Susana Meneses Ibarra

Expediente 352/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
352/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Susana Meneses Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda de amparo; de igual forma, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo,

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Susana Meneses Ibarra, por propio derecho, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, en Oaxaca de Juárez. Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 352/2022. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados en esta instancia son los siguientes: 1) El cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno digital. 2) La inminente suspensión del suministro de energía eléctrica. 3) La orden de pago injustificado, cobros excesivos por adeudos no consumidos. 4) La imposición de un nuevo sistema de compra de energía. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia antes citada, en virtud a que las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, por lo que está ausente la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad, como a continuación se evidenciará. A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, se creó una nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, de carácter empresarial y con un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. Asimismo, dicha reforma redefinió lo que debe entenderse por servicio público de energía eléctrica, conservando sólo las actividades de transmisión y distribución de energía como actividades estratégicas de Estado. De conformidad con los artículos 2, 3, 7, 118, primero y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal de CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 5 ??????????????? Electricidad y 2, 4, primer párrafo, 7, 8, párrafo segundo, 45 y transitorio segundo, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en once de agosto de dos mil catorce, se modificó la naturaleza jurídica de Comisión Federal de Electricidad, la cual dejó de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para ser una empresa productiva del Estado, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, de conformidad con los artículos 2 y primero, segundo y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal. Asimismo se precisó que las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica pasan a ser servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Máxime que el contenido de los contratos de prestación de servicios, es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. Sobre esa línea, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, resulta oportuno traer a colación el contenido de los siguientes preceptos normativos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: [...] II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 6 leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; [...] Código de Comercio Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: [...] V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; [...] XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. [...]" De la interpretación de dichos numerales, se desprende que de las controversias del orden civil o mercantil, que impliquen el cumplimiento y aplicación de leyes federales y solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de manera concurrente los tribunales de la federación o del orden común. Además, que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial; y por tanto, es dable sostener que su reclamo debe regirse por las disposiciones previstas en el Código de Comercio y, de modo supletorio por las disposiciones del Código Civil Federal. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 7 ??????????????? los actos reclamados en esta instancia revistan las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que los actos que ejecuta la responsable, en relación con la parte quejosa, son de naturaleza comercial y ante ello, deben reclamarse en la vía ordinaria mercantil. Por tanto, las diferencias que surjan entre éstos - autoridad responsable y parte quejosa- deben sujetarse a la jurisdicción del Juez de primera instancia, a través de los Tribunales de la Federación o del fuero común, ya que se tratan de actos que se generaron por la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, dentro del procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, la cual dejó de ser una actividad exclusiva del Estado, por disposición constitucional, de ahí que la parte quejosa esté en aptitud de hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional que estime competente. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.)2, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se transcriben: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para 2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , página 1183. Registro digital: 2009790 CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 8 determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común". Resultando aplicables al caso, los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA3. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se 3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532. Registro digital: 2016656 CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 9 ??????????????? le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS4. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. En ese tenor, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO.

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