Sylvia Hernández Delgado
Expediente 368/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Sylvia Hernández Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el oficio signado por la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual informa en relación con el cumplimiento de la sentencia, y al efecto, remite copia certificada de la audiencia conciliatoria de catorce de noviembre último, celebrada dentro del expediente ********************, de su índice; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento de la sentencia de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que le surta efectos la notificación del presente proveído remita copia certificada de la determinación recaída al convenio celebrado entre las partes en la audiencia conciliatoria de catorce de noviembre último, en el expediente ********************; bajo apercibimiento DE LEY CUMPLAN CON LO REQUERIDO
- Principal
Visto el oficio suscrito por la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo dictado el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente *, de su índice, del que se advierten las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales que haya lugar y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que le surta efectos la notificación del presente proveído informe las gestiones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual solicita prórroga para cumplir con la sentencia de amparo; en consecuencia se concede la prórroga solicitada, y en consecuencia, requiere nuevamente a la citada autoridad responsable, para, para que dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, remitiendo constancia fehaciente de ello.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo indirecto número, promovido por, por sí y en representación de su menor hija , contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ** por sí y en representación de su menor hija, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que serán precisados en el considerando correspondiente. La quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se admitió, se formó el expediente y se registró bajo el número 368/2023-VIII; de igual forma, se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente mediante la cual la autoridad responsable reprobó la planilla de liquidación formulada la hoy quejosa relativa a un aparente adeudo por concepto de pago de alimentos en favor de la menor V.T.H.. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por así haberlo manifestado dicha autoridad, al momento de rendir su informe con justificación, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad del mismo. Además, tal certeza se corrobora con las constancias que fueron aportadas por la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas derivadas del expediente, de su índice, mismas que obran en un cuaderno de pruebas, en dos tomos; documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Conceptos de violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación formulados resultan esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. Cierto, en el primero de sus motivos de inconformidad, la solicitante del amparo esencialmente señala que la responsable, al emitir la interlocutoria reclamada, determinó reprobar la planilla de liquidación formulada, al considerar que las documentales exhibidas por el demandado incidentista para acreditar que no existía adeudo por concepto de pago de pensión alimenticia en favor de la menor no habían sido objetadas, siendo que, por otro lado, en ningún momento se tuvieron por ofrecidas dichas probanzas al momento de su recepción, ni mucho menos se le dio oportunidad para objetarlas, con lo cual se transgredieron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, pues se transgredió su garantía de audiencia en relación con las mencionadas documentales. Así es, la garantía de audiencia constituye un principio consagrado en la Constitución Federal, que establece que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio, por los trámites legales. De esta manera, se considera que la garantía de audiencia es un derecho que tiene toda persona, para que, previamente a cualquier acto de autoridad que pretenda privarla de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos se le dé una oportunidad razonable de defenderse en juicio ante tribunales previamente establecidos. El precepto constitucional en cita, impone a las autoridades la obligación positiva consistente en observar frente al gobernado, una conducta activa, que estriba en realizar todos y cada uno de los actos que tiendan a la observancia de las exigencias específicas en que el derecho de audiencia se revela, mismas que pueden concretarse lo siguiente: Que nadie puede ser privado de sus derechos fundamentales (libertad, propiedades, posesiones y derechos), sino mediante juicio; En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y, Ante los tribunales previamente establecidos. Así, para mayor precisión, el término privación, bajo los términos indicados, se explica como la consecuencia o el resultado de un acto de autoridad y se traduce o puede consistir, en una merma o menoscabo (disminución), de la esfera jurídica del gobernado, determinados por el egreso de algún bien material o inmaterial (derecho), así como en el impedimento para ejercer un derecho; es decir, que la merma o menoscabo mencionados, así como el impedimento citado, constituyan el fin último, definitivo y natural del aludido acto. De este modo, para salvaguardar la garantía constitucional impetrada, resulta fundamental proteger los derechos de los individuos en un procedimiento de defensa, que les permita ser escuchados en toda su plenitud, para así no quedar en indefensión ante el acto de autoridad. Consecuentemente la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; y, El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia, fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron. Ahora bien, conviene imponerse del contenido de las pruebas documentales aportadas al sumario en que se actúa, consistentes en copias certificadas derivadas de las actuaciones del juicio de origen, las que por su naturaleza de documentos públicos, merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro de las cuales destacan las siguientes: a) Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable cinco de abril de dos mil veintidós, la hoy quejosa presentó planilla de liquidación aduciendo un adeudo en el pago de pensión alimenticia en favor de su menor hija, por parte del hoy tercero interesado, por el periodo comprendido del veinte de junio de dos mil veinte, al veinte de febrero de dos mil veintidós (fojas 154 a 156 del tomo II del cuaderno de pruebas). b) Por acuerdo dictado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable tuvo a la parte actora incidentista formulado planilla de liquidación y ordenó correr traslado con la misma al demandado (foja 157 íbidem). c) Por medio de escrito recibido por la autoridad responsable el uno de junio de dos mil veintidós, el demandado incidentista, hoy tercero interesado, desahogó la vista ordenado el veintiséis de abril anterior y promovió incidente de excepción de pago respecto de la pensiona alimenticia de su menor hija V.T.H., en el cual ofreció distintos medios de prueba, de entre los cuales destacan diversas documentales exhibidas (fojas 169 a 172 ídem). d) El cinco de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó acuerdo en el que, en lo tocante al incidente de excepción de pago referido, previo a proveer lo que en derecho correspondiera, previno al demandado, promovente de dicha excepción, a efecto de que exhibiera copias simples de los documentos exhibidos junto con la incidencia a efecto de correrle traslado a su contraria, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término otorgado, se tendría por no presentado el escrito en cuestión; acuerdo que fue notificado al promovente, por medio de correo electrónico el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós e) Mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se citó para sentencia el expediente natural, sin que se desahogara el mencionado requerimiento, dictándose la interlocutoria correspondiente el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, misma que constituye el acto reclamado Pues bien, de la anterior relación de antecedentes queda en evidencia que, como se adelantó, mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable, previo a proveer lo que en derecho correspondiera en relación con el incidente de excepción de pago promovido por el deudor alimentario demandado y las pruebas ofrecidas por éste, lo previno a efecto de que exhibiera copias simples de los documentos exhibidos junto con dicha incidencia a efecto de correrle traslado a su contraria, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término otorgado, se tendría por no presentado el escrito en cuestión, sin que la autoridad responsable hubiese hecho efectivo el aludido apercibimiento, a pesar de que no obra evidencia de que el ocursante desahogara el requerimiento de mérito; y por consiguiente, sin que se hubiesen admitido formalmente las documentales exhibidas y mucho menos, se hubiese corrido traslado con las mismas a la contraria, hoy quejosa, como inclusive se había determinado en el mencionado acuerdo de cinco de agosto del año próximo pasado. En relación con lo anterior, el artículo 342 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, dispone que las partes podrán objetar los documentos desde la fecha del emplazamiento hasta tres días después de aquél en que se notifique el auto de apertura del término para el desahogo de las pruebas tratándose de los presentados hasta entonces; asimismo, que los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados dentro de los tres días siguientes contados a partir de la notificación del auto que ordenó su recepción. En ese sentido, resulta patente la transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el expediente natural, pues como lo alega la hoy quejosa, la autoridad responsable soslayó correrle traslado con copia de las documentales exhibidas por el demandado, promovente de la excepción de pago; tan es así que ni siquiera las había admitido formalmente, pues previo a proveerlas previno al oferente, sin que éste desahogara tal requerimiento y sin que la responsable le hubiese hecho efectivo el apercibimiento que le formuló. Como consecuencia de lo expuesto, la hoy quejosa ni siquiera estuvo en posibilidad de objetar las documentales exhibidas por el demandado, si así lo estimaba pertinente, en términos de lo establecido por el citado numeral 342 del Enjuiciamiento Civil del Estado de Jalisco. Lo anterior toma relevancia si se tiene en consideración que del contenido de la interlocutoria reclamada, emitida el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se evidencia que en ella la autoridad responsable tuvo por acreditada la erogación de $, por parte del deudor alimentario, hoy tercero interesado, con base en diversos billetes de depósito consignados ante el propio juzgado de origen y diversas impresiones simples de comprobantes de transferencia electrónicos acompañados a la contestación de la demanda incidental, a los cuales otorgó valor probatorio por no haber sido objetados por la actora incidentista; siendo que, se insiste, ni siquiera tuvo oportunidad de realizar dicha objeción. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la mencionada resolución, la responsable hubiese considerado suficiente el desahogo de la hoy quejosa a la vista que se le otorgó con la contestación formulada por el demandado incidentista; sin embargo, como quedó precisado en líneas que anteceden, mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, si bien tuvo al demandado contestando la incidencia de liquidación promovida por la hoy solicitante de amparo; lo cierto es que, en lo tocante a la excepción de pago que opuso y a las pruebas que ofreció, previo a proveer lo conducente, requirió a dicho deudor alimentario para que exhibiera copias de los documentos exhibidos para correr traslado a su contraparte, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término otorgado, se tendría por no presentado el ocurso respectivo, sin que obre en autos constancia de que hubiese desahogado dicho requerimiento y sin que se le hubiese hecho efectivo el apercibimiento en cuestión. En esas condiciones, si la autoridad responsable resolvió el incidente de liquidación promovido por la hoy quejosa, tomando en consideración las documentales exhibidas por el demandado incidentista, sin previamente haber dado oportunidad a la hoy quejosa de objetar tales documentales y sin siquiera haberlas admitido formalmente, resulta inconcuso que se violaron en perjuicio de la impetrante de amparo, las formalidades esenciales del procedimiento a que hace referencia el artículo 14 constitucional. En otro orden de ideas, en el segundo de sus motivos de disenso, la parte quejosa arguye, en esencia, que la interlocutoria reclamada transgrede en su perjuicio el principio de congruencia de las resoluciones, pues en ella la autoridad responsable cuantificó un periodo diverso al que fue materia de la planilla de liquidación promovido por la solicitante del amparo. Asiste razón a la quejosa al afirmar lo anterior. Para dar sustento a ello, resulta conveniente realizar una breve relación de los antecedentes del acto reclamado, según las constancias que fueron allegadas al sumario en que se actúa: a) Con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dictó sentencia definitiva en el expediente de su índice, en la cual aprobó el convenio formulado por **, a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, en el que, en lo que aquí interesa, en su cláusula "QUINTA", se estableció la obligación alimentaria en los siguientes términos (fojas 337 a 340 y 348 a 350 del tomo I del cuaderno de pruebas): "QUINTA.- ALIMENTOS, ASEGURAMIENTO E INCREMENTOS RESPECTIVOS.- Tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio el SR. ** proporcionará una pensión alimenticia mensual para sus (sic) menor hija V.T.H., por la cantidad de: ** la cual será entregada mediante dos pagos quincenales, los días 05 y 20 de casa mes. Cantidad que se incrementará anualmente según el reporte del Banco de México respecto a la inflación generada al año anterior, a partir del mes de junio de 2017, y así sucesivamente. Dichas cantidades serán garantizadas con el salario que perciba el SR. ** y le será entregada de manera directa a la **, a través de depósito bancario en la tarjeta número ** de la Institución Bancaria denominada Banorte.". b) El quince de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable emitió interlocutoria relativa a una primer planilla de liquidación formulada por la hoy quejosa, en la que, entre otras cosas, se determinó que el deudor alimentario debería pagar a la actora la cantidad de $, para satisfacer las necesidades alimentarias de su menor hija V.T.H., y que correspondía a las pensiones alimenticias generadas y no pagadas en su totalidad durante el periodo comprendido entre el veinte de junio de dos mil dieciséis y el cinco de junio de dos mil veinte c) Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable cinco de abril de dos mil veintidós, la hoy quejosa presentó planilla de liquidación aduciendo un adeudo en el pago de pensión alimenticia en favor de su menor hija., por parte del hoy tercero interesado, por el periodo comprendido del veinte de junio de dos mil veinte, al veinte de febrero de dos mil veintidós (fojas 154 a 156 del tomo II del cuaderno de pruebas). d) Por acuerdo dictado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable tuvo a la parte actora incidentista formulado planilla de liquidación y ordenó correr traslado con la misma al demandado (foja 157 íbidem). e) Mediante interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable resolvió la aludida incidencia, y entre otras cosas, reprobó la planilla de liquidación formulada por, y en consecuencia, estableció que por el periodo comprendido entre el veinte de junio de dos mil veinte y el cinco de abril de dos mil veintidós, el deudor alimentario demostró no solo haber cubierto la totalidad de la pensión alimenticia a su cargo y a favor de su menor hija, sino que, incluso realizó un pago en exceso por la cantidad de $** misma que quedará como saldo a su favor; dicha resolución constituye el acto reclamado De la anterior relación de antecedentes queda en evidencia que, como lo refiere la parte quejosa, la autoridad responsable al momento de resolver la planilla de liquidación formulada por aquélla, cuantificó un periodo distinto al reclamado por la parte actora incidentista; es así, pues ésta al formular su planilla de liquidación adujo un adeudo en el pago de pensión alimenticia en favor de su menor hija., por parte del hoy tercero interesado , por el periodo comprendido del veinte de junio de dos mil veinte al veinte de febrero de dos mil veintidós, mientras que la responsable emitió su resolución cuantificando el periodo comprendido entre el veinte de junio de dos mil veinte y el cinco de abril de dos mil veintidós. Con lo hasta aquí expuesto se pone en evidencia que, como lo arguye la parte quejosa, con la resolución reclamada se transgredieron los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones; puesto que subsistía la obligación de la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, consistente en resolver sobre la totalidad de las manifestaciones formuladas por las partes, aun y cuando fuera para considerar que respecto de algunas de ellas (existencia o no de adeudo), igualmente resultara improcedente, puesto que dicha cuestión debió exponerse expresamente, a fin de que la hoy quejosa tuviera pleno conocimiento de las razones por las cuales se declaró improcedente su pretensión. Al respecto, el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece: "Artículo 87. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación, con las demás pretensiones deducidas oportunamente y con las pruebas recibidas en el pleito que tengan relación con los hechos sujetos a debate, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido controvertidos sin tomar en consideración hechos, ni pruebas distintas. Cuando los puntos litigiosos objeto del debate sean varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Los jueces y tribunales tienen la obligación de examinar de oficio los presupuestos procesales y los elementos de la acción ejercitada. A fin de garantizarle a los indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del estado en los procedimientos en que sean parte, el juez deberá considerar, al momento de dictar la resolución, sus usos, costumbres y especificidades culturales.". (Lo subrayado es por parte de este órgano jurisdiccional). El numeral transcrito prevé el principio de congruencia de las resoluciones, el que implica la exhaustividad de las sentencias, en el sentido de obligar al resolutor a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. En efecto, el principio de congruencia consiste en que las sentencias no sólo deben de ser congruentes consigo mismas, en el sentido de no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí -congruencia interna-, sino que también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada por medio de los escritos de demanda y contestación -congruencia externa-, por lo que dicha disposición que se identifica con la formalidad esencial del procedimiento, consistente en que previo a la privación al gobernado, de sus derechos consagrados en el artículo 14 de la Ley Fundamental, se dicte una resolución que dirima en su totalidad las cuestiones debatidas. Por otra parte, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio. Así las cosas, cuando la autoridad judicial dicta sentencia o interlocutoria sin resolver sobre los puntos que se pusieron a su consideración, sino de alguno diverso, se transgrede el principio de congruencia, pues con ello se distorsiona o altera la litis, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones. Además, para cumplir con el principio de congruencia indicado, la autoridad judicial, al dictar sus resoluciones, debe tomar en cuenta, congruentemente, las constancias procesales relativas que obran en autos. En esas condiciones, si la autoridad responsable, al momento de dictar la interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, cuantificó los aparentes pagos del deudor alimentista por el periodo comprendido entre el veinte de junio de dos mil veinte y el cinco de abril de dos mil veintidós, siendo que la planilla de liquidación que se puso a su consideración únicamente abarcaba el periodo comprendido del veinte de junio de dos mil veinte al veinte de febrero de dos mil veintidós; por consiguiente, es obvio que incumplió con el principio de congruencia de las resoluciones. Efectivamente, para considerar satisfecho el principio en comento, la autoridad responsable debió ponderar los elementos de prueba que hubiesen sido admitidos en el expediente de origen, únicamente por el periodo demandado por la parte actora; ello al margen de que proveyera lo que en derecho correspondiera en el juicio de origen, en caso de que se acreditara algún pago por concepto de pensión alimenticia posterior al periodo reclamado. No pasa inadvertido el hecho de que la parte quejosa aduzca que los medios de prueba aportados por el deudor alimentario no son eficaces para acreditar que se encuentra al corriente de la pensión alimenticia con los incrementos anuales de inflación reportados por el Banco de México; sin embargo, corresponde a la autoridad responsable valorar dichos medios de convicción, en relación con el resto de los datos y pruebas que obran en el natural, para ponderar la eficacia probatoria de cada uno de ellos. Lo anterior, sin que sea el caso que este órgano jurisdiccional se pronuncie en lo relativo a la procedencia o no del adeudo reclamado por la hoy quejosa, toda vez que dicha cuestión deberá ser analizada por la autoridad responsable al momento de emitir una nueva resolución en el incidente de liquidación materia del presente sumario, pues este órgano jurisdiccional no debe sustituirse en las facultades de dicha autoridad en los supuestos en que el punto controvertido esté abierto a una pluralidad de opciones interpretativas. Consecuentemente, al resultar fundados los mencionados conceptos de violación, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es procedente conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente la interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio civil ordinario; b) En otra que dicte, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la planilla de liquidación promovida por, en contra de, tomando en consideración que mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, en lo tocante al incidente de excepción de pago referido promovido por el deudor alimentario, previo a proveer lo que en derecho correspondiera, previno al demandado, a efecto de que exhibiera copias simples de los documentos exhibidos junto con la incidencia a efecto de correrle traslado a su contraria, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término otorgado, se tendría por no presentado el escrito en cuestión, sin que hubiese desahogado dicho requerimiento y sin que se hubiese otorgado a la quejosa oportunidad para objetar dichos medios de prueba; asimismo, tome en consideración que la planilla de liquidación que se puso a su consideración únicamente abarcó el periodo comprendido del veinte de junio de dos mil veinte al veinte de febrero de dos mil veintidós; hecho lo cual, obre en consecuencia. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que en vía de alegatos vierte la parte tercera interesada; sin embargo, cabe precisar que quien resuelve se abstiene de analizarlas, ya que únicamente constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de dicha parte sobre el fundamento de sus pretensiones, pero que no forman parte de la litis en el juicio de amparo. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *, por sí y en representación de su menor hija, contra los actos que reclamó de la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes
- Susano Moreno Gámez1545/2023
- Suscel Argelia Aguirre León732/2022
- Syhomara Valeria Enríquez Zamora684/2023
- Syhomara Valeria Enriquez Zamora1888/2023
- Sylvia Hernández Delgado2337/2021
- Sylvia Hernández Delgado1907/2021
- Tania Alejandra Barrón Gómez991/2020
- Tania Alejandra Barron Gómez1992/2019
- Tania Evelia Mujica González3088/2016
- Tania Fabiola Mosqueda Pavia102/2021
- Tania Guadalupe Segura Navarro959/2021
- Tania Mercedes Velez Cerpa2344/2023