Susana Torres López
Expediente 142/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Susana Torres López
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 142/2016, estando en audiencia pública la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en Estado de Zacatecas, asistida del licenciado JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Enseguida, se declara abierta la ETAPA DE PRUEBAS, y se da cuenta con las documentales que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. Al respecto, la Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las pruebas que ofreció la autoridad responsable, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, y se tomarán en consideración al momento de dictarse sentencia. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que se hace constar que no hay alegatos de las partes, ni pedimento del Agente del Ministerio Público de la adscripción; en atención a lo anterior, se cierra esta etapa. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se pasa a dictar la siguiente resolución V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 142/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el dos de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, SUSANA TORRES LÓPEZ, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Junta Federal de Conciliación y Arbitraje especial número 53 en el Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora y ejecutora la omisión o abstención de dictar resolución en forma de auto que recaiga a mi escrito de fecha 11 de enero de 2016, así como la expedición de convocatorias y demás ordenes dictada en auto de radicación dentro del juicio laboral número 530/2015." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los contemplados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su titular dictó proveído el tres de febrero de dos mil dieciséis, en que ordenó su admisión y registro con el número 142/2016; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dar contestación a la petición presentada el once de enero de dos mil dieciséis, así como la expedición de convocatorias y demás ordenes, dictadas en auto de radicación del juicio laboral número 530/2015. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció la omisión o abstención de emitir proveído al escrito de once de enero de dos mil dieciséis; sin embargo, agregó el nueve de febrero del año que transcurre contestó tal petición y para demostrar su afirmación anexó copia certificada de los documentos respectivos. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido del informe justificado y anexos, mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya hecho argumentación alguna. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual, en lo conducente, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61 fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda de garantías se advierte que la quejosa Susana Torres López, reclama del Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, la omisión de dar contestación a la petición presentada el once de enero de dos mil dieciséis, así como la expedición de convocatorias y demás ordenes, dictadas en auto de radicación del juicio laboral número 530/2015. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad al rendir su informe justificado, se desprende que mediante proveído de nueve de febrero de dos mil dieciséis, se dio contestación a la petición presentada el once de enero anterior y que en lo conducente dice: "LA JUNTA ACUERDA.- Visto el escrito que se acuerda se ordena se agregue a los autos a fin de que surta sus efectos legales correspondientes.- Con fundamento en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo se ordena se regularice el procedimiento. Por lo anterior, a fin de corregir el procedimiento y de conformidad con los artículos 892-896 de la Ley Federal del Trabajo SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia de Demanda y Excepciones, Pruebas y Resolución.- Se comisiona a la C. Actuaria Adscrita a esta H. Junta se Sirva notificar y emplazar a la parte actora SUSANA TORRES LÓPEZ. De igual forma, se sirva notificar y emplazar a las demandadas INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL., así como al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). y AFORE BANORTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Asimismo, de conformidad con el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo se comisiona a la C. Actuaria adscrita a esta H. Junta se sirva fijar convocatorias de Ley por un periodo de TREINTA DÍAS NATURALES, en los Estrados de esta H. Junta del finado trabajador RÁUL ARMANDO VALDÉZ. Con fundamento en el artículo 753 de la Ley Federal del Trabajo gírese atento exhorto al C. Presidente de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí; para que en auxilio de las labores de esta H. Junta se sirva comisionar a quien corresponda notifique y emplace a la demandada OPERACIONES MINERAS LA ESFERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.; debiéndole correr traslado con copia del escrito inicial de demanda con anexos que se acompañan en el mismo, auto de radicación de fecha 26 de octubre de 2015, de donde se desprenden los apercibimientos decretados. Asimismo y en ayuda de las labores de esta H. Junta, de conformidad con el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo comisiona al C. Actuario para que fije las convocatorias de ley por un periodo de TREINTA DÍAS NATURALES en el último lugar en que prestó sus servicios el finado trabajador RAÚL ARMANDO VALDÉZ. Ahora bien, en consecuencia lo procedente es dejar sin efecto la audiencia señalada para el día 12 de febrero de 2015." Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Zacatecas, emitió el proveído de nueve de febrero de dos mil dieciséis, del que se advierte que regularizó la fecha correcta de la audiencia de demanda y excepciones, pruebas y resolución; asimismo, ordenó el emplazamiento de los demandados INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y AFORE BANORTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; de igual forma, ordenó girar atento exhorto a la Junta respectiva para llevar a cabo el emplazamiento de la diversa demandada OPERACIONES MINERAS LA ESFERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; y, finalmente, fijó las convocatorias de ley, por un periodo de treinta días naturales, en los estrados de la junta y en el último lugar en que prestó sus servicios el finado Raúl Armando Valdéz; actuación que fue notificada por lista diez de febrero de dos mil dieciséis; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por SUSANA TORRES LÓPEZ, por su propio derecho. No es óbice a lo antes expuesto, la circunstancia de que no se logró el emplazamiento del tercero interesado OPERACIONES MINERAS LA ESFERA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por lo que, de ningún modo le causa perjuicio dado el sentido del presente fallo. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido SUSANA TORRES LÓPEZ, por su propio derecho, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza.- DOY FE. L'JMZG.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el que acusa recibo del exhorto número de orden 79/2016 y de origen 30/2016, a fin de que sea emplazado el tercero interesado OPERACIONES MINERAS LA ESFERA, S. DE R.L. DE C.V. CÚMPLASE.
- Principal
En Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 2189/2015, presentes en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, asistido del Secretario de Juzgado licenciado José de Jesús Martínez Torres, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en Zacatecas, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. En el período de pruebas, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció. Se declara cerrado el periodo de pruebas y se pasa al de alegatos, en el cual, con fundamento en el artículo 124 de la ley en consulta, se tiene por reproducidos los que hizo valer el Agente del Ministerio Público Federal Adscrito en su pedimento 789/2015 con registro 25372, recibido en este Juzgado en veintitrés de diciembre de dos mil quince. No existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2189/2015; y, RESULTANDO 1°. RAMÓN CHAIREZ AYALA, por su propio derecho, el tres de diciembre de dos mil quince, presentó en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos de la Procuraduría General de la República, Delegación Zacatecas; que hizo consistir en. [.] "ACTOS RECLAMADOS DE LAS ORDENADORAS: las autoridades ya mencionadas anteriormente, argumentan que los acompañe debido a que tengo que declarar ante el ministerio público y así sucesivamente detenerme, sin ninguna causa, razón o circunstancia que lo amerite, mucho menos me exhiben ningún documento tal como citatorio, notificación etc., nada, absolutamente nada." 2°. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y en proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este Tribunal Federal; y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente Acta, que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. La autoridad señalada como responsable Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado negó expresamente la existencia de los actos que se les atribuyen; sin que el quejoso hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 2189/2015, promovido por RAMÓN CHÁIREZ AYALA, contra los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por los motivos asentados en la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. L´JJMT/*Ral
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