Susana Sánchez Rocha
Expediente 1680/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1680/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Susana Sánchez Rocha
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida contra actos de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad; anótese en el libro de gobierno y regístrese. La demanda que se provee es notoriamente improcedente respecto del acto reclamado el cual consistente en: En tal virtud, es de advertirse que en el presente caso, de acuerdo al principio de igualdad procesal, el imputado, al igual que la víctima o el ofendido, tiene el derecho de impugnar ante el Juez de Control, las omisiones del Fiscal Investigador en el ejercicio de sus funciones. Acorde a dicho precepto, se advierte que entre los derechos de las víctimas u ofendidos e imputados se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar; por tanto, si como se ha visto, en el caso los actos reclamados consistente en la omisión de las responsables de judicializar la carpeta de investigación 37JFW/2013, es claro que tales omisiones son susceptibles de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de la fracción XXI del transcrito artículo 109, en relación con el diverso 133, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del Juez de Control, para ejercer las atribuciones que ese Código le otorga, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Ahora, es de resaltarse que en el caso, los actos reclamados no se tratan de una resolución de abstención de investigar que decrete el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o de no ejercicio de la acción penal, de aquellos a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyos casos procede su impugnación ante el Juez de Control; sino, se insiste, en una omisión por parte de la representación social y, en ese sentido, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en sus facultades de investigación, como en el caso, pueden ser analizadas por el Juez de Control, en ejercicio del derecho de la víctima o imputado que establece el diverso numeral 109, fracción XXI, de la codificación nacional en cita, en correlación con la propia Constitución. No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que el artículo 107, fracción VII de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Publico en la investigación de los delitos; empero, conforme al principio de definitividad, se estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente cuando contra el acto reclamado se hayan agotado previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca.En ese orden, si el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, lo cual encuentra su explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, mismos que están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la preservación de los derechos fundamentales de la persona. Por tanto, si la quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión de judicializar la carpeta de investigación, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional; y, por ende, como se dijo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
- Principal
AVISO: PROMOVENTE. ACUERDO 31-12-2018 ...Vista la demanda de amparo promovida contra actos de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad; anótese en el libro de gobierno y regístrese. La demanda que se provee es notoriamente improcedente respecto del acto reclamado el cual consistente en: En tal virtud, es de advertirse que en el presente caso, de acuerdo al principio de igualdad procesal, el imputado, al igual que la víctima o el ofendido, tiene el derecho de impugnar ante el Juez de Control, las omisiones del Fiscal Investigador en el ejercicio de sus funciones. Acorde a dicho precepto, se advierte que entre los derechos de las víctimas u ofendidos e imputados se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar; por tanto, si como se ha visto, en el caso los actos reclamados consistente en la omisión de las responsables de judicializar la carpeta de investigación 37JFW/2013, es claro que tales omisiones son susceptibles de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de la fracción XXI del transcrito artículo 109, en relación con el diverso 133, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del Juez de Control, para ejercer las atribuciones que ese Código le otorga, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Ahora, es de resaltarse que en el caso, los actos reclamados no se tratan de una resolución de abstención de investigar que decrete el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o de no ejercicio de la acción penal, de aquellos a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyos casos procede su impugnación ante el Juez de Control; sino, se insiste, en una omisión por parte de la representación social y, en ese sentido, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en sus facultades de investigación, como en el caso, pueden ser analizadas por el Juez de Control, en ejercicio del derecho de la víctima o imputado que establece el diverso numeral 109, fracción XXI, de la codificación nacional en cita, en correlación con la propia Constitución. No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que el artículo 107, fracción VII de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Publico en la investigación de los delitos; empero, conforme al principio de definitividad, se estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente cuando contra el acto reclamado se hayan agotado previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca.En ese orden, si el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, lo cual encuentra su explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, mismos que están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la preservación de los derechos fundamentales de la persona. Por tanto, si la quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión de judicializar la carpeta de investigación, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional; y, por ende, como se dijo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
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