Susana Patricia Saenz Garduño

Expediente 316/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
316/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Susana Patricia Saenz Garduño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés; ya que aun cuando la parte quejosa compareció a recoger los edictos, no comprobó haberlos entregado para su publicación a fin de emplazar a juicio a los terceros interesados 1. Enrique Carvajal Gómez o Enrique Arturo Carvajal Gómez y 2. Salvador Dávila Álvarez; y, tampoco externó o acreditó alguna circunstancia que le impidiera sufragar los gastos inherentes. SOBRESEIMIENTO. En efecto, en el término de veinte días, contado a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acuerdo por el que se le pusieron a su disposición los edictos, la quejosa debió: (i) recoger los edictos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto último, en el sentido de que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); sin embargo, se tiene que no realizó todas las gestiones señaladas, pues el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se pusieron a su disposición los edictos, se le notificó electrónicamente el veintiuno de septiembre del actual, surtió efectos en esa misma fecha y el término trascurrió del veintidós de septiembre al ocho de noviembre de dos mil veintitrés, descontándose los siguientes días inhábiles: a) El doce de octubre del actual, día de la raza y aniversario del descubrimiento de américa. b) Los días diecinueve a veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés y, de manera retroactiva, el dieciséis, diecisiete y dieciocho del mes y año en cita, declarados inhábiles mediante circular 28/2023, firmada por el Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ello, ante las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, suspendiéndose los plazos y términos durante las fechas aludidas, con la precisión de que las actuaciones y diligencias que se hubieran celebrado subsistirían en su validez. c) El día veinticinco de octubre del año en curso, declarado inhábil pero laborable mediante Circular emitida por el Titular de este órgano jurisdiccional, atento el paro laboral de los servidores públicos, suspendiéndose los plazos y términos durante las fechas aludidas. d) Los días veintiséis y veintisiete de octubre del año en curso, declarados inhábiles pero laborables, por la Coordinación de Juezas y Jueces de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, el veintiséis de octubre del año en curso, suspendiéndose los plazos y términos durante las fechas aludidas; y, e) Los días uno, dos y tres de noviembre de la presente anualidad, declarados inhábiles mediante circular 12/2023 de ocho de marzo del mismo año, signada por el Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Plazo en el que sólo recogió los edictos el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, y no realizó las siguientes gestiones de (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto último, en el sentido de que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Lo anterior, evidencia la contumacia en que incurrió la peticionaria de garantías, impidiendo con ello cumplir con un presupuesto procesal que motivó la paralización del juicio de amparo en contravención al artículo 17 constitucional, pues la administración de justicia pronta no puede quedar supeditada a la intención de las partes de que se dicte sentencia, lo que es imposible sin el emplazamiento del tercero interesado; siendo que no se puede sobreponer el interés de la parte quejosa al interés público de la sociedad, la cual está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley, lo que hace que el suscrito juez de Distrito esté imposibilitado legalmente para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. No es inadvertido para el suscrito juez de Distrito el criterio señalado en la jurisprudencia 2ª./J.108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Ni tampoco, la tesis aislada VI.1o.P.32 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, NO SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXPRESE SU INSOLVENCIA ECONÓMICA -DERIVADA DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL- PARA QUE SE LE EXIMA DE ABSORBER EL COSTO DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE ESTABLECER QUE SU PUBLICACIÓN ESTÉ A CARGO DE AQUÉL, DEBE ANALIZAR SI EN AUTOS EXISTEN ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN ESA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR DEL QUEJOSO QUE LO IMPOSIBILITA PARA CUMPLIR CON DICHA CARGA PROCESAL. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivado de que se encuentra privado de su libertad personal, basta que aquél exprese esta condición de insolvencia económica, para que se le exima de absorber el costo de aquéllos, también lo es que, acorde con el principio pro persona, establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste, esencialmente, en procurar favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no siempre es necesaria tal manifestación, ya que el Juez de Distrito, antes de establecer que la publicación de los edictos sea a cargo del impetrante, debe analizar si en las constancias de autos existen elementos que demuestran esa circunstancia particular del quejoso, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos de éste, derivado de la privación de su libertad en un centro de reinserción social, que le impida dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento de los terceros interesados, mediante edictos, es decir, que lo imposibilitan para cumplir con la carga procesal de su publicación y, en consecuencia, determinar, conforme al artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, aun sin la manifestación expresa del quejoso en ese sentido.. Sin embargo, se estima que en el caso tales precedentes no son aplicables, pues la parte quejosa abandonó la carga procesal que implícitamente aceptó al recoger los edictos. Además, en autos no existe prueba o indicio que conlleve a estimar imposibilidad económica de la parte quejosa. Máxime que, de autos tampoco se advierte que la quejosa ***, esté privada de la libertad; por lo que, tampoco procede iniciar una búsqueda oficiosa sobre la situación económica de la quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues pone fin al juicio de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a los terceros interesados ********************e********************; por oficio a las autoridades responsables, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo se notifica por medio de lista a las partes terceras interesadas Isela Gámez Torres y Héctor López Lara -representante común-, el proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés; ya que aun cuando la parte quejosa compareció a recoger los edictos, no comprobó haberlos entregado para su publicación a fin de emplazar a juicio a los terceros interesados 1. Enrique Carvajal Gómez o Enrique Arturo Carvajal Gómez y 2. Salvador Dávila Álvarez; y, tampoco externó o acreditó alguna circunstancia que le impidiera sufragar los gastos inherentes. SOBRESEIMIENTO. En efecto, en el término de veinte días, contado a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acuerdo por el que se le pusieron a su disposición los edictos, la quejosa debió: (i) recoger los edictos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto último, en el sentido de que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); sin embargo, se tiene que no realizó todas las gestiones señaladas, pues el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se pusieron a su disposición los edictos, se le notificó electrónicamente el veintiuno de septiembre del actual, surtió efectos en esa misma fecha y el término trascurrió del veintidós de septiembre al ocho de noviembre de dos mil veintitrés, descontándose los siguientes días inhábiles: a) El doce de octubre del actual, día de la raza y aniversario del descubrimiento de américa. b) Los días diecinueve a veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés y, de manera retroactiva, el dieciséis, diecisiete y dieciocho del mes y año en cita, declarados inhábiles mediante circular 28/2023, firmada por el Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ello, ante las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, suspendiéndose los plazos y términos durante las fechas aludidas, con la precisión de que las actuaciones y diligencias que se hubieran celebrado subsistirían en su validez. c) El día veinticinco de octubre del año en curso, declarado inhábil pero laborable mediante Circular emitida por el Titular de este órgano jurisdiccional, atento el paro laboral de los servidores públicos, suspendiéndose los plazos y términos durante las fechas aludidas. d) Los días veintiséis y veintisiete de octubre del año en curso, declarados inhábiles pero laborables, por la Coordinación de Juezas y Jueces de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, el veintiséis de octubre del año en curso, suspendiéndose los plazos y términos durante las fechas aludidas; y, e) Los días uno, dos y tres de noviembre de la presente anualidad, declarados inhábiles mediante circular 12/2023 de ocho de marzo del mismo año, signada por el Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Plazo en el que sólo recogió los edictos el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, y no realizó las siguientes gestiones de (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto último, en el sentido de que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Lo anterior, evidencia la contumacia en que incurrió la peticionaria de garantías, impidiendo con ello cumplir con un presupuesto procesal que motivó la paralización del juicio de amparo en contravención al artículo 17 constitucional, pues la administración de justicia pronta no puede quedar supeditada a la intención de las partes de que se dicte sentencia, lo que es imposible sin el emplazamiento del tercero interesado; siendo que no se puede sobreponer el interés de la parte quejosa al interés público de la sociedad, la cual está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley, lo que hace que el suscrito juez de Distrito esté imposibilitado legalmente para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. No es inadvertido para el suscrito juez de Distrito el criterio señalado en la jurisprudencia 2ª./J.108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Ni tampoco, la tesis aislada VI.1o.P.32 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, NO SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXPRESE SU INSOLVENCIA ECONÓMICA -DERIVADA DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL- PARA QUE SE LE EXIMA DE ABSORBER EL COSTO DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE ESTABLECER QUE SU PUBLICACIÓN ESTÉ A CARGO DE AQUÉL, DEBE ANALIZAR SI EN AUTOS EXISTEN ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN ESA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR DEL QUEJOSO QUE LO IMPOSIBILITA PARA CUMPLIR CON DICHA CARGA PROCESAL. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivado de que se encuentra privado de su libertad personal, basta que aquél exprese esta condición de insolvencia económica, para que se le exima de absorber el costo de aquéllos, también lo es que, acorde con el principio pro persona, establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste, esencialmente, en procurar favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no siempre es necesaria tal manifestación, ya que el Juez de Distrito, antes de establecer que la publicación de los edictos sea a cargo del impetrante, debe analizar si en las constancias de autos existen elementos que demuestran esa circunstancia particular del quejoso, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos de éste, derivado de la privación de su libertad en un centro de reinserción social, que le impida dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento de los terceros interesados, mediante edictos, es decir, que lo imposibilitan para cumplir con la carga procesal de su publicación y, en consecuencia, determinar, conforme al artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, aun sin la manifestación expresa del quejoso en ese sentido.. Sin embargo, se estima que en el caso tales precedentes no son aplicables, pues la parte quejosa abandonó la carga procesal que implícitamente aceptó al recoger los edictos. Además, en autos no existe prueba o indicio que conlleve a estimar imposibilidad económica de la parte quejosa. Máxime que, de autos tampoco se advierte que la quejosa ***, esté privada de la libertad; por lo que, tampoco procede iniciar una búsqueda oficiosa sobre la situación económica de la quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues pone fin al juicio de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a los terceros interesados ********************e********************; por oficio a las autoridades responsables, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************DIFERIMIENTO. ********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurre el plazo de veinte días, concedido a la parte quejosa para que acredite haber entregado los edictos para su publicación que servirán para emplazar a los terceros interesados 1. ********************y 2. ********************.********************Atento a lo anterior, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las diez horas con doce minutos de esta data, se difiere, y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS.********************INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO.********************El presente proveído debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo.********************Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintitrés.********************DIFERIMIENTO. ********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurre el plazo de veinte días, concedido a la parte quejosa para que acredite haber entregado los edictos para su publicación que servirán para emplazar a los terceros interesados 1. ********************y 2. ********************.********************Atento a lo anterior, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las diez horas con doce minutos de esta data, se difiere, y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS.********************INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO.********************El presente proveído debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo.********************Notifíquese por lista a las partes.

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