Tadeo Ruiz Gutiérrez

Expediente 1762/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1762/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
16/12/2015

Partes del expediente

  • Tadeo Ruiz Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En dieciséis de diciembre de dos mil quince, el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para las partes del treinta de noviembre al once de diciembre del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 1762-2015.- DOY FE. En la misma fecha el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, doy cuenta al secretario en funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisíes de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el veintitrés de noviembre del año en curso, en la que concedió a la parte quejosa el amparo y protección solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, que establece que en materia de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, se aplicará la citada Ley especial, por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley en consulta, requiérase a la autoridad responsable Tesorería Municipal de Villanueva, Zacatecas, por la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del término de TRES DÍAS, de cumplimiento a la ejecutoria de que se trata y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien día de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, requiérase al Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas, en su carácter de superior jerárquico, a efecto de que ordene al Tesorero de dicho Municipio a cumplir con la ejecutoria en comento, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades del Tesorero Municipal. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. Lily*

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1762/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, Sindica Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, el Secretario da cuenta, con las documentales ofrecidas por el quejoso consistentes en el aviso-recibo con número de servicio 128 950 855 831 del periodo del 15 de julio al 17 de agosto del 2015. Asimismo se da cuenta con la prueba documental ofrecida por la autoridad responsable, consistente en copia certificada del nombramiento de la Síndica Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Villanueva, de diecisiete de septiembre de dos mil trece. Al respecto, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el cual el Secretario hace constar, que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado sí presento pedimento. Alegaciones que el Juez, tiene por reproducidas, al no existir más diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1762/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Tadeo Ruiz Gutiérrez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas. Acto reclamado: "ACTO RECLAMADO: Lo es el cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público que efectúa la Tesorería Municipal de Villanueva, Zacatecas, por la cantidad de $536.65 (quinientos treinta y cinco pesos .65/100 M.N.), facultando para recaudar a la Comisión Federal de electricidad. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV y 73, fracción XXIX, inciso 5, subinciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. Por proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente al aviso-recibo siguiente: AYUNTAMIENTO NÚMERO DE SERVICIO PERÍODO CARGO POR LA CANTIDAD DE: VILLANUEVA, ZAC. 128 950 855 831 15 JUL-31 AGO-2015 536.65 Período correspondiente al año dos mil quince, expedido a nombre de Tadeo Ruiz Gutiérrez, por la Comisión Federal de Electricidad, por concepto de cobro de energía eléctrica de lo que se desprende que el monto de Derecho de Alumbrado Público, corresponde al que se cita en la relación anterior, respecto al mencionado servicio. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe des tacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. La autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, consistente en el cobro del Derecho de Alumbrado Público; sin embargo, toda vez que el pago recibido por el concepto de Derecho de Alumbrado Público tendrá su destino final en las arcas del citado Municipio de Villanueva, Zacatecas, se desvirtúa la negativa y se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Además, la certeza de que se trata, se corrobora con las diversas documentales que la parte quejosa allegó al presente juicio de garantías, consistente en el original del aviso recibo que expidió la Comisión Federal de Electricidad a nombre de la impetrante de garantías y que precisamente contiene el cobro del uso de fluido eléctrico del período señalado en párrafos precedentes, incluido el Derecho de Alumbrado Público que se reclama; documentos que gozan de eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, ya que se trata de documentos privados que no fueron objetados y que además se encuentran corroborados con la copia certificada del comprobante de pago correspondiente. III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora, sobre las causales de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable, Tesorería Municipal de Villanueva, Zacatecas, resultan inatendibles, toda vez que contrario a lo que afirma, sí tiene el carácter de ejecutora. IV. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En el caso tenemos que la parte quejosa reclama el cobro del Derecho de Alumbrado Público por el período contenido en el aviso-recibo, y que es el siguiente: AYUNTAMIENTO NÚMERO DE SERVICIO PERÍODO CARGO POR LA CANTIDAD DE: VILLANUEVA, ZAC. 128 950 855 831 15 JUL-31 AGO-2015 536.65 Aviso, el mencionado, expedido a nombre de Tadeo Ruiz Gutiérrez, por la Comisión Federal de Electricidad, en los que se establecen los cargos ahí descritos, equivalentes al 8% sobre la cantidad que se cobra por consumo de energía eléctrica; y que tal contribución encuentra su soporte legal en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del dos mil quince, del Municipio de Villanueva, Zacatecas. Sobre el tema, debe indicarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las leyes y Códigos Locales que establecen el cobro del derecho de alumbrado público tomando como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad prevén un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. Por tal motivo, decretó que al tratarse de una contribución al consumo de fluido eléctrico, las legislaturas locales invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. El invocado criterio se recoge en la siguiente jurisprudencia: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República.". Luego, nos encontramos ante el acto de aplicación de una norma legal que, si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una Jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como la referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Aplica a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente. "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico." Previamente conviene dejar establecido que aun cuando el quejoso Tadeo Ruiz Gutiérrez haya realizado con anterioridad algún diverso pago de los que refiere en la demanda de amparo por concepto del servicio de alumbrado público, si bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece la causal de improcedencia del juicio de garantías por consentimiento expreso de la ley cuando se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, ello se refiere solamente a la ley y no a los actos de aplicación; y en ese contexto, la indicada prerrogativa procesal contenida en el artículo 79, fracción I, de la legislación reglamentaria citada, no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y si lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P.J. 8/2006, publicada en la página 9, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no los actos de aplicación; en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación." Precisado lo anterior, en el presente asunto el quejoso Tadeo Ruiz Gutiérrez, reclama de la autoridad señalada como responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, regulado por la Ley de Ingresos de los Municipios antes mencionados, para el ejercicio fiscal dos mil quince. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica por concepto de Derecho de Alumbrado Público, son inconstitucionales, porque invaden la esfera de atribuciones de la federación y contravienen la Constitución General de la República, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, lo que dio origen a la Jurisprudencia 6/88 del rubro y texto siguientes: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República." En torno a este tema, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar la jurisprudencia que emita el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, este Juzgado Federal en acatamiento del criterio jurisprudencial antes invocado hace propios los razonamientos que en el mismo se contienen, sin ser necesario expresar otras consideraciones, por tener exacta aplicación al tema materia de la litis constitucional que aquí se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª./V/2003, consultable en la página 327, del Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. La aplicación de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional puede hacerse de modos diferentes. Así, existen casos en los que al aplicarla el órgano hace suyas las razones contenidas en la tesis, como sucede cuando al examinar una de las cuestiones controvertidas se limita a transcribir el texto de la tesis sin necesidad de expresar otras consideraciones; o cuando estudia el problema debatido expresando razonamientos propios y los complementa o fortalece con la reproducción de alguna tesis de jurisprudencia relativa al tema. Sin embargo, esto no ocurre en el caso en que exista una jurisprudencia que establezca la inconstitucionalidad de la ley aplicada en el acto reclamado, pues en este supuesto el juzgador no hace un examen del tema debatido y resuelto por aquélla, sino que simplemente la aplica porque le resulta obligatoria, independientemente de que comparta sus razonamientos y sentido, es decir, en este caso el Juez o tribunal sólo ejercen su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia, mas no en el criterio que en ésta se adopta." Corolario de lo anterior, al resultar inconstitucional el artículo 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villanueva, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, por establecer una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fija un cobro del ocho por ciento sobre el consumo de energía por concepto de derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello sólo corresponde a la Federación, y dado que el acto reclamado está apoyado en disposiciones declaradas inconstitucionales, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable devuelva al quejoso Tadeo Ruiz Gutiérrez, la cantidad de quinientos treinta y seis pesos 65/100 moneda nacional ($536.65); cantidad que se refleja pagó la ahora quejosa el veintiséis de agosto de dos mil quince, según se advierte de la impresión del recibo de pago electrónico expedido por la institución bancaria Banorte, Zacatecas, relativo al pago de la totalidad del aviso recibo por el servicio de suministro de energía eléctrica (foja 6). Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 188/2004 de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.- Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: UNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Tadeo Ruiz Gutiérrez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, para los efectos precisados en el considerando último de la presente resolución. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario con quien actúa.- DOY FE. L´FRF.

  3. Principal

    El veintiocho de octubre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González doy cuenta al Juez con un pedimento registrado con el folio 21427 y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de octubre de dos mil quince Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de quince de octubre de dos mil quince, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable SÍNDICA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. En atención a lo anterior, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. Cecy*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, LA RESOLUCIÓN DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución pronunciada el uno de octubre de dos mil quince, por el Órgano Colegiado de su adscripción en el amparo en revisión civil 248/2015, así como los autos del juicio de amparo 4195/2015 del índice de este Juzgado de Distrito y las constancias consistentes en la copia certificada del juicio sumario civil 280/2000, así como las copias certificadas del cuadernillo de ejecución relativo al mismo, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia dictada el doce de junio de dos mil quince, dictada por este Juzgado de Distrito, en la que se sobreseyó el juicio de garantías en que se actúa; para concluir con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Guillermo Gaytán Bautista contra el acto que reclamó del juez Primero del Ramo Civil de la Capital, debidamente precisado en el resultando primero de este ejecutoria y para los efectos puntualizados en el último considerando de la misma. Notifíquese; (.)" En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil de la Capital, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, dé cumplimiento a la ejecutoria de que se trata y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo vigente; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de inejecución. Por otra parte, remítase a la citada autoridad responsable copia certificada de la ejecutoria de mérito, así como la copia certificada del juicio sumario civil 280/2000 y las copias certificadas del cuadernillo de ejecución relativo al mismo, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos"

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