Susana Navarrete Chavero
Expediente 1031/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2022
Partes del expediente
- Susana Navarrete Chavero
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA . HA CAUSADO ESTADO VITO EL ESTADO PROCESAL SE ORDENA SU ARCHIVO TODA VEZ QUE NO HAY ACTUACIONES PENDIENTES ...EL EXPEDIENTE ES SUCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN .
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
*CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 31/08/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Vista la demanda de garantías promovida por.En ese orden de ideas, en relación al escrito de demanda que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado responsable en el juicio sumario civil 947/2019 de su índice, promovido por Justina Zamudio Godoy, a través de su apoderado legal, sobre rendición de cuentas; que resolvió el recurso de revocación promovido por la quejosa contra el acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós en que la Juez del conocimiento acordó favorable la petición de la parte actora para sustituir a las personas a cargo de los que correría la prueba testimonial ofertada por dicha contraparte de la aquí quejosa y además autorizó el desahogo de la prueba a través de exhorto, es decir, fuera de la jurisdicción del juzgado del conocimiento.. Hecha tal precisión, cabe decir que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Al respecto, el numeral en el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, este Juzgado advierte que, en la especie existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en virtud de que la quejosa señala como acto reclamado una determinación que versa sobre una prueba testimonial a desahogarse en el juicio de origen, ya que se resolvió un recurso sobre la sustitución de testigos y el desahogo de dicha prueba a través de exhorto, sin embargo, esa determinación por si sola no genera una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa fuera del proceso, como lo serían su salud, la vida, su libertad u otro que pudiera verse disminuido con el dictado y ejecución de la consabida resolución que autorizó la sustitución de testigos y el desahogo de esa prueba testimonial a través de exhorto. Lo anterior, porque dados los efectos intraprocesales que genera la resolución reclamada, de generarse una afectación a la quejosa sólo se materializará en el supuesto de que la sentencia definitiva que se dicte en el juicio resulte adversa a sus intereses, y en ese caso estará en aptitud de combatirla la citada violación procesal, a través del juicio de amparo directo que se haga valer contra esa sentencia, previamente agotados los recursos ordinarios, se explica. En la ejecutoria origen de la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada Jurisprudencia 37/2014 es el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, en la especie se actualiza la invocada causal de improcedencia, contemplada en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, requisitos que no satisface la resolución reclamada ya que a través de ella el Juzgado responsable, únicamente confirmó la sustitución de testigos y el desahogo de esa prueba testimonial a través de exhorto; de manera que los efectos lesivos que esa determinación pudiera producir en contra de la quejosa no trascienden más allá del proceso jurisdiccional, ya que el único efecto material que causará la ejecución de esa determinación será que en el consabido juicio no se declare la deserción de la prueba conforme a lo ordenado en el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós que la admitió inicialmente en el que quedó a cargo de la actora la presentación de los testigos bajo pena de deserción, y por ende, se desahogue la consabida testimonial a cargo de diversas personas y mediante exhorto; empero, esas cuestiones solo generan aspectos de índole procesal, es decir, que no influyen más allá del juicio de origen, dado que lo reclamado por si sólo no genera una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejoso fuera del proceso, como lo serían a su salud, la vida, su libertad u otro. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la quejosa obtenga sentencia favorable, en el juicio sumario civil 947/2019 índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, promovido por Justina Zamudio Godoy, a través de su apoderado legal, sobre rendición de cuentas, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en juicio de amparo directo como violación procesal en el supuesto de obtener una sentencia adversa al combatirse también la sentencia definitiva, conforme a la fracciones III, XI y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo1 . Ello es así, en razón de que se insiste la resolución reclamada de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, que confirmó el auto de trece de junio de dos mil veintidós, que autorizó la sustitución de testigos y el desahogo de esa prueba testimonial a través de exhorto, solo tiene como finalidad que se lleve a cabo 1 Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." esa prueba, aunque en forma distinta a la que originalmente había sido admitida y sin que proceda la declaración de la deserción de la prueba. De ahí que el acto reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, pues por un lado, en caso de que la sentencia que se emita sea favorable a sus intereses se subsanarían las posibles violaciones procesales cometidas durante el procedimiento con motivo de la resolución de segunda instancia reclamada y, por otro lado, en el supuesto de que tal sentencia le sea desfavorable, puede combatir lo resuelto en el recurso de revocación reclamado, es decir, la autorización de sustitución de testigos y la forma de desahogo de esa testimonial ofrecida por su contraparte en el juicio natural como violación procesal en el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva, una vez agotados los recursos ordinarios, a fin de que tal violación sea reparada, en términos del artículo 172 fracciones III, XI y XII de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación con efectos netamente procesales reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia definitiva favorable, una vez agotados los recursos ordinarios; pues no trasciende a derechos del quejoso ajenos al proceso, y mucho menos genera en su perjuicio una afectación de imposible reparación, que haga procedente el juicio de amparo biinstancial conforme al artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, ya que para que un acto dictado dentro de juicio tenga esa connotación el mismo o su ejecución debe afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado responsable y que resolvió el recurso de revocación promovido por la quejosa contra el acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós en que la Juez del conocimiento acordó favorable la petición de la parte actora para sustituir a las personas a cargo de los que correría la prueba testimonial ofertada por dicha contraparte de la aquí quejosa y además autorizó el desahogo de la prueba a través de exhorto, es decir, fuera de la jurisdicción del juzgado del conocimiento; no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, porque atendiendo a las características del acto del que se duele la quejosa (auto que autoriza la sustitución de testigos y ordena el desahogo de la prueba testimonial vía exhorto) dicha determinación no genera efectos de imposible reparación a las partes del procedimiento sumario civil, que sobre rendición de cuentas, se promovió contra la quejosa ante el Juzgado responsable, pues como se dijo únicamente produce efectos en el proceso, específicamente en lo inherente al cambio de las personas a cargo de las que correrá la prueba testimonial, así como al nuevo señalamiento de fecha y hora para el desahogo de la prueba a través de exhorto y que no pueda declararse desierta dicha prueba por la omisión del oferente a presentar a los testigos en la forma en que inicialmente se admitió la prueba, pues las violaciones procesales de que se duele la quejosa pueden quedar sin efectos de obtener fallo favorable, o bien, en caso de que la sentencia sea adversa a sus intereses, podrá combatirlas en el amparo directo, una vez agotados los recursos ordinarios; al no ponerse en riesgo la vida, la libertad, o el patrimonio de la quejosa. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la propia legislación, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que como se dijo en el caso no acontece. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu y 172, fracciones III, XI y XII de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve."
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