Susana Villalobos Sánchez

Expediente 2280/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2280/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Susana Villalobos Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: de una revisión efectuada a los presentes autos se advierte que por acuerdo de doce de abril de de dos mil dieciocho (fojas 37 y 38), se otorgó una prórroga a la autoridad responsable Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que en el término de diez días cumpliera con la ejecutoria de amparo; sin embargo, dicha autoridad ha sido omisa en informar al respecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia correspondiente (foja 43), por lo que el término otorgado ya transcurrió. En virtud de lo anterior, requiérase a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe lo acontecido en la sesión de discusión y votación fijada para el treinta de abril de dos mil dieciocho, y en su caso, remita el proyecto de laudo elevado a la categoría de definitivo, dentro del juicio laboral 2882/2016/17-D de su índice. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, así como el diverso 26 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el Secretario Judicial Guillermo Aguirre Castañeda, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/GAC/amdal

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite a este órgano jurisdiccional el juicio 1291/2016-IV, así como copia certificada del testimonio dictado en el toca de revisión principal número 927/2017, cuyo puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Debe quedar intocada la desestimación de las causales de improcedencia hechas valer por el Presidente de la República y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, contenidas en el considerando quinto, de la sentencia recurrida (folios 372 a 388 ídem), así como el estudio en relación con la fracción XI, del artículo 27, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por el que se concedió el amparo. Además, debe quedar firme el sobreseimiento decretado respecto del artículo 9, segundo párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la resolución recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a "Knispro", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Joel Guerrero Rodríguez, contra los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad del Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil trece, en específico el artículo primero; los artículos 25, fracción VI y X, y 28, fracción I y XXX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, y las Resoluciones de Miscelánea Fiscal para dos mil catorce y dos mil quince, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil trece y el treinta de diciembre de dos mil catorce respectivamente, en concreto, las reglas I.3.3.1.16. y 3.3.1.29." Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicho acuerdo, acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para los efectos siguientes: "No se aplique a la quejosa en el presente y futuro lo previsto en la fracción XI, del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados." Ahora bien, para cumplir la ejecutoria de amparo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamaron, dentro de sus atribuciones, actos legislativos como son, la expedición, aprobación o promulgación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, en específico de los artículos 9, segundo párrafo, fracción I, 25, fracción VI y X, 27, fracción XI, así como el diverso 28, fracción I y XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sobre el particular, son aplicables los siguientes criterios: La tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido son: "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley." En virtud de lo anterior, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. Lo cual deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá multa de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/LMPS/carlo

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de diecisiete de agosto pasado (foja 60), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable en el juicio natural dictó el laudo correspondiente y lo elevó a la categoría de definitivo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido... Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el escrito que suscribe Grecia Galván Robles, autorizada en amplios términos de la parte quejosa Miguel Gastelum Angulo, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento que se le formuló el uno de agosto del año en curso y al efecto exhibe una copia simple del escrito de agravios; en consecuencia, con fundamento en los artículos 84, 86, 87 y 88 de la ley de la materia, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 151 a 158), en el presente juicio en que se actúa; por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios; y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentren notificadas la totalidad de las partes de la sentencia dictada en autos, así como del presente proveído, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, el escrito de expresión de agravios, copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Tiene aplicación a lo anterior, la contradicción de tesis 116/2004, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO, EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO.- El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/DANH/cjta

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