Susana Margarita Vergara Campos

Expediente 434/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
434/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Susana Margarita Vergara Campos

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y anexo. Atento a su contenido, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto local 285/2022 orden 565/2022, en el que se encomendó notificar a la promovente Susana Margarita Vergara Campos, el auto de doce de mayo del año en curso, lo que llevó a cabo por lista de acuerdos el veinticinco de mayo pasado, como quedó asentado en la constancia de notificación respectiva. No se emite el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el mismo fue generado electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y dese de baja como diligenciado el exhorto en comento. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que feneció el término de tres días concedido a la promovente Susana Margarita Vergara Campos, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en el puerto de Veracruz, sin que hasta esta data diera cumplimiento a lo solicitado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en proveído de dieciocho de marzo del presente año, por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizará por lista de acuerdos, hasta en tanto subsanen tal omisión. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de doce de mayo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el siete de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, devuélvanse los autos originales del toca 1738/2021 a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese....

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintidós. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO Visto el oficio remitido por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz y anexos, se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, la superioridad se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por Susana Margarita Vergara Campos; asimismo, ordenó remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, y por cuestión de turno le correspondió a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del juicio de amparo remitido; por tanto, se ordena formar expediente, registrarlo con el número 434/2022-2, acusar el recibo de estilo, y se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no se formaría una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Una vez establecido lo anterior, es dable indicar que la parte quejosa reclama lo siguiente: Ahora bien, la resolución reclamada confirma el auto de diez de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, en el que admitió la demanda que dio origen al juicio ordinario civil 28/2019, promovido por Cobranza Amigable Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto Limitado en contra de la aquí quejosa; por tanto, el que suscribe estima que en el caso se colma el supuesto de inviabilidad que establece la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la ley en cita, debido a que la resolución reclamada es de carácter intraprocesal que no afecta materialmente los derechos sustantivos de la promovente. Tales numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no tengan efectos de imposible reparación; en la inteligencia de que la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, define lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, al establecer con toda precisión que son aquellos que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. En otras palabras, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento judicial, únicamente cuando ocasionan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no tratándose de derechos adjetivos o procesales. Ahora bien, la causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: Actos intraprocesales de imposible reparación. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. El acto reclamado es intraprocesal y no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo derechos procesales o adjetivos; porque: Solo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que la resolución de once de enero de dos mil veintidós, emitida por la sala responsable, confirmó el auto de diez de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, en el cual dio entrada a la demanda que dio origen al juicio ordinario civil 28/2019, promovido por Cobranza Amigable Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto Limitado en contra de la aquí quejosa. Además, de la lectura del acto reclamado se observa que la problemática a dilucidar versó, por una parte, sobre si el auto que admitió la demanda cumplió con los presupuestos legalmente previstos, tomando en cuenta la prestación reclamada y, por otra, si la vía era correcta; aspectos que no resulta dable examinar a través del juicio de amparo indirecto, en la medida en que no se afecta como tal un derecho sustantivo, tomando en cuenta que existe la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. Además, en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarla a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer las violaciones alegadas como vicios del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía (en la parte conducente), la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2001820 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 4/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 942 Tipo: Jurisprudencia "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó. Contradicción de tesis 330/2011. Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 23 de noviembre de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Vázquez Moreno. Tesis de jurisprudencia 4/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce." De igual forma, se cita en lo conducente la jurisprudencia 108/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 294, tomo XXII, octubre 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 176992, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a los licenciados Carlos Celedonio Muñoz Aguillon, Ramar Mendoza Díaz y César Fabián Reyes Hernández, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas, ya que no se encuentran registrados en el sistema en comento y tampoco indicaron las cédulas profesionales para que se puedan consultar en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, toda vez que la quejoso señaló como domicilio para oír recibir notificaciones el ubicado en calle Luis Hidalgo Monroy número 24, entre avenida Lázaro Cárdenas y calle Esperanza Bringas, colonia Rafael Lucio, código postal 91110 en Xalapa, Veracruz; por tanto, toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente acuerdo a la quejosa; asimismo, deberá requerirla para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, señalen domicilio dentro de esta ciudad (Boca del Río) o en la conurbada de Veracruz, Veracruz; apercibido que de no hacerlo así dentro del término señalado, la notificaciones subsecuentes aun las de carácter personal se le realizara por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la citada codificación. Indíquese al referido juzgador que en caso de ser necesario, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que realice la notificación encomendada, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo y se le solicita, de la manera más atenta, que una vez diligenciada la citada comunicación, se sirva devolverla por la misma vía con lo en ella actuado, para la debida integración del expediente, sin necesidad de que acuse recibo de su recepción. Envíese el exhorto de mérito a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirva proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde pueda ser localizada, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. Notifíquese y por exhorto al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 7/2022 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe. YNJR/tmaa*

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