SUSANA MICHELLE RANGEL SALAZAR y Otros.
Expediente 139/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/04/2019
Partes del expediente
- SUSANA MICHELLE RANGEL SALAZAR y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de acuerdos del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el expediente ....... agréguese a los autos el oficio de cuenta, y hágase saber a las partes que el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente........En consecuencia, acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones que correspondan en el libro electrónico que para tal efecto lleva este juzgado............ ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO.............. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, siete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante el cual, comunica el acuerdo por el que admite el conflicto competencial, que existe en el presente juicio de garantías; de lo cual este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el oficio de la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en funciones de Juez, mediante el cual acusa recibo del expediente 139/2019 y cinco copias de la demanda de amparo; asimismo informa que, en razón de no aceptarse la competencia, remitió el juicio en comento a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, para que se envíe al Órgano Colegiado que por turno corresponda, con el objeto de resolver el conflicto competencial que planteó, y se determine el Juzgado de Distrito que ha de conocer del juicio de amparo. Por tanto agréguese a los autos el oficio de cuenta, de cuyo contenido se toma conocimiento. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria en Funciones de Juez Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual, remite los autos originales del juicio de amparo promovido por **********, por sí y en representación de sus menores hijos **********, y anexos, contra actos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, radicado con el número de expediente **********de su índice, e informa que por auto de **********de dos mil diecinueve, declaró carecer de competencia legal para conocer de la citada demanda de amparo por los motivos que en el mismo se exponen, y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 139/2019. Fundamento: Artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo. Pronunciamiento respecto a la competencia. Esta jueza federal respetuosamente discrepa de las consideraciones de la Secretaria en funciones de Juez remitente en cuanto a la competencia por materia del presente juicio de amparo, por lo que no se acepta la competencia declinada. Lo anterior, en virtud de que el juzgado declinante motiva su determinación en las siguientes consideraciones: " (.) se revela claramente que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que no se plantea una controversia judicial de naturaleza laboral entre los ahora peticionarios del amparo con el ente asegurador que anuncian. (.) se advierte, que la parte quejosa reclama, en esencia: El otorgamiento del crédito número ********** por parte del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a favor del quejoso **********, y la aplicación de los descuentos respectivos, que derivó en la compraventa del inmueble ubicado **********, el cual presentó diversas irregularidades en cuanto a los servicios básicos (luz y agua), así como en lo relativo a su construcción y ubicación, sin que el ente asegurador haya constatado tales irregularidades antes de haberle otorgado el crédito referido. En razón de lo expresado, se concluye que el acto reclamado (sic) deriva de un acto de naturaleza civil, atribuida a un ente asegurador que en ningún momento decide cuestiones que sean competencia laboral alguna, sino que el acto que le atribuye deriva del otorgamiento de un crédito hipotecario del que derivó la compraventa del inmueble citado en líneas precedentes, el cual presentó deficiencia en los servicios básicos (luz y agua), así como en su construcción y ubicación. Lo anterior se considera así, en razón a que de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XI, inciso f) y 4, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el acto que aquí se reclama, derivó de derechos sociales y se llevó a cabo en una relación de coordinación con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que ambas partes pactaron derechos y obligaciones, entre ellos, de acuerdo a las cláusulas financieras segunda y séptima de la escritura pública número **********, del Notario Público Número **********, que se adjuntó al escrito de cuenta, el otorgamiento de un crédito de mutuo con interés y garantía hipotecaria para realizar la compraventa del inmueble ubicado **********; asimismo, a pagar la suma mutuada mediante descuentos quincenales del treinta por ciento de su sueldo básico, y al efecto autorizó en forma reporte (sic) el crédito otorgado. En esa medida, la relación que existe entre el ente asegurador y la parte quejosa, derivó del pleno ejercicio del poderío de la voluntad de las partes, por lo que la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio que ahora reclama la parte quejosa, esto es, el otorgamiento del crédito número ********** por parte del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a favor del quejoso **********, y que derivó en la compraventa del inmueble ubicado en **********, el cual presentó diversas irregularidades en cuanto a los servicios básicos (luz y agua), así como en lo relativo a su construcción y ubicación, y sin que el ente asegurador haya constatado tales irregularidades antes de haberle otorgado el crédito referido, de ahí que el acto reclamado es una cuestión eminentemente civil, precisamente porque deriva del contrato referido. Por tanto, se colige que el conflicto objeto del litigio, es eminentemente civil, pues se insiste, deriva directamente de la relación contractual, en donde ambas partes pactaron recíprocamente, derechos y obligaciones, con independencia de que ese crédito derivó de una relación laboral y que los descuentos precisados en las cláusulas correspondientes, estén previstos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por ende, la suscrita considera que se ubican en la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, (.)". De lo anterior, se advierte que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, declina la competencia porque el acto reclamado no se adecua a ninguna de las hipótesis que señala el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se refiere a la competencia de los juzgados de distrito en materia de trabajo, al considerar que su reclamo deviene del crédito hipotecario que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le otorgó ********** y apoyarse en la tesis I.8o.C.42 C (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 43, Décima Época, Junio de 2017, Tomo IV, página 2880, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LOS TRABAJADORES RECLAMEN DEL FONDO DE VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CRÉDITO HIPOTECARIO". Consideración que esta jueza estima incorrecta, toda vez que, la parte quejosa señala en el apartado IV de su escrito de demanda lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Reclamo la ilegal autorización, expedición y otorgamiento del crédito para la adquisición de vivienda número **********, en favor del suscrito; y como consecuencia de ello, los ilegales descuentos practicados en mis remuneraciones como servidor público, ya que el citado crédito fue otorgado sin observar lo dispuesto en los ordenamientos legales para la construcción de viviendas así como las reglas para el otorgamiento de créditos, expedidas por el propio fondo de vivienda." Es decir, la parte quejosa reclama la autorización, expedición y otorgamiento del crédito de vivienda que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le concedió al quejoso **********, en su carácter de trabajador asegurado, por ser ilegal según su dicho, así como los descuentos que en vía de consecuencia le fueron realizados a su salario, no así el cumplimiento del contrato del crédito hipotecario. En ese contexto, al ser la autoridad señalada como responsable una autoridad administrativa -pues se trata de un organismo desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, y reclamarle un acto administrativo -como es la aplicación de una ley-, ya que el otorgamiento de créditos es un acto que realiza en observancia a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se estima que el acto reclamado es de naturaleza administrativa. Esto, en atención a la contradicción de tesis 41/2015, que resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo III, página 1849, de rubro "FOVISSSTE. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMAN LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LA PENSIÓN DEL QUEJOSO CON MOTIVO DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CELEBRADO CON AQUÉL, SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.". Jurisprudencia que establece que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en que se reclaman los descuentos al salario provenientes de un crédito hipotecario, se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, pues aun cuando exista una relación contractual entre el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y el quejoso, lo cierto es que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tanto para el otorgamiento del crédito como para realizar los descuentos relativos, actúa de conformidad con las atribuciones que le fueron conferidas en la ley que lo rige -la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, no por voluntad propia; por su parte, el quejoso, en su carácter de derechohabiente, se ciñe también a lo dispuesto en esta Ley. De esta forma, tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado -administrativo- y la de la autoridad responsable -administrativa-, se surte la competencia por materia de los juzgados especializados en materia administrativa, conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cabe señalar que los mencionados elementos -es decir, la naturaleza de la autoridad y de los actos-, son los parámetros que deben considerarse para fijar la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales federales, con base en lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, con número de registro 167,761, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". Así, al disponer la fracción I del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que son competentes los jueces de distrito en materia administrativa para conocer, entre otros supuestos, de los amparos indirectos que se promuevan contra "las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas"; versar el presente caso sobre la aplicación de una ley federal, como lo es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y tener que pronunciarse sobre la legalidad o subsistencia de un acto emanado de una autoridad administrativa -siendo el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, en aplicación de dicha ley, se concluye que quien debe conocer y decidir sobre la legalidad o subsistencia mencionadas es un Juez de Distrito en Materia Administrativa. No es obstáculo para arribar a esta conclusión, el hecho de que la parte quejosa, en sus antecedentes, haga referencia a una relación contractual. Pues, lo cierto es que lo que se combate en el juicio no es esa relación contractual, sino la decisión de una autoridad administrativa en el contexto de la aplicación de una ley federal. Por ende, respetuosamente no se comparte el criterio de la Secretaria en funciones de Juez declinante cuando afirma que, toda vez que la controversia planteada deriva de una relación contractual -un contrato de crédito hipotecario-, el juicio de amparo es competencia de los jueces de distrito civiles. Máxime, porque no se actualiza ninguno de los supuestos que conceden competencia a los jueces de amparo en materia civil -artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación-, pues no se combate una resolución del orden civil; ni una ley de observancia general en dicha materia; ni se trata de una denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad; ni se está en el supuesto de competencia residual, porque como se ha sostenido, el caso se adecúa directamente en lo previsto en el artículo 52, fracción I, de la citada ley. Sin que se soslaye que el Juez declinante arribó a la conclusión de declinar su competencia tomando en consideración argumentos que la parte quejosa hizo valer en sus conceptos de violación, los cuales no deben ser considerados al momento de determinar el órgano a quien corresponde conocer del juicio, tal y como lo refiere la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, con número de registro 167,761, citada con antelación. Aunado a lo anterior, del escrito de demanda se advierte que el inmueble que el quejoso ********** adquirió con el crédito de vivienda otorgado por la autoridad responsable se ubica en **********, se estima que en el presente asunto tampoco se surte competencia para este Juzgado de Distrito en razón de territorio. Esto es así, porque como lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, es juez competente - en razón de territorio - el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, si el crédito hipotecario otorgado por la autoridad responsable fue utilizado por el quejoso para adquirir un inmueble ubicado en el Estado de México, el acto que se reclama se está ejecutando en esa entidad federativa; es decir, diversa a aquélla en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito -siendo la Ciudad de México-, por lo que, en su caso, le corresponde a los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en el Estado de México conocer de la demanda de amparo remitida a este Juzgado de Distrito. Por los anteriores razonamientos, esta juzgadora respetuosamente no acepta la competencia planteada y ordena devolver el asunto al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, solicitando el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Transparencia y datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Notifíquese.
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