Susana Sandoval Aguilar

Expediente 1721/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1721/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Susana Sandoval Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Vista la cuenta que antecede, y como está ordenado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 2373/2021-V, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión. AUDIENCIA INCIDENTAL En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe previo en relación a la ampliación de demanda, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, por tanto, acompáñese en la notificación correspondiente copia de la ampliación demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexos que se estimen pertinentes. NOTIFICACIONES POR MEDIO DE INTERCONEXIÓN Con fundamento en los artículos 20, 65, 71, 72 y 76 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo y en cumplimiento a la CIRCULAR SECNO/27/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, exhorta a los órganos jurisdiccionales a utilizar la vía de interconexión; por tanto, se conmina al Actuario Judicial que corresponda, para que realice las notificaciones por medio de interconexión con aquellas autoridades que tengan Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otro lado, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, infórmese a la autoridad responsable que las notificaciones en el presente juicio de amparo e incidente de suspensión; entre ellas, el auto que tenga por recibido los informes previos y justificados, el acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, se notificaran por lista; salvo aquellas que se estime deban efectuarse en forma personal, las cuales se harán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./.176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo II, página mil doscientos cincuenta y tres, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". ESTUDIO SUSPENSIÓN Del análisis de la ampliación de demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: Los oficios******************** de 4 de diciembre de 2020 -mediante el cual se da contestación al diverso FE/EICC/1004/2020, en el sentido de que no es posible aplicar un nuevo proceso de evaluación en control de confianza a la quejosa- y ********************de ********************-mediante el cual se da contestación a los diversos ********************y********************, en el sentido de que no es reevaluable el proceso aplicado a la quejosa-. (Actos atribuidos al Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza) El oficio ******************** de ********************-mediante el cual se da contestación a los diversos ********************y********************, en el sentido de que no es reevaluable el proceso aplicado a la quejosa-. (Acto atribuido al Coordinador General de Proyectos y Enlace de la Fiscalía del Estado de Jalisco) La constancia de notificación realizada el ******************** respecto al oficio ********************de ********************. (Acto atribuido a ******************** Actuario del Ministerio Público adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco) Acuerdo de ******************** emitido dentro del procedimiento de separación ********************, mediante el cual se recibió el oficio ********************, a través del cual se envió copia certificada del diverso ********************, por el que se informa lo relativo al proceso de reevaluación solicitado por la quejosa, y en el que se ordenó dar vista a la misma, para que realice manifestaciones al respecto. (Acto atribuido a ******************** Agente del Ministerio Público actuando como Instructor del Procedimiento adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco) Expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto 24035/LIX/12 de 28 de junio de 2012, por el que se expide la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus municipios, específicamente el artículo 15 bis. (Acto atribuido al Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico, todos del Estado de Jalisco). En tanto que, solicita la suspensión del acto reclamado para el siguiente efecto: "(.) Se sirva conceder en mi favor la SUSPENSIÓN PROVISIONAL, y en su oportunidad la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los ACTOS RECLAMADOS que señalo en esta Demanda de Garantías, a fin de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y se abstengan las Autoridades Responsables a resolver en definitiva el PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN 0******************** del índice de la Contraloría Interna de la Fiscalía Estatal (.)". Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre la suspensión de los actos reclamados que se solicita atendiendo a las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que, en su caso, se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello el suscrito se pueda apartar de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues lo que interesa es conservar la materia del juicio de amparo y no limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes uno de febrero de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.". Requisitos de procedencia de la suspensión: Ahora bien, la suspensión en el juicio de amparo a petición de parte únicamente procede cuando se cumplen los siguientes requisitos que establecen la Constitución y la Ley de Amparo: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos. 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. 4. Que la suspensión no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados son las razones por las cuales se justifica que en un proceso se pueda afectar a la parte demandada sin haberse dictado sentencia, conciliando la eficacia (tutela efectiva) y el debido proceso legal. La doctrina y la jurisprudencia han adoptado de manera uniforme que los presupuestos de las medidas cautelares son el peligro en la demora (periculum in mora) y la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris). La Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tal presupuesto es una valoración positiva, jurídicamente aceptable, de la posición del solicitante de la medida, constituye una estimación prima facie del derecho del promovente que no prejuzga sobre el fondo del asunto; cuando resulta evidente, es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar la protección provisional solicitada en relación con ese derecho, hay por tanto un juicio de probabilidad y verosimilitud. Análisis de los requisitos de procedencia de la suspensión. 1. Solicitud de suspensión. El primero de los requisitos para conceder la suspensión se encuentra satisfecho, en razón de que existe petición expresa de la parte promovente en el sentido de que se provea respecto de la medida cautelar. 2. Certeza de los actos reclamados. El segundo requisito se actualiza, ya que para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. De manera que este órgano jurisdiccional toma en consideración las manifestaciones de la parte quejosa hechas en su ampliación de demanda bajo protesta de decir verdad, así como, el resto de constancias que obran en autos, pues son los elementos con que se cuenta para resolver sobre la suspensión provisional. 3. Naturaleza de los actos reclamados. Al quedar satisfecha la condición de procedencia indicada en el punto 2, corresponde analizar la siguiente, esto es, determinar si la naturaleza del acto reclamado permite su paralización. En este punto, es importante destacar que lo narrado en el escrito inicial de demanda de amparo, permite establecer, que la quejosa se duele primordialmente del inicio del procedimiento administrativo de separación número ********************, en tanto que, de la ampliación de demanda, se advierte que reclama diversos oficios generados con motivo de la instauración del procedimiento de separación en su contra, así como, la aplicación en su perjuicio de la porción normativa que apunta el artículo 15 bis, de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus municipios, por lo que la naturaleza de los actos reclamados, son de ejecución continuada o inacabada. Naturaleza que los hace susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se acredite la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora y no exista impedimento para ello. 4. Análisis para determinar si se vulneran disposiciones de orden público o si se contraviene el interés social, ponderando la apariencia del buen derecho. Para verificar si el cuarto requisito se cumple, debe señalarse que en relación al concepto de orden público e interés social, para efectos de la suspensión del acto reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que ambos conceptos se encuentran íntimamente vinculados, y ha concluido que el orden público y el interés social se afectan cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. La misma Sala ha establecido que el interés social y el orden público son conceptos que deben apreciarse de conformidad con el caso concreto, por lo que al momento de resolver sobre la medida cautelar, el juzgador está obligado a exponer de manera casuística las razones pertinentes para sustentar su determinación de cómo es que se tienen o no por satisfechos tales requisitos. En ese tenor, teniendo en consideración que la suspensión se solicita para mantener las cosas en el estado que se encuentran con la finalidad de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; es decir, para que no se dicte resolución que ponga fin al procedimiento administrativo de separación número ********************, es que se advierte que por el momento dicho acto no contraviene disposiciones de orden público ni intereses social. Luego, es conveniente precisar que el Pleno de la Suprema Corte De Justicia de la Nación, con relación a lo que debe entenderse por la figura de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, ha señalado que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito, aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según el cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la constitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no solo comprende el concepto de violación aducido por la parte quejosa, sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso, dicho análisis debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que solo esto puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión, no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquella solo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las que reglas que rigen en materia de suspensión. Analizado lo anterior, procede ahora pronunciarse en torno al peligro en la demora. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación de la garantía. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Ahora, del estudio de la apariencia del buen derecho que se lleva a cabo a partir de un examen preliminar sobre las probabilidades de la existencia del derecho discutido, es decir, sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados; de existir, anticipa los efectos de la concesión del amparo; por lo que se trata de una institución que tiende a beneficiar al justiciable para asegurar el derecho cuestionado. Por tanto, de un juicio de probabilidad, se advierte la existencia de un derecho jurídicamente tutelado a favor de la parte accionante, pues la parte quejosa solicita la medida cautelar a efecto de que no se dicte resolución que ponga fin al procedimiento administrativo de separación número ********************, que lo obligue a ser separado de su empleo, que debe ser protegido a través de la medida suspensional solicitada, así como que no existe impedimento jurídico o material para otorgar la suspensión provisional a su favor, pues como se precisó anteriormente, cumple con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En consecuencia, se colman los requisitos de procedibilidad previstos en los artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 129 y 139 de la Ley de Amparo, pues la solicitó la parte quejosa, se tuvieron por ciertos los actos reclamados, se realizó un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y no se contravienen disposiciones de orden público, por lo que, SE CONCEDE a la quejosa ********************, la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados en la ampliación de demanda, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, esto es, se continúe procedimiento administrativo de separación instaurado en su contra, pero no se dicte resolución que concluya el mismo, todo lo anterior, si es que a la fecha no ha ocurrido, y hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 76/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, página 921, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. - Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." En ese sentido, como se dijo la suspensión se concede para que continúe el procedimiento administrativo instaurado en contra de la quejosa, más no se dicte resolución alguna, pues la prosecución del procedimiento es de orden público y no surte el primero de los supuestos previstos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia por reiteración 345, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos noventa y dos, del Apéndice 2000, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". Es preciso enfatizar, que la suspensión que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en el caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales; de la misma manera, ésta dejará de surtir sus efectos si el acto es emitido por diversas autoridades a las señaladas, si proviene de diverso procedimiento de separación o motivos, distintos a los mencionados por la quejosa. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 a 3, 9, 11, fracción VI, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá la información que exhiban que se clasifique como reservada o confidencial, por lo que no será objeto de publicación en las versiones públicas de las resoluciones que genere este órgano jurisdiccional, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la citada ley, y en los casos de excepción previstos en dicho numeral; asimismo, se hace del conocimiento de las partes que al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, tienen derecho a manifestar de forma expresa si ésta contiene información reservada o confidencial, señalando el fundamento de dicha clasificación, a efecto de que este juzgado tome las medidas adecuadas de protección. Asimismo, se informa que en términos de los artículos 1, 16 y 80 a 82 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el tratamiento de datos personales y en el uso de las bases de datos para su almacenamiento, este juzgado federal observará los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad y garantizará, en el ámbito de su competencia, la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, con el fin de protegerla contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 17 Constitucional en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y los numerales 22, segundo párrafo, y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indíquese a las partes que cuando tengan la necesidad de copias de las constancias que integran el presente expediente (escrito inicial de demanda, promociones, autos, resoluciones y/o sentencias), podrán descargarlas desde su equipo de cómputo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, toda vez que incluyen la evidencia criptográfica y son consideradas como copias certificadas electrónicamente. De manera excepcional, las personas autorizadas para acceder al presente juicio de amparo y que no hayan solicitado la modalidad de acceso al expediente electrónico, podrán acudir presencialmente al órgano jurisdiccional, dónde podrán descargar las constancias que estimen pertinentes desde un equipo de cómputo y transmitirlas a algún dispositivo de almacenamiento móvil (USB) que traigan consigo; asimismo, se autoriza la expedición física de copias únicamente de las constancias que no obren digitalizadas en el expediente electrónico. De igual forma, y en atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, dígasele a las partes que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos, previa constancia que se deje en autos de la reproducción obtenida. En el entendido de que las partes serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el primer oficio de cuenta, remitido por el Juzgado Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, en donde remite el oficio de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en consecuencia, se ordena agregar a los autos para que obre como en derecho corresponda. Dicho esto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Juzgado Segundo en Materia Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la respectiva notificación, remita copia certificada, completa y legible de todo lo actuado dentro del juicio ******. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá el medio de apremio previsto en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 259, de esa misma Ley, consistente en una multa de cincuenta unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Ahora bien, en lo que concierne al segundo escrito de cuenta, se le tiene al Agente Del Ministerio Publico De La Federación, Titular De La Célula 2 Zapopan, De La Unidad De Investigación Y Litigación B, Eil X B, De La Fiscalía General De La Republica En El Estado De Jalisco, se le tiene solicitando información referente al juicio de amparo que nos ocupa, al respecto, hágase de su conocimiento lo siguiente: ******* Tercero interesado: ********************Actos reclamados: El auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ******************** del índice de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual se declaró por adjudicado el inmueble ubicado en: "********************. ( Estado procesal del juicio de amparo 1657/2023: el mismo se encuentra en trámite con fecha de audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS. ( Si se ha solicitado por las partes algún incidente de falsedad de documentos, testigos o firmas, o incidente por exceso o defecto de sentencias o por el incumplimiento: no se ha tramitado ningún incidente. ( Informe si con las promociones solicitadas por las partes dentro del juicio de amparo en que se actúa, se atraso o dilato la procuración de justicia o estas fueron contestadas y determinadas en términos de ley: se informa que el trámite del juicio de amparo se ha seguido en sus etapas procesales en los plazos y términos previstos por la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el término de tres días, otorgado a la parte quejosa en proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, para que aclare la denominación correcta de la autoridad responsable "JUEZ EN MATERIA CIVIL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO"; por tanto, ante la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Incidental

    Notifíquese personalmente a las partes.

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