sus menores hijos. Sin que la eventualidad consistente en que en el país aún no se hayan adquirido vacunas con esa formulación específica para niños de cinco a once años constituya un impedimento para el cumplimiento de la suspensión, en virtud de que, en tal supuesto, las autoridades responsables (o las que, en su caso, sean vinculadas al cumplimiento de la suspensión) deben gestionar a la mayor brevedad posible su adquisición, utilizando para ello el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano, en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme a la cual los Estados parte (entre los que se encuentra México) deben "adoptar medidas" hasta el máximo de los recursos de que dispongan para el cumplimiento progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consecuentemente, es evidente que existe una violación al artículo 4° Constitucional, puesto que en el propio documento rector de la Política Nacional Rectora de Vacunación, se reconoce que dentro de los grupos vulnerables y de atención prioritaria se encuentran los niños, niñas y adolescentes, pero que no se contemplaba una etapa específica para esta "población en condición de vulnerabilidad", dado que ninguna de las vacunas disponibles en México podía ser utilizada en personas menores de dieciséis años. De manera que, bajo esa nueva circunstancia, debe priorizarse la aplicación de la vacuna a los menores de edad por dos razones, la primera consiste en que por su especial condición son considerados como un grupo vulnerable y de atención prioritaria en la propia Política Nacional Rectora de Vacunación, y la segunda, consiste en el reforzado interés del Estado de privilegiar, proteger y salvaguardar el interés superior de la niñez, el cual se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que incida en los menores de edad, tal como establece el citado artículo 4° de la Constitución Federal, en relación con los numerales 2, 4, 6 la Convención de los Derechos del Niño, y 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, de los que México es parte. Es aplicable en lo conducente, la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2007938, de título, subtítulo y texto siguiente: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de 2019, tomo III, página 2328, de título, subtítulo y texto siguiente: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." En ese contexto, si bien el Estado mexicano tiene la facultad soberana de dictar sus políticas de salud interiores a efecto de hacer frente al tan citado fenómeno de salud, lo cierto es que el contexto global de la pandemia lo obliga a tomar en consideración los avances científicos que motivan la modificación de las políticas de vacunación en otros países; ello, con la finalidad de garantizar la protección del derecho humano a la salud en circunstancias de igualdad y no discriminación. De ahí que ante el estado actual de cosas, no existe justificación para excluir a la parte menor quejosa, que por su edad se ubica en el grupo de cinco a once años que no han sido incluidos en el Plan Nacional de Vacunación, para recibir la vacuna apropiada que los proteja del virus Covid-19, pues como ya se expuso, a la fecha ya existe una vacuna apropiada que puede ser aplicada. En tal tesitura, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte menor quejosa con motivo del amparo promovido en su nombre para los efectos que más adelante se precisan. Orienta lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos nueve, Febrero de dos mil quince, Libre Quince, Décima Época, Materia Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008551, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la igualdad jurídica debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado, pues el valor superior que persigue este principio consiste en evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho produzcan, por su aplicación, la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Ahora bien, en particular, los menores tienen derecho a la no discriminación, lo cual implica que, sin excepción, deben disfrutar de su derecho a la protección eficaz, esto es, que ninguno sea víctima de actos discriminatorios por motivos de raza, religión, color de piel, idioma, nacionalidad, origen étnico o social, condición económica, discapacidad o de cualquiera otra índole. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño -específicamente en su artículo 2- retoma el principio de igualdad y no discriminación, y establece para los Estados la obligación de garantizar todos los derechos para las niñas y los niños sin distinción alguna, principio general que, junto al del interés superior del menor (artículo 3), deben considerarse para interpretar, aplicar y hacer respetar todos los demás derechos de la propia convención. Así, la convención referida reafirma el principio general de no discriminación, el cual se proyecta en dos ámbitos: la no discriminación por cualidades de los menores y de sus padres, aspectos que implican la obligación de los estados de evitar prácticas discriminatorias dirigidas hacia niños o niñas y, entre otras, las que pretendan fundamentarse en las características de sus padres o tutores." Para el efecto de dentro del plazo de tres días computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente resolución, las responsables gestionen y ordenen la aplicación de las dos dosis del referido biológico a la parte menor quejosa en la temporalidad médica establecida; y una vez llevado a cabo lo anterior, remitan las constancias respectivas. Esto es, dos dosis de la vacuna Pfizer- BioNTech COVID-19 (tapa naranja), cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, preferentemente, la segunda, debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas. Sin que la eventualidad consistente en que en el país, aún no se hayan adquirido vacunas con esa formulación específica para niños de cinco a once años constituya un impedimento para el cumplimiento del amparo que se otorga, en virtud que, en tal supuesto, las autoridades responsables o las que en su caso sean vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria que se emite deben gestionar a la mayor brevedad posible su adquisición, utilizando para ello el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales conforme a la cual los Estados parte (entre los que se encuentra México) deben adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para el cumplimiento progresivo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. En caso de que las responsables conforme a sus atribuciones estimen que la parte menor quejosa no sea apta para recibir la vacuna y/o no es procedente su inoculación, atendiendo a las restricciones o prescripciones médicas correspondientes, deberán justificar tal circunstancia y remitir las constancias que sustenten su dicho. Si el padre, madre o tutor del quejoso no comparecen a la fecha y hora señalada, se tendrá su falta de voluntad para la aplicación de la vacuna al infante, y por cumplido el presente amparo. Precisando que el presente asunto quedará cumplido una vez que se acredite: a) Que se aplicó a la parte menor quejosa las dos dosis del biológico en mención, siempre y cuando sus progenitores previamente otorguen el consentimiento informado sobre los posibles efectos secundarios. b) O bien, de ser el caso, las responsables justifiquen de manera fundada y motivada, que la parte menor quejosa no sea apta para recibir dicha vacuna, en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determine; y con las constancias que sustenten su dicho. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************representante de la menor de edad ********************, en contra del acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos residente en la Ciudad de México y Gobernador del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad, en términos del considerando tercero de esta determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************representante de la menor de edad ********************, en contra de los actos que reclama al Secretario de Salud residente en la Ciudad de México y Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación COVID-19, "Operativo Correcaminos", con residencia en Yucalpetén, Yucatán, por los motivos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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