Sylvia Alicia Barrera González
Expediente 1335/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2022
Partes del expediente
- Sylvia Alicia Barrera González
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 inciso b) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días, concedido a la quejosa Sylvia Alicia Barrera González, para que desahogara la prevención formulada en auto de uno de septiembre pasado, sin que se recibiera promoción al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Sylvia Alicia Barrera González, por propio derecho, contra actos de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1335/2022-II. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracción IV, en relación con el 108, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, dado que es requisito formal para la presentación de la demanda entre otros, precisar el acto que se reclama, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias de éste, bajo protesta de decir verdad, y sabedor de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia, manifieste lo siguiente: 1.- Indique con precisión los actos que intenta reclamar, respecto de los descritos en su demanda, siguientes: "De la autoridad responsable denominada LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO: LA PROMULGACIÓN Y EL ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO EXPEDIDO POR LA LEGISLATURA "LXI" DEL ESTADO DE MÉXICO CON NÚMERO 21 PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2022. EN EL CUAL REFORMAN LOS ARTICULOS 70 Y 133 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. De la autoridad responsable denominada GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO: LA PROMULGACIÓN Y EL ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO EXPEDIDO POR LA LEGISLATURA "LXI" DEL ESTADO DE MÉXICO CON NÚMERO 21 PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2022. EN EL CUAL REFORMAN LOS ARTÍCULOS 70 Y 133 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. De la autoridad responsable denominada SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO: EL REFRENDO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO EXPEDIDO POR LA LEGISLATURA "LXI" DEL ESTADO DE MÉXICO CON NÚMERO 21 PUBLICADO EL LA GACETA DEL GOBIERNO EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2022, EN EL CUAL REFORMAN LOS ARTÍCULOS 70 Y 133 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. De la autoridad responsable denominada DIRECTOR GENERAL DEL PERIODICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO", se reclama: La publicación del DECRETO EXPEDIDO POR LA LEGISLATURA "LXI" DEL ESTADO DE MÉXICO CON NÚMERO 21 PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2022. EN EL CUAL REFORMAN LOS ARTÍCULOS 70 Y 133 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO MUNICIPIOS. Resulta oportuno que para el caso de que los reclame como una norma autoaplicativa deberá precisar la fecha exacta en que entró en vigor tal disposición; en cambio, de reclamar dichos actos como una norma heteroaplicativa, deberá indicar en qué acto, determinación y/o resolución en concreto se encuentra contenido el primer acto de aplicación, así como la fecha de su emisión, la data en que se le notificó y/o tuvo conocimiento. Y, por cuanto, al diverso acto: "EL ACUERDO, ORDEN O PROVEÍDO VERBAL O ESCRITO DONDE SE ORDENA QUE A LA QUEJOSA NO SE LE ACTUALIZARÁ EL MONTO DIARIO DE PENSIÓN DE LA QUEJOSA CONFORME AL AUMENTO PORCENTUAL QUE SE DIO PARA EL SALARIO MÍNIMO PARA EL AÑO 2022." Dado que de los antecedentes que narra, no se advierte que se haya dictado alguna resolución en la que se negara la actualización de la pensión que se reclama; y, en caso de insistir con ello, bajo protesta de decir verdad, deberá: 2.- Precisar de manera clara y sucinta los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado a las autoridades responsables que dieron origen a este juicio; esto es, en específico por lo que hace a la norma tildada de inconstitucional, para que manifieste el primer acto de aplicación de la norma que reclama, y, en su caso, exhiba el recibo de pago correspondiente a ese acto de aplicación. Lo anterior con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional conocer con precisión lo reclamado, y estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Así como la diversa, tesis XX.57 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, visible en la página 871, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda" Así como la Jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con número de registro 198200, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y ETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DEINDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Es oportuno establecer que, conforme a lo dispuesto en el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que proporciona la parte quejosa en su demanda; Además, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Benito Manuel Limón Monterrosas, ya que cuenta con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y por autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo; a los demás profesionistas que refiere, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este juzgado mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes que integran el juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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