Susana Serrano Durazno
Expediente 1799/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1799/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/03/2017
Partes del expediente
- Susana Serrano Durazno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental y, destruible el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvanse a la responsable el anexo que remitió en autos, sin que sea necesario el acuse de recibo.
- Principal
dos mil dieciséisAudiencia Constitucional En Toluca, Estado de México, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, hora y día fijados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1799/2016; en audiencia pública Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales el Estado de México, con residencia en dicha ciudad, asistido de Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de amparo, procedió a celebrarla sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de las mismas. Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes, y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. En seguida se abre el período de alegatos y el Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes; por lo cual se cierra el presente período. No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1799/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito; Susana Serrano Durazno por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por auto de treinta de noviembre siguiente, este juzgado admitió a trámite la demanda registrándola con el número 1799/2016; solicitó informe justificado a la autoridad responsable; dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridad que tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a quien se le reclama: a).- La omisión de señalar día y hora para la diligencia de cambio de depositario de bienes embargados, programada para el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en el juicio laboral J.5/365/2009, que no se llevó a cabo; b).- La omisión de no hacer efectivo el apercibimiento a la parte demandada decretado en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, y no tener en cuenta las circunstancias acontecidas en el juicio; c).- La omisión de no adoptar las medidas necesarias para el desahogo de la diligencia de cambio de depositario, como son el comisionar al actuario para la práctica de dicha diligencia, entendiéndola con cualquier persona que se encuentre en el local donde se ubican los bienes embargados, autorizando el rompimiento de cerraduras; y, d).- El proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó que para el desahogo de la diligencia de cambio de depositario debe estar presente la anterior depositaria. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Dicha autoridad al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, en cuanto a la tramitación del juicio laboral. Aserto que se corrobora con las constancias remitidas por la citada Junta Local de Conciliación y Arbitraje como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente laboral J.5/365/2009, que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUATRO. Causales de improcedencia. Al respecto, de oficio se advierte que, respecto de los actos reclamados señalados en los incisos a), b) y c), se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del precepto 63 de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (.)". Lo anterior es así, toda vez que de la copia certificada del juicio laboral J.5/365/2009, que remite la responsable, por conducto de su Presidente, la cual goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2, se desprende que: La diligencia de cambio de depositario programada para el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, no fue desahogada debido a la incomparecencia de la parte actora o de su apoderado legal, de la nueva depositaria María Victoria Serrano Durazno, y del cerrajero respectivo, tal como se advierte del acta levantada por el actuario a las trece horas del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (foja 820), sin que la quejosa hubiese solicitado nueva fecha para la citada diligencia. En proveído de treinta y uno de agosto, se determinó requerir a la quejosa para que manifestara el día y hora en que pondría a disposición de la junta en un término no mayor a cinco días hábiles, los bienes embargados, apercibida que no realizar manifestación alguna se autorizaría el uso de la fuerza pública para realizar la diligencia. En autos de doce y veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, motivo por el cual fue emitido el oficio de veinte de septiembre siguiente, dirigido al Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana. En el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso se ordenó presentar a la C. Juana Valdez, a la diligencia de cambio de depositario, ordenándose girar el oficio respectivo al citado Comisionado de Seguridad. En acta de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el actuario hizo constar la imposibilidad que tuvo para desahogar la diligencia, ante la inasistencia del cerrajero y de la C. Juana Valdez, y por encontrarse cerrado el domicilio en el que se constituyó. En auto de treinta y uno de octubre del año en curso, se autorizó nuevamente el uso de la fuerza pública, y se ordenó la presentación de la C. Juana Valdez Pérez, para lo cual se giraron los oficios respectivos al Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana. Bajo esa tesitura, se tiene que no existe omisión por parte de la responsable de dictar las medidas necesarias para la diligencia de cambio de depositario, lo cual se encuentra acreditado con las constancias del juicio de origen; de ahí que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta de noviembre de dos mil dieciséis); los actos reclamados no existían en la forma planteada por la quejosa, en virtud de que la autoridad responsable con anterioridad ya había dictado las medidas necesarias para el desahogo de la diligencia de cambio de depositario, haciendo efectivos los apercibimientos decretados en contra de la parte demandada, y ordenando la comparecencia de la anterior depositaria, el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, constituyéndose el actuario en diversas fechas, sin que hubiese podido desahogar la diligencia. Deviene aplicable al respecto, la Tesis publicada en la página 254, del Tomo XIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, enero de 1994 bajo el rubro: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo, cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizase con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Bajo esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados consistente en: a).- La omisión de señalar día y hora para la diligencia de cambio de depositario de bienes embargados, programada para el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en el juicio laboral J.5/365/2009, que no se llevó a cabo; b).- La omisión de no hacer efectivo el apercibimiento a la parte demandada decretado en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, y no tener en cuenta las circunstancias acontecidas en el juicio; c).- La omisión de no adoptar las medidas necesarias para el desahogo de la diligencia de cambio de depositario, como son el comisionar al actuario para la práctica de dicha diligencia, entendiéndola con cualquier persona que se encuentre en el local donde se ubican los bienes embargados, autorizando el rompimiento de cerraduras. Ahora bien, al no advertirse que se actualice en el presente juicio diversa causa de improcedencia, ni tampoco las invocaron las partes; procede el estudio del acto reclamado consistente en: el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó que para el desahogo de la diligencia de cambio de depositario debe estar presente la anterior depositaria. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, lo anterior en virtud de que no existe precepto legal que obligue a transcribirlos y, ello no implica transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad. En apoyo de lo anterior, se invoca la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa aduce en su concepto de violación que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, determinó que para el cambio de depositario de los bienes embargados, debe estar presente la depositaria anterior, lo cual es ilegal ya que la nueva depositaria designada desde el seis de junio del año en curso aceptó y protestó el cargo, por lo que solo falta que el actuario le entregue los bienes embargados, sin que sea necesario que esté presente la anterior depositaria. Dice que el proveído reclamado viola su derecho a que se ejecute el laudo, produciendo una afectación a su esfera jurídica. No asiste razón a la quejosa. En efecto, en término del artículo 467 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de aplicación supletoria a la Ley Federal del Trabajo, es obligación del depositario revocado o de quien tenga los bienes en su poder de entregarlos, los cuales deberán ser puestos en custodia o administración según corresponda, a favor del nuevo depositario. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1028, tomo LXXV, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEPOSITARIO SUSTITUTO, CARECE DE ACCIÓN PARA EXIGIR DEL SUSTITUIDO LA ENTREGA DE LOS BIENES SECUESTRADOS. El depósito que recae sobre cosas litigiosas, se denomina secuestro y se constituye desde el momento en que el depositario recibe la cosa ajena, con la obligación de guardarla y restituirla al terminar el litigio, al litigante a quien la pertenencia de la misma cosa se atribuya. Cuando se ha realizado este acto jurídico, la Suprema Corte de Justicia reconoce que el depositario puede ejercitar las acciones de derecho común y aun acudir a la vía constitucional, para que, en el ejercicio de sus funciones legítimas, evite un desposeimiento, con menoscabo de sus atribuciones de depositario, y con perjuicio de la persona indeterminada a quien de modo definitivo habrá de corresponder la indicada posesión; pero este reconocimiento de capacidad procesal a favor del depositario, no opera cuando el nombrado por la autoridad judicial, en sustitución del depositario anterior, no ha contraído obligación o responsabilidad alguna con ese carácter, por no haber recibido en custodia la cosa ajena, pues en tal caso, para que se cumpla la determinación judicial, sólo existen los medios de apremio. Por otra parte, la acción de restitución del depósito, no se da al depositario sustituido, sino al litigante o tercero a quien se le atribuya en definitiva la pertenencia de la cosa secuestrada. Si el demandado fuere absuelto de la demanda, actor y depositario serán solidariamente responsables de la entrega de los bienes secuestrados, o en su defecto del valor de ellos; y si el actor obtuviere sentencia favorable, la ley le otorga la acción restitutoria, mas no contra el demandado salvo el caso en que este sea el depositario, sino contra el depositario, cuya obligación de entrega, dimana precisamente, de haberse constituido el depósito en sus manos. En consecuencia, el depositario sustituto carece de acción para lograr que el sustituido le entregue los bienes que recibió en custodia, porque aquél no es titular de tal acción, toda vez que no existe precepto legal alguno, que prevenga el depósito a su favor como accipiente legal, ni hay entre los depositarios alguna relación jurídica que por su naturaleza, admita la posibilidad de hallarse uno de ellos como actor, frente al otro, como demandado." En ese tenor, a la quejosa no se le está violando su garantía consagrada en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, debe negarse el amparo solicitado, sin que se advierta deficiencia en la queja que suplir a favor del trabajador, conforme lo establece la fracción V del artículo 79, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Susana Serrano Durazno, por propio derecho, contra los actos y autoridades especificados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No ampara ni protege a Susana Serrano Durazno, por propio derecho, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario José Jiménez Sarmiento, que da fe.
- Incidental
VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1799/2016. R E S U L T A N D O: ÚNICO. TRÁMITE DEL CUADERNO INCIDENTAL. Por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó formar el incidente de suspensión; se requirió el informe previo y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DE AUTORIDAD Y ACTO RECLAMADO. La quejosa reclamó de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, derivados del expediente J.5/2016/2016, los actos consistentes en las omisiones en que ha incurrido derivadas de la imposibilidad para llevar a cabo la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, al: No señalar fecha para que tenga lugar la diligencia de cambio de depositario; No hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada en el juicio natural; No adoptar medidas conducentes a efecto de lograr el cambio de depositario; así como, El proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se acordó que en la diligencia de cambio de depositario de los bienes inmuebles embargados debe estar la anterior depositaria. SEGUNDO. La Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, al rendir su informe previo negó los actos consistentes en las omisiones que se le reclaman. Por ello, como la parte quejosa omitió desvirtuar dicha negativa, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada por cuanto hace a las omisiones reclamadas. Al respecto, resulta aplicable la Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que textualmente dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos. (Octava Época, S.J.F. Tomo X, Octubre 1992, página 356)". TERCERO. La Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, al rendir su informe previo sustancialmente aceptó el acto consistente en el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se acordó que en la diligencia de cambio de depositario de los bienes inmuebles embargados debe estar la anterior depositaria. CUARTO. Con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de la materia, no ha lugar a conceder la suspensión definitiva respecto de la emisión del proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se acordó que en la diligencia de cambio de depositario de los bienes inmuebles embargados debe estar la anterior depositaria, en atención a que se trata de un acto que con su solo dictado se consumó y en contra del cual no procede conceder dicha medida cautelar. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. (5a. Época; 1a. Sala; Ap. 2000; Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN; página 13).". De igual forma, por cuanto hace a las consecuencias de dicho proveído no ha lugar de conceder la suspensión definitiva solicitada, toda vez que dicha concesión se traduciría en restituir a la agraviada en el goce de las garantías presuntamente violadas; puesto que no se le puede dar a dicha medida cautelar, el efecto que es propio de la sentencia que se dicte en el fondo del amparo, en el caso de concederse el amparo y protección de la justicia federal. Lo anterior es así, en atención a que la controversia de fondo en el asunto de donde deriva esta incidencia, versa sobre si es inconstitucional o no el acto que se reclama; luego, si se concede la suspensión en los términos indicados, se estaría resolviendo anticipadamente el asunto. En efecto, la institución suspensiva garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no pueden abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues eso equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto, y anticipar los efectos protectores de un fallo que puede ser o no favorable a la quejosa. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Susana Serrano Durazno, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a la autoridad responsable mencionada en el considerando primero de esta resolución, en términos de lo expuesto en los considerandos segundo y cuarto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; quien actúa asistido del Secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe. El Juez El Secretario
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las que ofrece; con la segunda de ellas fórmese el anexo I. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.
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