Swilma Angélica Barriga Nuñez
Expediente 694/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Swilma Angélica Barriga Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la destrucción del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria y/o Actuaria Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por **, contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisada en el considerando tercero; por las razones y fundamentos precisados en el diverso último de este fallo.
- Principal
AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEIDO DE VEINTISÈIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito electrónico de Marco Antonio Bohórquez Escobar, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado a la impetrante por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, remite escrito de ampliación de demanda. Ahora bien, este juzgado procede a examinar la procedencia del juicio de amparo, respecto a la citada ampliación, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que señala que se debe analizar si existe, o no, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Una vez establecido lo anterior, se considera que en el presente se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6 -este último interpretado en sentido contrario-, todos de la Ley de Amparo; que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Ahora, del primer precepto legal transcrito no se advierte que se contemple una causa específica de improcedencia, sino que establece la posibilidad de que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, se tiene que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, determina que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ello en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Asimismo, el numeral 3 del ordenamiento legal antes citado, establece que la demanda de amparo se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Con base en lo anterior, resulta conveniente precisar el contenido del dispositivo 2, fracción II del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: [.]. II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación; [.]". Del numeral transcrito se arriba a la conclusión de que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En este sentido, es dable tomar en consideración las razones plasmadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 32/2018, por cuanto a que la demanda de amparo presentada en Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica certificada, no implica soslayar el principio de instancia de parte agraviada, sino que únicamente tiene como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, de tal manera que incluso la carencia de ésta conlleva a determinar, en los casos previstos que no hay instancia de parte agraviada y que, por tanto, se está facultado para desecharla de plano, incluso sin que ello constituya una irregularidad que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 32/2018 (10a.), del Máximo Tribunal del País, visible en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Ahora bien, en el caso en estudio se tiene que el escrito de ampliación de demanda es promovido por Swilma Angélica Barriga Núñez, por propio derecho, misma que fue presentada vía electrónica, a través del uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); sin embargo, el signo digital que se encuentra en la misma corresponde a Marco Antonio Bohórquez Escobar, autorizado en amplios términos de lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por ende, se estima que en el presente asunto no existe instancia de parte agraviada, pues la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma; lo que en el caso no acontece, ya que el escrito de ampliación de demanda, no se encuentra suscrito electrónicamente por la directa parte quejosa. Por tanto, si el escrito de ampliación de demanda carece de la firma electrónica de la parte directamente agraviada, y no se advierte que éste se haya presentado en términos y respecto de actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo -para en su caso requerir a la directa parte agraviada la ratificación del mismo en los términos que el aludido artículo establece-, ni tampoco se visualiza manifestación alguna de imposibilidad por parte de la directa parte quejosa, para instar el juicio de amparo correspondiente; por ende, es dable considerar al citado ocurso, como un simple documento, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer la firma electrónica de la directa parte agraviada, la cual es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del ocurso que suscriben. En mérito de lo anterior, toda vez que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de la parte agraviada, como establece la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en la especie no obra la firma electrónica de la directa parte quejosa Swilma Angélica Barriga Núñez; consecuentemente, debe estimarse que la ampliación de la acción constitucional no se ha ejercitado, en razón de que dicha circunstancia, entraña su falta de voluntad para promover el juicio de que se trata. Sirve de apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 8/2019 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Por lo anteriormente expuesto y fundado, no ha lugar a tener por ampliada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, ya que, como se dijo previamente, ante la ausencia de firma electrónica de la parte directa quejosa Swilma Angélica Barriga Núñez en el escrito de ampliación de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; ello con independencia de que sí obre el signo digital de diferente persona, pues como se vio, en el presente no se advierte la actualización de algún supuesto de excepción contemplado en la ley; por ende, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de quien aparece como signante. Si bien no se inobserva que la firma electrónica que aparece en el ocurso que se provee, es la de su autorizado en amplios términos; lo cierto es que incluso éste carece de atribuciones para ampliar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, registro 161909, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Además, conviene hacer mención que la parte promovente inobservó lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo cual imposibilita a este órgano jurisdiccional actuar en consecuencia. Por tanto, toda vez que ya transcurrió el término otorgado a la parte quejosa por auto de veinticinco de octubre del año en curso, para ampliar su demanda de amparo -pues éste le fue notificado el veintinueve de octubre de la actual anualidad, y el término de quince días, transcurrió del cuatro al veinticinco de noviembre que cursa-; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en el mismo, y se ordena continuar con el trámite de este juicio amparo en los términos inicialmente planteados. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que para esta fecha está señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, este asunto no se encuentra integrado para la llevarla a cabo, en atención a que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Lo anterior, ya que ésta fue notificada del mismo, el pasado veintinueve de octubre, por lo cual el referido término comenzó a transcurrir el cuatro de noviembre que cursa y fenecerá el veinticinco siguiente. En mérito de lo antes expuesto, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINITUNO, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis XX. 304 K y VI.1o.P.18 K, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Octava y Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XV, Enero de 1995 y XIV, Octubre de 2001, respectivamente, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA." y "NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL AUTO QUE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SE REQUIERE QUE SE HAGA EN FORMA PERSONAL". Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- Susana Lorena Reyes Cisneros502/2022
- Susana Pablo Cruz1269/2021
- Susana Sánchez Contreras617/2016
- Susana Sánchez Contreras936/2016
- Suzette Soto Pinacho y Otros.776/2020
- Sweet Ríos Junco775/2021
- Tania Galarza Cruz577/2017
- Tarsicio Mendoza Sánchez739/2020
- Taurino Enriquez Mendoza632/2023
- Taurino Enriquez Mendoza445/2023
- Taurino Hernández García911/2016
- Tayri Uryel Chompa Pérez1136/2018