Susana Hernandez Leon
Expediente 1206/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Susana Hernandez Leon
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito firmado por Luis Roberto Guillén López, apoderado jurídico de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, por lo que solicita se hagan efectivos diversos medios de apremio a las autoridades responsables, asimismo, solicita que el presente asunto sea considerado como urgente y con notorio perjuicio a los quejosos, o en su defecto, este juzgado se pronuncie sobre la inejecución de sentencia. Por tanto, dígase a la parte quejosa que el cinco de octubre del año en curso, la apoderada jurídica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó que desde el diecinueve de septiembre pasado las instalaciones que ocupa dicha dependencia de gobierno se encuentran tomadas por parte de trabajadores del servicio de salud y agremiados del sindicato único de trabajadores del organismo en cita, y para acreditar lo anterior, remitió diversas constancias. Asimismo, refirió que seguirá trabajando conjuntamente para realizar las gestiones y trámites correspondientes para dar cumplimiento al laudo emitido dentro del juicio laboral de origen; en virtud a ello. En virtud a lo anterior, este órgano federal considera que de momento no procede imponer los medios de apremio que refiere el apoderado jurídico de la parte quejosa, esto, porque si bien es cierto que las responsables no han cumplido con el fallo protector, también los es que han informado las gestiones realizadas para poder cumplir con la sentencia dictada en autos. Ahora, respecto de su diversa solicitud en la que pide que el presente asunto sea considerado como urgente, o bien, este órgano federal se pronuncie sobre la inejecución de sentencia, dígase que tampoco procede acordar favorable su petición, pues como ya quedó expuesto, de manera periódica las autoridades responsables han informado los trámites realizados para cumplir con la ejecutoria de amparo. Con independencia de lo anterior, se hace de su conocimiento que en caso de que este juzgado advierta una omisión o una actitud contumaz por parte de las autoridades responsables, de oficio procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de la apoderada jurídica de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del instrumento notarial que se adjuntó al escrito de demanda, consistente en la escritura pública ******************** relativa al poder general para pleitos y cobranzas otorgado a la ocursante. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles devuélvanse el documento referido a la promovente, previa acta de entrega y copia que del mismo exhiba para el cotejo respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Susana Hernández León, por propio derecho, contra actos de la Juez Sexto de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ll-1206/2023-AM. Ahora bien, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: *La diligencia de lanzamiento ordenada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del juicio sumario civil hipotecario 1028/2017, en el cual tiene el carácter de parte demandada. En esa virtud, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Ahora, el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Al respecto, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se reclaman actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior significa que, si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase ejecutiva de la sentencia, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la fase ejecutiva, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Al respecto, resulta preciso señalar que debe distinguirse de procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado y de procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la ejecución de la sentencia. En el primer caso -procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado- el amparo sólo procede cuando sea dictada la última resolución en ese procedimiento autónomo. En el segundo caso -procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia dictada en el juicio natural- el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dichos procedimientos, que es aquella en la que se declara expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", indica que el juicio de amparo es procedente de manera excepcional en el siguiente supuesto: Cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos que no sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, mediante la interpretación por analogía del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Entonces, en el caso concreto, la parte quejosa se duele del contenido del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del juicio sumario civil hipotecario 1028/2017, en el que se ordenó la diligencia de lanzamiento respecto del inmueble consistente en casa habitación, número 90, lote 17, manzana IV, ubicada en calle Roble Blanco, del fraccionamiento Paseo de los Encinos, en esta ciudad, de modo que, de ninguna manera afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, dado que esa actuación se encuentra encaminada a lograr la ejecución total de la sentencia dictada en el juicio de origen. Tampoco, constituye la última resolución en la fase ejecutiva del sumario controvertido, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso no acontece. Por tanto, si el acto reclamado se encuentra vinculado con la ejecución de la sentencia, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, por lo que tampoco se está en presencia de actos de imposible reparación dentro de dicho procedimiento; de tal suerte que, al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro de esa etapa, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a.J.36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y cinco, Tomo XX, julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada.". Asimismo, sirve de sustento a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1ª.J.28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". Así entonces, al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia, ni ser la que declara el total cumplimiento de la misma o el archivo definitivo del juicio, se acredita plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. Al respecto, resulta conveniente invocar por analogía la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 189344, visible en la página 34, del Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia civil, de rubro y textos siguientes: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." No pasa desapercibido para este juzgador, que de la demanda de amparo, a su vez se puede dilucidar que la parte quejosa acude a esta instancia, dado que refiere que no tuvo conocimiento de los actos reclamados de manera oportuna, al no ser notificada en su domicilio de manera correcta. A mayor abundamiento, se debe señalar que este órgano de control constitucional estaría en condiciones de admitir la demanda sólo en el supuesto de que la parte quejosa tuviera carácter de persona extraña, lo que no acontece así, pues tiene el carácter de demandada dentro del juicio de origen y de ninguna manera puede alegar el desconocimiento del juicio, en razón de que es la parte de la controversia que forzosamente debe cumplir con los presupuestos procesales suficientes para dar inicio a la acción intentada, como propiamente quedó expuesto de manera analógica en la jurisprudencia 2a./J. 65/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO LABORAL, NO PUEDE TENER ESE CARÁCTER EL ACTOR. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la persona extraña al juicio es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Sin embargo este equiparamiento entre quien no fue parte en el juicio y quien siéndolo no fue emplazado o lo fue incorrectamente, no puede hacerse extensivo al actor, primero, porque éste sí fue parte en el juicio y, segundo, porque no puede alegar el desconocimiento del procedimiento, dado que fue él quien lo inició. Por tanto, si la Junta laboral, al tratar de cumplir con la obligación contenida en el artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de notificar personalmente el primer proveído al actor, no lo hace en los términos establecidos en los artículos 743 y siguientes del propio dispositivo legal, el actor no puede, so pretexto de ser extraño al juicio, quedar eximido de tramitar el incidente de nulidad previsto en el artículo 752 de la propia ley laboral." Tampoco lo convierte en persona extraña a la controversia, el hecho de que con posterioridad al inicio y conclusión del juicio haya quedado inaudito, porque no se le hubiere notificado debidamente. Para sostener esta última afirmación se debe establecer que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 10/2004, que fue resuelta como improcedente en sesión de siete de julio de dos mil cuatro, asentó lo siguiente: "Precisada la existencia y el tema de la contradicción de tesis, y examinadas las resoluciones que le dieron origen, esta Primera Sala considera que si bien es cierto que de todo lo anterior se desprende la contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, también lo es que el tema de la contienda ya se encuentra resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, al resolver el veintisiete de febrero de dos mil uno, por unanimidad de diez votos, la contradicción de tesis 12/2000-PL, en la que se emitió criterio respecto del tema de referencia, de ahí que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente. --- Dicha jurisprudencia, es del tenor siguiente: --- Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, abril de 2001, Tesis: P./J. 39/2001, Página: 93. --- "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN "EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY". --- En efecto, del contenido de la tesis de jurisprudencia, se advierte que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera circunstancia de que el quejoso conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. --- Con lo anterior, se estima que se encuentra resuelto el problema planteado en la contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito de referencia y, en consecuencia, es aplicable lo expresado por esta Primera Sala, en el sentido de que tratándose de la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, si en el caso resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció jurisprudencia sobre las cuestiones jurídicas planteadas, no ha lugar a decidir la contradicción, por lo que debe declararse improcedente la presente denuncia de contradicción. --- El anterior criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia que a la letra señala: --- Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, agosto de 2000, Tesis: 1ª./J. 7/2000, Página: 175. --- "CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA SI EL PUNTO JURÍDICO SOBRE EL QUE VERSA YA FUE RESUELTO EN JURISPRUDENCIA DEFINIDA". --- Consecuentemente, se declara improcedente la presente denuncia de contradicción de tesis." Como se ve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que de modo alguno podría caber la posibilidad de que una persona que compareció al procedimiento de origen pueda tener la calidad de persona extraña al margen de que material y jurídicamente pudiese emerger una circunstancia que la hubiese hecho desconocer de los actos procesales que hubiesen ocurrido con posterioridad del momento en que compareció a la relación procesal. Esto es, no puede considerarse a la parte quejosa como persona extraña al procedimiento de origen por haber comparecido al mismo, sin que constituya obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que posteriormente hubiere quedado inaudita al no habérsele practicado notificación alguna en relación con las pruebas desahogadas o la sentencia definitiva dictada y sus consecuencias jurídicas. La presente determinación no causa afectación alguna en torno al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal y seguridad jurídica. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Por otra parte, la promovente del amparo también se duele del contenido del artículo 645 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, por tanto, es conveniente establecer lo siguiente: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 221, determinó que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. De igual manera adujo, que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. También determinó el Pleno -en la diversa tesis P.XVII/99- conforme a la tesis 221, el juzgador de amparo debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. De esta manera, adujo que de resultar procedente el juicio respecto del acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer en contra del acto de aplicación. En ese contexto, toda vez que el juicio de amparo resultó improcedente respecto del acto de aplicación, lo conducente es desechar también respecto del artículo 645 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán cuya constitucionalidad reclama la parte quejosa. Es aplicable la tesis aislada P. XVII/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 194092, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En consecuencia, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, en términos del artículo 113 de la misma legislación, se desecha la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultados para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos. En otro tópico, la parte quejosa solicita se le autorice la consulta del expediente vía electrónica para los efectos del juicio en línea y proporciona el nombre de los usuarios para ingresar al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, de acuerdo con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario", ******************** y ******************** registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal que proporciona para tal efecto, por lo que se ordena asociarlos al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. De acuerdo con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso sea señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. Ohg/Amle
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Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que a la fecha la autoridad responsable, no ha informado las gestiones realizadas para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Ahora, se advierte que la ejecutoria de amparo se concedió, para que la autoridad responsable, realice lo siguiente: "Sexto. Efectos de la concesión de amparo. En función de lo anterior, de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia o ésta sea confirmada por un tribunal superior, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, deberá cumplir con lo siguiente: 1. Realice las gestiones a su cargo de manera exhaustiva para que sin mayores dilaciones procesales se lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral ********************, para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en caso de que haya señalado una fecha lejana para que tenga verificativo la misma, emita auto en donde señale una nueva fecha ajustándose a los plazos y formalidades previstas en la Ley Federal del Trabajo. 2. Provea todos los trámites que correspondan a efecto de que sin mayores dilaciones se verifique la referida audiencia en la fecha que señale. 3. De no ser posible llevar a cabo la audiencia de referencia en la fecha indicada atienda a los artículos 873 y 875 de la Ley Federal del Trabajo para su diferimiento, es decir, dentro de los quince días posteriores. 4. En el entendido de que la ejecutoria de amparo no se declarará cumplida sino hasta que la junta responsable celebre en sus términos dicha audiencia; de ahí que, deberá realizar todos los actos tendentes a verificarla sin mayores dilaciones." En consecuencia, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el Juez de Distrito debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, sin dilaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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