Susana Villanueva Rendón

Expediente 459/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
459/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2016

Partes del expediente

  • Susana Villanueva Rendón
  • Luvia Castillo Bibiano
  • Susana Villanueva Rendón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de uno de junio de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, ha causado estado; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio remitido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, rindió su informe justificado, remitiendo copias certificadas derivadas del expediente 975/2012, del cual se aprecia que mediante auto de once de mayo del año que transcurre, proveyó el escrito que le presentó la parte actora el doce de abril del año en curso. A su vez, del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: "La omisión de la responsable en dictar el auto de ejecución y llevar a cabo el requerimiento de pago"; sin embargo, la omisión reprochada a la autoridad responsable, conforme al capítulo de antecedentes del mismo libelo de garantías se concretiza en la omisión de dictar el auto de ejecución y llevar a cabo el requerimiento de pago dentro del expediente 975/2012, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje responsable. Así pues, sobre el referido acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, que establece la hipótesis de que cuando los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia siguiente:.....Es así, pues al haberse dictado el auto de once de mayo actual, en el que la autoridad responsable en atención a la petición realizada por la parte actora, aquí quejosa, en su ocurso de doce de abril de dos mil dieciséis, señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de reinstalación de la actora y, asimismo, dictó el auto de ejecución del laudo en el que comisionó al actuario de su adscripción, para que se constituyera en compañía de los actores, en el domicilio de la parte demandada y lleve acabo la diligencia de reinstalación citada, y posteriormente realice el requerimiento de pago en los términos que señala en dicho auto; por tanto, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la vulneración alegada al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, y por ello se procede a SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente sumario constitucional, con fundamento en el numeral 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (Registro No. 196820, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210, Tesis: 2a./J. 9/98, Jurisprudencia, Materia(s): Común). Cabe apuntar que, este Juzgador se encuentra imposibilitado de analizar la legalidad del auto de once de mayo de dos mil dieciséis, al no formar parte de la litis constitucional, así como las subsecuentes condiciones de retardo u omisión del trámite del expediente natural que se originen debido que la autoridad responsable no ejecute el laudo condenatorio, pues, de lo contrario, se contravendrías los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. (Décima Época, Registro: 2005150, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Página: 732). Así, respecto del acto que hace consistir en la omisión de tomar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo, al tratarse de actos futuros e inciertos, es procedente sobreseer fuera de audiencia respecto del mismo, toda vez que se desconoce si los mismos van a ser emitidos o no por la responsable, pues no se trata de actos de realización eminente, al estar supeditadas a las diversas etapas del procedimiento de ejecución. Ello es así, toda vez que el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, positivos o negativos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control de los actos de la autoridad no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Estos elementos permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán. Lo anterior, de conformidad con la tesis aislada emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente:....Aunado, a que no debe perderse de vista que las actuaciones en los juicios laborales, relativo a la ejecución forzosa del laudo, están sujetas a la previa solicitud de impulso del ejecutante, pues el artículo 98 de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece que cuando se pida la ejecución del laudo, el Tribunal laboral debe despachar auto de ejecución y comisionar al actuario para que junto con el ejecutante, se constituya en el domicilio del demandado, y la requiera que cumpla la resolución; numeral que es de la literalidad siguiente:....Y si bien es cierto que el diverso artículo 97 de la Ley antes mencionada, dispone que el órgano laboral está obligado a promover la eficaz e inmediata ejecución de laudos, y dictar para tal efecto todas las medidas necesarias, que a su juicio sean procedentes, ello no implica que deba actuar de oficio, pues en los procedimientos de ejecución deben realizarse diversos actos para culminar con su cumplimiento. De ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que, de estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el artículo 74, fracción III, de la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que dice:.......De ahí que, proceda sobreseer fuera de audiencia en el juicio en términos del artículo 63 fracción IV, de la Ley de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia emitida en Pleno en Materia de Trabajo por el Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, septiembre 2015 Tomo II, página 844, siguiente:......En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue programada para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, glósese a los autos para que obre únicamente como corresponda el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos, lo anterior en virtud de que en párrafos que anteceden se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto Así también, como lo solicita, expídanse las copias en el momento procesal oportuno.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado; con su contenido y constancias que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento de veintinueve de marzo del año en curso, remitiendo copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago de quince de abril de este año, en el expediente laboral 676/2009... En atención a lo anterior y toda vez que los efectos del amparo fueron para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad: "Ordene la ejecución del laudo conforme a la ley, haciendo uso de las medidas que pone a su disposición de la ley burocrática como lo son: multa o la ejecución forzosa del laudo." Lo anterior, debió acatarse en consonancia con lo que estableció el Tribunal Colegiado en la resolución que modificó la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, en la parte que dijo: ".por consiguiente es claro que el acuerdo citado por el Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el diez de marzo de dos mil quince, no hace que la omisión cese en sus efectos, siendo que la conducta omisiva de la autoridad responsable, solo puede ser desvirtuada con el cumplimiento total del convenio celebrado el siete de agosto de dos mil doce, en el juicio laboral 676/2009, elevada a la categoría de cosa juzgada; es decir, cuando el demandado cumpla en su totalidad con lo pactado." Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de diez días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, remita copia certificada de lo que haya proveído en el expediente laboral 676/2009... Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192 y 193 en relación con el 258 de la Ley de Amparo y del decretado por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, además, se remitirán los autos del Tribunal Colegiado que por turno, corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la ley de la materia... Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento del fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin. Lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano