Susana Guadalupe Tapia Loera
Expediente 541/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Susana Guadalupe Tapia Loera
- Everardo Macias Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 541/2023, promovido por Everardo Macías Medina y Ana María Muñoz Viramontes, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito recibido el dos de mayo de dos mil veintitrés, en la oficina de correspondencia común a los juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, del que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito, Everardo Macías Medina y Ana María Muñoz Viramontes, solicitaron el amparo y protección constitucional, contra los actos y autoridades responsables que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el número de expediente 541/2023, y previo cumplimiento a una prevención en proveído de cinco de junio del presente año, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior toda vez que se reclama la aplicación de un reglamento de observancia general, cuyos efectos y consecuencias se materializan en donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De acuerdo con lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno Federal, en el ámbito de sus atribuciones: a) El DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, así como su refrendo. Y, tanto a la Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de México, como a la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua: b) La ejecución de dicho decreto. TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 84 a 123) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno Federal (fojas 67 a 82), toda vez que así lo reconocieron al momento de rendir sus informes justificados. Además, por lo que respecta al acto atribuido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la certeza se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia de dicho decreto constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Del mismo modo, resultan ciertos los actos reclamados a la Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de México (fojas 54 a 57) y a la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua (fojas 46 a 52). Lo anterior pues, aunque dichas autoridades negaron los actos de ejecución que se les atribuyen, lo cierto es que el artículo tercero, así como el segundo transitorio del DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, señalan: "Tercero. La Comisión Nacional del Agua renovará las concesiones o asignaciones de aguas nacionales en términos de la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y el presente decreto, (.) TRANSITORIOS (.) SEGUNDO. La Comisión Nacional del Agua debe establecer los mecanismos de colaboración necesarios para asegurar la máxima difusión del presente instrumento, que favorezca la adhesión al mismo y beneficie al mayor número de usuarios posible." Como se aprecia, la Comisión Nacional del Agua es la autoridad facultada para renovar las concesiones o asignaciones de agua, tanto en términos de la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y de dicho decreto; a su vez, el mencionado decreto le impone la obligación de establecer los mecanismos de colaboración necesarios para asegurar la máxima difusión del presente instrumento, que favorezca la adhesión al mismo y beneficie al mayor número de usuarios posible. Lo anterior implica que, con independencia que las autoridades pertenecientes a la Comisión Nacional del Agua nieguen los actos que se le atribuyen, lo cierto es que sí se encuentran compelidas en realizar actos tendentes a ejecutar el decreto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que este órgano jurisdiccional de oficio las advierta, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. 1. Causales no actualizadas. A. Falta de interés jurídico y/o legítimo. Al rendir sus informes justificados, tanto el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno Federal y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ambos por conducto del Coordinador de lo Contencioso Administrativo y Judicial, adujeron que el presente juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El primero lo hizo bajo el argumento que el DECRETO reclamado es una norma de naturaleza heteroaplicativa y la parte quejosa no acreditó el acto de aplicación; los dos últimos, porque al no existir un acto de aplicación que afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, ésta no tiene interés jurídico para instar juicio de amparo. Lo anterior resulta infundado. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" La hipótesis antes citada debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta la que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a virtud del acto de autoridad que se reclama, circunstancia que a su vez habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Las figuras de interés jurídico o legítimo están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, en el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos, en tanto que en el legítimo aquellos de grupo o individuales indirectos. Sobre el tema, nuestro Alto Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Con relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", en la que estableció que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. La propia Segunda Sala del máximo Tribunal del país, en la tesis de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", ha determinado que para acreditar el interés jurídico debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio personal y directo correspondiente. Por su parte, con relación al interés legítimo, el referido órgano colegiado estableció que su demostración requiere la comprobación de los aspectos siguientes: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo, para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable. Así también lo apoya el criterio de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." Establecido lo anterior, es menester precisar que tratándose de la impugnación de normas generales, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con su expedición y presumible aplicación, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa) ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que se deben atender los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese sentido, de la precisión del acto reclamado que se realizó en el considerando segundo de esta sentencia, este juzgador federal concluye que el DECRETO reclamado, es de naturaleza autoaplicativa y que el análisis respectivo habrá de versar en torno a un interés legítimo que la parte quejosa aduce. Lo anterior, pues como se dijo, la parte quejosa reclama en este juicio, la inconstitucionalidad del DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés. Dicho decreto menciona en su artículo primero, lo siguiente: "Primero. Se establecen facilidades administrativas para renovar los títulos de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, cuyos volúmenes sean menores de 50 mil m³, y de asignación para uso público urbano y doméstico, cuya vigencia, en ambos casos, haya expirado en un plazo dentro de 10 años anterior a la fecha de publicación del presente decreto, y no se haya solicitado prórroga en el plazo establecido en el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. Los títulos de concesión y de asignación objeto del presente decreto deben estar inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua." Como se aprecia, el mencionado decreto se encuentra dirigido a aquellas personas que deseen renovar títulos de concesión y que cumplan con tres requisitos -además de los necesarios para realizar el trámite correspondiente-, que son: (i) Que la renovación sea de títulos de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, o bien, asignación para uso público urbano y doméstico. (ii) Que los volúmenes concedidos en los títulos que se desea renovar, cuando se trate de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, sean menores de cincuenta mil metros cúbicos, y (iii) Que en ambos casos el título que se desee renovar, haya expirado en un plazo dentro de diez años anterior a la fecha de publicación de dicho decreto -catorce de marzo de dos mil veintitrés-. Con relación a dicho decreto, la parte quejosa considera que la limitante consistente en que los volúmenes concedidos en los títulos que se desea renovar, cuando se trate de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, sean menores de cincuenta mil metros cúbicos, consiste en una falta de inclusión y, por ende, discriminación, por lo que se viola su derecho de acceso al agua. Es decir, aduce ser titular de un derecho -acceso al agua-, reconocido mediante el título de concesión Número 08ZAC121145/12AMDL10, por un volumen de ciento ochenta mil metros cúbicos (180,000) ; de ahí que la limitante de los cincuenta mil metros cúbicos a que se refiere el aludido decreto, le restringe ese derecho. Así, los quejosos Everardo Macías Medina y Ana María Muñoz Viramontes, considera que el DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, tutela un interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, siendo ésta, aquellas personas que cuentan con títulos -no vigentes- de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, y que son menores de cincuenta mil metros cúbicos. Por ello, considera la parte quejosa que ese interés difuso le afecta, pues a pesar de pertenecer a esa colectividad, esto es, no obstante que forma parte de las personas que cuentan con títulos no vigentes de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, no puede ser beneficiaria de ese decreto, porque el título de concesión con el que cuenta, supera esos cincuenta mil metros cúbicos. Así, dada la naturaleza del acto reclamado, la sola publicación del DECRETO pudiera afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al excluirla para que pueda acceder a las facilidades administrativas para renovar títulos de concesión, de ahí su naturaleza autoaplicativa; por tanto, resulta indispensable que la parte quejosa acredite fehacientemente el interés legítimo que detenta. Con relación a la demostración del interés legítimo, tratándose de asuntos ambientales, como lo es el derecho de acceso al agua, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver el amparo en revisión 543/2022, en el sentido que interés legítimo en el juicio de amparo indirecto en materia ambiental se acredita con la sola existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado, vínculo que surge cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente", esto es, zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Tales razonamientos derivaron en la jurisprudencia 1a./J. 79/2023 (11a.), de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AMBIENTAL. LO TIENEN LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE PRESTA EL ECOSISTEMA AFECTADO. Hechos: Diversas personas, físicas y morales, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de tres autoridades encargadas de la protección del ambiente y de los recursos hídricos del Estado, de quienes reclamaron la omisión de adoptar medidas en aras de preservar los recursos hídricos del Acuífero Principal de la Región Lagunera clave 0523 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Hidrológico-Administrativa Cuencas Centrales del Norte. Seguida la secuela procesal correspondiente, el Juzgado de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio por falta de interés legítimo de la parte quejosa. En contra de esa determinación, se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el interés legítimo en el juicio de amparo indirecto en materia ambiental se acredita con la sola existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado, vínculo que surge cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente", esto es, zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente; sin que para ello sea necesario demostrar que el daño al medio ambiente existe efectivamente pues, atendiendo al principio de precaución referido, tal circunstancia debe constituir la materia de fondo del juicio. Justificación: El análisis sobre la actualización del interés legítimo en juicios ambientales se rige por los principios que norman esta materia, esto es, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, por virtud de los cuales el Estado tiene la obligación de fomentar la participación de la ciudadanía en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Por ese motivo, esta Primera Sala tiene la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, aunque siempre identificando que quien acuda al juicio de amparo acredite ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estime afectado. Así, el análisis de los servicios ambientales debe ser conforme al principio de precaución, lo que significa que la ausencia de pruebas científicas que reflejen puntualmente los "beneficios de la naturaleza" no puede ser motivo para considerar que determinado ecosistema no presta un servicio ambiental, o bien, que el beneficio del ecosistema no repercute a una determinada persona o comunidad, máxime porque en cualquier juicio que tenga por objeto la garantía del derecho humano al medio ambiente debe valorarse que el paradigma de éste se basa en una idea de interacción compleja e, incluso, imperceptible entre los seres humanos y la naturaleza, y que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana. Esto es, el derecho a un medio ambiente sano se fundamenta en una idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades." Es decir, el Alto Tribunal indicó en el criterio citado, que si bien no es necesario demostrar una afectación al derecho sustantivo vulnerado, a efecto de acreditar el interés legítimo para instar juicio de amparo, sí lo es demostrar el vínculo de la parte quejosa con el derecho cuya protección se exige, como lo es las utilización de las zonas que se ven impactadas. En sentido similar se pronunció la citada Primera Sala, en la tesis 1a. CCXC/2018 (10a.), al indicar que quien acude a juicio de amparo aduciendo un interés legítimo debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado. Dicha tesis es de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES EN SU ANÁLISIS. El análisis en relación con la actualización del interés legítimo en juicios ambientales también se rige por los principios que norman esta materia; en este tenor, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Específicamente, los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, lo cual no significa que sea iIlimitada, pues quien acude a este juicio debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado." En suma, para acreditar el interés legítimo de una persona al momento de instar juicio de amparo reclamando el DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, debe demostrar pertenecer al grupo de personas excluidas en el artículo primero del mencionado decreto, esto es, que cuenten con un título -no vigente- de concesión de aguas nacionales otorgado para uso agrícola y pecuario, mayor a cincuenta mil metros cúbicos. Es así, pues solo de esa manera se demuestra el vínculo de la parte quejosa con el derecho cuya protección se exige o, dicho en otras palabras, solo así se acredita ser beneficiario de ese derecho, que en este caso es el del acceso al agua. Luego, para acreditar su interés legítimo, la parte quejosa adjuntó copias simples de diversos documentos, entre las que se lee un título de concesión número 08ZAC121145/12AMDL10, de fecha veinticinco de agosto de dos mil diez, con permiso para explotar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de ciento ochenta mil metros cúbicos (180,000) anuales (foja 13). Sin embargo, aunque tales documentos fueron exhibidos en copia simple, sí merecen valor probatorio, pues al rendir su informe justificado, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, reconoció que el veinticinco de agosto de dos mil diez, se emitió el título de concesión en cita a nombre de Everardo Macías Medina y Ana María Muñoz Viramontes, con un volumen autorizado de ciento ochenta mil metros cúbicos (180,000) anuales, mismo que quedo registrado el veinticuatro de junio de dos mil once (foja 46 vuelta). Por tanto, tales manifestaciones constituyen una confesión expresa, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, lo que implica a su vez que la copia del título de concesión número 08ZAC121145/12AMDL10, sí merece valor probatorio en este juicio, pues ese medio de convicción se encuentra adminiculado con la confesión expresa por parte de la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/37, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Por tanto, dicho título expiró el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, de ahí que la parte quejosa se encentra dentro de los diez años de solicitud de prórroga a que se refiere el artículo primero del decreto reclamado. Así, contrario a lo que sostienen las autoridades responsables, la parte quejosa sí demostró su interés legítimo para instar juicio de amparo, con relación al DECRETO reclamado, pues no necesita un acto de aplicación, dado el motivo por el que se reclama -exclusión de la parte quejosa para acceder a las facilidades administrativas de renovación de títulos de concesión de aguas-; de ahí que resulte infundada la causal de improcedencia hecha valer. Por otro lado, también resulta infundada la causa de sobreseimiento hecha tanto por la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambos con residencia en la Ciudad de México, sustentada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo -inexistencia de actos-, acorde a lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. B. Definitividad. Por otro lado, el Presidente de la República alega que la parte quejosa no atendió al principio de definitividad contemplado en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque en el caso procede el juicio contencioso administrativo federal. El argumento anterior resulta infundado. La fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" La disposición legal invocada dispone que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales jurisdiccionales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún medio de defensa por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. No obstante, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad." (Énfasis propio). Del precepto anterior se advierte que las normas generales pueden combatirse desde el momento de su vigencia (cuando causen un perjuicio desde ese tiempo) o al actualizarse el primer acto de aplicación y que solo en el supuesto de que no se reclamen en ninguno de esos dos casos, se entenderán consentidas. En ese sentido, cuando contra el acto de aplicación proceda algún recurso ordinario, será optativo agotar el recurso ordinario. Por tanto, es evidente la regla relativa a que tratándose de normas generales no rige el principio de definitividad, porque si contra los actos de aplicación no es exigible agotar ese requisito procesal, debe aplicar la misma razón contra la norma en abstracto, al no existir expresamente un supuesto de consentimiento así regulado y, por el contrario, establecerse optativamente la promoción del amparo en esos términos. En el caso, el DECRETO reclamado tiene la naturaleza de una disposición general de carácter administrativo, porque regula los supuestos de renovación de títulos de concesión de agua ahí precisados, de manera abstracta y general; de ahí que se trata de una amparo promovido contra una norma general, con motivo de su vigencia, lo que excluye la posibilidad de tener que agotar un recurso ordinario; lo que implica que es infundada la causal citada. 2. Causal actualizada. Por otro lado, respecto al acto reclamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno Federal, consistente en el refrendo del DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional advierte oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no combatió ese refrendo por vicios propios. Los preceptos legales de la Ley de Amparo antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (...)" El primero de los artículos transcritos indica que el juicio de amparo será improcedente cuando la causa resulte de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. Asimismo, se puede observar que uno de los requisitos esenciales que debe reunir el escrito inicial de demanda, constituye el señalamiento de las autoridades responsables en el acto reclamado; empero, cuando se trata de actos contra leyes, es decir en los que se reclama una norma general, solo habrá de llamarse a juicio a las autoridades responsables que hayan intervenido en la publicación o en el refrendo del reglamento, decreto o ley correspondiente, si ese acto se reclama por vicios propios atribuidos a dicha autoridad, de lo contrario, el juicio constitucional será improcedente respecto de dicho acto y autoridad. Por ende, la presente instancia resulta improcedente respecto del acto reclamado señalado en párrafos que anteceden; ello, pues de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la hoy quejosa no combatió el refrendo del DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, por vicios propios, pues no se advierten razonamientos lógicos jurídicos que permitan resolver sobre la legalidad o constitucionalidad dicho refrendo. Por ello, al actualizarse la causal de improcedencia a que se ha hecho alusión, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad precisados, en términos del artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. 3. Causal inoperante. Finalmente, al rendir su informe justificado, la Comisión Nacional del Agua, Delegación Estatal Zacatecas, adujo que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, consistente en que durante la tramitación del juicio de amparo sobrevengan o se actualicen alguna de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la citada legislación. Lo que es inoperante, toda vez que no expone en concreto cuál es la causal o causales de improcedencia que se actualizan, por lo que existe imposibilidad jurídica para que este órgano jurisdiccional se pronuncie, aunado a que, quien resuelve no se encuentra obligado en constatar si se actualiza cada uno de los supuestos contenidos en el catálogo de causales de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 137/2006 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Asimismo, por las razones que en ella se exponen, se invoca la jurisprudencia I.5o.A. J/5 aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACIÓN. No basta que la autoridad responsable señale de manera dogmática que se actualizan ciertas causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo para que el órgano jurisdiccional se avoque a su estudio, sino que es necesario que aquélla exponga las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tales supuestos se actualizan. Lo anterior es así, toda vez que, considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de las fracciones del numeral antes invocado, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Toda vez que respecto del decreto reclamado este juzgador no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las analizadas en el considerando anterior, corresponde abordar el estudio de los conceptos de violación aducidos por la demandante del amparo. Los motivos de disenso que hace valer la parte quejosa se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en razón que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlos, aunado a que la presente sentencia se ciñe a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Asimismo, se precisa que se procederá al estudio de los motivos de reclamo en forma distinta a la planteada por la parte quejosa, toda vez que así lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, en caso de considerarse necesario. Cobra aplicación la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de texto y rubro que se leen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." En sus motivos de reclamo y atendiendo a la causa de pedir, se aprecia que la parte quejosa se duele de que el decreto reclamado le transgrede sus garantías constitucionales, al negarle el derecho a renovar su concesión; pues el hecho que ese DECRETO se encuentre dirigido a quienes poseen títulos para provechar volúmenes de agua menores a cincuenta mil metros cúbicos, lo que perjudica a quienes poseen títulos para aprovechar volúmenes de agua mayores a tal cantidad, lo que los excluye de dicho beneficios. Es fundado el motivo de inconformidad. Lo anterior es así, pues atendiendo a la causa de pedir, se aprecia que la parte quejosa considera que el DECRETO reclamado, al excluir a ciertas personas, viola el derecho a la igualdad, lo que se traduce en una restricción y/o discriminación para acceder al uso del agua. Por ello, para dar claridad a lo anterior, es preciso destacar que el artículo 1º, párrafo primero de la Ley fundamental, mismo que señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (.)" El principio de igualdad, contenido en el artículo mencionado, consiste en que, ante iguales supuestos de hecho, deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas, aunque no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación a la Carta Magna. El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará prohibido, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido; por tanto, no está vedado para el legislador contemplar la desigualdad de trato, siempre que las consecuencias jurídicas resultantes sean adecuadas y proporcionadas. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley, en relación con su contenido. Así, cuando se somete a análisis constitucional un supuesto en el que la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; en segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador; en tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad; por último, debe determinarse en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyo contenido es: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado." Por tanto, cuando una ley, decreto, reglamento trate de forma desigual a los iguales, debe existir una justificación objetiva y razonable en el propio contenido de la ley o en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente; de lo contrario, existirá vulneración directa al artículo primero constitucional. Por otro lado, el numeral 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de todas las personas al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. A su vez, obliga al Estado a garantizar este derecho, mediante leyes que definan las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Es decir, el derecho al agua reconocido en el artículo 4º de la ley fundamental, debe ser suficiente y, por ende, distribuido en forma equitativa, por lo que el Estado Mexicano no puede restringir ese derecho a quienes se encuentren en condiciones de igualdad. Ahora bien, al resolver el amparo en revisión 543/2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que las obligaciones generales del Estado mexicano en materia del derecho humano al agua -en sede internacional- son las siguientes: Obligaciones de respetar -entre otras-: - Abstenerse de toda práctica o actividad que reduzca, deniegue y/o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad; Obligaciones de proteger-entre otras-: - Impedir que terceros menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua, es decir, por particulares, grupos, empresas u otras entidades, así como quienes obren en su nombre; - Adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua en condiciones de igualdad; - Adoptar medidas legislativas o de otra índole para impedir que terceros exploten de forma inequitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua; Obligaciones de cumplir -entre otras-: - Reconocer el derecho al agua en el ordenamiento político y jurídico nacional, preferentemente mediante la aplicación de leyes; - Garantizar y facilitar el acceso al agua pura y a su saneamiento por un precio asequible y sin discriminación; particularmente en zonas rurales y zonas urbanas desfavorecidas; Asimismo, indicó la Sala, las autoridades del Estado mexicano, dentro de sus competencias respectivas, incurren también en una inconvencionalidad por omisión administrativa cuando incumplen con alguna de sus obligaciones generales en materia del derecho humano al agua; las cuales pueden sintetizarse en: Abstenerse de restringir el acceso al agua en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad (física, económica, sin discriminación, y de manera informada); Adoptar todas las medidas positivas necesarias para proteger a la ciudadanía de actuaciones de terceros, estatales y no estatales, que menoscaben ilegítimamente el ejercicio del derecho humano al agua; y, Adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar la preservación, el suministro y el saneamiento de agua potable, salubre y suficiente, sin ocasionar daño al medio ambiente, de tal manera que lo puedan ejercer tanto las generaciones presentes como las futuras. Dicha ejecutoria, dio origen, entre otras, a la jurisprudencia 1a./J. 78/2023 (11a.), de contenido siguiente: "DERECHO HUMANO AL AGUA. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE ESTE DERECHO. Hechos: Diversas personas, físicas y morales, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de tres autoridades encargadas de la protección del ambiente y de los recursos hídricos del Estado, de quienes reclamaron la omisión de adoptar medidas en aras de preservar los recursos hídricos del Acuífero Principal de la Región Lagunera clave 0523 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Hidrológico-Administrativa Cuencas Centrales del Norte. Seguida la secuela procesal correspondiente, el Juzgado de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio por falta de interés legítimo de la parte quejosa. En contra de esa determinación, se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las obligaciones del Estado Mexicano en materia de protección del derecho humano al agua son: 1) Obligaciones de respetar: a) Abstenerse de toda práctica o actividad que reduzca, deniegue y/o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad; y b) Abstenerse de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución de agua; 2) Obligaciones de proteger: a) Impedir que terceros menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua, es decir, por particulares, grupos, empresas u otras entidades, así como quienes obren en su nombre; b) Adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua en condiciones de igualdad; c) Adoptar medidas legislativas o de otra índole para impedir que terceros contaminen el agua; d) Adoptar medidas legislativas o de otra índole para impedir que terceros exploten de forma inequitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua, esto es, cuando los servicios de suministro de agua (como las redes de canalización, las cisternas y los accesos a ríos o pozos) sean explotados o estén controlados por terceros, el Estado debe impedirles que menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo razonable a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables; y e) Para dar cumplimiento a la obligación previa, el Estado debe establecer un sistema normativo eficaz que prevea la supervisión independiente de esos terceros, una auténtica participación pública en esas cuestiones y la imposición de multas por incumplimiento; 3) Obligaciones de cumplir: a) Preservar el agua; b) Reconocer el derecho al agua en el ordenamiento político y jurídico nacional, preferentemente mediante la aplicación de leyes; c) Reconocer al agua como un bien económico; d) Adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre, mediante estrategias como: la reducción de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; la eliminación de la contaminación, la vigilancia de las reservas, la seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice su acceso, el examen de las repercusiones de las medidas en la disponibilidad del agua y sus cuentas, el aumento del uso eficiente por los consumidores; la reducción del desperdicio durante su distribución, y la creación de instituciones apropiadas para la aplicación de esas estrategias y programas; e) Adoptar medidas positivas, así como una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; f) Suministrar agua salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de la contaminación al medio ambiente; g) Difundir información adecuada sobre el uso higiénico del agua, la protección de sus fuentes y los métodos para reducir sus desperdicios; h) Garantizar y facilitar el acceso al agua pura y a su saneamiento por un precio asequible y sin discriminación, particularmente en zonas rurales y zonas urbanas desfavorecidas; i) para garantizar que el agua sea asequible, adoptar medidas como: la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas; políticas adecuadas en materia de precios -como el suministro de agua a título gratuito o de bajo costo-; y, suplementos de ingresos; j) Gestionar eficazmente los recursos hídricos a través de un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social con la protección de los ecosistemas naturales; k) Evitar la descarga de sustancias tóxicas en cantidades o concentraciones letales en el agua; l) Tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del agua; m) Aplicar políticas ambientales que aseguren que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente; n) Controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que puedan tener, para el medio ambiente y para el agua, las actividades que se realicen en cualquiera de sus esferas; ñ) Lograr una mejora sustancial en las normas y los niveles de los servicios de suministro de agua potable y saneamiento ambiental; y o) Para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo de agua potable a un precio asequible para todos, es decir, sin discriminación. Justificación: El fundamento en sede nacional del derecho humano al agua son los artículos 4o., párrafo quinto; 27; 115, fracción III, inciso a); y 122, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, debe destacarse que estas disposiciones no otorgan elementos que garanticen su eficacia y ejercicio como un derecho fundamental. No obstante, su naturaleza como "derecho humano" auténtico está reconocida en fuentes internacionales, principalmente en la Observación General No. 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se establece que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud; y, como derecho humano es indispensable para vivir dignamente y una condicionante previa para la realización de otros derechos. Ahora bien, el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las "libertades" consisten en el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercerlo y a no ser objeto de injerencias arbitrarias, como no sufrir cortes arbitrarios en su suministro o a no contaminar los recursos hídricos. En cambio, los "derechos" comprenden el acceso a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades para disfrutarla. Además, -como se anticipó- el agua debe recibir trato como bien social y cultural, y nunca fundamentalmente como un bien económico. Así, las obligaciones a las que ya se hizo mención tienden a garantizar el efectivo ejercicio y goce de este derecho humano." En conclusión, tratándose de medidas legislativas -leyes, reglamentos o decretos-, para que una autoridad cumpla con el mandamiento constitucional previsto en el artículo 4º de la ley fundamental, debe garantizar el acceso al agua en condiciones de igualdad y equidad. Caso concreto. La parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, porque el artículo primero contiene la limitante consistente en que los volúmenes concedidos en los títulos que se desea renovar, cuando se trate de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, sean menores de cincuenta mil metros cúbicos, consiste en una falta de inclusión y, por ende, discriminación, por lo que se viola su derecho de acceso al agua. Ahora, al tener a la vista el mencionado DECRETO, se aprecia que en la exposición de motivos -CONSIDERANDO-, y en el artículo primero, primer párrafo, se indicó lo siguiente: "CONSIDERANDO Que el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; Que el artículo 4o., párrafo sexto, de la CPEUM reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y que el Estado garantizará este derecho; Que los párrafos quinto y sexto del artículo 27 de la CPEUM establecen que las aguas son propiedad de la Nación, y que su explotación, uso o aprovechamiento por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes; Que en la Observación General No. 15 (2002), "El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)", el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas precisó en el numeral 6 que "El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto...", y en el numeral 7 determina que "El Comité señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Debe hacerse lo posible para asegurar que los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua..."; asimismo, toma nota de la obligación establecida en el párrafo 2, del artículo 1 del Pacto, que dispone que no podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, los Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas"; Que el artículo 32 Bis, en sus fracciones XXIV y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales administrar las aguas de propiedad nacional, así como impulsar acciones para garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico e intervenir en el acceso al agua para el sector productivo y energético a través de instrumentos establecidos por ley con base en los principios y criterios de equidad y sustentabilidad, respectivamente; Que el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) señala que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejerce directamente o por conducto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Que las fracciones I y II del artículo 7 de la LAN, establecen que es de utilidad pública la gestión integrada del recurso hídrico a partir de cuencas hidrológicas como prioridad y asunto de seguridad nacional; así como la protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional; Que el artículo 7 BIS, fracciones V y VII, de la LAN señala que son de interés público la atención prioritaria de la problemática hídrica en las localidades, acuíferos, cuencas hidrológicas y regiones hidrológicas con escasez del recurso, así como el control de la extracción y explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo; Que entre los principios que sustentan la política hídrica previstos en las fracciones VII y XXII del artículo 14 BIS 5 de la LAN se encuentran que el Ejecutivo Federal se asegurará que las concesiones y asignaciones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas que correspondan, e instrumentará mecanismos para mantener o restablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas hidrológicas del país y el de los ecosistemas vitales para el agua, así como que los usos doméstico y público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso; Que, de conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal por conducto de la Conagua, con apego a lo establecido por el artículo 20 de la LAN; Que las concesiones y asignaciones pueden tener una vigencia que no será menor de cinco ni mayor de 30 años, la cual será prorrogable hasta por igual término y características del título original, siempre que se solicite dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia y al menos seis meses antes de su vencimiento, de conformidad con el artículo 24 de la LAN; Que el artículo Décimo Quinto transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de abril de 2004, y su última reforma publicada el 24 de marzo de 2016, establece la prelación de los usos del agua para la concesión y asignación de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, aplicable en situaciones normales, los cuales son, entre otros, los usos doméstico, público urbano, pecuario y agrícola, mismos que son básicos e indispensables para la subsistencia de las personas pues estos atienden las necesidades básicas de la población; Que los decretos de facilidades administrativas publicados en el DOF el 7 de abril de 2014, el 17 de mayo de 2016, el 23 de marzo de 2018 y el 1 de julio de 2019, se expidieron con el objeto de renovar las concesiones y asignaciones cuya vigencia había concluido; Que, por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su Eje General II. "Política Social", establece que el Gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible como un factor indispensable del bienestar, en tanto que, el Eje General III. "Economía", señala como objetivo prioritario la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo para romper el círculo vicioso entre la postración del campo y la dependencia alimentaria; Que, asimismo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, establece en su objetivo prioritario "3.- Promover el agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen por un medio ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión", por medio de las siguientes estrategias: "3.1. Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable" y "3.2. Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sustentable de los sectores productivos"; así como de las siguientes acciones: "3.1.2.- Abatir el rezago en el acceso al agua potable y al saneamiento para elevar el bienestar en los medios rural y periurbano" y "3.2.1.-Aprovechar eficientemente el agua en el sector agrícola para contribuir a la seguridad alimentaria y el bienestar"; Que el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 prevé dentro de sus objetivos prioritarios "1.- Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable", con su estrategia prioritaria "1.1 Proteger la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos para la implementación del derecho humano al agua", y "2.- Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos", por medio de la estrategia prioritaria "2.3 Apoyar y promover proyectos productivos en zonas marginadas, en particular pueblos indígenas y afromexicanos, para impulsar su desarrollo", que conlleva la acción puntual "2.3.1 Otorgar concesiones de agua para pequeños productores agrícolas"; Que para dar cumplimiento a los objetivos antes señalados se hace necesario establecer facilidades para las solicitudes de regularización de concesiones de agua de usos pecuario y agrícola, y de asignaciones para uso público urbano y doméstico que hayan expirado dentro del plazo de 10 años anterior a la fecha de publicación de este decreto, con el propósito de contribuir a garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, con atención especial a los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, así como a las personas y localidades en situación de alta y muy alta marginación, con el fin de apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con los usos del agua, principalmente la prestación de los servicios públicos de agua potable y la producción de alimentos, y así evitar conflictos sociales en la administración del recurso hídrico; Que, debido a la alta incidencia de títulos de concesión y asignación vencidos o cuya prórroga no fue solicitada dentro del plazo que establece el artículo 24 de la LAN, es pertinente renovar dichos títulos para fomentar el desarrollo de las actividades relacionadas con los usos del agua, principalmente la prestación de los servicios públicos de agua potable y la producción de alimentos, y así evitar conflictos sociales en la administración del recurso hídrico, y Que los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales vencidos cuyos volúmenes se encuentran registrados en el Registro Público de Derechos de Agua para la explotación, uso o aprovechamiento de agua en la cuenca hidrológica o acuífero podrán ser renovados por la autoridad del agua en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO Primero. Se establecen facilidades administrativas para renovar los títulos de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, cuyos volúmenes sean menores de 50 mil m³, y de asignación para uso público urbano y doméstico, cuya vigencia, en ambos casos, haya expirado en un plazo dentro de 10 años anterior a la fecha de publicación del presente decreto, y no se haya solicitado prórroga en el plazo establecido en el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. (..)" De la anterior transcripción se aprecia que el ejecutivo mexicano consideró que existía una alta incidencia de títulos de concesión y asignación vencidos o cuya prórroga no fue solicitada dentro del plazo que establece el artículo 24 [segundo párrafo] de la Ley de Aguas Nacionales. Por ello, a fin de cumplir con las políticas y acciones para garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua, contempladas en los artículos 1º, 4º y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos instrumentos internacionales y ordenamientos nacionales ahí mencionados, consideró establecer facilidades para las solicitudes de regularización de concesiones de agua de usos pecuario y agrícola, y de asignaciones para uso público urbano y doméstico que hayan expirado dentro del plazo de diez años anterior a la fecha de publicación de ese decreto. Así, el ejecutivo federal estimó que el propósito de dichas facilidades, era contribuir a garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, con atención especial a los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, así como a las personas y localidades en situación de alta y muy alta marginación; así también apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con los usos del agua, principalmente la prestación de los servicios públicos de agua potable y la producción de alimentos, y así evitar conflictos sociales en la administración del recurso hídrico. Sin embargo, en dicha exposición de motivos no se aprecia cuál fue el parámetro para considerar que, sólo las personas que contaran con un título no vigente, concedido para explorar o extraer hasta cincuenta mil metros cúbicos de agua, son las destinatarias para poder renovarlo con las facilidades a que se refiere el resto del DECRETO, lo que implica que la exclusión de las personas que poseen un título no vigente que supera esa cantidad, no encuentra un motivo justificado. Es decir, no existe una justificación para excluir a cierto grupo de personas de las facilidades a que se refiere el DECRETO reclamado, pues no se explica por qué solamente quienes contaron con un título de concesión de agua para extraer esa cantidad -menor a cincuenta mil metros cúbicos-, son los únicos beneficiados para renovar sus títulos. No es inadvertido que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de actos legislativos, el creador de la ley, no está obligado a precisar las razones o circunstancias espaciales que tomó en consideración para expedirla, dado que el requisito de motivación se satisface cuando ésta se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Asimismo, dado que la exclusión de quienes exceden de un volumen de cincuenta mil metros cúbicos anuales, a que se refiere el decreto reclamado, no pertenece a una categoría sospechosa de las contenidas en el último párrafo del artículo 1º constitucional, en el caso concreto tampoco debería existir una motivación reforzada por parte del ejecutivo federal, ni un escrutinio constitucional estricto por parte de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, ello no impide que el juicio de igualdad y no discriminación, se analice como un posible uso arbitrario de las facultades derivadas en el artículo 27 constitucional, que en su párrafo quinto dispone "(.) el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional (.)". Es así, pues no debe perderse de vista que no todo trato desigual implica una violación del derecho de igualdad, ya que las autoridades pueden realizar ciertas acciones con la finalidad de proteger a un grupo determinado, como pudiera ser combatir el estado de marginación social y económica de ciertas personas de bajos recursos y que de esa manera alcancen un beneficio que les garantice el pleno goce de un derecho. Entonces, con relación a dicha facultad de reglamentación sobre extracción y utilización de agua, derivada del artículo 27 constitucional, cabe destacar que la Ley Nacional de Aguas, dispone en sus artículos 1º y 4º, en la parte que interesa, que su objeto es regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable; asimismo, que solamente en caso de que exista riesgo de disponibilidad de agua para consumo humano y doméstico, se podrá disminuir o cancelar el volumen de agua concesionada. Lo anterior implica que, si el ejecutivo federal, a través de las dependencias correspondientes, emite disposiciones de observancia general o particular, con la finalidad de disminuir o cancelar volúmenes de agua asignados mediante concesiones, lo que perfectamente puede trasladarse a facilidades administrativas para renovar determinados títulos vencidos, debe justificar si existe riesgo de disponibilidad del líquido y por ello, el beneficio solo se encuentra dirigido a cierto grupo o sector de la población. Empero, de la exposición de motivos del decreto reclamado -CONSIDERANDO-, no se aprecia que el Ejecutivo expusiera que existe riesgo de disponibilidad del agua, como justificante para únicamente renovar concesiones a quienes posean títulos vencidos con un volumen menor a cincuenta mil metros cúbicos anuales. Por el contrario, en el párrafo diecisiete de dicho considerando, se mencionó que era necesario establecer facilidades para las solicitudes de regularización de concesiones de agua de usos pecuario y agrícola, con el propósito de contribuir a garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, incluso indicó que dicha finalidad se realizaba atendiendo especialmente a los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, así como a las personas y localidades en situación de alta y muy alta marginación, con el fin de apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con los usos del agua, principalmente la prestación de los servicios públicos de agua potable y la producción de alimentos. Es decir, la finalidad del decreto, se constriñe en garantizar el derecho humano del acceso al agua, así como apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con el uso de la misma, como lo es la producción de alimentos, realizando un mayor enfoque en los grupos vulnerables ahí mencionados. Por tanto, no existe justificación razonable del por qué se excluye a cierto sector para acceder a tales beneficios, esto es, a quienes cuentan con un título de concesión vencido que excede de un volumen de cincuenta mil metros cúbicos anuales, lo que se traduce en un uso arbitrario de las facultades derivadas en el artículo 27 constitucional. Tampoco es inadvertido que en el párrafo catorce del considerando de dicho decreto, se hizo alusión al Programa Nacional Hídrico 2020-2024, mismo que prevé dentro de sus objetivos prioritarios, entre otros, otorgar concesiones de agua para pequeños productores agrícolas. Empero, al tener a la vista el mencionado programa nacional, mismo que se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por tanto, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo único que se aprecia con relación a los pequeños productores agrícolas es lo siguiente: "Estrategia prioritaria 2.3 Apoyar y promover proyectos productivos en zonas marginadas, en particular pueblos indígenas y afromexicanos, para impulsar su desarrollo. Acción puntual Tipo de Acciónpuntual Dependencias y/o Entidadesresponsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) Dependencia o Entidad coordinadora (encargada delseguimiento) 2.3.1 Otorgar concesiones de agua para pequeños productores agrícolas. Específica CONAGUA 16 - Medio Ambiente y RecursosNaturales B00 - CONAGUA " Esto es, en dicho Programa Nacional Hídrico 2020-2024, no se establece con precisión quiénes son los pequeños productores agrícolas, de ahí que no podría argumentarse que, por el solo hecho de mencionarlos en el considerando del decreto reclamado, exista justificación para excluir a quienes cuentan con un título de concesión vencido, que exceda de un volumen de cincuenta mil metros cúbicos anuales. Cabe destacar que, con relación a los pequeños productores agrícolas, tanto en la página oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, como en el libro "Los pequeños productores y la política pública", se coincide que éstos son quienes cuentan con menos de cinco hectáreas de uso agrícola o con hatos ganaderos de menos de treinta y cinco unidades animales. Sin embargo, dicho parámetro de medición -cantidad de hectáreas o número de unidades animales-, no puede servir como medida para establecer un número límite o una base de metros cúbicos anuales en los títulos de concesión, pues el artículo 21, fracción IV, de la Ley Nacional de Aguas, únicamente impone, en la parte que interesa, la obligación y/o requisito para quien solicita un título de concesión de aguas, que justifique cuál es el volumen de extracción requeridos, sin que deba demostrar la cantidad de hectáreas o número de animales. Máxime que, el número de hectáreas no necesariamente se encuentra relacionada con el volumen de metros cúbicos requeridos anualmente, pues hay cultivos y/o alimentos que, por su naturaleza, requieren más agua que otros para su crecimiento y cosecha. De ahí que, el hecho que en el mencionado decreto se mencione o haga alusión a los pequeños productores agrícolas, no puede servir como justificación para que se excluya de los beneficios ahí otorgados a quienes cuentan con un título no vigente que exceda de un volumen de cincuenta mil metros cúbicos anuales. Finalmente, no se soslaya, en términos del artículo 4º constitucional, el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho humano al acceso al agua, así como establecer leyes que definan las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo. Sin embargo, como se ha justificado, la medida adoptada por el ejecutivo federal no atiende a parámetros objetivos, si se toma en cuenta que el metraje cúbico que se extrae, con independencia que sea mayor o menor, no define por sí mismo la igualdad y equidad en la distribución del agua, pues se debe atender a diferentes parámetros objetivos como lo son: (i) La disponibilidad del recurso, pues hay zonas que por su relieve, ubicación y tipo de ambiente cuentan con más agua que otras; (ii) La relación volumen-hectáreas, es decir, no es lo mismo otorgar un título con permiso para explotar cincuenta mil metros cúbicos, para un terreno de cinco hectáreas, que uno por cien mil metros cúbicos -el doble en cantidad de agua- para un terreno de veinte hectáreas -el cuádruple del tamaño del anterior-; y, (iii) El tipo de insumo que se cultiva o siembra, respecto del cual se necesita el agua, pues no se utiliza la misma cantidad de agua para cultivar todos los alimentos, en razón a que unos requieren más agua que otros. Lo anterior aunado a que, como se dijo, ni la exposición de motivos, ni el propio decreto, se justifica el motivo de la distinción para acceder a las facilidades administrativas de renovación a que se refiere el mismo. Entonces, como en el DECRETO reclamado no se fijó ni justificó un parámetro objetivo para excluir de los beneficios ahí mencionados a las personas que contaran con un título no vigente con permiso para extraer agua en volúmenes mayores a los cincuenta mil metros cúbicos, esa exclusión les impide acceder de forma sencilla y efectiva al derecho al agua, en condiciones de igualdad y equidad, lo que se encuentra proscrito por el artículo 4º constitucional; máxime que, según la exposición de motivos, la finalidad del DECRETO es contribuir a garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, sin que en dicha exposición se justificara alguna distinción o exclusión hacia ciertos grupos. Por tanto, toda vez que la exclusión contenida en el artículo primero del DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, impide a los quejosos acceder de forma sencilla y efectiva al derecho al agua, en condiciones de igualdad y equidad, lo que se encuentra proscrito por el artículo 4º constitucional, se concede el amparo y protección constitucional solicitados, para los efectos que se indican enseguida. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Con base en el artículo 77, fracción I, así como su segundo párrafo, y 78, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para el efecto de que la autoridad responsable Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua: - Realice la declaratoria expresa, que se abstendrá de aplicar la limitante a que se refiere el artículo primero del DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, que consiste en que los volúmenes concedidos en los títulos que se desea renovar, cuando se trate de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, sean menores de cincuenta mil metros cúbicos; lo anterior, en caso que los quejosos Everardo Macías Medina y Ana María Muñoz Viramontes, deseen renovar el título de concesión número 08ZAC121145/12AMDL10, con las facilidades a que se refiere dicho DECRETO. Sin que lo anterior impida que la autoridad responsable verifique con la libertad que le confieren las leyes que la facultan, los demás requisitos de procedibilidad a que se refiere el decreto mencionado, así como la ley adjetiva correspondiente, en caso que la parte quejosa desee renovar el título a que se ha hecho alusión. Se precisa además, que dicha concesión no implica que la Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de México se encuentre compelida en realizar acción alguna, en razón a que corresponde a la Delegación Estatal en Zacatecas de dicha comisión, realizar los trámites relativos a los permisos de concesión de aguas, por cuestión de territorio, en términos del artículo 86, fracción V, del Reglamento de la Comisión Nacional del Agua. Asimismo, la concesión de amparo tampoco obliga al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a llevar a cabo acto alguno en cumplimiento a la presente sentencia, dado que su actuación como autoridad responsable solo se tradujo en la expedición, promulgación, publicación y refrendo del DECRETO reclamado, sin que la concesión del amparo obligue a dicha autoridad a dejar insubsistentes sus actos, pues no afecta la vigencia del decreto cuestionado, ni la priva de su eficacia general. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Everardo Macías Medina y Ana María Muñoz Viramontes, contra el refrendo del DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, reclamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno Federal, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Everardo Macías Medina y Ana María Muñoz Viramontes, contra el DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales, para los usos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintitrés; por los motivos expuestos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta hoy trece de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el secretario Álvaro Augusto Álvarez Rendón, que autoriza y da fe. En Zacatecas, Zacatecas a trece de noviembre de dos mil veintitrés, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; SEGUNDO, PUBLÍQUESE
- Incidental
SE RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES QUE A PARTIR DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN TEPIC, CAMBIA DE DENOMINACIÓN A JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN TEPIC, SIENDO LA TITULAR LA JUEZA INGRID ANGÉLICA CECILIA ROMERO LÓPEZ.
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