Susana Martínez Medina
Expediente 1479/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1479/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Susana Martínez Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Vista la notificación personal que antecede, se tiene a la quejosa Susana Martínez Medina, desahogando la vista que se le otorgó en auto de veintinueve de octubre del presente año, manifestando que proporcionará una fotografía del inmueble al que pertenece el domicilio legal de su autorizada legal; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. (VI)
- Principal
Visto el escrito aclaratorio signado por la promovente Susana Martínez Medina, se le tiene cumpliendo con el requerimiento de once de octubre del año en curso. -Desecha demanda- Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. También ha sentado criterio en el sentido de que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, por haberse advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de modo que aun en el supuesto de admitirse ese escrito y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Se sustenta lo anterior en la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En la especie, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. De la lectura integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".la solicitud fue admitida pero con restricciones, pues se me limitó a solo consultarlos en biblioteca con horarios de 9:00 am a 12:00 pm, horarios en los cuales, son horarios para laborar en talleres, lo cual me provoca conflicto, pues por ir a consultarlos en biblioteca presento ausencia en mi lugar de trabajo, al momento que la encargada de taller pasa a tomar lista, y tampoco se me permite ingresarlos a la estancia, pues no tengo permitido de ser así, los libros me serán retirados de manera definitiva, pues si muestro ausencia en el taller me repercute en mis 5 ejes y en mis estímulos, dichos libros están al resguardo del personal penitenciario." Asimismo, de los escritos aclaratorios se aprecian como antecedes del acto reclamado: "Que el día 6 de septiembre del 2019 realice la solicitud ante el Comité técnico del Centro de readaptación social para mujeres la autoridad que da negativa, es el mismo Comité técnico mediante el personal de jurídico la notificación se realizó el día 19 de septiembre del 2019, fecha en la cual firmo dicha notificación y en la cual por segunda ocasión realizo la petición para tener el resguardo". Las anteriores manifestaciones constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. De lo transcrito, se advierte que la quejosa reclama la resolución de seis de septiembre de la presente anualidad que recayó a la petición administrativa que presentó ante el Comité Técnico del centro de readaptación social en el que se encuentra privada de su libertad, con la finalidad de que le permitieran ingresar la bibliografía que anteriormente había solicitado a la autoridad penitenciaria. Al efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo, dispone, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En síntesis, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto, lo que en el caso particular ocurre, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 114 dispone: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito". **Énfasis agregado. El precepto legal transcrito expone el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e integridad física del interno), siendo impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes. De modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, la que podrá formular dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Instancia que constituye un derecho para las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, de conformidad con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Conforme a lo expuesto, si la parte quejosa reclama la resolución de seis de septiembre del presente año con motivo de la petición administrativa que alzó al Comité Técnico Interdisciplinario del centro de readaptación social en el que se encuentra privada de su libertad, para solicitar el ingreso de los libros que pidió con anterioridad a dicha autoridad, la cual fue admitida pero con restricciones, pues se le permitió su consulta en la biblioteca dentro de los horarios de nueve a doce, lo que es contrario a sus interés, ya que les es imposible consultarlos en ese horario porque tiene que asistir en el mismo horarios a laborar a los talleres. Derivado de ello, es que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa previo a instar el juicio de amparo debe agotar el recurso previsto en el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -controversia judicial- ante el Juez de Ejecución competente, al ser contraria a sus intereses la resolución que emitió el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social para Mujeres, Aguascalientes, el seis de septiembre de dos mil diecinueve. Se suma que no se actualiza algún supuesto de excepción al principio de definitividad, de los previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado: I. No se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. II. No consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, tampoco establece providencias precautorias ni impone medidas cautelares restrictivas de la libertad, tampoco es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute ni se trata de alguna resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos ni de orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. III. No se trata de persona extraña al procedimiento, pues la quejosa figura como parte actora en el juicio de origen. IV. No se trata del auto de vinculación a proceso. V. La procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional, además su fundamento legal sí es suficiente para determinarla. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debe promover el señalado medio de defensa (controversial judicial ante el juez de ejecución) para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Resulta aplicable la tesis aislada V.1o.P.A.5 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 56, julio de 2018, tomo II, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos procedimientos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para resolver dichas inconformidades o peticiones, deberán agotarse previo a instar el juicio de amparo indirecto en su contra, de lo contrario será improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime que, acorde con el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución se instituyó como protector inmediato de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de su libertad". De igual manera, resulta aplicable la tesis I.6o.P.133 P (10a.) emitida por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2645, la que a la letra dice: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente rubro y texto: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". Domicilio- Por otra parte, vista la razón actuarial que antecede y lo manifestado al respecto en el escrito de cuenta por la quejosa, se advierte que el domicilio en el que se constituyó el actuario de la adscripción coincide con el que rectifica la quejosa; por tanto, en atención a la imposibilidad que tuvo el actuario para notificar a la autorizada legal en el domicilio señalado por la quejosa sito en calle Sierra Morena, número quinientos catorce, fraccionamiento Bosques del Padro Norte, en esta ciudad, ya que corresponde a un lote baldío, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa privada de su libertad. Así lo acordó y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante el secretario Luis Neri Alcocer, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 1479/2019-VI. Juez SecretarioAGLP Juez Secretario AGLP
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa privada de su libertad, y a su autorizada legal en el domicilio señalado para tal fin.(VI)
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