Susana Patricia Coronado Ayala
Expediente 3469/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3469/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2018
Partes del expediente
- Susana Patricia Coronado Ayala
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito signado por la quejosa; en atención a su contenido, expídansele las copias certificadas de las constancias que solicita, previo recibo y razón que se otorgue en autos, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles. No pasa desapercibido que el oficio en cuestión, se dirige al juicio principal 3467/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, sin embargo, de su contenido se advierte que corresponde al presente sumario.
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el diez de enero de dos mil dieciocho (foja 32), mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado que suscribe la Presidenta Especial y la Secretaria Comisionada, ambas de la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, con apoyo del numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que exhiben. Ahora, de las documentales acompañadas por las autoridades oficiantes, relativas a la copia certificada del acuerdo dictado el quince de agosto de dos mil diecisiete y de los oficios girados esa misma fecha, en los cuales se solicitó a la oficina de convenios y ratificaciones de la aludida Junta responsable, el convenio 36190/2016 con todas las actuaciones que del mismo se desprendieran. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". De entrada, es preciso enfatizar que no todo lo que deja de hacerse constituye una omisión, sino que, su existencia depende de la capacidad de realizar la acción, la oportunidad de actuar, y la existencia de una razón para proceder, por lo general, al tenor de una norma que permita esperar esa actuación. Es así, porque la certeza de una omisión lleva a adscribir responsabilidad a la autoridad obligada en el área del Derecho, dentro de un entorno causal, por lo que su existencia implica atribuir el deber jurídico correspondiente, en tanto la inexistencia de la abstención, no trae como consecuencia la vinculación de responsabilidad. Entonces, una actitud omisa se sujeta a la presencia del deber legal correlativo a cargo de la autoridad, es decir, su certeza se determina en función de las obligaciones normativas que a ésta corresponden, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; pero no sólo por el hecho de incurrir en un no hacer. La quejosa aduce que la autoridad responsable se ha negado a ejecutar el convenio celebrado entre las partes 36190/2016. Mientras que de las manifestaciones vertidas por la Junta responsable al momento de rendir su informe justificado y de las constancias acompañadas al mismo relativas al auto de quince de agosto de dos mil diecisiete y los oficios girados, se advierte que la etapa procesal en que se encontraba no permitía que la Junta ejecutara el aludido convenio, puesto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete) la responsable se estaba allegando de las constancias necesarias para proveer lo correspondiente respecto de la ejecución; por lo que es evidente que aún no se encontraba en la etapa de ejecución del convenio al ejercitar la acción constitucional. Por ende, es evidente que la fecha de la presentación de demanda no existía la omisión en que constituye el acto reclamado, puesto que la autoridad responsable aún estaba allegándose de las pruebas necesarias para ejecutar el convenio celebrado. En el entendido que, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia de amparo tendría que ocuparse de actos u omisiones posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del asunto. Sustenta lo anterior la tesis 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206346, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA". En consecuencia, procede SOBRESEER fuera de audiencia en el juicio, al actualizarse la causal prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, esto es, las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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