Susana Patricia Muñoz Jardinez
Expediente 308/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Susana Patricia Muñoz Jardinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se SOBRESEYÓ respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que desahogó oportunamente, según la certificación de cuenta, en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria. 1. Efectos de la sentencia de amparo. Por sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós (fojas 158 a 168), se concedió al quejoso Said Rodríguez García el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ".se concede a Said Rodríguez García, la protección constitucional para los siguientes efectos: 1. La autoridad responsable, deje insubsistente el acuerdo reclamado de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa IEEH/DIC/AUT/-SUB/PART/092021. 2. En su lugar, deberá emitir un nuevo acuerdo, en el que siguiendo los lineamientos de esta determinación resolución (sic) en términos del artículo 212 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precise los requisitos de procedencia de la medida suspensional solicitada; y con libertad de jurisdicción, pero fundada y motivadamente decida si procede o no el otorgamiento de la suspensión de la ejecución de la resolución de siete de abril de este año; para el caso de que proceda la medida cautelar y de considerarlo necesario, realice pronunciamiento respecto del requisito de efectividad o eficacia." 2. Ejecutoria de la sentencia y requerimiento de su cumplimiento. Por acuerdo dictado el veintisiete de septiembre dos mil veintiuno (fojas 179 y 180), causó ejecutoria la sentencia de mérito, por lo que se procedió a requerir a la autoridad responsable Autoridad Substanciadora y Resolutora del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, para que diera cumplimiento al fallo protector en los términos mencionados. 3. Actuaciones realizadas para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable llevó a cabo la siguiente actuación para cumplir con el fallo protector: - Por oficio presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós (fojas 184 a 189), remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa IEEH/DIC/AUT/-SUB/PART/092021, el cual notificó al quejoso el treinta del mismo mes y año. 4. Análisis del cumplimiento del fallo protector. Previo estudio de la actuación realizada para cumplir con el fallo protector, este juzgado federal considera que ha quedado cumplido. En efecto, los lineamientos de la ejecutoria de amparo consisten en lo siguiente: a) Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de reclamado de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa IEEH/DIC/AUT/-SUB/PART/092021. b) Dictar un nuevo acuerdo, en el que precise los requisitos de procedencia de la medida suspensional solicitada, en términos del artículo 212 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada si procede o no el otorgamiento de la medida cautelar pedida en contra de la ejecución de la resolución de siete de abril de dos mil veintidós; en el entendido que de resultar procedente y de considerarlo necesario, deberá pronunciarse respecto del requisito de efectividad o eficacia. Del análisis del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 186 a 189), dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa IEEH/DIC/AUT/-SUB/PART/092021, se observa que la autoridad responsable ordenó dejar insubsistente el diverso acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós. Además, la autoridad responsable se pronunció nuevamente sobre la suspensión solicitada en contra de la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, impugnada a través del recurso de revocación, precisando que conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para el otorgamiento de la medida cautelar deben reunirse dos requisitos, a saber: i) que la pida el recurrente; y ii) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, la autoridad responsable consideró que no se reunía el segundo de los requisitos mencionados, pues de otorgarse la suspensión se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, toda vez que el procedimiento que se sigue en contra del impetrante es de orden público e interés social, en tanto que la sociedad está interesada en la continuación y conclusión del mismo, ya que sus funciones tienen como destinataria la sociedad y ésta exige que sus actividades se realicen conforme a la normatividad aplicable, aunado a que el quejoso no exhibe alguna constancia que arroje la convicción de que con la interrupción de la ejecución de la resolución recurrida, llevará a cabo sus funciones debidamente sin obstaculizar su función pública. Por tal motivo, la autoridad responsable determinó negar la suspensión solicitada en contra de la resolución recurrida. Tales actuaciones permiten constatar que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector, pues ordenó dejar insubsistente el acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa IEEH/DIC/AUT/-SUB/PART/092021, dictó un nuevo acuerdo, en el que se pronunció respecto de la suspensión solicitada en contra de la resolución recurrida de siete de abril de dos mil veintidós, precisando los requisitos para su otorgamiento en términos del artículo 212 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, concluyendo que no se reunía el requisito relativo a que con el otorgamiento de la medida cautelar se causaran perjuicios al interés social y se contravinieran disposiciones de orden público, dadas las funciones públicas que desempeñaba el impetrante y por ello con libertad de jurisdicción negó la suspensión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. 5. Contestación a las manifestaciones planteadas respecto de la vista del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La parte quejosa presentó un escrito el once de octubre de dos mil veintidós (fojas 193 a 195), en el que argumentó esencialmente que no debía declararse cumplida la ejecutoria de amparo, debido a que la autoridad responsable no expresó argumento alguno para justificar la transgresión al interés social y la contravención al orden público, aunado a que pretende arrojar la carga de la prueba al impetrante para demostrar que sus funciones públicas no ocasionan esos daños. Agrega, que la autoridad omitió pronunciarse respecto de los requisitos de efectividad o eficacia de la medida cautelar solicitada, en tanto que no efectuó una cuantificación del posible daño causado. Tales argumentos son infundados, pues contrario a lo que sostiene el quejoso, la autoridad sí se pronunció respecto del requisito relativo a que con el otorgamiento de la medida cautelar no se causen perjuicios al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, ya que al respecto, la autoridad responsable consideró que ese requisito no se reunía en virtud de que el procedimiento que se sigue en su contra es de orden público e interés social, en tanto que la sociedad está interesada en la continuación y conclusión del mismo, ya que sus funciones tienen como destinataria la sociedad y ésta exige que sus actividades se realicen conforme a la normatividad aplicable, aunado a que el quejoso no exhibe alguna constancia que arroje la convicción de que con la interrupción de la ejecución de la resolución recurrida, llevaría a cabo sus funciones debidamente sin obstaculizar su función pública. En cuanto a sus argumentos relativos a que la decisión de la autoridad responsable no es correcta, debido a que no procedía que le arrojara la carga de la prueba para justificar el ejercicio debido en sus funciones como servidor público, también resultan ineficaces, toda vez que esa decisión se emitió con libertad de jurisdicción, lo que pone de manifiesto que no fue materia de la ejecutoria de amparo y, por ende, no es posible examinar si se ajusta a derecho esa decisión. En relación con el diverso argumento consistente en que la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre los requisitos de efectividad o eficacia de la medida cautelar, también se debe considerar infundado, pues para que esa determinación constara en el nuevo acuerdo se requería que la autoridad responsable previamente hubiese otorgado la suspensión solicitada, lo que no ocurrió en la especie, de manera que no había que garantizar algún posible daño con esta última determinación, de ahí que se justifique esa omisión en la efectividad o eficacia mencionadas. En tales condiciones, se insiste, el fallo protector ha quedado cumplido, en términos de los razonamientos expuestos en párrafos que anteceden. 6. Vista a la parte quejosa con el cumplimiento. Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Juvencio García López, mediante el cual informa que la parte demandada en el juicio laboral Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, continúa siendo omisa en pagarle los salarios y prestaciones mencionadas en el laudo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 208/2015, aunado a que no se le permite realizar las funciones inherentes a su clave presupuestal de supervisor de telesecundaria, sin que la autoridad responsable haya dictado las medidas necesarias para que dicha cumpla con el laudo. Al respecto, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que la última actuación que reportó la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, consistió en un oficio ingresado el cuatro de enero de dos mil veintitrés (fojas 204 a 207), en el que remitió copia certificada del acuerdo dictado el tres del mismo mes y año, en donde impuso una multa a la parte demandada Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo y nuevamente le requirió el cumplimiento del laudo, a fin de que efectúe el pago de los salarios y prestaciones a que fue condenada. Sin embargo, hasta la fecha en la que se actúa no existe alguna otra constancia en la que la autoridad responsable informe lo que ha sucedido con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se traduce en dictar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del referido laudo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, con copia del escrito de cuenta, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, esto es, que se haya ejecutado en su totalidad del laudo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 208/2015, consistente en que se le paguen al quejoso los salarios y prestaciones a que fue condenada, así como se le permita al impetrante realizar las funciones inherentes a su clave presupuestal de supervisor de telesecundaria. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, en términos de los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo; y de incurrir nuevamente en el cumplimiento del fallo protector, se ordenará la apertura del incidente de inejecución de sentencia y se enviará al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en turno para su substanciación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de la Materia.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de la responsable, las constancias que anexa a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. En el entendido que con fundamento en el artículo 91 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; se digitalizan todas las actuaciones que integran el anexo de referencia. En consecuencia, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remita la constancia de notificación realizada a las partes del auto de tres de marzo de la presente anualidad dictado dentro del expediente laboral ******************** de su índice; o bien, manifieste la imposibilidad legal que tiene para hacerlo. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), ello de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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