SUSANA INÉS SHEPARD LAZARINI y Otros.
Expediente 722/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/06/2018
Partes del expediente
- SUSANA INÉS SHEPARD LAZARINI y Otros.
Actuaciones
- Principal
CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Por otro lado, glósese a los autos el escrito de cuenta presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica a nombre del promovente *****, apoderado de Susana Inés Shepard Lazarini, y con base en sus manifestaciones, téngasele dando cumplimiento con la prevención que se realizó mediante proveído de ****. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, la omisión de dar respuesta al recurso de revocación interpuesto el ***** en los autos del expediente 1956/2012, contra el proveído de ***** emitido por el juez natural, que denegó un diverso recurso de revocación porque el documento presentado carecía de firma. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Fijado lo anterior, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo es improcedente. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: a) Actos ejecutados fuera de juicio, -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria-; b) Ejecutados después de concluido el juicio -aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución-; y, c) De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-, así como los procedimientos de remate. Así, de lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo bi-instancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el máximo tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. Ahora bien, como se sabe, el objetivo del procedimiento de ejecución de una sentencia es cumplir con lo resuelto en ésta, aspecto que constituye una cuestión de orden público. En ese sentido, a fin de evitar su entorpecimiento o retardo, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la reglas descritas, esto es, contra la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona. De manera excepcional, existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan. En conclusión, aun tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, que se llevan a cabo a través de un procedimiento instrumental el juicio de amparo, únicamente procede en contra de la última resolución con que se resuelva ese procedimiento (definitividad horizontal), pudiendo reclamarse en dicho juicio las violaciones procesales que la parte quejosa estime acontecieron durante la cadena procedimental y que trascendieron al resultado de la resolución. En efecto, atendiendo al sistema del juicio de amparo, tratándose de procedimientos judiciales tramitados después de concluido el juicio, el amparo sólo será procedente en contra de la determinación que resuelva en definitiva la cuestión debatida, excepto en aquellos casos en que el acto reclamado afecte materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada. Este principio, operante para los actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos emitidos dentro de procedimientos que se tramiten después de concluido el juicio, ya que se rigen de igual manera por el principio de definitividad. En el caso, como ya se precisó, el acto reclamado emana de la omisión por parte del juez natural de dar respuesta al recurso de revocación, interpuesto por la parte demandada el seis de junio de dos mil dieciocho en los autos del expediente 1956/2012, contra el proveído de cuatro de junio de ese mismo año, emitido por el juez natural, que denegó un diverso recurso de revocación porque el documento presentado carecía de firma. Entonces, el acto reclamado no constituye la conclusión del citado procedimiento, ya que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en un acto omisivo o de no hacer, en la etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, al no resultar favorable podrá impugnar dicha resolución y hacer valer como violación procesal lo resuelto. Por tanto, esta determinación por sí misma no le causa perjuicio pues no existe pronunciamiento del juez en el sentido de que dicha circunstancia impida la cumplimentación de sentencia, por lo que en su caso la parte promovente deberá esperar a que el juez se pronuncie al respecto. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda promovida; pues dicha determinación se dictó con motivo del procedimiento de ejecución de sentencia, el cual no se trata de un acto autónomo de éste. Máxime que la parte quejosa no es tercero extraño al juicio civil 1956/2012, ya que de la narrativa bajo protesta de decir verdad que realiza se advierte que el juicio siguió sus etapas procesales, tanto así, que se dictó sentencia e hizo valer un diverso medio de defensa ante la autoridad que señala como responsable. En tal virtud, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente contra la resolución reclamada; por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.
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