Susana María Guadalupe Aguilar Guillén
Expediente 2424/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2424/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/01/2022
Partes del expediente
- Susana María Guadalupe Aguilar Guillén
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS LA CUAL DICE I. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, rindiendo su informe justificado. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se verifica la hipótesis de inviabilidad prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." [.] Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho vulnerado a la parte quejosa y velar por su pleno cumplimiento, por tener -el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, sería ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Bien, en el caso, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: la omisión de admitir la demanda laboral presentada el quince de septiembre de dos mil veintiuno; la cual se registró bajo el número de expediente 1419/2021/16-H. Con posterioridad a ello, la responsable emitió el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente de origen, donde la Junta se avocó al conocimiento del escrito de demanda laboral presentado por la parte quejosa, señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, ordenó notificar y emplazar a la demandada. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.]" Luego, resulta necesario distinguir la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, en el caso, la omisión reclamada, se traduce en una dilación procesal, cuya naturaleza es una abstención, misma que se encuentra entre los actos negativos. Por consiguiente, al momento en que la junta responsable proveyó el escrito de demanda cuya omisión reclama la peticionaria, la autoridad responsable respetó el derecho que la parte quejosa alegó vulnerado, y se garantizó el cumplimiento del mismo, por lo que cesaron los efectos de la litis constitucional. Sin que en el caso, sea aplicable la jurisprudencia: 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN". Toda vez que en el caso concreto, el derecho fundamental que se consideró vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino en el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional, en que la quejosa es parte procesal. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8º constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por contradicción 130/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA1. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En esa condición, al materializarse el motivo de inviabilidad en estudio, se impone sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las DOCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercera interesada, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para desahogar la vista ordenada respecto del cumplimiento que el Presidente Especial de la Tercera Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, adujo dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable, atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Notifíquese por lista física y electrónica, así como personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
VISTO EL OFICIO SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE EL DIVERSO COMUNICADO TES/LGS/816/2021, DEL CUAL SE ADVIERTE QUE SOLICITÓ AL DIRECTOR DE EGRESOS DE SU ADSCRIPCIÓN, PARA QUE PRIORICE LA CANTIDAD A DEVOLVER A LA PARTE QUEJOSA CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN EL PRESENTE ASUNTO; AL RESPECTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO, TÉNGASE A LA AUTORIDAD OFICIANTE EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. II. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD OBLIGADA AL CUMPLIMIENTO DE AMPARO. EN TAL VIRTUD, CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 193 DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE AL DIRECTOR DE EGRESOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA QUE, EN EL PLAZO DE TRES DÍAS, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, ACREDITE QUE SE EMITIÓ EL CHEQUE A FAVOR DE LA PARTE QUEJOSA CON MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES ORDENADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, REMITIENDO CONSTANCIA FEHACIENTE DE ELLO. IV. APERCIBIMIENTO. SE APERCIBE A LA AUTORIDAD OBLIGADA AL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR, QUE DE NO ACATAR LO ANTERIOR DENTRO DEL PLAZO OTORGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO, SE REMITIRÁ EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA SEGUIR EL TRÁMITE DE INEJECUCIÓN, QUE PUEDE CULMINAR CON LA SEPARACIÓN DE SU CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO, POR EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. ASIMISMO, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ESTO ES, $17,924.00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100MONEDA NACIONAL), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 192, 193 Y 258 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO EN LOS TRANSITORIOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE, ENTRE OTROS, REFORMÓ LA FRACCIÓN VI, APARTADO A, DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. EN LA INTELIGENCIA DE QUE UNA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, EQUIVALE A $89.62 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL). NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.
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