Susana Islas Alvarado
Expediente 1267/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 25 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1267/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Susana Islas Alvarado
- Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Tamaulipas, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Susana Islas Alvarado, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
S E N T E N C I A : V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 1267/2019-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional el dieciocho siguiente, Susana Islas Alvarado promovió juicio de amparo contra actos del Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 8, 14, 16, 17, 20 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 5). SEGUNDO. Trámite. En auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se registró la demanda con el número 1267/2019-1, y se previno a la promovente para aclaración de la demanda. Por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a la quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada, por lo que se admitió la demanda, se pidió informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la Representante Social de la Federación adscrita y se señaló fecha para la audiencia constitucional (fojas 6 y 7). Cabe señalar que el presente asunto estuvo suspendido del diecisiete de marzo al veintitrés de septiembre de dos mil veinte, con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, por lo que en auto de la última fecha en cita se reanudó el procedimiento. Además, el emplazamiento del tercero interesado Efraín Dávila Siller se logró hasta el tres de agosto de dos mil veintiuno, como se observa de la constancia actuarial que obra a foja 393 de autos. Por ello, la audiencia de fondo se celebró hasta el siete de septiembre de dos mil veintiuno, conforme al acta que antecede (foja 395); y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que conforme a los preceptos legales invocados, al no ser Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo; toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto los actos reclamados son el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, que resuelve de plano sobre el sustitutivo de la pena, emitido por Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, con asiento en esta ciudad, en la carpeta procesal CP/081/2018, y la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en la carpeta de apelación 079/2019, en la que se confirmó el auto citado en primer término. Apoya tal precisión, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, ambos con residencia en esta ciudad, por así reconocerlo en el informe justificado que rindieron (foja 16, 17 y 105). Además, adjuntaron copia certificada de las constancias que integran las carpetas de origen (fojas 18 a 103 y 106 a 194); documentales que al ser expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida también por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 226, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 (registro 394182), que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de la litis constitucional planteada, deben analizarse las causales de improcedencia del juicio que hagan valer las partes, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia II.1o.J/5, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, en el Semanario Judicial de la Federación (registro 222780), cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, que resuelve de plano sobre el sustitutivo de la pena, emitido por Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, con asiento en esta ciudad, en la carpeta procesal CP/081/2018, se estima que sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se considera así, en la medida que esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que aparece un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Por lo tanto, si en contra del auto que resuelve de plano sobre el sustitutivo de la pena, antes citado, el aquí disidente interpuso recurso de apelación y éste fue resuelto por el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con asiento en esta ciudad, mediante resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, es evidente que la última determinación substituyó procesalmente al primer acto que aquí se menciona. Sirve de apoyo a lo dicho, la tesis: I.2o.P.4 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Décima Época (registro 2013461), del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA.- El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." De esa manera, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio, de conformidad con la fracción V de artículo 63 de la misma legislación. La determinación adoptada, impide el análisis de fondo del acto reclamado en cita, porque las causas de improcedencia, son de estudio preferente y de orden público. QUINTO. Estudio de fondo. En virtud de que no se advierte diversa causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se procede al examen de los conceptos de violación respecto de la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en la carpeta de apelación 079/2019, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese aspecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 164618), cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Se alega que resolución reclamada es violatoria de derechos fundamentales y que transgrede los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, por su incorrecta aplicación jurídica, al considerar la quejosa que el Magistrado responsable no atendió que en el auto recurrido, el juez de origen no justificó el cálculo que determinó el monto de la conmutación de la pena de prisión impuesta en sentencia y que no debió condicionar dicho beneficio al pago de la sanción pecuniaria, ya que si bien se tiene que cubrir, también lo es que en el artículo 159 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que al exceder los cincuenta días de multa se puede conceder hasta un año para ser cubierta. Son infundados los motivos de disenso esgrimidos. En efecto, resulta incorrecta la apreciación de la quejosa en relación a que la responsable indebidamente desatendió lo dispuesto por el artículo 159 Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice: Artículo 159. Plazos. El Juez de Ejecución podrá conceder plazos para el pago de las multas en los casos siguientes: I. Si no excediere de cincuenta días multa, se podrá conceder un plazo de hasta tres meses para pagarla, siempre que el deudor compruebe estar imposibilitado para hacerlo en menor tiempo, y II. Si excediere de cincuenta días multa, se podrá conceder un plazo de hasta un año para pagarla. Como se observa, ya que dicho numeral contempla los plazos para el pago de las multas, siempre que el deudor compruebe estar imposibilitado para hacerlo en menor tiempo, lo cual no fue acreditado ni cuestionado en el pronunciamiento que nos ocupa. Además, como lo sostuvo el Magistrado responsable la sustitución de la pena que fue confirmada en la resolución reclamada cumple con lo establecido por el numeral 109 del Código Penal vigente en el Estado de Tamaulipas, que señala: "Articulo 109.- Los Jueces, apreciando las circunstancias personales del culpable, los móviles de su conducta, así como las circunstancias del hecho, podrán a su prudente arbitrio, conmutar en la sentencia la pena de prisión, cuando ésta no exceda de dos años, por la multa que no podrá ser menor de veinte ni mayor de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, según las condiciones económicas del delincuente y las circunstancias que antes se mencionan. En este caso quedará a elección del sentenciado compurgar la pena corporal o pagar la multa impuesta. Este beneficio excluye la aplicación simultánea o sucesiva de la condena condicional, salvo que la capacidad económica no le permita de ningún modo cumplir con la pena conmutada." De modo que, en el caso, no era necesario justificar el cálculo de la cantidad impuesta para la conmutación de la pena de prisión, pues de acuerdo con el numeral transcrito, bastaba con que el juez de ejecución apreciara las circunstancias personales del culpable, los móviles de su conducta, las circunstancias del hecho, así como lo dispuesto en la ley para determinar la cantidad sustituible y las condiciones en que debía cumplirse, aplicando para ello el arbitrio judicial. Además, como lo estableció el Magistrado responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del Código Penal en el Estado de Tamaulipas en vigor, se tiene que la multa está considerada como pena pecuniaria, cuyo cumplimiento prioritario o de orden preferente, ya que como lo dispone el diverso 47 ter del mismo ordenamiento legal, es considerada una pena de orden público, cuyo cumplimiento es imperativo, sin que ello viole el principio de libertad personal pues a la justiciable se le concedió un plazo razonable para el cumplimiento tanto de la sanción pecuniaria como la de la conmutación. En esas condiciones, es evidente que la resolución reclamada no es violatoria de derechos fundamentales, en razón de que se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la responsable invocó el fundamento de derecho que estimó aplicable al caso, y expuso además las causas, motivos o razones que tomó en consideración para resolver como lo hizo. Al respecto, se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica con el número 204, en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (registro 238212), cuyo contenido es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En congruencia con lo expuesto, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La aplicación de las tesis emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1267/2019-1, promovido por Susana Islas Alvarado, respecto del acto reclamado, la autoridad responsable y por los motivos anotados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Susana Islas Alvarado en el juicio de derechos fundamentales 1267/2019-1, contra el acto, autoridad responsable y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. IILM
- Principal
PARA CONOCIMIENTO DEL TERCERO INTERESADO: "Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón que antecede, levantada por la Actuaria Judicial adscrita, se advierte que no fue posible emplazar al tercero interesado Efraín Dávila Siller, ya que se le otorgó su primer período vacacional a partir del doce de julio de este año. En ese tenor, túrnense los autos al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en Chilpancingo 220 B, entre Herón Ramírez y Chihuahua de la colonia Rodríguez, código postal 88630, en esta ciudad, y con copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio, del proveído de treinta y uno de mayo actual y de esta determinación, emplace al citado tercero interesado, representado legalmente por Juan Carlos Chong Durán, a quien se le deberá hacer saber que puede comparecer a juicio en defensa de sus intereses, además notificarle la fecha y hora de la audiencia de derecho. En tal virtud, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del siete de septiembre de dos mil veintiuno, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Yesika Cecilia Márquez Zozaya, Secretaria que autoriza y da fe."
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón que antecede, levantada por la Actuaria Judicial adscrita, se advierte que no fue posible emplazar al tercero interesado Efraín Dávila Siller, ya que se le otorgó su primer período vacacional a partir del doce de julio de este año. En ese tenor, túrnense los autos al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en Chilpancingo 220 B, entre Herón Ramírez y Chihuahua de la colonia Rodríguez, código postal 88630, en esta ciudad, y con copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio, del proveído de treinta y uno de mayo actual y de esta determinación, emplace al citado tercero interesado, representado legalmente por Juan Carlos Chong Durán, a quien se le deberá hacer saber que puede comparecer a juicio en defensa de sus intereses, además notificarle la fecha y hora de la audiencia de derecho. En tal virtud, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del siete de septiembre de dos mil veintiuno, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Yesika Cecilia Márquez Zozaya, Secretaria que autoriza y da fe. L'YCMZ/alez*
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