Susana Pablo Cruz
Expediente 1319/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Susana Pablo Cruz
Actuaciones
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1319/2021. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Susana Pablo Cruz, por su propio derecho, mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente, Regidor de Panteones y Secretario Municipal, todos del Municipio de San Agustín Yatareni, Oaxaca, consistentes en: La negativa a expedirme copia certificada del expediente de inhumación de mi difunto padre quien en vida respondió al nombre de Vidal Pablo Cruz, quien falleciera el día 16 de septiembre de este año dos mil veintiuno y fuera inhumado al día siguiente, de acuerdo a los protocolos establecidos por la contingencia causada por el SARS COV 19. Acto que estimó violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de demanda. En proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener (.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.), es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que Susana Pablo Cruz, reclama del Presidente, Regidor de Panteones y Secretario Municipal, todos del Municipio de San Agustín Yatareni, Oaxaca: La falta de contestación a su escrito de fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, en el que solicita copia certificada del expediente de inhumación de su padre. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables negaron la existencia del acto que se le atribuye, refieren que al realizar búsqueda en su carpeta de promociones pendientes de acordar, no recibieron escrito de fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, por parte de Susana Pablo Cruz, solicitando la información que refiere en la demanda de amparo, que las promociones las reciben en horario de oficina de diez a trece horas y de diecisiete horas a veintiún horas, de lunes a viernes, y se les pone sello oficial de recibido; que los policías municipales no están autorizados para recibir escritos de los ciudadanos. Con lo anterior, se dio vista a la quejosa en auto de tres de enero de dos mil veintidós, transcurrido el plazo de ocho días, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la quejosa no aportó probanza alguna que desvirtuara tales negativas. Ahora, para configurarse la abstención reclamada y por ende una violación al derecho de petición es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada fue recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, a efecto de estar jurídicamente en posibilidad de exigirle su respuesta. En el caso concreto, Susana Pablo Cruz no acreditó en el presente juicio de amparo, haber presentado su petición de seis de octubre de dos mil veintiuno, en la Presidencia Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca. Si bien, exhibió escrito de esa fecha, dirigido al Presidente Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca, y al calce tiene la leyenda con letra: Recibí original 06/10/21, 2:20 pm. José Manuel Pérez, policía #22, J.M.P. Lo cierto es, que esa leyenda, sin mayor probanza que acredite que el escrito de petición de referencia, fue recibido efectivamente por las autoridades responsables Presidente, Regidor de Panteones y Secretario Municipal, todos del Municipio de San Agustín Yatareni, Oaxaca; es insuficiente para exigirles su respuesta. Luego, al no acreditarse la recepción del documento que contiene la solicitud, se tiene por inexistente la omisión reclamada a las aludidas autoridades; por consiguiente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 351, Tomo VII, Junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 1º, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías 1319/2021, promovido por Susana Pablo Cruz, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de enero de dos mil veintidós. Adjúntese el oficio del Síndico Municipal Constitucional de San Agustín Yatareni, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegado de la responsable a la persona que refiere. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando el correo electrónico municipioyatareni@hotmail.com, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte, se encuentra transcurriendo el término concedido a las autoridades responsables Presidente de San Agustín Yatareni, Oaxaca, Regidor de Panteones y Secretario Municipal, ambos de la referida población, para que rindan su informe justificado solicitado en autos; por tanto, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo promovida por SUSANA PABLO CRUZ, contra actos del Presidente Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca, y otras autoridades; con registro de este Juzgado 1319/2021; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías; por tanto, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. En consecuencia, pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa de cien unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía correo electrónico, podrán hacerlo a la siguiente dirección 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Así también, las autoridades, sean responsables o terceras interesadas, deberán informar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Se precisa a las autoridades responsables que en caso de que las constancias que deban remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), reformado en cuanto a su vigencia (del tres de agosto de dos mil veinte, al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno), por el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de agosto de dos mil veintiuno, podrán presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Se señalan las DIECISIETE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y ante la actual situación de contingencia que se vive con la pandemia derivada del virus COVID-19; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, les será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estarán en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que acompaña la quejosa a su demanda de amparo, la que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle de Las Casas número setecientos uno, letra "B", Centro, Oaxaca; así como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Laura Martínez Hernández, Ana Cesia Gómez Amaya e Hilda Itzel Arce Pérez, sin gozar de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados. En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que en subsecuente promoción que presenten en este juicio, indiquen si es su deseo continuar la tramitación del presente expediente en línea, para lo cual deberán proporcionar correo electrónico a fin de hacerles llegar las determinaciones de carácter personal que se lleguen a dictar y el nombre de usuario con que se encuentren registrados en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido que de optar por el "juicio en línea", deberán así expresarlo, solicitar sus notificaciones por esa vía y proporcionar su número de usuario. Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.
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