Susana Macías Martínez

Expediente 508/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
508/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Susana Macías Martínez

Actuaciones

  1. Principal

     Se aclara destrucción de expediente. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído del once de marzo de dos mil diecinueve se ordenó el archivo del presente cuaderno de antecedentes, por lo que se determinó su destrucción una vez transcurridos cinco años de su archivo, al considerar que encuadraba en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el punto primero, fracción XX del referido acuerdo, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes constituye un cuaderno auxiliar, por lo que encuadra en el supuesto previsto en el diverso punto vigésimo, fracción I del citado ordenamiento legal. Por ende, se aclara que el presente cuaderno de antecedentes debe destruirse una vez transcurridos seis meses de su archivo, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 06 DE MARZO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de marzo de dos mil diecinueve. I. Imposibilidad jurídica Visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento a los artículos 17 constitucional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 880, fracción IV y 883 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria, la autoridad responsable realice lo siguiente:  Resuelva inmediatamente sobre las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de cuatro de mayo de dos mil dieciocho en el juicio laboral D-1/291/2017 y señale día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, en el entendido de que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, debiendo observar las formalidades previstas en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. De los anexos remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio registrado con el número de folio 1817, se desprende que el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, emitió el auto por el que señala día y hora para la celebración de las audiencias de desahogo de pruebas, de acuerdo a las formalidades previstas en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, tal como se desprende de la siguiente reproducción. De lo anterior, se advierte que la autoridad señaló nuevas fechas para la celebración de las audiencias de desahogo de pruebas, de acuerdo a las formalidades previstas en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, del desahogo de la prueba confesional señalada para el seis de febrero de dos mil diecinueve se advierte lo siguiente. Del desahogo de la prueba confesional señalada para el siete de febrero de dos mil diecinueve se desprende lo siguiente. Asimismo, en relación con el desahogo de la audiencia señalada para el ocho de febrero de dos mil diecinueve, se desprende que las partes celebraron un convenio, en el que la actora se desistió de todas y cada una de las acciones y prestaciones intentadas en el juicio laboral D-1/291/2017 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, tal como se aprecia de la siguiente reproducción. Por otra parte, el quince de febrero de dos mil diecinueve, fecha señalada para que tuviera verificativo la ratificación y cumplimentación el convenio celebrado entre las partes, se realizó lo siguiente. En esa tesitura, al haber celebrado y ratificado el convenio de ocho de febrero de dos mil diecinueve, en el que la parte promovente se desistió de las acciones y prestaciones reclamadas en el juicio de origen, no es posible cumplir en su totalidad a la ejecutoria de amparo. Por tanto, de conformidad con las constancias de autos, en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se determina que hay imposibilidad jurídica para cumplir totalmente la sentencia de amparo, dado que las partes en el juicio laboral D-1/291/2017 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla celebraron un convenio el ocho de febrero de este año, en el que la actora se desistió de todas y cada una de las acciones y prestaciones intentadas en el juicio laboral de origen, el cual fue ratificado el quince de febrero posterior. En efecto, de las constancias que obran en autos y de los actos examinados en este proveído emitidos por la autoridad responsable, se advierte que ésta realizó lo necesario para cumplir los efectos del fallo protector; sin embargo, se observa que con motivo de la celebración y ratificación del convenio de ocho de febrero de dos mil diecinueve, no es posible cumplir en su totalidad la ejecutoria de amparo, debido a que existe la imposibilidad jurídica para ello, lo cual no es resultado de una actitud contumaz por parte de la responsable, sino del acuerdo de voluntades de las partes en el juicio laboral de origen. Por tanto, se concluye que existe un impedimento jurídico para acatar el fallo protector. Es aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. INEJECUCIÓN EN SENTENCIA DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITA DIRECTAMENTE ANTE LA SUPREMA CORTE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIRLA. Si la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la ejecutoria no puede cumplirse debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, pues a pesar de haber realizado todas las actuaciones a su alcance tendientes a su cumplimiento, ello no ha sido posible, lo que hace excusable el incumplimiento y, en consecuencia, no se aplicarán las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo declararse sin materia el incidente de inejecución relativo, al dejar de existir el presupuesto que lo originó" Por otra parte, en términos del artículo 196 párrafos segundo y último de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo de quince días que refiere el diverso 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, a fin de que determine si efectivamente se actualiza imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector. Sirve de apoyo el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    notificar personalmente a las demás partes

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