Susana Paulina Lara López

Expediente 972/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
972/2013
Año
2013
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2013

Partes del expediente

  • Susana Paulina Lara López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo vigente, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya impugnado la resolución de siete de octubre de dos mil trece, por la cual este tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En cumplimiento a lo ordenado en la resolución referida, remítase al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, el oficio 1937/2013 del Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, mediante el cual remite la demanda de garantías en quince fojas con siete copias, promovida por Susana Paulina Lara López, emplazamiento en tres fojas; toca penal 410/2013-II y testimonio de apelación 254/2013; así como copia certificada de la resolución de siete de octubre del año en curso escrito presentado por Lucino Rojo Vega, en su carácter de tercero interesado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente, y en su momento procesal archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Juicio de Amparo Directo

    A SUS AUTOS EL OFICIO 2064/2013, DEL PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA CIVIL Y FAMILIAR Y, LA SECRETARIA DE AMPAROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ESCRITO DEL TERCERO INTERESADO EN EL PRESENTE ASUNTO, EN ATENCION AL MISMO, UNA VEZ QUE SEA REMITIDA LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, REMITASE EL OCURSO DE CUENTA, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de octubre de dos mil trece. Visto el oficio 1937/2013, del Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por el que remite original y ocho copias de la demanda de amparo, promovida por ***, por propio derecho, constancia de emplazamiento, los autos del toca civil 410/2013 y copias certificadas del testimonio de apelación 254/2013; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo Susana Paulina Lara López, por propio derecho, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: (.) III.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Es la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. IV.- EL ACTO RECLAMADO: La sentencia de fecha seis de septiembre de 2013, dictada en los autos del toca número 410/2013-II, formado con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por la suscrita en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 25 de abril de 2013, dictada por el Juez C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA, HIDALGO, en el Juicio especial de desahucio, promovido por LUCINO ROJO VEGA en contra de la suscrita, bajo en número de expediente 254/2013.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2 de la Ley de Amparo vigente, se advierte que el seis de septiembre de dos mil trece, la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, resolvió el toca civil 410/2013-II, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ***, en contra de la sentencia interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil doce, emitida por el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, dentro del juicio especial de desahucio, en la que determinó confirmar dicha interlocutoria. Inconforme con dicha resolución, ***, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Ahora bien, como en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de seis de septiembre de dos mil trece, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en la que determinó confirmar la sentencia interlocutoria de veinticinco de abril de esta anualidad, emitida por el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, interlocutoria en la que se declaró improcedente la excepción de personalidad interpuesta por la parte demandada y se ordenó continuar con el procedimiento, dicha determinación no es una resolución que pone fin al juicio y menos aún lo da por concluido. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones en nombre de la parte quejosa los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 9,238 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano