Susana Orbe Ramírez

Expediente 493/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
493/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
27/08/2018

Partes del expediente

  • Susana Orbe Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de agosto de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/3803/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 493/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de junio del dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Susana Orbe Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1) Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "La paralización total del juicio ante su negativa y/u omisión de la autoridad responsable de manera deliberada para acordar respecto del aseguramiento de alimentos, solicitado mediante escrito de fecha 24 de abril del 2018 (.)". SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 493/2018, y se formuló una prevención, en cuyo desahogo la parte quejosa precisó que reclamaba los actos que quedaron detallados en el auto de prevención; en consecuencia, por auto de ocho de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo en comento; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos omisivos suscitados dentro de un juicio familiar que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama de la autoridad responsable: 1) La paralización total del juicio ante su negativa y/u omisión para acordar respecto del aseguramiento de alimentos solicitado mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. 2) La omisión de girar oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para llevar a cabo la anotación de embargo, realizado el dieciocho de enero del año en curso; 3) La omisión de dictar acuerdo en relación al requerimiento de embargo del día nueve de marzo del presente año, ordenado por acuerdo de dieciocho de enero del año en curso; y, 4) La omisión de dictar la resolución interlocutoria, relativa a la planilla de liquidación presentada el veinte de febrero de dos mil diecisiete. Todo ello dentro del juicio de divorcio incausado 82/2016-II. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Precisados los actos omisivos reclamados, se procede ahora a dilucidar sobre su existencia. En ese sentido, si bien el Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, al rendir su informe con justificación aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados, no se infiere que dicha aceptación se encuentre relacionada con los actos reclamados, sino únicamente con la existencia del juicio de divorcio incausado 82/2016-II. En efecto, se arriba a la anterior conclusión partiendo del hecho de que la autoridad responsable adujo que atento a la petición que realizó Douglas Robert Hudson sobre la cesación de pensión alimenticia decretada a su cargo y a favor de Susana Orbe Ramírez, se ordenó suspender provisionalmente el pago de dicha pensión alimentaria, como se explicará a continuación. Es necesario recordar que tratándose de actos negativos -como ocurre en la especie-, es la propia autoridad quien debe demostrar con las constancias relativas que no existe el acto de autoridad que se le imputa. Ahora bien, con el valor probatorio pleno que les reviste a las constancias que allegó el juez responsable por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que: 1).- Que mediante escrito de diez de febrero de dos mil dieciséis, Douglas Robert Hudson, demandó en la vía de divorcio incausado, la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con Susana Orbe Ramírez; demanda que por razón de turno y materia fue radicada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, bajo el número de expediente 82/2016-II y por auto de diecisiete de febrero del año en cita fue admitido a trámite. 2).- Seguido que fue el procedimiento, el cuatro de abril de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial y se aprobó el convenio allegado por la parte actora, en cuya clausula segunda se pactó el pago de la cantidad de cinco mil pesos mensuales durante dos años consecutivos a la presentación de la demanda, finalizando dicha obligación hasta el día treinta de enero de dos mil dieciocho; resolución que en auto de doce de abril siguiente se declaró firme. 3).- Por auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite por cuerda separada el incidente de reducción de la pensión compensatoria alimenticia promovido por Douglas Robert Hudson, mientras que en el mismo cuaderno incidental por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete se admitió a trámite el diverso incidente de cesación y cancelación de dicha pensión alimenticia. 4)- Dentro del expediente principal, por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió a Douglas Robert Hudson el pago de la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de pensión alimenticia por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de dos mil diecisiete, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procedería a embargar bienes de su propiedad para cubrir su importe, lo que así aconteció ya que en diligencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho se trabó embargo sobre las acciones de dicho deudor alimentario dentro de la persona moral a que se refiere el folio mercantil 1954, solicitándose se girara oficio a la autoridad registral para que se procediera a su inscripción, evidencia de que se hubiera proveído sobre el particular. 5).- Dentro del expediente incidental, con motivo de la incomparecencia de la Susana Orbe Ramírez, el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho el juez de la causa determinó tener por presuntivamente ciertos los hechos sobre los cuales Douglas Robert Hudson basó la incidencia de cesación y cancelación de la pensión alimenticia, por lo que desde ese momento ordenó suspender temporalmente tanto el pago de las pensiones pendientes por proporcionársele como las que se le han dejado de otorgar, hasta en tanto se dictara sentencia interlocutoria; determinación contra la cual se interpuso recurso de revocación, sin evidencia de que se hubiera resuelto dicho recurso a la fecha en que se emite la presente resolución. 6).- Por escrito de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la parte quejosa solicitó al juez responsable que se girara oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para llevar a cabo la anotación de embargo realizado el dieciocho de enero del año en curso y se procediera a su anotación registral; a lo que recayó el acuerdo de catorce de mayo pasado en el que se sobre dicha petición se remitió al ocursante a lo resuelto en auto de veintitrés de abril anterior. En ese orden de ideas, si se parte del hecho de que la demanda que nos ocupa fue presentada el cuatro de junio de dos mil dieciocho, es inconcuso que en esa data no existían las omisiones reclamadas, a virtud de lo resuelto por el juez de la causa en auto de veintitrés de marzo pasado. En efecto, el contraste de lo narrado con antelación revela que respecto a la pretendida omisión descrita en el inciso a) del considerando inmediato anterior, el juez responsable emitió el auto de catorce de mayo pasado, en el que sobre la petición formulada por escrito de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se indicó a la quejosa que debía estarse a lo resuelto en el aludido auto de veintitrés de marzo pasado, por el que se ordenó suspender provisionalmente el pago de las pensiones alimenticias, de ahí que sea inexacto que la responsable hubiera incurrido en la omisión de proveer sobre el aseguramiento de alimentos solicitado. Lo anterior revela a su vez la inexistencia de las omisiones descritas en los incisos 2) y 3) del considerando que antecede, ya que el sentido del invocado acuerdo de veintitrés de marzo pasado constituye un impedimento legal para que el juez de la causa proveyera sobre la petición que le efectuó la parte quejosa para que se ordenara girar oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para llevar a cabo la anotación de embargo realizado en diligencia de dieciocho de enero del año en curso, y en su caso, emitir nuevo mandamiento de ejecución. A similar conclusión se arriba respecto a la omisión descrita en el inciso 4) del considerando que antecede, habida cuenta que de las actuaciones allegadas a los presentes autos no se observa que la parte quejosa hubiera exhibido planilla de liquidación alguna ni el veinte de febrero de dos mil diecisiete ni en alguna otra fecha. De lo anterior puede válidamente concluirse que el Juez responsable no incurrió en la actitud contumaz que se le reprocha, a partir de lo cual debía tomar medida alguna para asegurar el pago de la pensión alimenticia decretada en favor de la quejosa. De ese modo, tomando en consideración que no se demostró con medio de convicción alguno la certeza de los actos que se impugnan, por tanto, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de garantías. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo número 493/2018, promovido por Susana Orbe Ramírez, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Vistos el oficio y telegrama de cuenta, remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero; en atención al contenido del primero de ellos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, téngasele por rendido su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, intégrense las constancias que anexa, relacionadas directamente con la litis constitucional, y en razón de que la autoridad responsable adjunta en dos tomos, copias certificadas derivadas del juicio de divorcio incausado 82/2016-II, del que derivan los actos reclamados, a fin de evitar su alteración, fórmense por separado los tomos I y II de pruebas relativos al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional. En mérito de lo anterior, agréguese a sus autos sin proveer sobre el particular el diverso telegrama de cuenta, mediante el cual informa la fecha de envío del informe que se provee. Finalmente, para los efectos legales que correspondan, hágase del conocimiento de las partes de la designación del Titular de este juzgado de Distrito mediante oficio SEADS/809/2018, de cuatro de julio actual, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a diez de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra el informe justificado del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, ni el acuse de recibo del oficio 10128/2018 mediante el cual se le solicitó dicho informe; en mérito de lo anterior, requiérasele por la vía telegráfica a la autoridad de referencia para que de no existir inconveniente alguno, se sirva informar por la misma vía si recibió el citado oficio, y de ser así, indique la fecha de su recepción; asimismo, en caso de no haber rendido su informe justificado, lo haga en el comunicado que para tal efecto envíe. Para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para este día, según la certificación de cuenta, se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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