Susana Lorena Garza López

Expediente 16/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
16/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
17/02/2015

Partes del expediente

  • Susana Lorena Garza López
  • Jefe de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de quince de enero de dos mil quince (fojas 12 a 16), por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de quince de enero de dos mil quince, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Susana Lorena Garza López, contra actos de la autoridad responsable Jefa de la Oficina para Cobros, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 16/2015. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA De la autoridad señalada como responsable C. Jefe de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social en Piedras Negras, Coahuila, le reclamo la falta de contestación a la petición que mediante escrito de fecha siete de enero de dos mil quince, de manera pacífica y en forma respetuosa, le hiciera." Ahora, atento a su contenido, este Juzgado Federal procede a su estudio en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En tal sentido, la lectura del escrito de demanda informa que la promovente reclama de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado ante la responsable el siete de enero de dos mil quince. Asentado lo anterior, se estima que con relación al acto reclamado en la demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De los artículos trascritos se observa, por una parte, que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que indica, en forma genérica, que la improcedencia del juicio opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el propio artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el numeral 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Es decir, en este supuesto, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se aplica porque se relaciona con el diverso 217 de la propia Ley, que como se dijo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados. Apoya a lo anterior, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de dos mil dos, Novena Época, página ochocientos treinta y siete, cuyo rubro y texto son: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD. Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo "La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. ..."; y esa obligatoriedad persiste hasta en tanto no exista otra tesis jurisprudencial con distinto criterio. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO." Sobre el tema, cobra aplicación en lo conducente, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 250874, página ciento treinta y cuatro, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVE, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCION. Conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos a los referidos en las fracciones anteriores, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Tal sucede en el caso en que la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos derivados de consentidos, se establece en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de una causa diversa de las contempladas en las diecisiete fracciones del artículo 73, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, debe aplicarse esa jurisprudencia, atendiendo a su obligatoriedad." Asimismo, la tesis aislada con número de registro 246070, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen cuarenta y tres, Séptima Parte, visible a página veintitrés, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción." En efecto, respecto del tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho humano que consagra el artículo 8 de la Ley de Amparo, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. Tal jurisprudencia aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos setenta y cinco, Quinta Época, página setecientos sesenta y siete, de la parte III, Sección Administrativa, que establece: "PETICION, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." En este orden de ideas, si de la demanda y el anexo que la promovente adjuntó, se advierte que el escrito de petición se recibió el siete de enero de dos mil quince, ante el Jefe de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, y la demanda de amparo que ahora nos ocupa, se promovió ante este Juzgado de Distrito el catorce siguiente, es decir, al séptimo día de haber ejercido el derecho de petición, es claro que la demanda, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. Se afirma lo anterior porque conforme a la interpretación que el Alto Tribunal hizo sobre el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades poseen un plazo no mayor a cuatro meses para resolver la cuestión planteada, pues si transcurre dicho lapso sin que haya recaído acuerdo alguno, se estimará entonces que se ha violado la garantía consagrada en el precepto constitucional citado. En consecuencia, es patente que, de la fecha en la que fue presentado el escrito de petición (siete de enero de dos mil quince) ante la autoridad responsable, al de promoción del juicio, no han trascurrido los cuatro meses a que hace referencia la jurisprudencia citada con anterioridad, para que se considere violada la garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, jurisprudencia que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria a para este juzgador. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del tomo II, Segunda Parte-1, de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, página trescientos doce, cuyo rubro y texto son: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, OBLIGATORIEDAD. Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, "la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del Orden Común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales, las ..."; y esa obligatoriedad persiste hasta en tanto no exista otra tesis que introduzca nuevo criterio, que, en cuanto hace a los Tribunales Colegiados de Circuito y en términos de lo dispuesto por el artículo sexto del decreto de reformas a la Ley de Amparo, de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, sólo se actualizará cuando lleguen a sentar nueva y diversa jurisprudencia sustentada por el Más Alto Tribunal de la República, que, mientras tanto no puede ser inobservada sin incurrir en desacato al numeral invocado en principio." Y es que si se toma en cuenta que el lapso de cuatro meses a que se hace referencia, empezó a computarse desde el momento en que la autoridad responsable mencionada, recibió el escrito de petición (siete de enero de dos mil quince), es claro que la violación de garantías aducida ocurrirá, en todo caso, el mes de mayo de dos mil quince, faltando a la fecha aproximadamente cuatro meses para tal circunstancia. En ese sentido, al no haber trascurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, este último a su vez en relación con la jurisprudencia 470, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO", y la diversa visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XIII, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa, cuyo rubro dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO"; lo procedente es desechar de plano la instancia constitucional intentada. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página seiscientos treinta y tres, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Además, debe decirse que cuando la petición se presenta dentro de un procedimiento administrativo sujeto al cumplimiento de las formalidades procesales o sustantivas aplicables, aquélla no se equipara a la que tutela la garantía prevista en el artículo 8 de la Ley de Amparo, por lo que la autoridad no se encuentra obligada a dar respuesta en forma independiente. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, número de registro 172543, visible a la página 20855, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI LA SOLICITUD RESPECTIVA SE PRESENTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PROCESALES O SUSTANTIVAS APLICABLES, AQUÉLLA NO SE EQUIPARA A LA QUE TUTELA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8o. constitucional establece: "A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". Así, todos los servidores públicos deben respetar el ejercicio de ese derecho y, por ende, pronunciar el respectivo acuerdo y darlo a conocer en los términos señalados. Sin embargo, cuando la petición se presenta dentro de un procedimiento administrativo sujeto al cumplimiento de las formalidades procesales o sustantivas aplicables, aquélla no se equipara a la que tutela la garantía prevista en el mencionado artículo 8o., por lo que la autoridad no se encuentra obligada a dar respuesta en forma independiente." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Susana Lorena Garza López. Se dice lo anterior, pues de admitir la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquiera manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la quejosa tenga conocimiento desde ahora el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.|13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el presente juicio de garantías, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia. Se tienen a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el ocurso de cuenta. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.

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