Susana Verónica Ayala Gutiérrez
Expediente 1299/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Susana Verónica Ayala Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente expediente, se obtiene que mediante resolución interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa Susana Verónica Ayala Gutiérrez, la suspensión definitiva de los actos reclamados, fijándose una garantía de $25,036.79 (veinticinco mil treinta y seis pesos 79/100 moneda nacional), a fin de que siguiera surtiendo efectos. En ese tenor, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado por la autorizada legal de la parte quejosa Angélica Rodríguez Mendieta, mediante el cual, exhibe la póliza de fianza número 2471065-0000, expedida por Liberty Fianzas, sociedad anónima de capital variable, que ampara la cantidad de $25,036.79 (veinticinco mil treinta y seis pesos 79/100 moneda nacional); en consecuencia, con fundamento en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, se tiene por constituida la garantía fijada por este Juzgado mediante resolución interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, a fin de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida a la parte quejosa. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y regístrese la aludida póliza de fianza en el Libro de Valores bajo el número de registro 22/2023 y guárdese para su seguridad en el lugar destinado para ello en este Juzgado. Finalmente, llévense a cabo las anotaciones relativas en los registros de control que para tal efecto se llevan en este Juzgado Federal. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/jpsj
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con veinticinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública, Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia prevista en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, en los términos que dispone el artículo 144 del mismo ordenamiento legal, sin la comparecencia personal de las partes. Acto seguido, se da cuenta al Juez, con el escrito presentado por Juan Manuel Gutiérrez Ibarra en su carácter de tercero interesado en el presente asunto con un anexo; registrado bajo folio 24181. Conste. Enseguida, la Secretaria certifica que: en el expediente principal del que deriva la presente incidencia obra agregada en autos la sentencia definitiva dictada en diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés en el juicio natural con número de expediente 925/2023, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial; lo que certifico para los efectos legales conducentes. Doy fe. A lo que el Juez acuerda: agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito mediante el cual se formulan alegatos y ofrece las documentales que adjunta. Asimismo, vista la certificación secretarial, agréguese al presente incidente copia certificada de la sentencia definitiva dictada en diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés en el juicio natural, identificado con número de expediente 925/2023, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial. Documentales antes descritas, que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 143 de la Ley Amparo. A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos, siendo éstas: a) copia de la demanda de amparo; b) informes previos rendidos por las autoridades responsables; c) Escrito con folio 24181, presentado por Juan Manuel Gutiérrez Ibarra en su carácter de tercero interesado en el presente asunto con un anexo; y, d) copia certificada de la sentencia definitiva dictada en diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés en el juicio natural, identificado con número de expediente 925/2023, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Después, se declara abierto el periodo probatorio, en el que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en virtud de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que obran en autos, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Agotada la fase probatoria, se abre la de alegatos, en la que se hace constar que únicamente la parte tercero interesado formuló los de su intención. A lo que el Juez acuerda: téngase por reproducidos los alegatos formulados por la parte tercero interesada. Concluidas las etapas que anteceden, se procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1299/2023-II-A, promovido por Susana Verónica Ayala Gutiérrez, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana y de otra autoridad. R E S U L T A N D O Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, Susana Verónica Ayala Gutiérrez, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez y Actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana y de otra autoridad. Actos reclamados "De la autoridad señalada como Ordenadora, C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD, reclamo en esencia la falta de emplazamiento legal a la suscrita dentro del Juicio Sumario Civil expediente número 925/2023, y como consecuencia de ello, toda la secuela procesal que culminó con la sentencia definitiva que causo ejecutoria, y se encuentra en fase de ejecución, juicio llevado sin que se me haya emplazado a Juicio en forma legal,(sic) De las Autoridad Ejecutora C ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL, Reclamo en esencia la falta de emplazamiento o llamamiento al Juicio Sumario Civil número de expediente 925/2023 en forma legal, en base a los antecedentes del acto reclamado, y que trajo como consecuencia de ello el que se siguiera el Juicio en Franca Rebeldía al no poder producir contestación de demanda." Asimismo, la parte quejosa solicitó la medida cautelar para los efectos siguientes: "[.] PARA EL CASO DE QUE NO SE EJECUTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE LLEVE A CABO LA DESPOSESION DEL O INMUEBLES, objeto del Juicio en mención, o orden de embargo precautorio de bienes muebles o inmuebles de mi propiedad [.]" Segundo. Por auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 140, 141 y 144 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: El emplazamiento -por su falta o ilegalidad- al juicio sumario civil 925/2023 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana y de otra autoridad, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes previos. Cuarto. Luego, en el caso se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa, quien acredita indiciariamente -hasta este momento procesal- ser titular del derecho que aduce, al haber manifestado bajo protesta de decir verdad que es parte demandada en el juicio sumario civil 925/2023, del índice del Juzgado Segundo de lo Octavo del Partido Judicial de Tijuana, del que derivan los actos reclamados, afirmación que se corrobora con lo informado por las autoridades responsables. Por tanto, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo y en atención a la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sin suspender el procedimiento de origen por ser de orden público, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y, en el caso de no haber acontecido, no se ejecute la desocupación y entrega ordenada en el juicio de origen, respecto de la casa habitación ubicada en: calle San Francisco, número 11370 (once mil trescientos setenta), también identificado con el número 4591 (cuatro mil quinientos noventa y uno) de la Colonia (Fraccionamiento) Las Palmas, Delegación La Mesa, de esta ciudad, y, para que, en caso de que se decrete el embargo de bienes propiedad de la parte quejosa, éstos no sean entregados al adjudicatario que en su caso exista. Medida cautelar que subsistirá hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte en el expediente principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Sin embargo, para que continúe surtiendo efectos la suspensión concedida, la parte quejosa deberá exhibir garantía dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, por la cantidad de $25,036.79 (veinticinco mil treinta y seis pesos 79/100 moneda nacional), la que se obtiene de la forma siguiente: En el informe previo rendido por el Juez Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, se advierte que manifestó que en el juicio natural se dictó sentencia definitiva, en diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés -misma que se agregó en copia certificada a esta incidencia- en la que se condenó a la hoy quejosa, entre otras cuestiones, al pago de las rentas vencidas a partir del mes de noviembre del año dos mil veintiuno al mes de junio del año dos mil veintitrés, por la cantidad de $1,300.00 dólares (mil trescientos dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América) mensuales. Por lo cual, será desde la fecha en que se le condenó a la quejosa a pagar las rentas adeudadas, esto es, noviembre del año dos mil veintiuno, hasta la fecha de emisión de la sentencia dictada en el juicio natural, es decir, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, de lo que se advierte que ha transcurrido un plazo de veintitrés meses, los que multiplicados por la cantidad de $1,300.00 dólares (mil trescientos dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América), que equivale a la renta mensual del inmueble materia de la litis, se obtiene que al momento del dictado de la sentencia del juicio natural, la inconforme -presuntivamente- adeuda la cantidad de $29,900.00 dólares (veintinueve mil novecientos dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América) cantidad que se convierte conforme al tipo de cambio y tasa publicado en el Diario Oficial de la Federación de esta misma data, es decir, $17.50 pesos (diecisiete pesos 50/100 moneda nacional) a la cantidad de $523,250.00 pesos (quinientos veintitrés mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); siendo, dicha cantidad la que servirá de base para calcular la garantía correspondiente, a fin de que continúe surtiendo efectos la medida cautelar. Así, respecto a los daños que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, debe fijarse la cantidad de $15,383.52 pesos (quince mil trescientos ochenta y tres pesos 52/100 moneda nacional) por la variación de 0.49 por ciento respecto del índice nacional de precios al consumidor desde noviembre del año dos mil veintiuno, hasta la fecha de emisión de la sentencia dictada en el juicio natural, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, multiplicado por seis meses que es el tiempo probable estimado para que se resuelva el juicio de amparo del que se deriva el presente incidente de suspensión. Como se ejemplifica a continuación: [$523,250.00] x [0.0049] = $ 2,563.92 [$2,563.92] x [6] = $ 15,383.52 Por lo que hace a los perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero interesada, durante la vigencia de la suspensión la cantidad que se fija es de $2,967.47 pesos (dos mil novecientos sesenta y siete pesos 47/100 moneda nacional) la que resulta de multiplicar $523,250.00 pesos (quinientos veintitrés mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por la tasa de interés interbancaria de equilibrio que a la fecha oscila en 11.50 a veintiocho días, se obtiene un total de $6,017.37 pesos (seis mil diecisiete pesos 37/100 moneda nacional), que divididos entre trescientos sesenta y cinco días que tiene un año arroja la cantidad de $16.48 pesos (dieciséis pesos 48/100 moneda nacional), que multiplicado por seis meses o el equivalente en ciento ochenta días que es el tiempo probable estimado para que se resuelva el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, da como resultado $2,967.47 pesos (dos mil novecientos sesenta y siete pesos 47/100 moneda nacional); de ahí que esta última cantidad sea la que se fije a fin de garantizar los probables perjuicios, como se ejemplifica a continuación: [$523,250.00] x [0.01150] = $ 6,017.37 [$6,017.37] / [365] = $ 16.48 [$16.48] x [180] = $ 2,967.47 Consecuentemente, como se adelantó, se fija la cantidad de $25,036.79 (veinticinco mil treinta y seis pesos 79/100 moneda nacional), como garantía de daños y perjuicios. Sustenta las anteriores consideraciones la tesis de jurisprudencia I.9o.C. J/4 C (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2347, registro digital 2023120, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. MONTO DE LA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES SOBRE CONTROVERSIAS DE ARRENDAMIENTO QUE CONTENGAN CANTIDAD LÍQUIDA O DE FÁCIL CUANTIFICACIÓN Y CONDENA A PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO POR VENCER. Atendiendo a los criterios establecidos en la jurisprudencia sentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA." y en la tesis aislada de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.", la caución que se fija para la eficacia de la suspensión decretada en un juicio de amparo directo, sólo debe garantizar las consecuencias derivadas del otorgamiento de esa medida, esto es, los daños y perjuicios que se puedan causar al tercero perjudicado, por no encontrarse en aptitud de incorporar, durante la vigencia de la suspensión, los derechos que le confiere el acto reclamado, y que los daños y perjuicios no se asimilan al monto total del numerario que se integraría al patrimonio del tercero perjudicado, dado que la suspensión no incide en el derecho de fondo al pago de esas prestaciones, sino a la suma que correspondería al rendimiento que legalmente produciría tal prestación durante ese lapso. Ahora bien, tratándose de controversias de arrendamiento, en las que las prestaciones, por regla general, son periódicas y de tracto sucesivo, es menester precisar que la falta de posesión del inmueble, en perjuicio del demandante, deriva, en principio, de la causa generadora del litigio natural; sin embargo, una vez dictada la sentencia, el conflicto se resuelve y si la resolución es favorable, se está en aptitud de recuperar dicha posesión y obtener el pago de las rentas vencidas; en esas condiciones, en caso de decretarse la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, el accionante no podrá obtener la posesión del inmueble en disputa, ni proceder al cobro de las cantidades líquidas o liquidables, habida cuenta que la medida cautelar decretada impide promover la ejecución de esa determinación. En ese contexto, si la sentencia contiene cantidad cierta o de fácil cuantificación, como sería el caso de rentas vencidas, en que su monto podría establecerse desde el incumplimiento hasta la fecha de emisión del acto reclamado, los posibles daños y perjuicios derivados de la suspensión corresponderán, por cada concepto, al interés legal que se cauce al quejoso por el otorgamiento de la medida, durante el lapso de seis meses, tiempo probable de duración del juicio de amparo, pues como ya se estableció, la medida cautelar no incide en las prestaciones ya obtenidas, pues ese aspecto no es materia de estudio en la resolución suspensional. En cambio, respecto de las prestaciones que aún no se generan, pero que se seguirán produciendo por la posesión del bien, cuya entrega, precisamente, habrá de impedirse temporalmente con motivo de la suspensión, la garantía por concepto de daños deberá estar referida a las cantidades que se dejen de percibir por concepto de rentas durante el periodo de resolución del juicio de amparo; y como perjuicios, los intereses legales que se originen durante el propio periodo, pues la falta de disposición del bien y, por tanto, el ingreso patrimonial referido, será en razón de la suspensión del acto reclamado." En el entendido de que si el solicitante de amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 fracción II, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, en él deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, esto es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 1299/2023-II-A, promovido por Susana Verónica Ayala Gutiérrez." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Susana Verónica Ayala Gutiérrez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el tercero interesado Juan Manuel Gutiérrez Ibarra; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo; asimismo, se le tiene designando como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Roberto Carrillo Rivas, toda vez que, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente a efecto de imponerse de autos y oír y recibir todo tipo de notificaciones a Laura Jasmin Luna Robledo, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora bien, con relación a la solicitud de acceso electrónico y notificaciones por dicho medio, dígasele que por el momento no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que omitió proporcionar el nombre de las personas que corresponden a los usuarios señalados en el escrito que se atiende, lo que en términos de los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, resulta indispensable para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar si los titulares de dichos "nombres de usuario", en efecto, cuentan con facultades suficientes para obtener los permisos para la consulta del expediente y, en su caso, conceder la autorización respectiva. Por tanto, una vez que proporcione esa información y previa insistencia de su parte, se acordará lo conducente. Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a efecto de que la parte quejosa manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y en su lugar se fijan las trece horas con cuarenta minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/jpsj
- Principal
nueve de noviembre de dos mil veintitrés, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa Pedro Panduro González, por conducto de Ari Alberto Morales Alfaro, el acuerdo dictado (a) el treinta de octubre de dos mil veintitrés, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Administrador Regional en Tijuana, Baja California del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual remite las publicaciones del emplazamiento por edictos del tercero interesado Pedro Guadalupe Ruiz Gómez, en el periódico "Excélsior", en los días veintidós de septiembre, tres de octubre y trece de octubre del año en curso. Luego, tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que en la página de internet www.dof.gob.mx del Diario Oficial de la Federación, puede observarse que la última publicación de los edictos ordenados en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, a fin de emplazar al tercero interesado Pedro Guadalupe Ruiz Gómez, se efectuó el trece de octubre pasado, lo que constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que el acto de la publicación en ese órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación deriva del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa, toda vez que la naturaleza del Diario Oficial de la Federación es la de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, por lo que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.26 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo 3, Marzo de 2013, página 1996, materia común, con número de registro 2003033, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA." Por tanto, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente asunto, para realizar el cómputo del plazo otorgado al tercero interesado en mención para acudir al juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el término de treinta días hábiles para que el tercero interesado Pedro Guadalupe Ruiz Gómez, comparezca a juicio a fin de que haga valer lo que a su derecho convenga fenece el catorce de diciembre del año en curso.
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