Susana Tapias Martínez
Expediente 678/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2020
Partes del expediente
- Susana Tapias Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo; consecuentemente, es susceptible de destrucción, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, Indíquese en la caratula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 678/2020-VI; QUINTO. Este juzgado advierte que respecto de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico su artículo 16, fracción I, incisos a) y h), se actualiza el motivo de improcedencia previsto en 61, fracción XII, en relación con el 5, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación armónica de estos numerales se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso, de lo contrario será improcedente el citado medio de control constitucional al no existir afectación al interés jurídico de aquél. Así, se entiende por interés jurídico para la procedencia del juicio constitucional el criterio que refleja la jurisprudencia I.1º.A.J/17, publicada en la página treinta y cinco, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo sesenta, del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, tribunales colegiado de circuito, de la octava época, aplicada por analogía. Luego, para pedir la protección constitucional la peticionaria de amparo debe resentir un perjuicio directo sobre su interés jurídico con motivo de un acto de autoridad; en ese sentido, del criterio transcrito se advierte: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Ahora, tratándose de amparo contra leyes, la procedencia del juicio constitucional está sujeta a la existencia de un perjuicio inmediato y directo en los intereses jurídicos del particular, pero para que ello pueda surtir sus efectos es necesario que se acredite ser sujeto de ese derecho debidamente tutelado.} En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número doscientos ochenta y seis, visible en la página trescientos treinta y nueve, tomo I, del apéndice de dos mil, de la séptima época. Así como la jurisprudencia 2ª./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecisiete, tomo ochenta y dos, del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la octava época. En ese sentido, para la impugnación de normas a través del juicio de amparo, debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, sea porque la entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, por un acto de autoridad, o bien que tratándose de actos de particular vinculen al peticionario a la ley por actualizarse los supuestos de la norma. Así, para que surja el derecho de un particular para solicitar amparo en contra de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario que se individualice el efecto de la misma en aquél que lo promueve. En efecto, tratándose del juicio de amparo indirecto o bi-instancial, la fracción I, del artículo 107, de la ley de la materia, establece que es procedente contra leyes u ordenamientos generales, que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación, provoquen un agravio al quejoso. Por lo que en esa tesitura, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo contra leyes y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, el quejoso debe probar que con la emisión de los preceptos legales controvertidos, se haya irrumpido en su individualidad al grado de ocasionarle un agravio, positivo o negativo, en su esfera jurídica. Agravio que, se reitera, puede causarse por la sola vigencia del ordenamiento legal o puede aplicarse, en su caso, de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción; sin embargo, es conditio sine qua non que la ley general, abstracta e impersonal, produzca sus efectos en forma particular, concreta y personal en el destinatario. Por ello, el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar así la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse. Lo anterior toda vez que pueden reclamarse en dos distintos momentos: (1) dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, y (2) dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas por el artículo 17 de la legislación en comento. Es decir, las leyes autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna. Las leyes heteroaplicativas se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de aplicación de la misma. Estas normas pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguiente al de su primer acto de aplicación, esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Conforme a lo anterior, la afectación sufrida por el gobernado, que posibilita la promoción del juicio de amparo, debe ser objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda, es decir, para que la constitucionalidad de una norma legal pueda ser analizada en el juicio de amparo, debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real y concreta. Así, para determinar la procedencia del amparo contra leyes, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellas que requieren un acto concreto de aplicación para causarle afectación a los gobernados en su esfera jurídica. Sobre el particular, se atiende el criterio contenido en la tesis aislada treinta y nueve, de la página trescientos dos, de la séptima época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, 103-108 Primera Parte, informe de mil novecientos setenta y siete . Esta doble distinción de ordenamientos legales que la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Federales han denominado autoaplicativos y heteroaplicativos, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues si una norma no produce por sí sola perjuicio en su contra, el ejercicio de la acción de amparo es improcedente, porque, como quedó anotado con antelación, se requiere de la presencia de un perjuicio o daño individual, concreto y directo. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio de jurisprudencia VI. 2º. J/112, página 107, de la materia común, octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, abril de 1991. Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva como ya se dijo de lo previsto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, tendiendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Siendo entonces el juicio de amparo improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. En el caso, del estudio integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama el artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, el cual sostiene que se aplicó a través del pago del recibo oficial con folio A 47596689. Ahora, de un análisis pormenorizado de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte que la parte quejosa haya demostrado con algún medio de prueba la aplicación del citado precepto legal, esto es, no acreditó con prueba alguna (fehaciente) la materialización en el cobro del derecho de testimonios procedentes de otras entidades de la República. Lo anterior, en razón de que la copia certificada del referido recibo, misma que fue remitida por la autoridad responsable Director de la Oficina Regional del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en ****, a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo que establece el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el pago de la contribución fue erogado por *****. 41. Por tanto, no existe acto de aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, pues contrario a lo que señaló la parte quejosa, no se le aplicó a través del pago del derecho, ya que el entero del pago fue por diversa persona. En tales circunstancias, el precepto reclamado, no produce afectación a situaciones concretas de derecho, al no advertir que este haya penetrado en la individualidad de la parte quejosa, al grado tal de ocasionar un agravio a su esfera jurídica, sino que, por el contrario, al tratarse de una norma reclamada bajo la naturaleza heteroaplicativa, es necesaria la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice tal perjuicio; y, por lo tanto, los peticionarios del amparo al no justificar la existencia de un acto de aplicación en su perjuicio, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, la parte quejosa no demuestra fehacientemente la actualización real y efectiva del artículo que combate, es decir, que con motivo del primer acto de aplicación del cuerpo normativo reclamado, relativo al ejercicio fiscal dos mil veinte, haya enterado el derecho por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales. A mayor abundamiento, debe decirse que no basta la presentación de la demanda de amparo por la parte quejosa para demostrar que los actos legislativos señalados como reclamados afectan su esfera jurídica; ni siquiera la circunstancia de que los argumentos expresados en el libelo de amparo se hayan externado bajo protesta de decir verdad, en tanto que es indispensable aportar pruebas idóneas dirigidas a acreditar la afectación a la esfera jurídica del particular, ya que el interés jurídico es un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético, que lo distingue como un interés jurídicamente relevante. Son aplicables al respecto, de manera analógica, las jurisprudencias números 3a/J.27/90 y 3a/J.28/90, definidas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia Común, fojas doscientos veintinueve y doscientos treinta, que respectivamente, dicen: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Así, al ser evidente que el artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, al no habérsele aplicado en un acto concreto, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CLXXV/2000, visible en la página cuatrocientos cuarenta y siete, tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 2ª./J. 12/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos veintitrés, del tomo VII, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época. Y la tesis P. XCVII/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, página noventa y dos 50. Por tanto, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio en lo concerniente al citado acto reclamado del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Jalisco. 51. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 61, 62, 63, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,927 expedientes
- Susana Silva Tortolero2115/2019
- Susana Siordia González971/2019
- Susana Siordia González990/2021
- Susana Siordia González2165/2021
- Susana Siordia González1337/2019
- Susana Siordia González1000/2019
- Susana Vazquez López299/2019
- Susana Victoria Estrada Espejo1228/2020
- Svetlana Galindo Hernández2080/2022
- Tamara Larissa Jiménez Peralta797/2020
- Tamara Rebeca Maleno Peña1759/2022
- Tania Berenice Magaña Gonzalez2712/2017