Susana Gómez Velazco

Expediente 120/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
120/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
23/05/2017

Partes del expediente

  • Susana Gómez Velazco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, al cual se anexa copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja civil 47/2017, de la que se aprecia que el referido Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de dos de marzo de dos mil diecisiete. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena acusar el recibo de estilo correspondiente y realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, mediante el cual transcribe el proveído que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ********; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de dos de marzo de dos mil diecisiete. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que éste Juzgado Federal emitió el acuerdo de dos de marzo de dos mil diecisiete, en el que desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito con residencia en Tijuana, Baja California, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento, y por ende, no hay partes en el asunto.

  4. Principal

    Se ordena agregar a los autos el escrito signado por la quejosa *******, mediante el cual da cumplimiento a la prevención decretada en proveído veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, y aclara el acto reclamado; por lo que se provee: DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: "El auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil *******, por virtud del cual, deja sin efectos la citación para oír sentencia definitiva y ordena reponer el procedimiento". Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de revocación previsto en el numeral 670, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California; precepto que a la letra dice: "Artículo 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." De lo anterior, se colige que en efectro el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se dejó sin efectos la citación para oír sentencia definitiva, dentro del juicio natural *******, es dable impugnarlo a través del recurso de revocación previsto por el artículo en cita, pues aun cuando la promovente manifiesta que el asunto que nos ocupa se encuentra previsto en el supuesto de excepción al principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, el cual dispone que operara cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional respecto a la procedencia del recurso, dicha figura no se actualiza, por no requerir ninguna interpretación adicional, pues es claro que la determinación reclamada se encuentra situada en la figura que menciona la legislación adjetiva, de ahí que sea recurrible mediante revocación, por lo que dicho auto pudo haber sido modificado, revocado o anulado por el propio Juez. Asimismo, la promovente figura como parte actora en el juicio de origen, por lo que se advierte que no le reviste el carácter de tercero extraña a juicio, por lo que puede hacer valer los medios de defensa que la ley le permite; ni tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como así el refiere. Luego, al advertirse que la impetrante no agotó el recurso de revocación previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligada, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RlGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste deberá ser agotado sin distinción alguna, por Io que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de Ia Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." (I.6º.C.J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 902, tomo XV, mayo de 2002, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente.

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