Sylvia Franco Hernández

Expediente 1156/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1156/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Sylvia Franco Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista, la circular SECNO/6/2021, de veintitrés de enero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Atento a lo anterior, y visto el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual acusa recibo del juicio de amparo 1156/2020-I, promovido por Sylvia Franco Hernández e informa que acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y en cuanto a su contenido, este juzgado queda enterado, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    V I S T A la demanda de amparo, promovida por Sylvia Franco Hernández, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Número Once del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 16, 17 y 20 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1156/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. En primer término, debe de indicarse que la competencia es de previo y especial pronunciamiento, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como obligación de todo juez de Distrito la contenida en su primer párrafo. Dispositivo que, en la parte conducente, establece lo siguiente: «Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.» Como se obtiene del citado precepto, cuando un juez de Distrito, estime carecer de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que, el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bi- instancial, o bien, del amparo directo o uni-instancial; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 48 y 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 51, 52, 54 y 55 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, numeral que en lo conducente establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. 2. La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda de amparo. 3. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el juez de Distrito, ante el que se haya promovido la demanda de amparo. En ese orden de ideas, en el caso concreto, del análisis de la demanda, se obtiene que la quejosa reclama en esta instancia como actos destacados de las autoridades responsable el no permitirle el acceso a la carpeta de investigación CI-FIIZC/IZC-2/UI-1 S/D/01140/08/2020 (la cual ya se judicializó con el número de carpeta judicial 011/0579/2020, del índice administrativo del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México); así como las órdenes de aprehensión, presentación, mandamiento de captura, así como la separación inmediata de su domicilio situado en calle Pima Número 32, colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México, y su ejecución. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». Ahora bien, los actos reclamados los atribuye a las autoridades responsables Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Número Once, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Fiscal General de Justicia; Fiscal de Investigación Territorial en Iztacalco; agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora M.P.: IZC-2, Unidad de Investigación No. 2, Sin detenido; Titular de la Policía de Investigación; Coordinador General de la Policía de Investigación; y, Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación, todas de la Ciudad de México. Por tanto, atento a la naturaleza de los actos reclamados, que conllevan una ejecución material, se advierte que estos se estarán materializando fuera de la jurisdicción de este juzgado, pues la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que habita en el inmueble situado en calle Pima Número 32, colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México; lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, se ejecutarán fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; de ahí, que se considerarse que resulta ser competente un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para resolver este asunto, en términos de la primera parte del artículo 37 de la ley en la materia, que en la parte conducente establece lo siguiente: «[.] Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.] » Por tanto, al existir datos fundados de que los actos reclamados, se encuentran ejecutando fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, en la Ciudad de México, resulta ser competente un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 15, Volumen 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO». De igual manera tiene sustento la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 107, Tomo: I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES». Máxime que no se señalan a autoridades con residencia dentro de las cuales este juzgador tiene su competencia. Asimismo, no es inadvertido para este juzgador, las manifestaciones que la quejosa esgrime en su escrito inicial de demanda, relativas a que el diez de diciembre del año en curso, se presentaron diversas personas uniformadas en el domicilio de sus abogados, situado en calle Barca de Oro 364, colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, de esta entidad federativa, pues ésta sola circunstancia, es insuficiente para fincar la competencia de este juzgado de Distrito, toda vez que conforme al contexto integral de la demanda, es claro que los actos reclamados en esta instancia, se tratan de aquellos que están ejecutando fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, esto es, en la Ciudad de México. De igual forma, no es óbice a lo anterior, que la impetrante de amparo señale como acto destacado, el no darle acceso a la carpeta de investigación CI-FIIZC/IZC-2/UI-1 S/D/01140/08/2020, pues como lo refiere en su demanda, ésta ya se judicializó con el número de carpeta judicial 011/0579/2020, del índice administrativo del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, por lo que, es claro no surte la competencia legal a este juzgado de Distrito, sino a uno en la demarcación de la Ciudad de México, por ser en ella donde radica la autoridad judicial que lleva la substanciación de la carpeta judicial en cuestión. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declina la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se ordena remitir lo actuado en el presente expediente para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda, debiendo atentamente informar si acepta o no la competencia declinada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido; fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda de referencia. Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Asimismo, en razón que la parte quejosa, solicita la notificación y/o consulta vía electrónica de las actuaciones de este sumario, se ordena notificar electrónicamente las determinaciones emitidas en el presente asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme al nombre de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, ello de conformidad con los artículos 96 y 97, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por lo que se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano jurisdiccional, para que proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso a la consulta respectiva, a su autorizado Oscar Bryan Rodríguez Cruz, a través del usurario Oscar9504. En la inteligencia que se deberá ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiere enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva; lo anterior de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Asimismo, téngase por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Oscar Rodríguez Porcayo y Oscar Bryan Rodríguez Cruz, en razón de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por así manifestarlo expresamente la parte quejosa. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano